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CONCEPTO 62739 DE 2004

(enero 3)

Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8202

Bogotá, D.C.

Señoras

ELBA URIBE LARROTA

MERCEDES URIBE LARROTA

Carrera 8 No. 2.27 Apto. 103 del Barrio Santa Ana

Floridablanca – Santander

Referencia: 2003062739-0

115 Consultas

39 Respuesta Final

Sin anexos

Apreciadas señoras.

De manera atenta me refiero a su comunicación remitida radicada en esta Entidad con el número indicado al rubro, mediante la cual formulan algunas inquietudes relacionadas con os alivios otorgados por la Ley 546 de 1999 a un crédito otorgado para la financiación de vivienda.

Al respecto, conviene indicar que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 40 de la citada ley, los abonos consagrados en la misma “...solamente se harán para un crédito por persona”. En tal virtud, existe una restricción legal para ser beneficiarios de los mencionados alivios y es que ellos se apliquen a un crédito por persona, independientemente de que la misma sea titular de dos o más créditos de vivienda individual a largo plazo mediante los cuales se adquirieron diferentes inmuebles o que figure en dichos créditos con distintos codeudores o no sea propietaria de la totalidad del inmueble, a este respecto, se destaca que la aplicación de los alivios no opera por cuotas partes.

Acorde con lo anterior, dispone el mencionado parágrafo que “Cuando quiera que una persona tenga un crédito individual a largo plazo para más de una vivienda, deberá elegir aquel sobre el cual se hará el abono e informarlo al o a los respectivos establecimientos de crédito de los cuales sea deudor” (se subraya).

En tal virtud, no resulta jurídicamente viable que los alivios y beneficios otorgados por la Ley de Vivienda se apliquen a más de un crédito por persona, pues la ley prohibió tal posibilidad, señalando que en dicho evento deberá el titular de los créditos elegir aquel sobre el cual se aplicarán los mencionados alivios e informarlo a la entidad correspondiente.

En este mismo sentido, el parágrafo 20 de la norma en estudio señala que quien acepte más de un abono deberá restituirle en un término de treinta días y “si no lo hiciere incurrirá en las sanciones penales establecidas para la desviación de recursos públicos”. Por lo tanto, la no devolución de los abonos recibidos en contravención a la ley, genera consecuencias penales, toda vez que los recursos mediante los cuales el Gobierno Nacional otorgó los alivios a los créditos individuales de vivienda son recursos públicos.

Respecto a la exequibilidad de la norma en mención, señaló la Corte Constitucional en sentencia C-955 de 2000 lo siguiente:

“El parágrafo primero del artículo 40 que se estudia estatuye que los abonos a que se refiere solamente se harán 'para un crédito por persona', de tal manera que si alguien tiene un crédito individual a largo plazo para más de una vivienda, deberá elegir aquél sobre el cual se hará el abono e informarlo al o a los respectivos establecimientos de crédito de los cuales sea deudor, y si existiera más de un crédito para la financiación de la misma vivienda, el abono podrá efectuarse sobre todos ellos.

”(…)

”El parágrafo segundo, por su parte, en íntima conexión con el primero, estipula que quien acepte más de un abono en violación de lo dispuesto deberá restituir en un término de 30 días los abonos que hubiere recibido en desarrollo de los dicho, y añade que, si no lo hiciere, incurrirá en las sanciones penales establecidas para la desviación de recursos públicos.

“(…)

“Es claro, según lo expuesto que se trata de dineros públicos, entregados por el Estado para solucionar en forma anticipada una crisis social de grandes proporciones, y en esa medida podrá el legislador fijar las condiciones de su asignación a particulares, y contemplar las sanciones penales por su eventual desviación.

“(…)

”(…) como el propósito central de estas normas consistió en hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, no se encuentra razón para que una persona tuviera que ser protegida en más de una unidad habitacional, sin perjuicio de los reclamos que por la vía judicial pueda formular el propietario de dos o más, si cree que fue lesionado en su patrimonio por la crisis que el legislador buscó conjurar” ((subrayas y negrilla fuera del texto)

Efectuadas las anteriores precisiones, conviene señalar que el Decreto 712 de 2001 (mediante el cual se modificó el Decreto 2221 de 2000) consagró una excepción en los siguientes términos:

”(…) se entiende que tiene derecho al pago del alivio aquel propietario titular de un crédito hipotecario, que a su vez figure como codeudor dentro de una obligación hipotecaria diferente, siempre que no sea el propietario del inmueble que sirve de garantía para esta última. En el evento en que el deudor sea propietario de los inmuebles, al alivio solo procede para uno solo de los créditos, en los términos del artículo 40 de la Ley 546 de 1999. La calidad de propietario será aplicable a quien figure como tal dentro de la escritura pública de compraventa del inmueble debidamente registrada” (Resaltado Extratextual).

Por lo anterior, en la medida en que su hermano figura como titular de dos créditos para la financiación de viviendas diferentes, de as cuales es propietario, así sea en una cuota parte, sólo tenía derecho a que se aplique el alivio con respecto a uno de ellos.

Aquí, igualmente conviene aclarar que comoquiera que el crédito de su hermano ya fue beneficiario de los mencionados alivios, no existe en este momento la posibilidad de adelantar el procedimiento legal para que él renuncie al alivio otorgado por la Ley de Vivienda [1 con el fin de que e fuera aplicado a su obligación.

No obstante, debemos señalar que el parágrafo 2 del artículo 39 de la misma ley de vivienda consagra que “(Dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, y) a solicitud de quien al 31 de diciembre de 1999, pueda acreditar que se encuentra atendiendo un crédito de vivienda que está a nombre de otra persona natural o jurídica, podrá requerir a las entidades financieras para que actualicen la información y se proceda a la respectiva subrogación, siempre y cuando demuestre tener la capacidad de pago adecuada. Obtenida la subrogación dichos créditos podrán ser objeto de los abonos previstos en dicho artículo” (la frase entre paréntesis fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-955 de 2000) (Resaltado Extratextual).

De acuerdo con lo anterior, la ley reconoció a quien a 31 de diciembre de 1999 se encontraba atendiendo un crédito de vivienda que estuviese a nombre de otra persona natural o jurídica, el derecho a requerir a las entidades financieras para que actualicen la información y se proceda a la respectiva subrogación, siempre y cuando se demuestre tener la capacidad de pago adecuada, con el fin de que dicho crédito pueda ser objeto de la reliquidación y los abonos previstos en la Ley de Vivienda.

Ahora bien, en punto a los alcances, efectos y requisitos de dicha figura, esta Superintendencia se pronunció en concepto No. 2000031034-1 del 17 de julio de 2000, así:

“En primera instancia debe precisarse que el parágrafo citado incluyó como una disposición especial que daba la posibilidad de subrogar aquellos créditos que no obstante haberse otorgado a una persona jurídica o natural en realidad han sido atendidos por otra persona natural, titular o no de la obligación hipotecaria. Para tal efecto, la norma consagró que el solicitante, entendido como la persona natural que atiende efectivamente el crédito (….) podía solicitar la sustitución de deudor de la obligación original al establecimiento de crédito siempre y cuando demostrara tener la capacidad de pago adecuada, de conformidad con los requerimientos de la entidad financiera. Así mismo indicó que una vez cumplidos estos requerimientos el crédito hipotecario podía ser objeto de los abonos previstos en la ley.

“A este respecto conviene recordar que la sustitución de la obligación por el lado pasivo, es decir del deudor, implica que por virtud de la ley y sin más requerimientos de la parte acreedora que la exigencia de capacidad de pago, la totalidad de las relaciones derivadas del contrato original celebrado con una persona se transmiten a otra, sin que se extinga el vínculo inicial.

“'En este orden de ideas, la posibilidad contemplada en la Ley de Vivienda no puede conllevar más cambios en las condiciones de la obligación que la sustitución de la persona del deudor, y por tanto, en ningún momento la subrogación puede entenderse como una novación de la obligación.

“De otro lado, en cuanto a los requisitos que pueden exigir las entidades financieras es claro que se requiere en primera instancia acreditar la atención de la obligación por parte del solicitante a través de los medios pertinentes y la capacidad de pago necesaria para definir en cabeza de una sola persona la titularidad del crédito, para lo cual los establecimientos de crédito pueden hacer los requerimientos que consideren adecuados de conformidad con las políticas internas de la institución y, si es el caso, la modificación del gravamen hipotecario.

“Así los cosas, si como parte de la subrogación consagrada en el parágrafo de artículo 39 de la Ley 546 de 1999 y para efectos de valorar la garantía de una obligación hipotecaria las instituciones financieras acreedoras consideran se requiere modificar la garantía, deben adelantarse los trámites correspondientes a protocolización de la escritura, inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, etc.” (se subraya)

Finalmente, no sobra agregar que a persona afectada en sus derechos por no recibir los beneficios consagrados en la Ley 546 de 1999 goza de las acciones judiciales pertinentes para obtener la revisión de su contrato y la devolución de le que considere haber cancelado en exceso, de conformidad con la respuesta que sobre el particular emitió el Consejo de Estado frente a una consulta elevada por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, en los siguientes términos:

“Ahora bien en cuanto se refiere a los contratos particulares, esto es, a los contratos de mutuo para vivienda, con garantía hipotecaria y bajo la modalidad del sistema UPAC, celebrados entre los particulares y las corporaciones de ahorro y vivienda y el BCH, corresponde la revisión de los mismos, la reliquidación de los créditos y la devolución de lo que los deudores hayan cancelado en exceso, a los jueces de la República, ante demanda judicial presentada por cada persona interesada, ya que tales declaraciones y condenas sobre contratos do derecho privado constituyen el ejercicio de una función jurisdiccional -la decisión sobre una controversia jurídica particular- asignada a la competencia de la rama jurisdiccional, no a una autoridad administrativa como la Superintendencia Bancaria” (Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 1º de diciembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. César Hoyo Salazar, Rad. No. 1.245, negrilla fuera del texto).

En los anteriores términos hemos dado curso a su solicitud, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

PILAR CABRERA PORTILLA

Coordinadora Grupo de Consultas Dos

1. Sobre el punto, dispone el numeral 4º del artículo 7º del Decreto 249 de 2000 (modificado por los Decretos 2221 de 2000 y 712 de 2001), que “Cuando el deudor hipotecario hubiere elegido el crédito sobre el cual quiere que se aplique el abono de que trata el artículo 40 de la Ley 546 de 1999, deberá comunicar por escrito su renuncia al bono sobre otros créditos, si los hubiere. Si el abono al cual se está renunciando se hubiere efectuado con anterioridad a la renuncia del deudor, la entidad correspondiente deberá reversar el abono aplicado al crédito y devolver de inmediato a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público (…) junto con los intereses pagados, de acuerdo con el procedimiento establecido en el decreto 2221 de 2000” (se subraya).

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