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CONCEPTO 52360 DE 1999

(septiembre 29)

Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

2100

Señora

LIGIA ORREGO PALACIO

Carrera 78 No. 51 A-38

Medellín (Colombia).

Referencia: 1999052360-0

410 Quejas

39 Respuesta Final

Sin anexos

Apreciada señora:

En atención con la consulta presentada a este Despacho, relacionada con la obligación que pesaría sobre dicha entidad de aceptar la dación en pago de una obligación, en los términos establecidos por el Decreto 908 de 1999, nos permitimos manifestar lo siguiente:

1. De la naturaleza jurídica de Coomeva.

La Cooperativa Coomeva responde a la naturaleza de Cooperativa de Ahorro y Crédito, de conformidad con la decisión adoptada por la Asamblea General de Delegados celebrada el 5 de marzo de 1998, la cual agotó todos los pasos legales necesarios para que produjera los efectos de toda reforma estatutaria debidamente autorizada por el máximo órgano de la entidad.

Es de señalar que tal naturaleza le resulta reconocida legalmente por las previsiones de la Ley 79 de 1988, que específicamente establece en su artículo 99 qué entidades de carácter cooperativo podían adelantar la actividad financiera, sin que pueda perderse de vista que tal como establece el artículo 5 del Decreto 1134 de 1989 (reglamentario de la citada ley 79/88), solo aquellas cooperativas que presten sus servicios a terceros serán consideradas como cooperativas con actividad financiera y por lo tanto sujetas a la autorización de la autoridad competente, en tal caso el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas (hoy Dansocial).

En tal orden de ideas, la Cooperativa Coomeva, fue habilitada para ejercer la actividad financiera, según Resolución 1070 de 1998 del Dancoop, siendo tal el motivo determinante para que dicha entidad, en virtud de lo contemplado en los Decretos 1688 de 1997 y 619 de 1998, pasará a ser vigilada por la Superintendencia Bancaria a partir del 27 de junio de 1998.

2. De la ley 454 de 1998.

Debe indicarse claramente que con la entrada en vigencia de la ley 454 de 1998, se modificó sustancialmente el panorama de las entidades cooperativas habilitadas para el ejercicio de la actividad financiera, de tal manera que a partir de dicha fecha, tenemos las cooperativas financieras, que de conformidad con lo previsto por el artículo 40 de la ley 454 de 1998 son establecimientos de crédito; cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e integrales con sección de Ahorro y Crédito, entidades estás últimas que no poseen la connotación de establecimientos de crédito por expresa disposición legal.

Lo anterior sin perjuicio de las entidades cooperativas que con anterioridad a la expedición de la ley 454 de 1998, ejercían la actividad financiera, como es el caso de COOMEVA, las cuales en la actualidad se encuentran tramitando su conversión en cooperativas financieras o su transformación en cooperativas de ahorro y crédito, decisión esta última que implica el desmonte de la actividad financiera con terceros.

3. De la estructura del sistema Financiero.

Establece el artículo 1º del Decreto 663 de 1993 que: “(...) El sistema financiero y asegurador se encuentra conformado de la siguiente manera:

a) Establecimientos de crédito;

b) Sociedades de servicios financieros

c) Sociedades de capitalización;

d) Entidades aseguradoras, y

e) Intermediarios de seguros y reaseguros.

A su turno el artículo 2º (ibídem), determina que: “(...) Los establecimientos de crédito comprenden las siguientes clases de instituciones financieras: establecimientos bancarios, corporaciones financieras; corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial y cooperativas financieras.

Se consideran establecimientos de crédito las instituciones financieras cuya función principal consista en captar moneda legal del público en depósitos, a la vista o a término, para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito.”

En tal sentido, se deriva con claridad del tenor literal de las normas mencionadas que, solo las cooperativas financieras poseen la condición de establecimientos de crédito, siendo claro además, que para ser reconocidas como tales, las entidades cooperativas actualmente existentes y vigiladas por la Superintendencia Bancaria deben cumplir los requisitos que la misma ley señala, en concordancia con lo previsto por la Circular Externa 079 de 1998 de este organismo de control.

Así las cosas y como quiera que a la fecha, esta Superintendencia no ha autorizado la conversión en cooperativas financieras de ninguna de las cooperativas que se encuentran bajo su vigilancia, no existe ninguna entidad de naturaleza cooperativa que a su vez posea la condición de establecimiento de crédito.

4. De la aplicación del artículo 14 del Decreto 2331 de 1998 y del Decreto 908 de 1999.

Establece el artículo 14 del Decreto 2331 de 1998 que: “(...) A partir de la entrada en vigencia del presente decreto y durante doce (12) meses siguientes, cuando el valor de la deuda de un crédito hipotecario para vivienda supere el valor comercial del inmueble, el deudor podrá solicitar que dicho inmueble le sea recibido en pago para cancelar la totalidad de lo adeudado.

La entidad financiera que reciba la dación podrá demostrar al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, mediante avalúos comerciales aceptados por dicha entidad que, como resultado de la dación, y una vez descontados los intereses moratorios, tuvo una pérdida y el valor de la misma. Aceptada dicha cifra por el Fondo, la entidad tendrá derecho a que éste le otorgue un préstamo por igual cuantía, que será cancelado en cuotas semestrales en un plazo de diez (10) años, con una tasa de interés anual equivalente a la inflación proyectada por el Banco de la República para cada año más cinco puntos.”

Resulta importante precisar que las medidas incorporadas en el Decreto en mención están indisolublemente relacionadas con la decisión adoptada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 2330 de 1991, por el cual se decretó el Estado de Emergencia Económica y Social, y al amparo del cual se decretaron igualmente, una serie de medidas que buscaban aliviar la situación de los deudores de créditos individuales de vivienda y de los aportantes y ahorradores de las entidades cooperativas y recuperar la liquidez del sistema financiero en su conjunto.

En desarrollo de las previsiones contendidas en el mencionado Decreto, la Superintendencia Bancaria, mediante Carta Circular 39 de 1999, extendió los beneficios contemplados en los decretos expedidos a la luz de la emergencia económica, referentes a los alivios de los deudores de créditos individuales de vivienda, a créditos adquiridos en pesos. Esta norma fue suspendida provisionalmente por el Consejo de Estado en proveído de fecha junio 11 de 1999, en la cual el tribunal consideró que los “artículos 11 y 12 del Decreto 2331 de 1998 se refieren a los créditos individuales hipotecarios contraídos por el sistema UPAC, por lo que la aludida distinción efectuada a través de la Circular acusada desconoce el texto de los citados artículos.”

“Así lo confirman tanto el hecho de que, dentro de la metodología señalada por el artículo 12 para acceder al beneficio, se compute la corrección monetaria, elemento típico de los créditos UPAC, como los propios pronunciamientos de la Corte Constitucional.”

En tal orden de ideas, y atendiendo las directrices planteadas en el auto citado, resulta fácil concluir que a los créditos para vivienda adquiridos en pesos no le son aplicables los beneficios previstos en el Capítulo II del precitado Decreto 2331 de 1998, con mayor razón, los créditos adquiridos en pesos en cooperativas especializadas de ahorro y crédito.

En adición, debe recordar el peticionario, que las cooperativas de ahorro y crédito, no se encuentran inscritos en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, por lo que adicionalmente no tienen derecho, sus ahorradores y deudores, a disfrutar de las líneas de crédito que dicha entidad habilitó, para atemperar la difícil situación por la que atravesaban.

5. Conclusión

La Cooperativa de Ahorro y Crédito COOMEVA no tiene la condición de establecimiento de crédito. En virtud de lo previsto por la Ley 454 de 1998, solo poseen tal calidad las entidades cooperativas que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos que tal norma prevé para tal efecto, en concordancia con lo previsto por la Circular Externa 079 de 1998 de esta Superintendencia.

De otra parte, dado que COOMEVA no está facultada para conceder créditos en UPAC y de conformidad con el auto 9474 de junio 11 de 1999, proferido por el Consejo de Estado, los deudores de las obligaciones contraídas con dicha entidad, no pueden ser favorecidos con la aplicación de los beneficios que tales normas prevén, siendo claro que no está la citada cooperativa obligada a recibir un inmueble hipotecado en dación en pago, ni que en virtud de tal negocio jurídico, se entienda cancelada la totalidad de la obligación, cuando quiera que la misma exceda el valor comercial del inmueble.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta claro que siendo el pago y la dación en pago, medios de extinguir las obligaciones, es dable a los extremos de la relación contractual acordar los términos por los cuales se cancelará la obligación, siendo necesario señalar que en tal operación prima la libertad de contratación, sin que ninguna de las partes pueda imponer sus términos a la otra.

En los términos anteriores se entienda atendida la consulta presentada, bajo el supuesto de que las consideraciones transcritas no comprometen la responsabilidad de la entidad ni son de obligatorio cumplimiento, de conformidad con lo previsto por el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

ZAYDA R. PAVA CAPACHO

Superintendente Delegada para Intermediación Financiera III

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