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CONCEPTO 52360 DE 2001

(agosto 31)

Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8202

Bogota, D. C.,

Doctores

GUILLERMO CAMELO AGUDELO

Director Operativo Investigaciones y Juicios Fiscales (E)

MONICA LOZANO ORTEGA

Profesional Universitario

CONTRALORIA GENERAL DE CUNDINAMARCA

Calle 49 No. 13-33 Piso 5

Fax: 2322157

Ciudad

Referencia: 2001052360-0

454 Solicitud de información Esp.

39 Respuesta final

Sin anexos

Ref: Juicio Fiscal No. 9909028

Municipio de Sesquilé

Apreciados doctores:

Me refiero a su oficio 00073 del 30 de julio de 2001, radicado en esta Entidad bajo el número indicado, mediante el cual, en cumplimiento de auto del 15 de junio del mismo año formula distintas inquietudes.

Antes de atender sus consultas, que serán respondidas en el mismo orden que fueron presentadas, estimamos pertinente efectuar las siguientes precisiones:

- Las respuestas a las preguntas 2 y 3 de su escrito se basan estrictamente en la información suministrada por la Dirección Técnica de Intermediación Tres A de esta Superintendencia.

- Considerando que los datos suministrados en el punto 2 se encuentran contenidos en informes de visita, resaltamos que de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 337 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los informes de los inspectores de la Superintendencia Bancaria están sometidos a reserva.

1. Toda vez que su inquietud se refiere de manera genérica al riesgo “en materia financiera” hemos estimado pertinente, para ilustrarla en la mejor forma, emplear el siguiente orden temático:

1.1 Naturaleza y objetivos de la Superintendencia Bancaria.

Mencionemos inicialmente que el artículo 335 de la Constitución Política califica como de interés público las actividades financiera, aseguradora y bursátil y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento, e inversión de recursos captados del público, al tiempo que previene que su desarrollo sólo procede previa autorización. La Carta atribuye al Congreso la facultad de dictar las normas generales a las cuales debe sujetarse el gobierno para regular tales actividades (art. 150, num. 19, lit.d) y asigna al Presidente de la República el ejercicio de acuerdo con la ley, de la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen tales operaciones (art. 189, num. 24).

Se tiene entonces que la importancia de los servicios bancarios y la evidente necesidad de utilizarlos que tiene la comunidad, ha supuesto que desde la Norma Constitucional se contemple un sistema positivo dirigido a procurar el adecuado desarrollo de tales actividades. Bajo este esquema se soporta la intervención estatal en el sector financiero, reflejada en la regulación, la supervisión y el apoyo a instituciones del sector.

La intervención en el sector financiero es una constante en los distintos sistemas normativos que busca, como afirma la doctrina, “preservar la estabilidad del sistema de pagos de la economía, proteger el ahorro de la comunidad, garantizar un adecuado funcionamiento del sector productivo, profundizar el ahorro bancario, democratizar el crédito, proteger al usuario y regular la oferta monetaria(1).

Ahora, las funciones de esta Superintendencia se derivan de la función constitucional otorgada al Presidente de la República, y su naturaleza y objetivos como autoridad de supervisión se encuentran contemplados en el artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993).

Los objetivos de esta autoridad revelan que su actividad se encuentra fundamentalmente dirigida al aseguramiento de la confianza en dicho sistema y a velar porque sus operaciones se realicen en condiciones de seguridad, transparencia y eficiencia, como lo advierten algunos de los consignados en el citado artículo:

“a). Asegurar la confianza pública en el sistema financiero y velar porque las instituciones que lo integran mantengan permanente solidez económica y coeficientes de liquidez apropiados para atender sus obligaciones;

“(..)

“c) Supervisar las actividades que desarrollan las entidades sometidas a su control y vigilancia con el objeto de velar por la adecuada presentación del servicio financiero, esto es, que su operación se realice en condiciones de seguridad, transparencia y eficiencia;

(...)

“e) Prevenir situaciones que puedan derivar en la pérdida de confianza del público, protegiendo el interés general y, particularmente, el de terceros de buena fe;

Debe advertirse no obstante que existen otras autoridades que de una u otra forma inciden en el manejo de la actividad financiera, entidades estatales que tienen también como cometido principal, garantizar la solidez del sistema. Así encontraremos que el Congreso y el Presidente de la República tienen funciones en relación con la materia. Igualmente el Banco de la República y esta Superintendencia dentro de sus respectivas competencias emiten instructivos que deben ser observados por las citadas instituciones.

No se puede por lo tanto efectuar un análisis sesgado o marginal de aquellas acciones que despliega el Estado para procurar la estabilidad del sector financiero, éstas involucran, insistirnos, gestiones de otras autoridades cuyo propósito común es brindar confianza y estabilidad al sistema financiero.

1.2 Competencias frente a la actividad de las cooperativas.

Si bien su consulta se refiere al “sector financiero“, estimamos oportuno efectuar algunas precisiones sobre las competencias de este organismo en relación con el sector cooperativo, considerando la entidad mencionada en su escrito.

Señalemos primero que el parágrafo 2º del artículo 17 del Decreto 1688 del 27 de junio de 1997 determinó que la Superintendencia Bancaria asumiría la vigilancia y control de los entes cooperativos que adelantaran la actividad financiera en forma especializada, en un plazo máximo de un (1) año contado a partir de la fecha de publicación del citado decreto.

A través del Decreto 619 de 1998 se dispuso que a más tardar el 27 de junio de 1998 este organismo asumiría el control y vigilancia de las cooperativas que adelantan actividad financiera en forma especializada, y el 1º de enero de 1999 el de las cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito y cooperativas de ahorro y crédito que a junio 30 de 1998 reunieran las condiciones específicas allí previstas.

Mediante la expedición de la Ley 454 de 1998 el legislativo determinó el marco conceptual que regula la economía solidaria, dictó normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y emitió otras disposiciones. Las condiciones para el ejercicio de la actividad financiera se encuentran consagradas en los artículos 39 a 50 ibídem.

El artículo 40 de la ley citada define a las cooperativas financieras como “organismos cooperativos especializados cuya función principal consiste en adelantar actividad financiera, su naturaleza jurídica se rige por las disposiciones de la Ley 79 de 1988 y se encuentran sometidas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria“, otorga a estas cooperativas el carácter de “establecimientos de crédito” y señala adicionalmente que para desarrollar operaciones propias de las mismas “se requiere la autorización previa y expresa en tal sentido de la Superintendencia Bancaria”, condicionada al cumplimiento anticipado de ciertos requisitos.

Ahora, con la entrada en vigencia de la Ley 454 claramente se restringe el desarrollo de la actividad financiera con terceros a las cooperativas multiactivas o integrales y de ahorro y crédito que bajo la nueva concepción son cerradas y sólo pueden captar recursos exclusivamente de sus asociados. De suerte que las entidades que actualmente se encuentran bajo el control de la Superintendencia Bancaria que no se conviertan o especialicen en cooperativas financieras necesariamente deben liquidarse o transformarse. Igualmente, debe recordarse que según el artículo 41 de la citada Ley 454 el control y vigilancia de las cooperativas de abono y crédito compete a la Superintendencia de Economía Solidaria.

En punto a su inquietud conviene anotar que el artículo 1 del Decreto 1587 de 1998 dispuso que las “entidades que se constituyan o se conviertan en cooperativas financieras, como las de ahorro y crédito multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, continuarán sujetas a las normas de regulación prudencial establecidas en el Decreto 1840 de 1997”. Recordemos que el citado Decreto 1840 establece normas sobre relación de solvencia para tales instituciones.

De otra parte debe mencionarse que con la Circular 001 de 1998 esta Superintendencia instruyó a las cooperativas con actividad principal o especializada financiera sobre la remisión de información financiera y contable. En dicha oportunidad se dispuso que para el reporte de estados financieros debían utilizar el Plan Único de Cuentas para instituciones financieras y frente a la cartera de créditos señaló que se calificaría aplicando los preceptos del Capítulo Segundo de la Circular 100 de 1995. Advirtió además que debían estimarse las provisiones a efectuar por la calificación de cartera bajo tales parámetros.

Igualmente, mediante la Circular Externa 033 de 1998, esta Superintendencia emitió distintas instrucciones relativas a la presentación de estados financieros intermedios y de fin de ejercicio así como al envío de distinta información periódica referida entre otras a las operaciones activas de crédito y al cálculo del patrimonio adecuado.

1.3 Mecanismos para la prevención de riesgos en el sistema financiero.

Sea lo primero destacar que las funciones de esta Superintendencia se limitan a las establecidas en la ley y no comprenden gestiones que protegen “individualmente hasta el último riesgo y hasta la más imprevisible amenaza en materia financiera”.

La anterior advertencia resulta fundamental para entender el contenido de este pronunciamiento pero, en especial, para comprender el verdadero alcance de la función de esta autoridad. Resaltemos que el conjunto de instrumentos previstos en el régimen jurídico colombiano dirigidos a procurar la solidez del sistema financiero, tienen en éste su principal propósito, pero en manera alguna permiten afirmar que eliminan o protegen hasta el último riesgo o la más imprevisible amenaza.

Sobre el particular anota la doctrina citada: “El negocio bancario es por definición un negocio de alto riesgo que se estructura con base en la confianza del público que deposita sus dineros en las instituciones financieras y sobre la competencia profesional de éstas para administrar los riesgos que se derivan de su operatoria, como garantía de que honrarán sus compromisos con terceros en la época y forma estipuladas o cuando así lo dispongan éstos tratándose de obligaciones a la vista.

“Cuando se debilita la fe pública en la solvencia, en la liquidez o, en fin, en la idoneidad de una institución financiera para manejar los ahorros de la sociedad, o cuando la calidad de los activos del establecimiento se deterioran y con ellos su adecuada solvencia y liquidez, bien sea por razones imputables a su gestión administrativa o por razones exógenas a su propia actividad, se presenta la crisis(2).

La gestión del supervisor bancario radica entonces en efectuar un seguimiento de los indicadores de las entidades estableciendo permanentemente condiciones adecuadas de solvencia y liquidez para operar de forma que cuando acontezcan circunstancias que puedan comprometer su estabilidad se adopten los correctivos del caso. Dicha gestión se encuentra íntimamente ligada a la evaluación de los distintos riesgos a los que está expuesta una entidad financiera, entre los que se destacan:

- Riesgo de crédito: o riesgo de contraparte, referido a la posibilidad de incumplimiento en el pago de una obligación.

- Riesgos de mercado: riesgo de pérdidas bancarias derivado de movimientos en tasas de cambio, en las tasas de interés o en el precio de los valores mobiliarios.

- Riesgo de liquidez: contingencia de que una entidad incurra en pérdidas excesivas por la venta de sus activos a descuentos inusuales y significativos con el fin de disponer rápidamente de recursos necesarios.

Los riesgos son una constante en cualquier actividad comercial y la gestión financiera no escapa a tal consideración. No obstante es evidente que por el especial carácter de ésta, ya que involucra el manejo e inversión de recursos captados del público, los distintos sistemas normativos han desarrollado todo un conjunto de disposiciones dirigidas a prevenirlos, procurando en todo momento la estabilidad y solidez de las instituciones financieras.

Entre tales mecanismos podemos mencionar:

- Régimen especial de constitución y funcionamiento (artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero).

- Regímenes especiales de fusión, conversión y escisión (art. 66 EOSF)

- Normatividad especial en materia de órganos de administración (representantes legales, juntas directivas, revisoría fiscal, art. 72 y ss. EOSF).

- Régimen patrimonial. Requerimiento de capitales mínimos para las instituciones financieras (art. 80 EOSF). Disposiciones sobre márgenes de solvencia o niveles de patrimonio adecuado (art. 82 EOSF. Decreto 673 de 1994).

- Régimen especial sobre propiedad accionaria (art. 88 EOSF).

- Normas especiales sobre competencia y protección al consumidor (art. 98 EOSF).

- Prevención de actividades delictivas (art. 102 y Ss.)

- Régimen de clasificación y calificación de inversiones. Evaluación por nivel de riesgo. (Capítulo 1 Circular 100 de 1995).

- Evaluación y calificación de cartera de créditos (Capítulo II Circular 100 de 1995).

- Gestión de activos y pasivos (Capítulo VI Circular 100 de 1995).

- Disposiciones sobre cupos individuales de endeudamiento (Decreto 2360 de 1993).

- Normas sobre presentación de estados financieros (Capítulos VIII, IX y X de la Circular 100).

- Controles de ley. Patrimonio técnico, encaje posición propia en moneda extranjera, inversiones (Capítulo XIII Circular 100).

- Valoración y contabilización de derivados (Capítulo XVIII Circular 100).

- Régimen de provisiones.

Destaquemos además que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero contempla en el artículo 113 los denominados institutos de salvamento y protección de la confianza pública, medidas que buscan como su denominación lo advierte, salvar la empresa financiera y proteger la confianza del público en el sistema. Estas son la vigilancia especial, la recapitalización la administración fiduciaria, la cesión total o parcial de activos, pasivos y contratos, la fusión y el programa de recuperación.

Ahora, especial mención requiere el Decreto 2817 de 2000, mediante el cual se establecieron los indicadores que permiten inferir el deterioro efectivo o potencial en la situación financiera de los establecimientos de crédito sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Señala el artículo 2 de la citada disposición:

Artículo 2º. Los indicadores que permiten inferir la situación de deterioro financiero son:

“2. 1 Indicador de solvencia:

“Comportamiento de la relación de solvencia. Cuando un establecimiento de crédito presente, en tres meses consecutivos, defectos en la relación de solvencia, la cual se define en los términos del Decreto 673 de 1994, tal institución financiera deberá ejecutar un programa de recuperación, de acuerdo con los términos indicados en este decreto. Sin embargo, la Superintendencia Bancaria podrá ordenar la iniciación del procedimiento previsto en el artículo quinto y, en consecuencia será obligatoria la ejecución del programa de recuperación, si el defecto se presenta en dos meses consecutivos.

2.2 indicador de liquidez:

Incumplimiento del requerimiento legal del encaje. Cuando en dos oportunidades consecutivas, o en tres oportunidades dentro un plazo de tres meses, un establecimiento de crédito presente defectos en los promedios diarios en la posición bisemanal de encaje que está obligado a mantener, según las disposiciones dictadas por la Junta Directiva del Banco de la República, tal establecimiento de crédito deberá ejecutar un programa de recuperación de acuerdo con los términos indicados en este decreto.

2.3 Indicador de gestión:

Calificación de Gestión. Para los exclusivos fines de este decreto la calificación de la gestión desarrollada por un establecimiento de crédito se efectuará a partir de la identificación de prácticas de gestión que pongan en peligro su situación de solvencia o liquidez. La Superintendencia Bancaria, en uso de las facultades de supervisión, prevención y sanción que le otorga el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, especialmente los numerales 4 y 5 del artículo 326, identificará las prácticas ilegales, no autorizadas o inseguras que darán lugar a que la respectiva entidad deba ejecutar un programa de recuperación, de acuerdo con los términos indicados en este decreto.

Advierte el citado decreto que una vez la Superintendencia Bancaria establezca la existencia de cualquiera de los eventos descritos se deberá seguir el procedimiento encaminado a la adopción del programa de recuperación. El artículo 3 de la misma norma define el programa de recuperación como “la medida adoptada por la Superintendencia Bancaria encaminada a evitar que el respectivo establecimiento de crédito incurra en causal de toma de posesión o para subsanarla''.

Establece dicho precepto que tales medidas pueden consistir, además de las previstas en el artículo 113 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en:

“a) Capitalizaciones;

“b) Reducciones forzosas de capital a una cifra no inferior al valor del patrimonio neto;

“c) colocación obligatoria de acciones sin sujeción al derecho de preferencia;

“d) Venta forzosa, cesión o cualquier otra enajenación de activos, sean productivos o improductivos;

“e) Castigo de cartera;

“f) Constitución de provisiones;

“g) Prohibición de distribuir utilidades;

“h) Creación de mecanismos temporales de administración con o sin personería jurídica;

“i) Adopción de programas concretos para mejorar la recuperación de activos;

“j) Recomposición de pasivos,

“k) Redimensionamiento de la actividad crediticia, o de la estructura operativa o administrativa;

“l) Remoción de administradores, y

“m) En general, cualquier otra medida orientada a producir cambios institucionales para prevenir futuros deterioros financieros y mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión del respectivo establecimiento de crédito”.

Corolario forzoso de lo expuesto es que esta Superintendencia si bien despliega una serie de acciones que hacen parte de una gran gestión estatal que busca proteger el sistema financiero, representadas principalmente en determinar la observancia que las entidades vigiladas den a distintas normas y evaluar distintos indicadores de éstas, no puede garantizar totalmente la eliminación de cualquier riesgo o detectar cualquier amenaza imprevisible a que esté expuesto el negocio.

Se destaca que es una especial responsabilidad de la administración de cada institución vigilada el desarrollar su actividad conforme a las normas que regulan su actividad; recordemos que en el control y la prudencia de la operación financiera radica en altísima medida la estabilidad de las entidades.

Por último resaltamos que los términos de la respuesta a este punto tienen el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

3.- La Superintendencia Bancaria de Colombia, en ejercicio de sus funciones, practicó visita de inspección durante los meses de mayo y junio de 1998 a la Dirección General de Credisocial, con el fin de determinar el estado de cada una de las cuentas del balance al 30 de mayo de 1998 y solicitar los ajustes a que hubiere lugar. Dicho asunto se comunicó mediante oficio radicado con el número 1998029534-O del 30 de junio de 1998 dirigido al Gerente General, Carlos Alberto Salazar Villa.

Como lo prevén los literales d) y e) del numeral 13, Capítulo Primero de la Circular Básica Jurídica, se dio traslado del informe de visita al Representante Legal de la Entidad mediante el oficio 1998029534-46 del 5 de octubre de 1998, para conocer los descargos de carácter institucional y personal.

Los resultados de la visita también fueron trasladados a la señora María Gloria Ballesteros Traslaviña, exgerente de Credisocial, radicado Nro. 1998029534-49 del 04 de noviembre de 1998 y a los señores Efraín Duran Guzmán y Hernán Mora Martínez, Revisores Fiscales, principal y suplente, de la Cooperativa.

En el informe de visita, se hace mención al incumplimiento del artículo 12 del Decreto 1134 de 1989, en el cual se obliga a mantener en un organismo cooperativo de grado superior o instituciones auxiliares de cooperativismo autorizadas por la Superintendencia Bancaria, un depósito equivalente al 10% del total de las captaciones de ahorro a la vista y a término como fondo de liquidez permanente.

El informe igualmente se refiere al déficit presentado en el fondo de liquidez durante el período de enero a junio de 1998, así como el cálculo incorrecto del mismo efectuado por la cooperativa, ya que se realizaba sobre 31 días del mes y no sobre los días efectivamente laborados.

En el artículo 4 de la Resolución 0977 del 29 de julio de 1998 se hace referencia a lo indicado en el párrafo precedente. En el artículo 6 del mismo acto se indica que la Superintendencia Bancaria recibió algunas quejas sobre solicitudes de redención de CDATs y retiros de cuentas de ahorro, las cuales no encontraron respuesta, dado el cierre de todas las oficinas de la entidad en el país.

El artículo 7 del acto en mención señala que el Gerente General de Credisocial mediante oficio radicado con el número 1998034857-O del 8 de julio de 1998 expresó que “... que con el consentimiento del Presidente del Consejo de Administración se tomó la decisión de cerrar en forma transitoria la totalidad de las 45 oficinas de la Cooperativa, y solicitar a la Superintendencia Bancaria su inmediata intervención,...”

Más adelante, en el mismo artículo se anota que “... pero la información suministrada por el noticiero precipitó una corrida de depósitos; comentarios públicos sobre la imposibilidad de responder por parte de Credisocial a los ahorradores; solicitudes de cancelación anticipada de títulos renunciando al pago de intereses; no renovación de C'DATs que vencían e informaciones de cancelación y no celebración de negocios de captación que estaban previstos. Durante estos últimos 20 días hemos atendido retiros inusuales de ahorro por $2,500 millones aproximadamente y dejado de cancelar solicitudes por un valor superior a $3, 000 millones, lo cual nos ha causado pánico en algunos puntos de la red.

“Consideramos que la determinación administrativa tomada es la más oportuna para defender los intereses de los asociados y ahorradores de Credisocial “.

Por lo dicho se puede concluir, que la cooperativa presentó en ese período, suspensión en el pago de sus obligaciones.

3.- En ejercicio de las facultades señaladas por el literal f) numeral 1 del artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 4 de la Resolución 0977 del 29 de julio de 1998, se adoptaron, entre otras, las siguientes medidas preventivas encaminadas a hacer efectiva la toma de posesión en comento:

- Se explicó e ilustró a todos los funcionarios de la cooperativa intervenida sobre los efectos legales de la referida decisión administrativa.

- Se les previno sobre la responsabilidad en el manejo de los activos, valores, documentos y papeles de la entidad intervenida que cada uno de los empleados tenía a su cargo.

- Se dispuso la guarda de los bienes de la entidad intervenida, se cambiaron las claves que daban acceso a las 5 cajas fuertes de la cooperativa y se efectuó el cambio de guardas de las oficinas de Dirección General que se estimaron necesarias.

- Se previno a los administradores en el sentido de que a partir de la toma de posesión de la compañía, quedaban separados inmediatamente de la administración de los bienes de la misma.

- Se cambiaron las guardas de las cerraduras de las oficinas de la entidad intervenida en Santafé de Bogotá D. C., en los pisos 2, 3, 4, 5, 8 y 10 del Edificio CREDISOCIAL y se retuvieron las ocho (8) llaves de las cerraduras que controlaban el acceso por ascensor a los pisos mencionados, con el objeto de coordinar la entrada y salida de todo el personal vinculado con la cooperativa. Simultáneamente se inició el cambio de guardas en las sucursales de Bogotá, Sabanas, Medellín, Villavicencio, Ibagué, Girardot, Bucaramanga, Zona Cafetera, y Nariño.

- Se impartieron instrucciones a la firma Prohorizontal, entidad encargada de la administración del Edificio Credisocial, en ese momento, encaminadas a restringir el acceso al público a las oficinas de la entidad y a prevenir situaciones que pudieran atentar contra la seguridad de los empleados de la entidad y funcionarios de la Superintendencia Bancaria. Así mismo, se dispusieron medidas para asegurar la guarda y custodia de los bienes y haberes de la entidad en liquidación. Se solicitó el porte permanente de carnets a los funcionarios y la necesidad de requisas.

-. Se adoptaron procedimientos de atención a los deudores, ahorradores y acreedores de la entidad intervenida, con los efectos de la toma de posesión y sobre el proceso de reclamación, aceptación y pago de las acreencias. Particularmente se determinó atender al público en grupos de 30-35 personas en el salón de juntas del piso 10 en la Dirección General, con disposición permanente de un funcionario de la Superintendencia Bancaria.

- Se previno a las instituciones financieras y cooperativas en donde la entidad intervenida tenía depósitos a la vista a su favor, en el sentido de que tales recursos sólo podían ser pagados al liquidador designado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, advirtiéndoles de la inoponibilidad del pago que se hiciera a persona distinta. Así mismo, se les puso de presente que no procedía compensación alguna, ni se podía disponer de esos depósitos sin autorización expresa del liquidador.

De otra parte, se les solicitó que certificaran los saldos a la fecha de la toma de posesión (julio 29 de 1998), con el fin de que se tuvieran en cuenta esos valores dentro del inventario preliminar.

-. En desarrollo de las primeras diligencias vinculadas con la toma de posesión, se abrió la cuenta No. 0201017734 en Colpatria con el objeto de realizar los pagos más urgentes y específicamente el de nómina. Posteriormente con la llegada del liquidador designado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras -FOGAFIN, mediante Resolución No. 012 del 31 de Julio de 1998, doctor LUIS FELIPE LONDONO SOTO, se abrió la cuenta nacional No.035052422 del Banco de Bogotá Sucursal Avda. 19, con el objeto de manejar centralizadamente los recursos.

-. La definición de los traslados para el manejo centralizado corrió por cuenta directa del Liquidador y de su asesor para asuntos de tesorería, doctor Oscar Díaz. La Superintendencia

Bancaria recomendó verificar nuevamente los saldos y los traslados con sus respectivas conciliaciones.

- A los abogados que apoderan a la entidad intervenida en el cobro de cartera (judicial o extrajudicialmente), se les previno en el sentido de que los deudores sólo podían pagar al liquidador de CREDISOCIAL CAJA FINANCIERA COOPERATIVA - EN LIQUIDACION, y que los acuerdos o transacciones pendientes o que pretendieran ser celebrados en adelante, deberían ser tratados directamente con el liquidador. Para tal efecto, se les envió comunicación por correo y fax.

- Para los propósitos señalados en los literales g) y h) del numeral 1 del artículo 292 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, se enviaron las comunicaciones pertinentes a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos y a la Cámara de Comercio de la ciudad de Santafé de Bogotá, lo cual se hizo por intermedio del Superintendente Delegado para Entidades Cooperativas. También se dirigió una comunicación a la DIAN en la que se le informó de la medida administrativa contenida en la Resolución 0977 para los fines pertinentes.

- Se enviaron cerca de 200 comunicaciones a Jueces Civiles de Circuitos, Municipales y Civiles Promiscuos de Bogotá, y de los distintos municipios de Cundinamarca, Risaralda, Tolima, Nariño.

- En las ciudades en donde no se enviaron directamente comunicaciones a abogados desde la Dirección General de la Cooperativa, dicho trámite fue realizado por los funcionarios de la Superintendencia Bancaria asignados a cada ciudad.

- Dado que la entidad CREDISOCIAL CAJA FINANCIERA COOPERATIVA tenía contratos con Fiduciarias en los que la entidad era parte o acreedor beneficiario, se envió comunicación a distintas entidades.

- Sobre la publicidad generada luego de ser ordenada la inmediata toma de los bienes, haberes y negocios, se tiene:

· Boletín de Prensa relacionado con la Resolución 0977 del 29 de julio de 1998 por medio de la cual se ordenó la toma inmediata de posesión de los bienes, haberes y negocios de la sociedad denominada CREDISOCIAL CAJA FINANCIERA COOPERATIVA con el objeto de proceder a su liquidación.

· Aviso al Público informando sobre la intervención para liquidar Credisocial.

· Publicación en el Diario La República del 5 de agosto de 1998 donde aparecen las medidas tomadas mediante Resolución 0977 del 29 de julio de 1998, firmada por el liquidador Luis Felipe Londoño Soto.

En estos términos atendemos su solicitud, con el ofrecimiento de cualquier información adicional en caso de ser requerida.

Cordialmente,

PILAR CABRERA PORTILLA

Coordinadora Grupo de Consultas Dos

1. MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. Cátedra de Derecho Bancario Colombiano. 1ª Edición. Ed. Legis, Bogotá, 2000, página 74.

2. Ibídem, página 429.

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