CONCEPTO 59779 DE 2002
(diciembre 3)
Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8201
Bogotá, D.C.,
Señor
Alfonso Medina Torres
E-Mail: interventoriaicbf@cable.net.co
Referencia: 2002059779-0
115 Consultas
39 Respuesta Final
Sin anexos
Apreciado señor:
De manera atenta damos respuesta a su comunicación enviada por correo electrónico, radicada en esta Superintendencia con el número citado al rubro, mediante la cual efectúa una consulta relacionada con el cobro de honorarios en un contrato de tarjeta de crédito.
Sea lo primero manifestar que los conceptos que esta Entidad emita con ocasión de consultas que le sean formuladas tienen el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, de tal suerte que a través de dichos pronunciamientos no se dirimen controversias particulares que se presenten entre las instituciones vigiladas y sus clientes, máxime cuando las mismas son de conocimiento de las autoridades jurisdiccionales.
En efecto, es importante resaltar que no se encuentra entre las facultades atribuidas por la ley a esta Agencia Gubernamental en su condición de autoridad de policía administrativa del sector financiero el definir el alcance de los derechos, deberes, responsabilidades y efectos, así como lo atinente al cumplimiento o no de las obligaciones contractuales, que surjan de la relación negocial en que sea parte una de sus vigiladas, pues esas son funciones de competencia exclusiva de la justicia ordinaria ante quien deben ventilarse las controversias que se susciten entre los particulares, en la forma establecida en la Constitución y la Ley.
En ese sentido, ha manifestado la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de junio 12 de 1975, Expediente 2945, Consejero Ponente doctor Miguel Lleras Pizano, lo siguiente:
“Respecto de la legalidad o puntualidad o regularidad como el banco cumpla con los negocios celebrados con su clientela el Superintendente sólo puede dar órdenes para evitar lo que contraríe la Ley pero no para revocar os actos de ejecución contractual (...).
“(...) el Superintendente no puede ordenar ni directa ni indirectamente que tal perjuicio sea reparado, ni siquiera puede estimar si hubo o no perjuicio o si se cumplió bien o mal la obligación del contrato porque tal extensiva interpretación de sus facultades de vigilancia transformaría su función de administrativa en jurisdiccional.
“Importa puntualizar que la nota característica de la competencia que para vigilar los bancos tiene el Superintendente, consiste en su capacidad para impedir que se ejecuten actos o hechos peligrosos y no la de ordenar que se cumplan determinados actos o hechos, en especial aquéllos íntimamente vinculados con los contratos celebrados con la clientela o los que regulan las relaciones con los accionistas” (negrilla fuera de texto).
En claro lo anterior, se procede a dar respuesta a los puntos de su petición en el mismo orden en que fueron planteados:
Consulta, entonces, es posible que un banco:
“1. Liquide honorarios de su abogado externo por gestión de cobranza por mora en pago en gestión de cobro prejudiciaI”.
Al respecto, se estima procedente traer a colación lo manifestado por esta Superintendencia respecto del cobro de honorarios por la mora de tas obligaciones adquiridas con entidades financieras en el siguiente sentido:
“En primer término, resulta necesario manifestar que una de las obligaciones que se deriva del contrato de mutuo celebrado entre una institución financiera y el usuario de crédito y que debe cumplir este último, es la de pagar cumplidamente la obligación. Por tanto, la mora o retardo en la atención de la misma legítima a la entidad prestamista para hacer efectivo el pago a través de los medios establecidos por la ley para el efecto, tales como el cobro prejurídico o la iniciación del proceso judicial correspondiente.
“En ese orden de ideas, 'los honorarios profesionales que se pagan a los abogados o sociedades de cobranza tienen como causa directa el incumplimiento del crédito otorgado ya que tal circunstancia ha obligado a la entidad acreedora a trasladar dicho crédito a cobro jurídico o prejurídico. Los costos en que se incurre por la cobranza, desde luego han de estar a cargo del deudor, como quiera que su conducta ocasionó el incumplimiento de la obligación y por consiguiente, los gastos que su cobranza representa.
“'Es claro además, que el incumplimiento en la obligación ocasiona mora, situación que implica para el deudor el resarcimiento o la indemnización de perjuicios frente al acreedor, ya que su deber de acuerdo con los términos de la obligación, es reparar el daño causado por efecto del retraso en el pago.
'Las anteriores consideraciones han llevado a este Despacho a concluir que los honorarios procesales y extraprocesales, así como las costas y gastos del proceso pueden ser de cargo del deudor. No obstante, debe advertirse que frente a la disposición que sobre intereses establece la Ley 45 de 1990 los mismos no deben tenerse en cuenta y computarse a efectos de liquidar la tasa de interés que se cobra a éste por concepto de la mora, se considera que estas sumas no suponen un retribución para las entidades otorgantes del crédito, sino que, por el contrario, han significado una carga producto del comportamiento irregular del deudor'.
“En tal sentido, el inciso segundo del artículo 65 de la Ley 45 de 1990 establece que 'Toda suma que se cobre al deudor como sanción por el simple retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dineraria se tendrá como interés de mora, cualquiera sea su denominación'.
“Bajo el anterior contexto, con el propósito de determinar si las sumas que por concepto de honorarios profesionales de abogado' debe pagar el deudor incumplido de un crédito adquirido con una institución financiera constituyen o no intereses, resulta pertinente hacer referencia al pronunciamiento que sobre el particular ha efectuado esta Superintendencia en varias oportunidades, diferenciándose dos situaciones:
“'a. Si el profesional del derecho a quien se le encomienda la gestión de recaudo del valor de la obligación incumplida se halla subordinado laboralmente a la respectiva institución financiera, en caso de arreglo directo o pago en la etapa prejudicial, (...) las sumas de dinero que se cobren y pague el deudor por concepto de honorarios profesionales' se reputarán como intereses, pues al ostentar la institución la calidad de patrono está obligada a pagar a su dependiente -abogado- un salario como retribución por sus servicios, siendo evidente que en este caso tales honorarios no tendrían contraprestación distinta al crédito otorgado.
“b. 'Si por el contrario, no existe subordinación laboral entre el profesional del derecho y la institución financiera, los honorarios que debe pagar el deudor no se incluirán dentro del concepto de intereses, como quiera que las sumas por tal concepto no las recibe el acreedor amen de que se causan por razones distintas al otorgamiento del crédito, como lo es el incumplimiento de la obligación'.
Así mismo, 'consideramos de importancia precisar que el cobro de honorarios debidos como consecuencia de haberse tenido que acudir a una o ambas instancias en precedencia para el cobro de una suma dinero adeudada, a juicio de esta Superintendencia debe obedecer al real despliegue de una actividad por parte del acreedor o su apoderado encaminada a tales fines.
“'En efecto, en concepto de este Despacho la causación y exigibilidad de una suma de dinero a título de honorarios profesionales como consecuencia de un cobro prejurídico derivado de la morosidad, no debe obedecer a su sola y objetiva previsión contractual, ni al hecho de encontrarse per se en tal situación de anormalidad, sino que es necesario que el acreedor haya desplegado alguna actividad orientada a su cobro' (subrayado textual).
“Con fundamento en lo expuesto, es claro que el cobro de honorarios profesionales debe corresponder a una labor efectivamente desplegada, ya sea dentro de un proceso judicial o fuera de él, que sirva de causa a esa erogación. Al efecto debe distinguirse, si la gestión fue desarrollada por personas vinculadas laboralmente a la entidad financiera lo cual se considera intereses en los términos del artículo 65 de la Ley 45 de 1990 y por ende debe sujetarse a los límites legales, a cuando fue efectuada por profesionales independientes lo cual constituye un cobro diferente al servicio del crédito, el cual se denomina gastos de cobranza“'.
Así pues, y a fin de dar respuesta al aspecto consultado, huelga concluir que si hubo mora en el pago de la obligación y para su recaudo procedió cobro prejurídico por parte de un abogado externo es viable que la entidad cargue al deudor los honorarios generados por la actividad de cobranza”.[1
“2. Existe alguna tarifa establecida como valor a reconocer en tal caso”.
Sobre el particular cabe destacar que la regulación de los aspectos como el de honorarios queda involucrada en el escenario de las relaciones contractuales surgidas entre la entidad financiera y sus clientes, que se determinan con base en el principio de la autonomía de la voluntad, según el cual las partes contratantes pueden válida y libremente acordar los términos y condiciones del convenio, hasta el punto de afirmarse que el contrato es ley para las partes, no existiendo para ellos más limitación que la impuesta por la ley positiva y las buenas costumbres.
Significa lo anterior que en desarrollo de los contratos, por regla general, se contemplan aspectos como el que nos ocupa, esto es, señalar la forma o procedimiento a utilizarse para efectos de fijar o determinar el monto o porcentaje de los honorarios profesionales que eventualmente lleguen a causarse con ocasión del cobro, prejudicial o judicial, derivado de la mora en que incurra el deudor.
En todo caso, en evento de no haberse pactado dentro del contrato el monto de los honorarios y estos se hubieran generado, se considera que los mismos deberán estarse a las tarifas señaladas en las normas que regulan los honorarios profesionales del abogado.
“3. Si el saldo en mora es pagado parcialmente, en tres contados transcurridos 80, 40 y 30 días siguientes al plazo de pago, incluyendo capital, intereses corrientes y moratorios, opera el consentimiento tácito del pago por parte del Banco”.
En torno a este aspecto es importante señalar que, conforme a las normas que regulan lo relacionado con el tema del pago de las obligaciones, el artículo 1627 del Código Civil señala: “El pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes.
El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aun a pretexto de ser igual o mayor valor la ofrecida”.
Por su parte, el artículo. 1649 ibídem reza. “El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria; y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales.
“El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban”.
Los anteriores preceptos significan que si el pago no está conforme a lo convenido el deudor no está obligado a recibirlo.
Sobre este punto la Superintendencia Bancaria ha manifestado lo siguiente:
“Así las cosas, en tratándose de operaciones crediticias y en tanto el aspecto consultado no es objeto de regulación por norma de orden público (que eventualmente limite el ejercicio de la autonomía de la voluntad), podrán convenirse determinadas condiciones de tiempo, modo y lugar en que puede realizarse el pago de la obligación así como también la posibilidad de que estando el deudor en mora de cumplir con su obligación el acreedor esté facultado para no recibir pagos parciales o en el caso de recibirse estos aplicarlos o imputarlos de una determinada manera tal como por ejemplo, lo señala el artículo 1653 del Código Civil en el caso de obligaciones civiles o conforme a lo previsto en el artículo 881 del Código de Comercio en relación con los contratos mercantiles.
“(…)
“Cabe aquí precisar que cuando a deuda esté en mora, para la realización de sus pagos o abonos (entendidos estos últimos como pagos parciales) por lo general deberá ajustarse a los términos de la liquidación de la obligación efectuada por el acreedor y, por ende, es factible que en tanto el pago o abono no cumpla con dicho requerimiento la institución o a persona encargada de la cobranza (abogado interno o externo, por ejemplo) se abstenga de recibirlo”.[2
Ahora, es factible que dicho pago sea recibido por la entidad como abono de la obligación en mora; sin embargo, el mismo estará sujeto a la revisiones que con posterioridad se realicen a fin de verificar si el mismo se enmarca dentro de lo convenido.
“4. Si con la cancelación de la última cuota por liquidación del Banco se asume estar a paz y salvo es lícito que posteriormente se carguen intereses 'no cobrados' y honorarios de cobrador externo' sin que se me avise y solamente 39 meses después y por solicitud escrita se me informe lo anterior?”
En este punto importa destacar que si de la revisión de los pagos efectuados por el deudor y su aplicación a capital e intereses, según los términos del contrato, resultara algún saldo pendiente a su cargo, es razonable que la institución financiera proceda al cobro de la misma, siempre y cuando esté debidamente soportado.
De otra parte, en este ítem es oportuno señalar que lo que se considera que no es factible para la institución crediticia es cargar unilateralmente al cupo crediticio de la correspondiente tarjeta suma alguna por concepto distinto al de las utilizaciones y/o sus financiaciones o al de su comisión periódica (cuota de manejo), tales como acaecería con los “honorarios de cobranza prejurídica o jurídica”, costos que en todo caso la entidad acreedora podrá cobrar en los términos y con el fundamento anteriormente mencionado, pues recordemos que la tarjeta es utilizada para la adquisición de bienes o servicios o para la realización de avances en efectivo.[3
“5. Si con la suspensión del uso de la tarjeta en Noviembre/98, la devolución de la misma en dicho mes por decisión unilateral de no uso y su vencimiento en Enero/99, aplica el cobro de cuota de manejo en Enero/99?”
Sobre el particular, cabe señalar que no existe en las disposiciones especialmente aplicables a las instituciones vigiladas por esta Superintendencia, básicamente contenidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, ni tampoco en las normas del Código de Comercio (y por esta vía las consagradas en el Código Civil en materia de obligaciones y contratos) que regulan los contratos comerciales, ni menos aún en aquellas que especialmente reglamentan los contratos bancarios tales como el de apertura de crédito y descuento (contrato a partir del cual se expiden las tarjetas crédito) ley, decreto, norma legal alguna que regule la situación por usted consultada, esto es, que legitime o autorice el cobro de comisiones en tales contratos cuando el titular de la tarjeta no esta habilitado para utilizarla en razón a que ha sido devuelta.
Sin embargo, resulta pertinente retomar las consideraciones expuestas por esta Entidad en anterior oportunidad en la que, partiendo de las obligaciones contractuales que surgen para las partes con ocasión de la expedición de una tarjeta de crédito, se señaló:
“Resulta comprensible que por el servicio de manejo las entidades financieras recauden una cuota de manera anticipada para cubrir o subvencionar los gastos logísticos de operación, papelería y otros, que con ocasión de la administración de crédito rotativo se generan en un período determinado por el servicio de crédito contratado.
“Así las cosas, el costo y la causación de la denominada cuota de manejo tiene su origen en las estipulaciones contractuales y obligaciones por usted adquiridas en el contrato, resultando así que la cuota si se cobra de manera anticipada imprime la justificación de un servicio que se va a prestar en el siguiente trimestre para cubrir los gastos en que se incurra por el emisor de la tarjeta para el correcto funcionamiento del contrato de apertura de crédito estipulado.
“No obstante, una vez finalizado el contrato de manera unilateral por el tarjetahabiente antes de expirar el siguiente período, notificando efectivamente a la entidad financiera de acuerdo con las previsiones que para el efecto establezca el contrato, no será posible la facturación de cuotas de manejo para el período siguiente”[4 (subrayado textual).
Bajo este contexto, se considera que al originarse la cuota de manejo en la disponibilidad derivada del cupo rotatorio, en el evento en que el cliente ya no tenga dicha disponibilidad porque la tarjeta respectiva fue cancelada o devuelta no habría lugar a cobros por tal concepto por falta de causa para dicha erogación. No obstante, el tarjetahabiente quedará obligado al pago de los intereses a que haya lugar por razón del dinero efectivamente desembolsado con ocasión de las utilizaciones efectuadas.
De esta manera dejamos atendido el objeto de su petición, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
JEANNETTE SANTACRUZ DE LA ROSA
Coordinadora Grupo de Consultas Uno
1. Superintendencia Bancaria. Concepto radicación No. 2002018748-0 del 22 de mayo del 2002.
2. Oficio No. 2002058219-1 del 21 de octubre del 2002
3. Al respecto, esta Superintendencia en concepto en concepto No 98014397-2 del 17 de abril de 1998, manifestó lo siguiente:
“En primer lugar, debe precisarse que el artículo 1400 del Código de Comercio define la apertura de crédito como aquel acuerdo en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona sumas de dinero, dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado. A su turno, el artículo 1401 consagra que dicha disponibilidad podrá ser simple o rotatoria: en el primer caso, las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta concurrencia del monto de las mismas; en el segundo, los reembolsos verificados por el cliente serán de nuevo utilizables por éste durante la vigencia del contrato.
“Así pues, con fundamento en las anteriores disposiciones y en lo dispuesto en las Resoluciones Nos. 19, 49 y 51 de 1988 de la extinta Junta Monetaria, las entidades financieras pueden celebrar contratos de apertura de crédito rotativo, en desarrollo de los cuales emiten una tarjeta plástica que permite la utilización del cupo de crédito asignado en la cuantía previamente determinada. Así las cosas, el establecimiento de crédito paga con cargo al cupo otorgado, tanto los avances como las compras efectuadas por el cliente con su tarjeta, quien por el uso del dinero asume los costos de la financiación y cancela el valor de las sumas utilizadas en las condiciones y términos pactados.
“Se encuentra entonces que el cupo de crédito rotativo otorgado puede ser utilizado a través de dos posibilidades:
“a. Avances en efectivo: mecanismo que permite a los clientes obtener sumas de dinero efectivo, con cargo al cupo otorgado, mediante a presentación de la tarjeta de crédito ante las oficinas de las entidades financieras vinculadas al sistema, o a través de los cajeros automáticos habilitados para tal fin.
“b. Pago de bienes y servicios: sistema en el cual la institución financiera cancela a los terceros (almacenes, centros de servicios, etc.) las facturas debidamente suscritas por el cliente acreditado. Para ello, debe existir un contrato de afiliación entre el otorgante de la tarjeta de crédito y los proveedores de bienes y servicios, acuerdo mediante el cual estos se comprometen a recibir la tarjeta como pago y el banco a pagarles las facturas suscritas por el tarjetahabiente”.
4. Superintendencia Bancaria, concepto No. 1998047930-2 del 1° de octubre de 1998.