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CONCEPTO 56511 DE 2002

(noviembre 15)

Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8201

Bogotá D.C.,

Señor

CARLOS ANTONIO GONZÁLEZ GUZMÁN

Diagonal 88 A No. 81 – 74 Apartamento 603

Ciudad

Referencia: 2002056511-0

115 Consultas

39 Respuesta final

Sin anexos

Apreciado señor:

De manera atenta damos respuesta a su comunicación de la referencia, mediante la cual consulta acerca del “porcentaje autorizado por la superintendencia a las entidades bancarias sobre los créditos otorgados a los clientes” por concepto de “Intereses de ajuste”, “Seguros”, “Comisión” e “Impuesto sobre comisión”, y si “Este tipo de descuentos incluye intereses durante la amortización del crédito”.

Sobre el particular proceden los siguientes comentarios:

- Facultades de la Superintendencia Bancaria en relación con las comisiones y tarifas que cobran las instituciones financieras

 
En primer término, debe advertirse que dentro de las facultades asignadas a la Superintendencia Bancaria por el artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero no se encuentra la de regular o autorizar las tarifas que cobran las instituciones financieras a sus clientes por los diferentes servicios que prestan, a lo que se suma el hecho de no existir normatividad alguna que unifique sus montos.

Así las cosas, “Las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, dentro de las facultades que corresponden a la órbita administrativa interna de cada establecimiento de crédito, tienen plena autonomía para fijar las tarifas que cobran por los servicios que presten a sus clientes, sin que esta Entidad tenga injerencia al respecto.

“Fundamento de lo anterior es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 2 de mayo de 1968 con ponencia del doctor Guillermo Ospina Fernández, mediante la cual se declaró inexequible el Decreto 1988 de 1966 que autorizaba a la Asociación Bancaria de Colombia para unificar las tarifas de comisiones por los servicios bancarios y a su vez, facultaba a la Superintendencia Bancaria para que aprobara dichas tarifas y vigilara el cumplimiento que las entidades le daban, so pena de imponer las sanciones legalmente previstas. Esta sentencia en uno de sus apartes afirma: '(...) es así que no existe ley alguna que autorice al Gobierno o a la Superintendencia Bancaria para fijar las tarifas de los bancos para los servicios que prestan'.[1

“En este orden de ideas, las entidades financieras tienen plena autonomía para fijar las tarifas que cobran por concepto de los servicios que prestan a sus clientes, siempre que estas les hayan sido previamente informadas, y de la misma manera, estos últimos tienen libertad para decidir si aceptan las condiciones -por tratarse de contratos de adhesión- o desistir de convenir con la institución que les ofrece el servicio para acudir a otra de las alternativas que existen en el sector financiero”[2(se subraya)

 
De lo expuesto se colige que el valor de los costos y comisión por la prestación de los servicios acordados entre los establecimientos de crédito y sus usuarios es autónomamente establecido por cada entidad, obedeciendo básicamente a criterios de mercado y competencia en el sector a que pertenecen, aspecto en el que este organismo no tiene injerencia, como acaba de indicarse.

- Régimen de tarifas en materia de seguros

Al respecto, cabe manifestar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 45 de 1990, en concordancia con el artículo 45 ibídem, incorporados en los artículos 100 numeral 1 y 184 numeral 3 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el régimen de tarifas de seguro responde al principio de libertad de competencia en e) mercado, de manera que las entidades aseguradoras se encuentran facultadas para establecer las bases técnicas de sus contratos a condición de que se sujeten a los requisitos previstos en la ley para el efecto.

De igual forma procede anotar que de acuerdo con lo señalado en el artículo 43 de la ley en mención, incorporado en el artículo 184, numeral 1° del citado estatuto, salvo las excepciones enunciadas en el mismo precepto legal la utilización de tarifas de seguros no se encuentra sujeta a la autorización previa de la Superintendencia Bancaria. En consecuencia, las entidades sólo están obligadas a mantener a disposición del mismo organismo las tarifas debidamente clasificadas por ramos, junto con los elementos documentales y soportes estadísticos correspondientes.[3

- Límites a las tasas de interés y sumas que se reputan como tales.

En lo tocante a este aspecto, se debe mencionar que este organismo, en los términos de la Circular Externa 051 de 2000, efectuó algunas precisiones a las entidades vigiladas con motivo del concepto rendido el 5 de julio del mismo año por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en torno al tema de los límites a las tasas de interés, indicando:

“1. En Colombia las tasas de interés son libres, es decir, que las partes pueden acordarlas en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, con sujeción a los límites legales.

“2. De acuerdo con lo indicado por dicha Corporación, por virtud de lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, sustituido por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, el interés moratorio no podrá sobrepasar el equivalente a una y media veces el interés bancario corriente certificado por esta Superintendencia.

“3. Las tasas máximas del interés remuneratorio que los establecimientos de crédito pueden cobrar o pagar a su clientela sobre todas las operaciones activas y pasivas, únicamente puede señalarlas la Junta Directiva del Banco de la República, por ser una función exclusiva y permanente que le está asignada por el literal e) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992, en el texto que quedó vigente después de la declaratoria de inexequibilidad parcial contenida en la Sentencia C-208 del 1° de marzo del 2000, proferida por la Corte Constitucional.

“4. En tanto la autoridad monetaria no señale tales tasas máximas remuneratorias, las mismas responderán a los requerimientos del mercado, teniendo en cuenta en todo caso que, como precisó el Consejo de Estado, 'No se pueden cobrar o recibir intereses que excedan la tasa constitutiva del delito de usura' “.

“5. Las modificaciones que presenten las tasas de interés durante la vida de préstamos pactados con instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria deben traducirse en la correspondiente reducción de los montos convenidos al tiempo de la celebración de los contratos, cuando quiera que al momento de la causación de los réditos aquellos sobrepasen los límites establecidos en normas que, dado su carácter de disposiciones de orden público, priman sobre cualquier acuerdo de voluntades. En este sentido destacó el máximo Tribunal de lo contencioso administrativo que no puede predicarse la existencia de derechos adquiridos en relación con intereses pactados en contratos de mutuo que contravengan tales preceptos (...).

“(…)


“8. Dentro de las funciones ordinarias de vigilancia que corresponden a la Superintendencia Bancaria no se encuentra la de ordenar la reducción de la prestación debida cuando las tasas de interés cobradas por una institución financiera sobrepasen los límites legales, como sí la de velar por que se haga efectiva la entrega de las sumas que la entidad acreedora esté obligada a devolver por mandato judicial (...).

“(….)

“En consecuencia, y como quiera que el percibir intereses remuneratorios y moratorios en exceso del límite previsto en el artículo 235 del Código Penal expone a las entidades vigiladas a las sanciones contempladas por el artículo 884 del Código de Comercio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990, de conformidad con lo previsto en el artículo 326, numeral 5°, letra a), del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se califica como práctica no autorizada e insegura la causación o el cobro de réditos que sobrepasen la tasa máxima prevista para el delito de usura”).

De otra parte, precisó dicha Corporación en el texto del concepto en comento:

“...frente a la reclamación formulada por el deudor, la entidad vigilada puede aceptar voluntariamente que está obligada a devolver y en tal caso la función de la Superintendencia Bancaria es vigilar que la entrega de las sumas objeto de devolución efectivamente se haga. Es posible que la entidad vigilada guarde silencio, y en este caso la función de la Superintendencia es simplemente instar a la entidad para que responda la reclamación del deudor, o también puede ocurrir que el deudor demande a la entidad financiera vigilada ante la jurisdicción competente para que ella sea condenada a la devolución de las sumas cobradas en exceso, más la suma igual al exceso, a título de sanción. En este último caso, si una vez definida la controversia judicial hay lugar a devolver dichas sumas, la Superintendencia velará porque se cumpla con la entrega de las mismas”.

Adicionalmente, en cuanto hace con las sumas que se reputan como intereses, debe anotarse que esta Superintendencia se pronunció a través del oficio 91058052-2 del 19 de junio de 1992, en los siguientes términos:

“El artículo 68 de la Ley 45 de 1990 dispone que “... para todos los efectos legales se reputarán intereses las sumas que el acreedor reciba del deudor sin contraprestación distinta al crédito otorgado, aun cuando las mismas se justifiquen por concepto de honorarios, comisiones u otros semejantes. Así mismo, se incluirán dentro de los intereses las sumas que el deudor pague por concepto de servicios vinculados directamente con el crédito en exceso de las sumas que señale el reglamento' (Destacamos)

 “Para los fines de esta disposición debe entenderse incluido dentro de los intereses '... tanto lo que se cobra por ceder el beneficio de hacer uso del dinero, como por asumir el riesgo que ello representa y, en general, todas las cargas de tipo accesorio que se derivan por el acreedor respectivo, con excepción de los impuestos directos que se causen, como podrían ser los estudios de crédito y los costos de su contabilización, control y cobranza normal y ordinaria, resultando así remunerada con tales créditos, y en su integridad, la operación financiera.

“…En estos términos,… ineludiblemente tendrá que entenderse dentro del concepto de interés todas las sumas que se carguen o reciban directamente o por interpuesta persona, teniendo como causa la entrega del dinero, a título de depósito o de mutuo, así se intente disfrazar tal remuneración o parte de ella bajo denominaciones, cualquiera que ellas sean, tales como las de 'honorarios', 'comisiones', 'reembolsos de gastos', etc. Tales conceptos se integran al de los intereses, propiamente así denominados, para luego deducir su equivalencia en términos reales efectivos' (Superintendencia Bancaria, Circular Externa OJ-078 de 1984). (Destacamos)”

De esta manera dejamos atendida su solicitud, con el alcance previsto en el
artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

JEANNETTE SANTACRUZ DE LA ROSA

Coordinadora Grupo de Consultas Uno

1. Superintendencia Bancaria. Concepto radicación No. 1998008627-2 del 24 de marzo de 1998.

2. Superintendencia Bancaria. Concepto radicación No. 1998014285-2 del 6 de abril de 1998.

3. Numeral 1.1., Capítulo Segundo, Título VI de la Circular Básica Jurídica 007 de 1996.

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