CONCEPTO 56397 DE 2002
(noviembre 18)
Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogota, D. C.,
Señor
JULIO ALBERTO GUERRERO VILLAGRAN
Calle 19 No. 69 B 35
Ciudad
Referencia: 2002056397-0
454 – Solicitud de Información Esp.
39 – Respuesta Final
Sin anexos
Apreciado señor:
En atención a su comunicación trasladada por la Superintendencia de Sociedades y radicada en esta Entidad con el número citado al rubro, mediante la cual plantea unos interrogantes relacionados con la aplicabilidad de la ley de vivienda a una entidad no vigilada por esta Superintendencia, sobre los intereses cobrados en un crédito otorgado por la mencionada institución, entre otros, de manera atenta me permito efectuar los siguientes comentarios:
Sobre el particular, es del caso precisar que la Superintendencia Bancaria es un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, mediante el cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las entidades que realicen la actividad financiera, previsional y aseguradora, expresamente señaladas en el artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Ahora bien, conforme al artículo 121 de la Constitución Política, ningún organismo del Estado podrá desarrollar actividades distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley que, en el caso de esta agencia gubernamental, se circunscriben a las instituciones sometidas a su supervisión. En ese sentido, el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo señala que los conceptos que se soliciten a las autoridades deben tener “...relación con las materias a su cargo”, y entre las funciones conferidas a la Superintendencia Bancaria -literal e) del numeral 3° del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero-, se encuentra la de “Absolver las consultas que se formulen relativas a las instituciones bajo su vigilancia”.
Bajo este contexto, esta Superintendencia no está facultada para absolver el asunto materia de su consulta toda vez que no se refiere a una operación efectuada por una entidad sometida a su control y vigilancia.
Sin embargo, a título ilustrativo, debe señalarse que el artículo 1° de la Ley 546 de 1999 define el ámbito de aplicación de la misma reglamentación, al señalar: “Esta ley establece las normas generales y señala los criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado de financiación de vivienda a largo plazo, ligado al índice de precios al consumidor...” y aclara en su parágrafo que: Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, las entidades del sector solidario, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito, las cooperativas financieras, los fondos de empleados, el Fondo Nacional del Ahorro y cualquiera otra entidad diferente de los establecimientos de crédito, podrán otorgar créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana o en Unidades de Valor Real, UVR, con las características y condiciones que aprueben sus respectivos órganos de dirección, siempre que los sistemas de amortización adoptados no contemplen capitalización de intereses, ni se impongan sanciones por prepagos totales o parciales” (se resalta).
En igual sentido, el parágrafo del artículo 17 del mismo precepto legal prescribe que los créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana que otorguen “las demás entidades a que se refiere el artículo 1º de la presente ley….” se deben pactar “...con una tasa fija de interés durante todo el plazo del préstamo…”.
Del análisis de las normas transcritas y su interpretación armónica con las demás disposiciones de la misma ley, se infiere que ésta constituye un cuerpo normativo orientado a regular de manera general un sistema especializado de financiación de vivienda, definiendo criterios generales y consagrando normas especiales para unas u otras entidades. Es así como, si bien es cierto se dictan normas especiales en relación con los préstamos de vivienda otorgados por los establecimientos de crédito, en criterio de esta Superintendencia, igualmente se fijan reglas aplicables a entidades diferentes que otorguen créditos para financiación de vivienda -incluidos los otorgados a empleados de la respectiva[1 entidad- aún cuando escapen al ámbito de competencia de este ente de control, puesto que no existe una reglamentación que le asigne expresamente tal función.
En consecuencia, los créditos de vivienda otorgados a los empleados de una entidad no vigilada por esta Superintendencia deben seguir las condiciones y características que aprueben sus órganos de dirección, pero en todo caso deberán acoger los parámetros contemplados en la Ley 546 de 1999, antes mencionados.
Respecto de las tasas de interés, es del caso recordar que bajo el esquema del mercado existente en Colombia, las tasas de interés son libres, es decir, tanto en operaciones activas como pasivas, el interés responde a un acuerdo entre las partes quienes con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad fijan las condiciones que han de regir los convenios que celebren, con sujeción a los límites legales.
Ahora bien, acerca de las tasas máximas de interés remuneratorio que se pueden cobrar en los créditos hipotecarios de vivienda, es preciso indicar que sólo a partir del 3 de septiembre de 2000 existe un tope máximo establecido por la Junta Directiva del Banco de la República, en cumplimiento del fallo C-955 de 2000 de la Honorable Corte Constitucional, para lo cual resulta necesario distinguir si se trata de créditos en UVR, en pesos o si es para vivienda de interés social, pues antes de la citada fecha las tasas eran libremente acordadas por las partes, como ya se expresó. Así, las tasas máximas hoy en día son:
Para créditos en pesos
De conformidad con el artículo 2º de la Resolución 14 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, para los créditos denominados en pesos a tasa nominal fija que se otorguen a partir del 3 de septiembre de 2000, la tasa máxima de interés remuneratoria será equivalente a 13.1 puntos porcentuales nominales anuales, pagaderos mes vencido, es decir 13.92% efectivo anual, adicionado con la variación de la UVR de los últimos 12 meses vigente al perfeccionarse el contrato.
Para los créditos perfeccionados antes del 3 de septiembre de 2000, la tasa máxima de interés remuneratoria será equivalente a 13.1 puntos porcentuales nominales anuales, pagaderos mes vencido, adicionados con la variación de la UVR de los últimos 12 meses, tomando como fecha de partida el 3 de septiembre de 2000 y hasta el mismo día del año 1999, es decir, 13,92% + 9,45% = 23,37% efectivo anual.
Para créditos de vivienda de interés social
Al respecto, el parágrafo del artículo 28 de la Ley 546 de 1999 señaló: “Para toda la vivienda de interés social la tasa de interés remuneratoria no podrá exceder de once (11%) puntos durante el año siguiente a la vigencia de la presente ley” (se subraya).
De acuerdo con el citado artículo, por mandato del legislador todos los créditos otorgados para financiar vivienda de interés social sin excepción alguna, debían ajustarse a dicha tasa, esto es al once por ciento (11%) sobre la UVR, durante el período comprendido entre el 23 de diciembre de 1999 y el 23 de diciembre de 2000.
Ahora bien, en punto a la exequibilidad de la norma en mención, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-955 de 2000 señaló:
“Será declarado exequible el parágrafo que se examina, aunque, como establece un límite temporal -un año que pronto culminará-, la exequibilidad debe condicionarse para dejar en claro que de la tasa prevista (11%) deberá deducirse la inflación y que, en lo sucesivo, cuando ya e/tope señalado pierda vigencia, será la Junta Directiva del Banco de la República, de conformidad con sus facultades constitucionales y legales, la autoridad competente para los efectos de fijar las condiciones de financiación de créditos de vivienda de interés social, las cuales deben ser las más adecuadas y favorables, a fin de que consulten la capacidad de pago de los deudores y protejan su patrimonio familiar, también bajo el entendido de que la tasa real de interés remuneratorio no comprenderá la inflación y será inferior a la vigente para los demás créditos de vivienda”.
En desarrollo de lo anterior, la Junta Directiva del Banco de la República mediante Resolución Externa No. 020 de 2000 señaló que para los créditos denominados en pesos a tasa nominal fija destinados a financiar la construcción, mejoramiento y adquisición de vivienda de interés social, tasa máxima de interés remuneratoria será equivalente a once (11) puntos porcentuales, adicionados con la variación de la UVR de los últimos 12 meses vigente al perfeccionamiento del contrato.
Para créditos en UVR
De conformidad con el artículo 1º de la Resolución 14 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, la tasa de interés remuneratoria para los créditos de vivienda individual a largo plazo y para los créditos destinados a financiar proyectos de construcción de vivienda denominados en UVR otorgados a partir del 3 de septiembre de 2000, no podrán exceder 13.1 puntos porcentuales nominales anuales, pagaderos mes vencido sobre UVR, es decir 13.92% efectivo anual.
Los créditos otorgados a tasas superiores con anterioridad a la vigencia de la citada Resolución, deberán ajustar y mantener la tasa como máximo al tope señalado.
Por su parte, el Decreto 234 del 2000, por medio del cual se reglamenta el artículo 64 de la Ley 45 de 1990, consideró que “...para establecer mensualmente la tasa de interés efectivamente cobrada durante el período, es preciso eliminar la distorsión generada por la estacionalidad de la inflación para los créditos a largo plazo denominados en UVR...”
Frente a lo anterior, se consideró necesario que para los créditos de vivienda denominados en UVR, el reajuste de la Unidad de Valor Real debía efectuarse con base en la inflación real ocurrida durante el año; para lo cual el mencionado decreto dispone en el artículo primero lo siguiente:
“De conformidad con el artículo 64 de la Ley 45 de 1990, para efectos de establecer el valor del reajuste de la unidad de valor real -UVR-, que computará como interés en los créditos a largo plazo denominados en esta unidad, la Superintendencia Bancaria informará mensualmente la inflación registrada durante los doce meses inmediatamente anteriores, de acuerdo con las certificaciones publicadas por el Departamento Nacional de Estadística -DANE-.
“Dicha información, conjuntamente con la tasa remuneratoria pactada en cada operación de crédito, se utilizará para la determinación de la tasa de interés cobrada en el mes”.
En cumplimiento de la anterior disposición esta Superintendencia, mediante Cartas Circulares números 98, 130, 198, 240, 306, 367, 441, 499, 551, 640, 653 del 2000, 04, 15, 30, 51, 61, 73, 85, 98, 110, 123, 139, 151, del 2001, 02, 27, 34, 48, 62, 71, 83 y 96 del 2002 ha informado los valores del reajuste de la Unidad de Valor Real -UVR- que computarán como interés para los créditos a largo plazo denominados en UVR, información que podrá consultar en nuestra página web, en la siguiente dirección: www.superbancaria.qov.co
En estos términos dejamos atendida su petición, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
PILAR CABRERA PORTILLA
Coordinador Grupo de Consultas Dos
1. Con anterioridad a la Circular Externa No. 70 del 5 de octubre del 2000, la Circular Básica Financiera y Contable (Circular Externa No. 100 de 1995) consideraba también como créditos de vivienda los concedidos a empleados de la respectiva institución que se encontraran amparados con garantía hipotecaria y tuvieran un plazo mínimo de cinco (5) años para su amortización.