CONCEPTO 67664 DE 2002
(diciembre 5)
Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogotá, D. C.,
Doctor
GUILLERMO SALAZAR A.
Secretario
Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali
Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano Abadía
Torre -A- Piso Tercero, Calle 13 con Carrera 10
Cali – Valle
Referencia: 2002067664-0
115 Consultas
39 Respuesta Final
Con anexos
Referencia: Proceso Ordinario
Demandante Edgar Velásquez P. y Martha J. Avellaneda M.
Demandado: Conavi.
Apreciado doctor:
De manera atenta me refiero a su oficio No. 1631-1999/1092 de fecha 1° de octubre de 2002 trasladado por el Banco de la República y radicado en esta Entidad el 18 de noviembre de 2002 bajo el número citado al rubro, en el cual comunica que “Dentro del asunto referido se ordenó oficiarle a fin de solicitarles se sirvan expedir certificación sobre lo siguiente:
“(…)
c) El método para la reliquidación de las obligaciones en UPAC”.
Sobre el particular, conviene aclarar que la Superintendencia Bancaria, dado su carácter de entidad pública, solamente puede realizar aquellas funciones para las cuales ha sido expresamente facultada, conforme al artículo 121 de la Constitución Política, a cuyo tenor “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”.
Aplicando este postulado a las funciones de certificación que le competen a esta Entidad, es claro que la misma sólo está autorizada para certificar sobre aquellos hechos o actos para los cuales la ley le haya atribuido expresamente tal facultad,[1 dentro de los que no se encuentra la de certificar sobre el tema señalado en su oficio.
No obstante lo anterior y con el fin de atender su solicitud, proceden las siguientes consideraciones:
En primer lugar, debe aclarase que uno es el proceso de redenominación de todas las obligaciones expresadas en UPAC a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley 546 de 1999 y otro el procedimiento de reliquidación y alivios para los créditos de vivienda previsto en los artículos 41 y 42 de la misma normativa. Por lo anterior y para efectos de absolver en su integridad la inquietud planteada, esta Entidad considera necesario referirse a los dos procedimientos, así:
1. REDENOMINACION DE OBLIGACIONES EXPRESADAS EN UPAC (arts. 38 y 39 Ley 546 de 1999).
Al respecto, conviene precisar que en virtud del mandato legal contenido en los artículos 38 y 39 de la Ley 546 de 1999 correspondía a las entidades financieras redenominar todas las obligaciones expresadas en UPAC - incluidos los créditos de vivienda- en Unidades de Valor Real, para lo cual contaban con un plazo de tres meses siguientes a la vigencia de la citada ley; vencido dicho plazo sin que se hayan modificado los documentos contentivos de dichas obligaciones, por ministerio de la ley tales obligaciones se entenderían expresadas en Unidades de Valor Real. Así mismo, en virtud del mandato legal los establecimientos de crédito debieron ajustar los documentos contentivos de las condiciones de los créditos de vivienda individual a largo plazo, desembolsados antes de la vigencia de la Ley de Vivienda a las disposiciones allí previstas; para lo cual tenían un plazo de ciento ochenta días (180) días contados a partir de su vigencia.
Para tal efecto el Gobierno Nacional determinó, mediante Decreto 2703 de 1999, la equivalencia entre la UVR y la UPAC, indicando que al 31 de diciembre de 1999, último día de existencia de la UPAC, la misma equivalía a 160.7750 unidades de valor real (se adjunta copia).
En ese sentido la Circular Externa 007 de 2000 (anexo copia), proferida por esta Entidad con el fin de aclarar algunas dudas que se presentaron con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley de Vivienda y sus decretos reglamentarios, señaló lo siguiente:
“Redenominación de los créditos
“La Ley 546 de 1999 ordena que en el término de tres (3) meses contados a partir de su vigencia, es decir hasta el 23 de marzo del año en curso,[2 todos los créditos que estuvieren denominados en UPAC deberán redenominarse en UVR. Para tal efecto, el Gobierno Nacional determinó, mediante Decreto 2703 de 1999, la equivalencia entre la UVR y la UPAC, indicando que al 31 de diciembre de 1999, último día de existencia de la UPAC, una unidad de poder adquisitivo constante equivalía a 160.7750 unidades de valor real.
“A partir del 1 de enero de 2000, la Secretaría Técnica del Consejo Superior de Vivienda informa el valor diario de la UVR con base en la metodología recomendada por el CONPES y adoptada por el Gobierno Nacional.[3
“En cuanto a los créditos pactados en moneda legal colombiana, por ministerio de la ley, éstos se entenderán por su equivalencia en UVR. Sin embargo, si así lo convienen las partes, estos créditos se podrán mantener, excepcionalmente, en la denominación inicial. En este caso, si tuvieren condiciones distintas a las previstas por la Ley, deberán adecuarse para darle cumplimiento. La nueva ley sólo autoriza créditos en pesos con tasa fija, sistemas de amortización que no capitalicen intereses y posibilidad de prepago sin penalidad alguna. Tasa fija quiere decir que no está referida a ningún indicador, sino que se conozca desde su inicio y no pueda tener cambios. Tasa fija es por ejemplo, a 10%, a 15%, a 20%, etc., no el DTF, a IPC, etc.
“Dado que la ley no distingue entre qué parte de la tasa de interés está destinada al mantenimiento del valor del préstamo y cuál remunera el capital, ninguna parte de la tasa puede capitalizarse. Esta decisión implica desde luego, que las primeras cuotas de los créditos denominados en pesos puedan resultar altas y fue esta la razón para que la ley sólo autorizara, excepcionalmente, créditos en moneda legal. De lo contrario, deberán pasarse, por su equivalencia, a UVR” (se subraya).
Como se deduce de las normas citadas, por disposición legal todos los créditos hipotecarios de vivienda incluso los desembolsados antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999, se entenderán por su equivalencia en UVR, razón por la cual los establecimientos de crédito debían redenominarlos en dicha unidad en el término de tres meses contados a partir de la vigencia de la Ley 546 de 1999, esto es hasta el 23 de marzo de 2000.
Precisado lo anterior, conviene indicar que a partir de la expedición de la ley en estudio, mediante la cual se establecieron las normas generales para regular un nuevo sistema de financiación de vivienda individual a largo plazo, los establecimientos de crédito -categoría dentro de las cuales se encuentran los bancos comerciales- debían ajustar los mencionados créditos a las disposiciones contenidas en dicha normativa.
Así mismo, conviene manifestar que de conformidad con el numeral 7 del artículo 17 de la Ley 546 de 1999 una de las condiciones fundamentales de los créditos hipotecarios para vivienda individual a largo plazo es la de tener un sistema de amortización expresamente aprobado por la Superintendencia Bancaria. En tal virtud, la Superintendencia Bancaria expidió la Circular Externa 068 de 2000, [4 recogida por la Circular 085 de 2000 -hoy incorporada como numeral 5 del Capítulo Cuarto, Título Tercero de la Circular Básica Jurídica-, mediante la cual autorizó con carácter general los sistemas de amortización a los cuales han debido adecuarse todas las obligaciones de vivienda a partir del 15 de septiembre de 2000 y que resultan de aplicación tanto para los créditos que se encontraban vigentes a tal fecha como para aquellos que se otorgaran en adelante.
En efecto, tal como lo señala expresamente el citado numeral, esta Superintendencia mediante la Circular Externa 068 de 2000 autorizó con carácter general los sistemas de amortización, “...los cuales a partir del 15 de septiembre de 2000 constituyen los únicos aprobados para utilización de las entidades vigiladas en el sistema de crédito de vivienda a largo plazo y deberán aplicarse tanto para créditos que se encontraban vigentes a tal fecha como para aquellos que se otorguen en adelante” (se resalta).
De acuerdo con las citadas circulares en la actualidad se encuentran autorizados cinco sistemas de amortización, de los cuales dos corresponden a sistemas de amortización en pesos y los otros tres en Unidades de Valor Real “UVR”, cuyas características y condiciones se encuentran detalladas en el citado numeral 5 del Capítulo Cuarto, Título Tercero de la Circular Básica Jurídica - Circular Externa 007 de 1996 proferida por esta Entidad, del cual adjunto copia para su conocimiento.
Como se observa, a partir del 15 de septiembre de 2000 debieron las entidades vigiladas implementar los correspondientes sistemas, sin que la ley haya establecido ninguna previsión o adecuación a un sistema de amortización determinado, razón por la cual la escogencia de uno de los aprobados se debió efectuar tomando en consideración las características particulares de cada uno de los préstamos (dentro de los cuales se encuentra el sistema de amortización que se venía aplicando) y llevando a cabo el procedimiento legalmente previsto para el efecto, pues si bien en principio corresponde al acreedor y al deudor dentro del principio de autonomía de la voluntad acordar el sistema de amortización que más se adecue a la capacidad de pago de este último, considerando el monto del crédito, el valor del inmueble, el plazo de la obligación, etc., debe tenerse en cuenta los que dentro de la órbita de su autonomía haya adoptado internamente cada establecimiento de crédito, pues resulta facultativo de las instituciones ofrecer uno, varios o todos los sistemas autorizados.
2. PROCEDIMIENTO DE RELIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES (arts 41 y 42 de la Ley 546 de 1999).
Sobre este punto, conviene precisar que los artículos 41 y 42 de la Ley 546 de 1999 contemplaron por parte de los establecimientos de crédito, la obligación de reliquidar todas las obligaciones que cumplieran con los requisitos allí señalados de acuerdo con el procedimiento establecido en dichas normas, indicando que la misma debía efectuarse sobre los saldos a 31 de diciembre de 1999, independientemente de que las obligaciones se encontraran al día o en mora.
Respecto al procedimiento de reliquidación para créditos individuales de vivienda a largo plazo que a esa fecha se encontraban al día, dispuso el artículo 41 de la citada ley que corresponde al establecimiento de crédito aplicar los abonos sobre los saldos vigentes a 31 de diciembre de 1999; para tal efecto, deberá tomarse el saldo en pesos a esa fecha, adicionando, silo hubiere, el valor que al 31 de diciembre de 1999 presente el crédito otorgado por Fogafín en virtud del Decreto 2331 de 1998.
Establecido lo anterior, el establecimiento de crédito reliquidará el saldo del crédito, para lo cual utilizará la UVR para los días comprendidos entre el 1° de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1999 publicada en la Resolución No. 2896 de 1999 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La diferencia que se presente entre la reliquidación obtenida y el saldo que presentaba la obligación a 31 de diciembre de 1999, corresponde al valor del alivio que se abonará al crédito respectivo.
Ahora bien, el artículo 42 de la mencionada normativa al referirse a la reliquidación para los créditos individuales de vivienda que a la fecha señalada se encontraban en mora, remitió al procedimiento antes indicado. Valga anotar, que mediante Sentencia C-955 de 2000 de la Corte Constitucional se declararon inexequibles, entre otros, algunos apartes del citado artículo [5 que exigían al deudor en mora solicitar por escrito a la entidad financiera la reliquidación y aplicación de los correspondientes alivios dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia de la ley. Luego de la declaratoria de inexequibilidad el citado artículo quedó así:
Artículo 42. Abono a los créditos que se encuentren en mora. Los deudores hipotecarios que estuvieren en mora al 31 de diciembre de 1999, podrán beneficiarse de los abonos previstos en el artículo 40.
“La entidad financiera procederá a condonar los intereses de mora y a reestructurar el crédito si fuere necesario (...)
“A su turno, el Gobierno Nacional procederá a abonar a dichas obligaciones el monto total de la diferencia que arroje la reliquidación de la deuda, efectuada de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 41 anterior (...)“.
En consecuencia, a partir de dicha providencia, los establecimientos de crédito debían reliquidar de manera automática tales obligaciones, condonar los intereses de mora, reestructurar el crédito, si resultare necesario y suspender el proceso, si fuere del caso, sin que mediara previamente solicitud escrita del deudor en tal sentido.
A su turno, esta Superintendencia mediante la Circular Externa 007 de 2000, de la cual se adjunta copia -tal como se anunció en el anterior numeral-, instruyó a las entidades financieras acerca del procedimiento a seguir para llevar a cabo la reliquidación de los créditos hipotecarios en los siguientes términos:
“Las reliquidaciones y en consecuencia los abonos, deberán efectuarse para todos los créditos de vivienda otorgados por un establecimiento de crédito y que estuvieren vigentes, con cualquier saldo y al día o en mora, el 31 de diciembre de1999. Tendrán derecho a beneficiarse con el abono todos los créditos otorgados para una vivienda, pero solamente una vivienda por deudor.
“También tendrán derecho a la reliquidación los créditos, que además de cumplir las anteriores condiciones, se subroguen de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 39, siempre que la persona o personas que se subroguen en el crédito demuestren tener la capacidad de pago adecuada. “(….).
“4) Proceso de reliquidación
“Se toma el saldo del crédito a 31 de diciembre de 1992, o el monto desembolsado si el crédito fuere posterior a dicha fecha, así:
“a) Para créditos denominados en UPAC:
“i) Si el crédito fue desembolsado con anterioridad al 1 de enero de 1993, se toma el saldo en UPAC a 31 de diciembre de 1992 y se convierte a pesos con base en la cotización de la UPAC en esa fecha. El resultado se divide por el valor en pesos de la UVR correspondiente al 1 de enero de 1993.
“iii) Si el crédito fue desembolsado con posterioridad al 1 de enero de 1993, se toma el saldo en UPAC a la fecha del desembolso y se convierte a pesos utilizando la cotización de la UPAC en esa misma fecha. El resultado se divide por el valor en pesos de la UVR de ese día.
“a) Para créditos denominados en moneda legal colombiana:
“i) Si el crédito fue desembolsado con anterioridad al 1 de enero de 1993, se divide el saldo en pesos a 31 de diciembre de 1992, por el valor en pesos de la UVR el 1 de enero de 1993.
“ii) Si el crédito se desembolsa con posterioridad al 1 de enero de 1993, se divide el monto del mismo, en la fecha del desembolso, por el valor en pesos de la UVR de ese día.
“El número de UVR resultantes de aplicar lo indicado en los literales a) y b), según sea el caso, constituye el monto o saldo inicial del crédito para efectos de la reliquidación.
“La reliquidación se hará a partir de dicho monto o saldo inicial, y de ahí en adelante se tomarán uno a uno los pagos realizados por el deudor en cada una de las fechas en que se hicieron, tal como si el crédito efectivamente desde su inicio se hubiera denominado en unidades de valor real. Los pagos se aplicarán teniendo en cuenta lo siguiente:
“a) Movimientos registrados durante la vida del crédito: Del valor de cada amortización ordinaria o extraordinaria en pesos se descontarán los cobros por concepto de primas de seguros y la porción de intereses moratorios, si fuere el caso. Hechos los descuentos anteriores, el monto en pesos resultante se divide por el valor de la UVR correspondiente a la fecha de cada pago y esa cantidad de UVR serán las que se abonarán al saldo del crédito. Esto se hará sucesivamente para cada uno de los movimientos que aparezcan registrados durante la vida del crédito hasta el 31 de diciembre de 1999. Por ejemplo, si se hiciere un abono extraordinario, en la fecha de ese registro se hará la operación descrita para conocer exactamente cuál fue el monto del pago y en cuánto se redujo la obligación por efecto del mismo. Igualmente, si la entidad financiera hubiere ampliado el crédito mediante nuevos desembolsos, en las fechas de tales desembolsos se hará la conversión a UVR para determinar el nuevo saldo.
“b) Tasa de interés: Si el crédito estuviere en UPAC, se reliquidará utilizando los mismos puntos adicionales que se tuvieren convenidos en la fecha de cada pago sobre la UVR. Por ejemplo, si un crédito se pactó a corrección monetaria más 18 y posteriormente se modificó a corrección monetaria más 16, estos puntos adicionales, 18 y 16 respectivamente, se tendrán en cuenta para efectos de la reliquidación, según el que estuviere vigente el día de cada pago.
Para los créditos en pesos, se aplicará la fórmula contenida en el Decreto 2702 de 1999.
“Efectuada la reliquidación en la forma descrita, incluido el crédito otorgado por Fogafin, cuando fuere el caso, se establecerá la diferencia en moneda legal colombiana entre el saldo registrado por la entidad a 31 de diciembre de 1999 y el que para esa misma fecha se haya obtenido con el proceso de reliquidación. La diferencia entre uno y otro es el valor del abono que le corresponde a cada crédito y que se aplicará a la deuda contraída con el establecimiento de crédito.
“La reliquidación correspondiente al crédito de Fogafin se abonará al saldo del préstamo con el establecimiento del crédito”.
“Créditos en mora a 31 de diciembre de 1999
“Para la reliquidación de los créditos que se encontraban en mora a 31 de diciembre de 1999, se utilizará el procedimiento antes descrito, asumiendo para cada fecha de amortización de las cuotas que se encuentren atrasadas a 31 de diciembre de 1999, que el pago efectivamente se hizo, como si el deudor no hubiere incurrido en estas moras. Este mismo cálculo se hará por el sistema inicialmente contratado, de manera que a 31 de diciembre de 1999, se obtenga el saldo que el crédito hubiere tenido en UPAC o en pesos de haberse atendido oportunamente su amortización. Los dos saldos se compararán y la diferencia entre uno y otro será el alivio a que el deudor moroso tiene derecho.
“Aplicación del alivio a los créditos en mora
“El valor del alivio se destinará a cancelar las cuotas pendientes de pago en orden de antigüedad y por el valor exacto que aparezca en la facturación excluidos los intereses moratorios, dado que tales intereses deben ser condonados y por tanto, se entenderá que las cuotas nunca estuvieron en mora, lo cual significa adicionalmente, que los intereses corrientes no pagados no podrán capitalizarse. Canceladas dichas cuotas, el remanente se abonará al capital.
En caso de que el valor del abono no alcanzare para cubrir la totalidad de las cuotas pendientes a entidad acreedora podrá convenir con el deudor una reestructuración del crédito en los términos y condiciones que la capacidad de pago del deudor aconseje.
Como se observa, el procedimiento de reliquidación que debieron adelantar los establecimientos de crédito es único y debió ajustarse a los presupuestos antes indicados; no obstante lo anterior, resulta conveniente precisar que la reliquidación de los créditos de vivienda, se ha debido efectuar de manera independiente tomando en consideración las características particulares de cada uno de los préstamos.
En los anteriores términos dejamos atendida su consulta, con el alcance establecido para esta clase de pronunciamientos por el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
PILAR CABRERA PORTILLA
Coordinadora Grupo de Consultas Dos
1. En el artículo 326, numeral 6 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero -Decreto 663 de 1993- aparecen señaladas las funciones de certificación y publicidad atribuidas a la Superintendencia Bancaria.
2. Entiéndase 23 de marzo de 2000.
3. A partir de la Sentencia C-955 de 2000 proferida por la Corte Constitucional señaló que el cálculo y divulgación diaria de la UVR corresponde a la Junta Directiva del Banco de la República.
4. La Circular Externa 068 de 2000 autorizó con carácter general los sistemas de amortización “…los cuales a partir del 15 de septiembre de 2000 constituyen los únicos aprobados para utilización de las entidades vigiladas en el sistema de crédito de vivienda a largo plazo y deberán aplicarse tanto para créditos que se encontraban vigentes a tal fecha como para aquellos que se otorguen en adelante” (se resalta).
6. La expresión “siempre que el deudor manifieste por escrito a la entidad financiera su deseo de acogerse a la reliquidación del crédito, dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia de la ley” contenida en el citado artículo fue declarada inexequible por la Corte Constitucional.