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CONCEPTO 69381 DE 2002

(diciembre 16)

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8202

Bogotá, D. C.,

Señor

FÉLIX JOAQUÍN VALENCIA GIL

Diagonal 22 B No. 46-39 Apto. 605

Ciudad

REFERENCIA: 2002069381-0

454 Solicitud de Información Esp.

39 Respuesta Final

Con Anexos

Apreciado señor:

Este Despacho ha recibido por conducto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio 106477 del 3 de diciembre del año en curso, radicado con el número indicado al rubro, su comunicación del 26 de noviembre de la misma vigencia, a través de la cual solicita “Certificar el abono de acuerdo a la resolución 2896 de Diciembre de 1.999, y respaldado por el artículo 40 de la ley 546 de 1.999, el cual por ser un crédito hipotecario le correspondía a dicho beneficio”.

En primer lugar es del caso precisar que la Superintendencia Bancaria, dado su carácter de entidad pública, solamente puede realizar aquellas funciones para las cuales ha sido expresamente facultada, conforme al artículo 121 de la Constitución Política, según el cual “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”.

Aplicando este postulado a la labor de certificación que le compete a este organismo, el mismo sólo esta autorizado para certificar sobre aquellos hechos o actos para los cuales la ley le haya atribuido expresamente tal facultad.

Es así como el artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero señala que en materia de certificaciones, las funciones que le compete realizar a esta Superintendencia son las siguientes:

“a) De acuerdo con las modalidades propias de la naturaleza y estructura de las entidades sometidas a su inspección y control permanentes, expedir las certificaciones sobre su existencia y representación legal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2o. del artículo 74 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero;

“b) Expedir los certificados acerca del monto líquido que arrojen, de conformidad con las constancias existentes en los libros y documentos de los bancos, los saldos en contra de clientes de éstos por concepto de pagos de sobregiros o descubiertos en cuenta corriente, y los provenientes de cartas de crédito abiertas por entidades bancarias de Colombia por orden de sus clientes y utilizadas por los beneficiarios, los cuales prestarán mérito ejecutivo, así como las demás certificaciones contempladas en las disposiciones legales;

“c) Certificar la tasa de interés bancario corriente con base en la información financiera y contable que le sea suministrada por los establecimientos bancarios, analizando la tasa de las operaciones activas de crédito mediante técnicas adecuadas de ponderación.

“La aludida función se cumplirá una vez al año, dentro de los dos (2) primeros meses, expresando la tasa a certificar en términos efectivos anuales. No obstante, en cualquier tiempo podrá hacerlo a solicitud de la Junta Directiva del Banco de la República.

“El interés bancario corriente regirá a partir de la fecha de publicación del acto correspondiente;

“d) Certificar, de conformidad con el artículo 235 del Código Penal la tasa de interés que estén cobrando los bancos por créditos ordinarios de libre asignación”.

Del texto transcrito se establece claramente que este organismo no está facultado para certificar sobre el asunto materia de su solicitud.

No obstante lo anterior, a título informativo se estima conveniente efectuar los siguientes comentarios:

En materia de reliquidación, la normativa correspondiente no atribuyó a esta Superintendencia la función de revisar las reliquidaciones ni los montos de las mismas, sino verificar las cuentas de cobro que presentaren las entidades vigiladas a la Nación por concepto de Títulos de Tesorería -TES- Ley 546. Para tal efecto, este Despacho expidió la Circular Externa No. 048 de 2000, mediante la cual imparte instrucciones a los establecimientos de crédito acerca de la información que deben remitir en la proforma F. 0000-50 creando para el efecto el formato 254, que contiene la información individual referente a los créditos de vivienda reliquidados de las entidades vigiladas.

Con base en la información suministrada por a Subdirección de Actuaría de
esta Superintendencia, me permito comunicarle que respecto del señor FELIX JOAQUIN VALENCIA GIL, identificado con cédula de ciudadanía No 19.262.988, se reporta información sobre los siguientes créditos:

-Bancafé: saldo a 31 de diciembre de 1999 de $64.088.779, fue objeto de reliquidación y obtuvo un alivio de $10.685.274.7728.

-Granahorrar: saldo a 31 de diciembre de 1999 de $23.364.182, fue objeto de reliquidación y obtuvo un alivio de $4.583.993.7872.

Lo anterior consta en los formatos 254 remitidos por las citadas entidades financieras, en cumplimiento de las disposiciones a que se hizo referencia, los cuales se anexan para mayor ilustración.

 
Además de lo anterior, teniendo en cuenta que de acuerdo con la información que obra en nuestros registros usted figura como titular de dos créditos hipotecarios para vivienda, resulta del caso precisar que en cuanto a la aplicación de los alivios previstos en el nuevo régimen de vivienda, Ley 546 de 1999, esta Superintendencia se pronunció a través del oficio No 2000072319-1 del 21 de febrero del año en curso, en los siguientes términos:

'Sobre el particular, conviene indicar que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 40 de la citada ley, los abonos consagrados en la  misma '…solamente se harán para un crédito por persona'. En tal virtud, la única restricción consagrada en la ley para ser beneficiarios de los mencionados alivios es que ellos se apliquen a un crédito por persona, independientemente de que la misma sea titular de dos o más créditos de vivienda individual a largo plazo mediante los cuales se adquirieron diferentes inmuebles o que figure en dichos créditos con distintos codeudores.

“Acorde con lo anterior, dispone el mencionado parágrafo que 'Cuando quiera que una persona tenga un crédito individual a largo plazo para más de una vivienda, deberá elegir aquel sobre el cual se hará el abono e informarlo al o a los respectivos establecimientos de crédito de los cuales sea deudor'.

“(…)

 “En este mismo sentido, con viene señalar que el parágrafo 2° de la norma en estudio señala que quien acepte más de un abono deberá restituir en un término de treinta días los abonos recibidos y 'si no lo hiciere incurrirá en las sanciones penales establecidas para la desviación de recursos públicos'. Así mismo, la restitución de las sumas por fuera del término señalado, genera un interés de mora calculado a la tasa moratoria máxima permitida por ley” (subrayado extratextual).

Así mismo, en relación con la aplicación de los abonos dispuso el parágrafo del artículo 6o. del Decreto 249 del 18 de febrero del 2000 que “Cuando quiera que una persona tenga crédito individual a largo plazo para más de una vivienda, deberá elegir aquel sobre el cual se hará el abono e informarlo por escrito a las respectivas entidades acreedoras de las cuales sea deudor” (se subraya).

Posteriormente al referirse a las “Causales de devolución a la Nación de Títulos de Tesorería, TES, Ley 546”, el numeral 4 del artículo 1° del Decreto 712 del 2001, que modificó el Decreto 2221 del 30 del 2000, señaló:

“Cuando el deudor hipotecario hubiere elegido el crédito sobre el cual quiere que se aplique el abono de que trata el artículo 40 de la Ley 546 de 1999, deberá comunicar por escrito su renuncia al abono sobre otros créditos, si los hubiere. Si el abono al cual se está renunciando se hubiere efectuado con anterioridad a la renuncia del deudor, la entidad correspondiente deberá reversar el abono aplicado al crédito y devolver de inmediato a la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Títulos de Tesorería, TES, Ley 546 junto con los intereses pagados, de acuerdo con el procedimiento establecido en el decreto 2221 de 2000.

“El pago del abono sobre el crédito elegido se efectuará mediante la expedición de Títulos de Tesorería, TES, Ley 546 en los términos y de conformidad con los procedimientos previstos, una vez se haya efectuado la correspondiente devolución del abono al cual se renunció”.

“Si el deudor hipotecario no eligió el crédito sobre el cual quería que le fuera aplicado el abono, éste se hará exclusivamente sobre aquel crédito al que le corresponda un abono de mayor cuantía. En este caso, la Superintendencia Bancaria informará a las respectivas entidades para que se inicie la presentación de una nueva cuenta de cobro o el trámite de devolución de los títulos de conformidad con el procedimiento establecido en el decreto 2221 de 2000” (subrayamos).

Finalmente, es claro que en la medida en que la revisión de las cuentas de cobro y por tanto de las reliquidaciones realizadas en los créditos se efectúa con base en información proveniente de las mismas instituciones, la determinación de que fuera el alivio verdadero, no es de nuestra competencia y así lo ha manifestado el Consejo de Estado en concepto del 1º de diciembre de 1999 de la Sala de Consulta y Servicio Civil, Magistrado Ponente Dr. César Hoyos Salazar, Rad. No. 1.245, frente a una consulta elevada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los siguientes términos:

“Ahora bien, en cuanto se refiere a los contratos particulares, esto es, a los contratos de mutuo para vivienda, con garantía hipotecaria y bajo la modalidad del sistema UPAC, celebrados entre los particulares y las corporaciones de ahorro y vivienda y el BCH, corresponde la revisión de los mismos, la reliquidación de los créditos y la devolución de lo que los deudores hayan cancelado en exceso, a los jueces de la República, ante demanda judicial presentada por cada persona interesada, ya que tales declaraciones y condenas sobre contratos de derecho privado constituyen el ejercicio de una función jurisdiccional -la decisión sobre una controversia jurídica particular- asignada a la competencia de la rama jurisdiccional, no a una autoridad administrativa como la Superintendencia Bancaria” (negrilla fuera de texto).

 
En estos términos dejamos atendida su solicitud, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

PILAR CABRERA PORTILLA

Coordinador Grupo de Consultas Dos

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