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CONCEPTO 63626 DE 2001

(febrero 15)

Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8200

Señora

MARIA TERESA VARGAS MUTIS

Carrera 11 Bis No. 124 A-31/51 Torre 1 Apto. 603

Bogotá D. C.

Referencia: 2000063626-0

115 Consultas

39 Respuesta Final

Sin anexos

Apreciada señora:

De manera atenta me refiero a su comunicación radicada en esta Superintendencia bajo el número citado, mediante la cual plantea algunos interrogantes relacionados con el cobro de honorarios por el recaudo de cartera por parte de una entidad financiera, los cuales serán atendidos en el mismo orden en que fueron planteados, así:

1. “Si lo cobrado por concepto de honorarios profesionales por personas vinculadas laboralmente a una entidad deben o no considerarse intereses, aun en el evento de que se despliegue toda la actividad pertinente tendiente a recuperar lo prestado?“.

En primer término, resulta necesario manifestar que una de las obligaciones que se deriva del contrato de mutuo celebrado entre una institución financiera y el usuario de crédito y que debe cumplir este último, es la de pagar cumplidamente la obligación. Por tanto, la mora o retardo en la atención de la misma legitima a la entidad prestamista para hacer efectivo el pago a través de los medios establecidos por la ley para el efecto, tales como el cobro prejurídico o la iniciación del proceso judicial correspondiente.

En ese orden de ideas, “los honorarios profesionales que se pagan a los abogados o sociedades de cobranza tienen como causa directa el incumplimiento del crédito otorgado ya que tal circunstancia ha obligado a la entidad acreedora a trasladar dicho crédito a cobro jurídico o prejurídico. Los costos en que se incurre por la cobranza, desde luego han de estar a cargo del deudor, como quiera que su conducta ocasionó el incumplimiento de la obligación y por consiguiente, los gastos que su cobranza representa.

“Es claro además, que el incumplimiento en la obligación ocasiona la mora, situación que implica para el deudor el resarcimiento o la indemnización de perjuicios frente al acreedor, ya que su deber de acuerdo con los términos de la obligación, es reparar el daño causado por efecto del retraso en el pago.

“Las anteriores consideraciones han llevado a este Despacho a concluir que los honorarios procesales y extraprocesales, así como las costas y gastos del proceso pueden ser de cargo del deudor. No obstante, debe advertirse que frente a la disposición que sobre intereses establece la Ley 45 de 1990 los mismos no deben tenerse en cuenta y computarse a efectos de liquidar la tasa de interés que se cobra a éste por concepto de la mora, si se considera que estas sumas no suponen un retribución para las entidades otorgantes del crédito, sino que, por el contrario, han significado una carga producto del comportamiento irregular del deudor(1).

En tal sentido, el inciso segundo del artículo 65 de la Ley 45 de 1990 establece que “Toda suma que se cobre al deudor como sanción por el simple retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dineraria se tendrá como interés de mora, cualquiera sea su denominación“.

Bajo el anterior contexto, con el propósito de determinar si las sumas que por concepto de “honorarios profesionales de abogado” debe pagar el deudor incumplido de un crédito adquirido con una institución financiera constituyen o no intereses, resulta pertinente hacer referencia al pronunciamiento(2) que sobre el particular ha efectuado esta Superintendencia en varias oportunidades, diferenciándose dos situaciones:

“a. Si el profesional del derecho a quien se le encomienda la gestión de recaudo del valor de la obligación incumplida se halla subordinado laboralmente a la respectiva institución financiera, en caso de arreglo directo o pago en la etapa prejudicial, (...) las sumas de dinero que se cobren y pague el deudor por concepto de 'honorarios profesionales' se reputarán como intereses, pues al ostentar la institución la calidad de patrono está obligada a pagar a su dependiente -abogado- un salario como retribución por sus servicios, siendo evidente que en este caso tales honorarios no tendrían contraprestación distinta al crédito otorgado.

“b. Si por el contrario, no existe subordinación laboral entre el profesional del derecho y la institución financiera, los honorarios que debe pagar el deudor no se incluirán dentro del concepto de intereses, como quiera que las sumas por tal concepto no las recibe el acreedor, amén de que se causan por razones distintas al otorgamiento del crédito, como lo es el incumplimiento de la obligación”.

Así mismo, “(...) consideramos de importancia precisar que el cobro de honorarios debidos como consecuencia de haberse tenido que acudir a una o ambas instancias en precedencia para el cobro de una suma dinero adeudada, a juicio de esta Superintendencia debe obedecer al real despliegue de una actividad por parte del acreedor o su apoderado encaminada a tales fines.

“En efecto, en concepto de este Despacho la causación y exigibilidad de una suma de dinero a título de honorarios profesionales como consecuencia de un cobro prejurídico derivado de la morosidad, no debe obedecer a su sola y objetiva previsión contractual, ni al hecho de encontrarse per se en tal situación de anormalidad, sino que es necesario que el acreedor haya desplegado alguna actividad orientada a su cobro(3) (subrayado textual).

Con fundamento en lo expuesto, es claro que el cobro de honorarios profesionales debe corresponder a una labor efectivamente desplegada que sirva de causa a esa erogación; así mismo, lo cobrado por este concepto cuando la gestión ha sido desarrollada por personas vinculadas laboralmente a la entidad financiera se considera como interés de mora en los términos del artículo 65 de la Ley 45 de 1990.

2. “Si una entidad puede crearle a un deudor una nota débito a su cuenta corriente y con ello producirle o incrementarle un sobregiro por concepto de cobro de honorarios por la labor de cobranza prejurídica, o si dicho cobro se encontraría dentro de las prohibiciones de que trata la Circular 007 de 1996, Título III, capítulo primero, numeral 2.7 'Prohibiciones para incrementar y producir sobregiros' “.

Al respecto, sea lo primero recordar los derechos principales del titular de una cuenta corriente en los términos del inciso primero del artículo 1382 del Código de Comercio, a cuyo tenor:

“Por el contrato de depósito en cuenta corriente bancaria el cuentacorrentista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero, y cheques en un establecimiento bancario y de disponer, total o parcialmente, de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco”.

Ahora bien, el artículo 125 del Decreto 663 de 1993, actual Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, regula la figura jurídica del sobregiro o pago de cheques en descubierto de la siguiente manera:

“Cuando el banco pague cheques por valor superior al saldo de la cuenta corriente, el excedente será exigible a partir del día siguiente al otorgamiento del descubierto, salvo pacto en contrario.

“El crédito así concedido ganará interese en los términos previstos en el artículo 884 del Código de Comercio”.

Se observa entonces que el sobregiro constituye un crédito o préstamo al cliente titular de una cuenta corriente bancaria, al proceder el establecimiento de crédito a pagar los cheques que dicho cuentacorrentista haya librado por un saldo superior al disponible. “Así las cosas, resulta lógico concluir que solamente puede producirse sobregiro bancario en cuenta corriente cuando el titular gira, emite o expide un cheque sin tener provisión de fondos y el banco acepta pagarlo(4) (resaltado y subrayado del texto).

Concordante con la anterior apreciación, esta Entidad estableció en el numeral 2.7 del Capítulo I del Título III de la Circular Externa 007 de 1996 (Básica Jurídica) los casos en que se prohíbe incrementar y producir sobregiros, entre los cuales se encuentra el originado “Por cargos a la cuenta provenientes de las prefinanciaciones o financiaciones para futuras exportaciones, cartas de crédito utilizadas, abonos o cancelación de obligaciones de cartera; ni por intereses, comisiones y demás gastos causados por las operaciones antes citadas”.

En este orden de ideas, se considera que no es legalmente viable que la institución financiera genere o incremente por su propia iniciativa sobregiros por concepto de honorarios de abogado con ocasión de la labor de cobranza prejurídica de cartera, situación que se encuentra expresamente prohibida por el instructivo antes mencionado.

En los anteriores términos dejamos atendida su consulta, con el alcance establecido para esta clase de pronunciamientos por el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

ROY GONZALO RIOS CHACON

Subdirector de Regulación y Consulta

1. Superintendencia Bancaria. Concepto No. 91012688-2 del 14 de agosto de 1991.

2. Superintendencia Bancaria. Concepto No. 91016043 del 10 de septiembre de 1991.

3. Superintendencia Bancaria, concepto No. 96026142 del 9 de agosto de 1996.

4. Superintendencia Bancaria, concepto No. 98003778-2 del 13 de febrero de 1998.

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