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CONCEPTO 62031 DE 2002

(noviembre 28)

Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8202

Bogotá D.C.,

Señores

MANUEL RICARDO YEPES ESPITIA Y OTROS

Calle 28 No. 18B-09 Manzana “1”

Urbanización Castilla Real

Bucaramanga- Santander

Radicación: 2002062031-0

454 Solicitud de Información Esp.

39 Respuesta Final

Sin anexos

Apreciados señores:

Damos respuesta a su comunicación radicada en esta Superintendencia a través de la Contraloría General de la República, Gerencia Departamental de Santander, con el número citado al rubro, mediante la cual, entre muchos aspectos, se plantean algunas inquietudes en relación con la actuación de diferentes establecimientos financieros con respecto a los créditos otorgados a los propietarios de la Urbanización Castilla Real de Girón, para financiar vivienda de interés social.

Sobre el particular y dentro del ámbito de nuestra competencia nos permitimos realizar las siguientes precisiones en relación con los créditos otorgados por los establecimientos de crédito para financiación de vivienda de interés social:

Sea lo primero recordar, que si bien es cierto el Decreto 163 de 1990 en concordancia con el artículo 59 de la Ley 9 de 1989 (Reforma Urbana), reglamentada por el Decreto 839 de 1989, disponían que los créditos que se otorguen para financiar la compra, mejora, construcción o subdivisión de vivienda de interés social no podrían pactarse en signos monetarios distintos a la moneda legal de curso forzoso, y en tal sentido, no podía financiarse esta clase de vivienda en UPAC'S, posteriormente, con la expedición de la Ley 3ª de 1991 (por la cual se creó el sistema nacional de vivienda de interés social) dicha disposición fue exclusiva del ordenamiento jurídico, mediante el artículo 37, según el cual: “El artículo 59 de la Ley 9ª de 1989 quedará así:

Los créditos de largo plazo que otorguen las instituciones financieras, para la adquisición, construcción, mejora o subdivisión de vivienda no podrán contener exigencias o contraprestaciones de ningún tipo, salvo las que expresamente autorice la Superintendencia Bancaria para el ahorro contractual de que trata el artículo 122 de la presente ley”.

 
En consecuencia, el artículo 37 de la Ley 9ª de 1991 al sustituir el 59 de la Ley 9ª de 1989 derogó expresamente la norma contentiva de la forma en que debía financiarse la vivienda de interés social y, por ende, sustrajo del ordenamiento jurídico la restricción existente en torno a la prohibición de otorgar créditos en UPAC'S así como la normatividad expedida en desarrollo del referido artículo (Decreto 839 de 1989). En cuanto al Decreto 163 de 1990, se surtió la derogatoria tácita y parcial en la medida que la Ley 3ª de 1991 reguló íntegramente el tema,[1 máxime sí se tiene en cuenta que la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con la anterior.

Así es, que se considera que los preceptos contrarios fueron derogados[2 y a partir de dicho supuesto es claro que desde 1991 la financiación de vivienda de interés social pudo acordarse tanto en Unidades de Poder Adquisitivo Constante UPAC, como en pesos.

Ahora bien, en relación con los sistemas de amortización aplicables a VIS, la Resolución 5 de 1991 de la Junta Monetaria consagró que éstos serían libremente determinados por las corporaciones de ahorro y vivienda. En consonancia con esta disposición y las demás que introdujeron modificaciones al régimen de las CAV[*

, especialmente las relativas a vivienda de interés social, la Superintendencia Bancaria expidió la Circular Externa 040 del 25 de junio de 1991 en la cual impartió instrucciones para la correcta aplicación de las referidas normas, disponiendo en torno a los sistemas de amortización que, éstos “podrán ser libremente establecidos por las CAV', condición que siguió siendo aplicable y se mantuvo a través del tiempo hasta el año 1999.

En este orden de ideas, frente a su afirmación en el sentido de que los créditos otorgados para financiación de vivienda de interés social en los años 1995 y 1996 debían contemplar un descenso en el capital desde la primera cuota, cabe precisar que la consecuencia de que se levantaran las restricciones contempladas, hasta ese momento, tales como que pudieran pactarse en signos monetarios distintos a la moneda legal de curso forzoso, como el UPAC y que los sistemas de amortización pudieran pactarse libremente por parte de las entidades, trajo consigo que no necesariamente el pago de la cuotas involucrara el descenso del capital, por cuanto era viable que los sistemas de amortización que los establecimientos adoptaban previeran la capitalización de intereses y con ello la posibilidad de acumular periódicamente al capital los intereses producidos por éste para luego liquidar nuevos intereses sobre el monto así formado, lo cual aún cuando no producía el descenso de la deuda, tampoco estaba prohibido.

Ya con la expedición de la Ley 546 de 1999, expresamente se proscribe la capitalización de intereses para todos los créditos destinados a la financiación de vivienda y se atribuye, entre otras, a esta Superintendencia la función de aprobar los sistemas de amortización para los créditos otorgados para la financiación de vivienda, que en la actualidad se encuentran contenidos en la Circular Externa 085 de 2000, incorporada en el Capítulo IV, Título III de la Circular Externa 007 de 1996 (Circular Básica Jurídica).

Así las cosas, es dable concluir que a partir de la entrada en vigor de las Leyes 2ª y 3ª de 1991 y en adelante, hasta la expedición de la Ley 546 de 1999, hubo total libertad para que las corporaciones de ahorro y vivienda diseñaran y establecieran autónomamente los sistemas de amortización que ofrecían al público, dentro de los cuales podía incluso pactarse libremente la capitalización de intereses. Así pues y como quiera que sus créditos fueron otorgados a partir de 1995, para esa fecha no existía disposición que obligara que el pago de las cuotas mensuales surtiera la disminución del capital.

De otra parte, en punto a las tasas que hoy tienen sus dos créditos, el de Fogafin y el original, resulta oportuno señalar que mediante el Decreto 2331 de 1998 se previó a disposición del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras “FOGAFIN” una línea de crédito con destino al otorgamiento de préstamos a los deudores individuales de créditos hipotecarios para la financiación de vivienda, con el objeto de alivianes el incremento de sus obligaciones frente a los establecimientos de crédito, bajo los términos y condiciones que estableciera la Junta Directiva del Fondo, contenidas en la Resolución 003 del 25 de noviembre de 1998.

De conformidad con esta Resolución, fueron los deudores, a sabiendas de sus condiciones, quienes voluntariamente decidieron acceder a esta línea especial de crédito y para tal efecto presentaron la respectiva solicitud ante el establecimiento de crédito.

En este orden de ideas, cabe recordar que en la legislación colombiana impera el principio de la autonomía de la voluntad, por cuya virtud los contratantes son libres para determinar las condiciones y términos bajo los cuales se obligan, así pues, una vez celebrado un contrato, éste es ley para las partes y por lo tanto de obligatorio acatamiento por parte de éstos.

Ahora bien, si se han presentado irregularidades en el desarrollo de los contratos de mutuo celebrados con los establecimientos de crédito debe acudirse ante la justicia ordinaria como instancia competente del Estado para dirimir los conflictos que se presenten entre particulares, sin perjuicio, de la respectiva reclamación que pueden presentar ante la Subdirección de Quejas y Atención al Usuario adjuntando el soporte documental correspondiente a fin que dentro del ámbito de su competencia esta Superintendencia realice la respectiva investigación administrativa.

En los anteriores términos dejamos atendida su solicitud, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

PILAR CABRERA PORTILLA

Coordinadora Grupo de Consultas Dos

1. Artículo 71 del Código Civil.

2. Esta interpretación normativa fue fijada como posición institucional por la Superintendencia Bancaria en Carta Circular No. 138 de 2 de noviembre de 2001, a cual se adjunta.

3. Se entiende por “CAV” las Corporaciones de Ahorro y Vivienda.

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