CONCEPTO 58219 DE 2003
(Diciembre 26)
<Archivo: Superintendencia Bancaria>
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8201
Bogotá D.C.,
Señor
ENRIQUE DÍAZ SILVA
Carrera 12 No. 10.71, Apartamento 401
Neiva (Huila)
Referencia: 2003058219-0
115 Consultas
39 Respuesta Final
Sin anexos
Apreciado señor:
Atentamente damos respuesta a su comunicación radicada en esta Superintendencia bajo el número citado, mediante la cual consulta acerca de si una entidad bancaria '(...) está autorizada a cobrar por si o por otro conducto, honorarios de cobro prejuridico (sic) sobre una tarjeta de crédito y la cual no ha sido entregada al titular de esta”.
Adicionalmente expresa que formula la consulta “(...) porque por los medios informativos conoci (sic) que por la autoridad jurídica o bancaria se habia (sic) aclarado la situación respecto a que no se podian (sic) cobrar honorarios a no ser que mediara un proceso o demanda judicial, la cual no existio (sic) en micaso (sic)”.
Sobre el particular, procede manifestar en primer término que del examen de la copia del estado de cuenta No, 15106 que anexa a su petición se observa que usted realizó utilizaciones correspondientes a la tarjeta de crédito No. 3620 809329 1000 expedida a su nombre por el Banco Superior, situación que permite concluir que existen facturaciones a su cargo que obviamente está obligado a atender.
Efectuada la anterior precisión, cabe señalar que una de las obligaciones que se deriva del contrato de apertura de crédito que origina la expedición de una tarjeta de crédito, estriba en que una vez expedida da lugar a la existencia de un típico negocio de línea de crédito, en virtud del cual el banco le concede al cliente la disponibilidad para acceder a un préstamo y este último contrae la obligación de pagar cumplidamente la obligación. Por tanto, la mora o retardo en la atención de la misma legitima a la entidad prestamista para hacer efectivo el pago a través de los medios establecidos por la ley para el efecto (ej. cobro prejurídico o la iniciación del proceso judicial correspondiente).
Así mismo, procede acotar que la expresión “cobro prejuridico” hace referencia al despliegue de la actividad profesional que efectúa el acreedor, en este caso la institución financiera, en procura de recaudar el valor de la obligación en mora sin que medie un proceso judicial, elemento éste que lo diferencia del llamado “cobro jurídico” en el cual el acreedor ejerce la acción de cobro mediante la instauración de las acciones ejecutivas (singulares, hipotecarias, prendarias o mixtas) cuyo trámite y requisitos se encuentran previstos en el Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, el fundamento legal de la facultad radicada en cabeza de las instituciones financieras para que en su condición de acreedoras de una obligación cobren a sus clientes morosos honorarios profesionales por la gestión de recaudo jurídica o prejurídica, está previsto, para la primera de ellas, en las disposiciones contempladas en el artículo 393 del Código citado sobre el señalamiento de las agencias en derecho y, para la segunda, en los convenios celebrados directamente entre la entidad y su cliente en ejercicio de la libertad contractual que rige la contratación crediticia (se plasman generalmente en el texto del contrato de mutuo o en el título valor que incorpora la obligación).
En tal sentido cabe manifestar que la conducta irregular de deudor incumplido genera para él un costo, en tanto está obligado no sólo a resarcir los perjuicios causados al acreedor desde que se ha constituido en mora (artículo 1615 del Código Civil, artículos 822 y 870 del Código de Comercio) sino también, en general, a asumir los gastos que ocasiona la gestión de cobro, en la medida en que los mismos son a cargo del deudor según lo establece el artículo 1629 del Código Civil.[1
Al respecto, esta Superintendencia en concepto OJ-056 del 24 de enero de 1985, indicó lo siguiente:
En cuanto a los honorarios del abogado, en caso de arreglo directo o pago en la etapa prejudicial, estos en si mismos, como su especificación lo indica no son réditos del capital, pues no se originan en el mutuo mismo ni en su desarrollo, provienen en caso de incumplimiento definitivo y como corolario de un arreglo prejudicial, es decir, es el precio de tener que contratar un abogado ante la total renuencia del deudor a pagar a obligación, valor que como es obvio solo se cobra si se llega al cobro prejudicial y no tiene porqué siempre ser asumido por el acreedor ya que de cobrarlo no constituye utilidad para él sino que debe con él pagar un servicio derivado del no cumplimiento oportuno de la obligación”.
Similar criterio se expuso por esta entidad en oficio 91012688-2 del 14 de agosto de 1991 en los siguientes términos:
”(…) los honorarios profesionales que se pagan a los abogados o sociedades de cobranza tienen como causa directa el incumplimiento del crédito otorgado ya que tal circunstancia ha obligado a la entidad acreedora a trasladar dicho crédito a cobro jurídico o prejurídico. Los costos en que se incurre por la cobranza, desde luego han de estar a cargo del deudor, como quiera que su conducta ocasionó el incumplimiento de la obligación y por consiguiente, los gastos que su cobranza representa.
“Es claro además, que el incumplimiento de la obligación ocasiona la mora, situación que implica para el deudor el resarcimiento o la indemnización de perjuicios frente al acreedor, ya que su deber de acuerdo con los términos de la obligación, es reparar el daño causado por efecto del retraso en el pago”.
No obstante lo expuesto, y en aras de cubrir el costo generado en la gestión de cobro prejurídico, no se requiere solamente que el deudor incurra en mora de pagar su obligación sino que es indispensable que tales costos se hayan causado, vale decir deben haberse generado efectivamente como resultado de la actividad real de cobro que se haya desplegado. En este sentido en el concepto 96026142-1 del 21 de agosto de 1996 esta Superintendencia manifestó:[2
”(…) la causación y exigibilidad de una suma de dinero a título de honorarios profesionales como consecuencia de un cobro prejurídico derivado de la morosidad, no debe obedecer a su sola y objetiva previsión contractual ni al hecho de encontrarse per se en tal situación de anormalidad, sino que es necesario que el acreedor haya desplegado alguna actividad orientada a su cobro.
“Significa lo anterior que el hecho aislado de incurrir en mora no puede ser tenido como bastante ni suficiente para exigir al deudor moroso el pago de una suma como honorarios por cobro prejurídico, puesto que es de la naturaleza de esta etapa su carácter y contenido persuasivo, que se traduce en el intento por cualquier medio legalmente admitido, para obtener el pago, para evitar de esta manera acudir a instancias superiores que se traducen necesariamente en la iniciación de acciones ejecutivas.
“De exigirse el pago de una suma de dinero, por concepto de honorarios de cobro prejurídico, sin haber realizado el acreedor ninguna actividad con el fin de recuperar el dinero adeudado, dicho valor deberá reputarse como intereses de mora según lo ordenado por el inciso segundo del artículo 65 de la Ley 45 de 1990, según el cual toda suma que se cobre al deudor como sanción por el simple retardo en el cumplimiento del plazo de una obligación dineraria se tendrá como intereses de mora, cualquiera sea su denominación”.
De lo expuesto, es necesario concluir que una vez el deudor de una tarjeta de crédito se ha constituido en mora el establecimiento de crédito acreedor indudablemente está legalmente facultado para exigir su pago mediante cobro prejurídico así no haya incoado previamente la respectiva demanda ante el juez competente.
De esta forma hemos dado curso a su petición, pronunciamiento que se efectúa con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
ANA MARIA HINCAPIE CASTRO
Coordinadora Grupo de Consultas Uno
1 Artículo 1629. Los gastos que ocasione el pago serán de cuenta del deudor, sin perjuicio de lo estipulado y de lo que el juez ordenare acerca de las costas judiciales.
2 En igual sentido véase concepto 1998028328-2 del 13 de julio de 1998 proferido por esta Entidad.