CONCEPTO 69567 DE 2002
(diciembre 12)
Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogotá, D. C.,
Doctora
LUZ MARY CARVAJAL GUZMÁN
Secretaria
Juzgado Décimo Civil del Circuito
Palacio de Justicia Piso 3
Santiago de Cali – Valle
REFERENCIA: 2002069567-0
454 Solicitud de Información Esp.
39 Respuesta Final
Con Anexos
Proceso Ordinario de Emperatriz Castillo Burbano
contra Conavi. Rad. P.2000003500 F.017
Apreciada doctora:
Me refiero a su oficio No. 1994 del 20 de noviembre de 2002, radicado en esta Superintendencia el 4 de diciembre de la misma vigencia bajo el número indicado al rubro, remitido por el Banco de la República, mediante escrito JDS-25095 del 2 de diciembre del año en curso, con el fin de que se certifique sobre “... el método que se utilizó para la liquidación de las obligaciones en UPAC”.
En primer lugar es del caso precisar que la Superintendencia Bancaria, dado su carácter de entidad pública, solamente puede realizar aquellas funciones para las cuales ha sido expresamente facultada, conforme al artículo 121 de la Constitución Política, según el cual “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”.
Aplicando este postulado a la labor de certificación que le compete a este organismo, el mismo sólo esta autorizado para certificar sobre aquellos hechos o actos para los cuales la ley le haya atribuido expresamente tal facultad.
Es así como el artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero señala que en materia de certificaciones, las funciones que le compete realizar a esta Superintendencia son las siguientes:
“a) De acuerdo con las modalidades propias de la naturaleza y estructura de las entidades sometidas a su inspección y control permanentes, expedir las certificaciones sobre su existencia y representación legal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2o. del artículo 74 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero;
“b) Expedir los certificados acerca del monto líquido que arrojen, de conformidad con las constancias existentes en los libros y documentos de los bancos, los saldos en contra de clientes de éstos por concepto de pagos de sobre giros o descubiertos en cuenta corriente, y los provenientes de cartas de crédito abiertas por entidades bancarias de Colombia por orden de sus clientes y utilizadas por los beneficiarios, los cuales prestarán mérito ejecutivo, así como las demás certificaciones contempladas en las disposiciones legales;
“c) Certificar la tasa de interés bancario corriente con base en la información financiera y contable que le sea suministrada por los establecimientos bancarios, analizando la tasa de las operaciones activas de crédito mediante técnicas adecuadas de ponderación.
“La aludida función se cumplirá una vez al año, dentro de los dos (2) primeros meses, expresando la tasa a certificar en términos efectivos anuales. No obstante, en cualquier tiempo podrá hacerlo a solicitud de la Junta Directiva del Banco de la República.
“El interés bancario corriente regirá a partir de la fecha de publicación del acto correspondiente;
“d) Certificar, de conformidad con el artículo 235 del Código Penal la tasa de interés que estén cobrando los bancos por créditos ordinarios de libre asignación”.
Del texto transcrito se establece claramente que este organismo no está facultado para certificar sobre el asunto materia de su solicitud.
No obstante lo anterior, a título informativo se estima conveniente efectuar los siguientes comentarios:
Resulta pertinente recordar que de conformidad con los artículos 41 y 42 de la Ley 546 de 1999, los abonos por concepto de reliquidación de obligaciones hipotecarias consagrados en la misma aplicaban a los créditos individuales concedidos para financiar vivienda a largo plazo, que se hubieren otorgado en UPAC o en moneda legal por un establecimiento de crédito y que se encontraran vigentes el 31 de diciembre de 1999.
La reliquidación y el abono correspondiente de que tratan los mencionados artículos están previstos para las obligaciones contratadas en los términos descritos, para cuya aplicación se establecieron unas fórmulas de conversión de unidades y de tasas en los Decretos 2702 y 2703 de 1999 -disposición esta última respecto de la cual se adelantan varios procesos por inconstitucionalidad, pero que no hay decisión sobre el particular, razón por la cual en la actualidad está vigente-. En consecuencia, los beneficios fueron aplicables a los créditos de vivienda individual que por el hecho de contener un componente variable en su fórmula de liquidación se vieron afectados por los movimientos de las tasas en el mercado, tal es el caso de los préstamos denominados en UPAC, en cuyo cálculo el comportamiento de la “DTF” resultaba de significativa importancia, y de los expresados en moneda legal siempre que estuvieran referidos al mismo indicador.
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 546 de 1999, los establecimientos de crédito debían reliquidar el saldo total de los créditos, para cuyo efecto se utilizó la UVR que para cada uno de los días comprendidos entre el 1° de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1999 publicó el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mediante Resolución 2896 de 1999.
En desarrollo de las disposiciones mencionadas, esta Superintendencia expidió la Circular Externa No. 007 del 2000, cuyo aparte pertinente nos permitimos transcribir a continuación:
“Reliquidación de créditos
“Las reliquidaciones y en consecuencia los abonos, deberán efectuarse para todos los créditos de vivienda otorgados por un establecimiento de crédito y que estuvieren vigentes, con cualquier saldo y al día o en mora, el 31 de diciembre de 1999. Tendrán derecho a beneficiarse con el abono todos los créditos otorgados para una vivienda, pero solamente una vivienda por deudor.
“También tendrán derecho a la reliquidación los créditos, que además de cumplir las anteriores condiciones, se subroguen de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 39, siempre que la persona o personas que se subroguen en el crédito demuestren tener la capacidad de pago adecuada.
“1) Créditos al día
“Se entienden por créditos al día los que a 31 de diciembre no se encuentren atrasados en más de treinta (30) días. Para estos créditos la reliquidación opera en forma automática.
“(…)
“4) Proceso de reliquidación
“Se toma el saldo del crédito a 31 de diciembre de 1992, o el monto desembolsado si el crédito fuere posterior a dicha fecha, así:
“a) Para créditos denominados en UPAC:
“i) Si el crédito fue desembolsado con anterioridad al 1 de enero de 1993, se toma el saldo en UPAC a 31 de diciembre de 1992 y se convierte a pesos con base en la cotización de la UPAC en esa fecha. El resultado se divide por el valor en pesos de la UVR correspondiente al 1 de enero de 1993.
“ii) Si el crédito fue desembolsado con posterioridad al 1 de enero de 1993, se toma el saldo en UPAC a la fecha del desembolso y se convierte a pesos utilizando la cotización de la UPAC en esa misma fecha. El resultado se divide por el valor en pesos de la UVR de ese día.
“b) Para los créditos denominados en moneda legal colombiana:
“i) Si el crédito fue desembolsado con anterioridad al 1 de enero de 1993, se divide el saldo en pesos a 31 de diciembre de 1992, por el valoren pesos de la UVR el 1 de enero de 1993.
“ii) Si el crédito se desembolsó con posterioridad al 1 de enero de 1993, se divide el monto del mismo, en la fecha del desembolso, por el valor en pesos de la UVR de ese día.
“El número de UVR resultantes de aplicar lo indicado en los literales a) y b), según el caso, constituye el monto o saldo inicial del crédito para efectos de la reliquidación.
“La reliquidación se hará a partir de dicho monto o saldo inicial, y de ahí en adelante se tomarán uno a uno los pagos realizados por el deudor en cada una de las fechas en que se hicieron, tal como si el crédito efectivamente desde su inicio se hubiera denominado en unidades de valor real. Los pagos se aplicarán teniendo en cuenta lo siguiente:
“a) Movimientos registrados durante la vida del crédito: Del valor de cada amortización ordinaria o extraordinaria en pesos se descontarán los cobros por concepto de primas de seguros y la porción de intereses moratorios, si fuere el caso. Hecho los descuentos anteriores, el monto en pesos resultante se divide por el valor de la UVR correspondiente a la fecha de cada pago y esa cantidad de UVR serán las que se abonarán al saldo del crédito. Esto se hará sucesivamente para cada uno de los movimientos que aparezcan registrados durante la vida del crédito hasta el 31 de diciembre de 1999. Por ejemplo, si se hiciere un abono extraordinario, en la fecha de ese registro se hará la operación descrita para conocer exactamente cuál fue el monto del pago y en cuánto se redujo la obligación por efecto del mismo. Igualmente, si la entidad financiera hubiere ampliado el crédito mediante nuevos desembolsos, en las fechas de tales desembolsos se hará la conversión a UVR para determinar el nuevo saldo.
“b) Tasa de interés: Si el crédito estuviere en UPAC, se reliquidará utilizando los mismos puntos adicionales que se tuvieren convenidos en la fecha de cada pago sobre la UVR. Por ejemplo, si un crédito se pactó a corrección monetaria más 18 y posteriormente se modificó a corrección monetaria más 16, estos puntos adicionales, 18 y 16 respectivamente, se tendrán en cuenta para efectos de la reliquidación, según el que estuviere vigente el día de cada pago.
“Para los créditos en pesos, se aplicará la fórmula contenida en el Decreto 2702 de 1999.
“Efectuada la reliquidación en la forma descrita, incluido el crédito otorgado por Fogafín, cuando fuere el caso, se establecerá la diferencia en moneda legal colombiana entre el saldo registrado por la entidad a 31 de diciembre de 1999 y el que para esa fecha se haya obtenido con el proceso de reliquidación. La diferencia entre uno y otro es el valor del abono que le corresponde a cada crédito y que se aplicará a la deuda contraída con el establecimiento de crédito.
“La reliquidación correspondiente al crédito de Fogafin se abonará al saldo del préstamo con el establecimiento del crédito.
“Créditos en mora a 31 de diciembre de 1999
“Para la reliquidación de los créditos que se encontraban en mora a 31 de diciembre de 1999, se utilizará el procedimiento antes descrito, asumiendo para cada fecha de amortización de las cuotas que se encuentren atrasadas a 31 de diciembre de 1999, que el pago efectivamente se hizo, como si el deudor no hubiere incurrido en estas moras. Este mismo cálculo se hará por el sistema inicialmente contratado, de manera que a 31 de diciembre de 1999, se obtenga el saldo que el crédito hubiere tenido en UPAC o en pesos de haberse atendido oportunamente su amortización. Los dos saldos se compararán y la diferencia entre uno y otro será el alivio a que el deudor moroso tiene derecho.
“Aplicación del alivio a los créditos en mora
“El valor del alivio se destinará a cancelar las cuotas pendientes de pago en orden de antigüedad y por el valor exacto que aparezcan en la facturación excluidos los intereses moratorios, dado que tales intereses deben ser condonados y por tanto, se entenderá que las cuotas nunca estuvieron en mora, lo cual significa adicionalmente, que los intereses corrientes no pagados no podrán capitalizarse. Canceladas dichas cuotas, el remanente se abonará al capital.
“En caso de que el valor del abono no alcanzare para cubrir la totalidad de las cuotas pendientes la entidad acreedora podrá convenir con el deudor una reestructuración del crédito en los términos y condiciones que la capacidad de pago del deudor aconseje.
“Desde luego, el deudor debe acreditar la capacidad de pago para atender su obligación reestructurada, tal como lo indica la ley, dado que de no ser este el caso, el deudor estaría abocado a un proceso judicial o a entregar el bien en pago y en ambos casos, la entidad deberá reintegrar al Estado el valor del alivio.
(...)
“5) Cancelación de los abonos a las entidades acreedoras.
“El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cancelará los abonos con los títulos TES de que trata el parágrafo 4 del artículo 41 de la Ley 546 de 1999, denominados en UVR.
“Los títulos se emitirán a favor de las entidades acreedoras, previo envío a la Superintendencia Bancada de la correspondiente cuenta de cobro, anexando en medio magnético la información prevista en el Anexo I - Reporte Suma Total Alivios, adjunto, certificada por el revisor fiscal de la entidad, o quien haga sus veces.
“A su vez, las entidades acreedoras deberán diligenciar la pro forma F.0000-50 Reliquidación de Créditos en UPAC y pesos con UVR, adjunta, conforme al instructivo que la acompaña.
“La valoración de los títulos aquí previstos se hará de conformidad con el numeral 8 de la Circular Básica Contable y Financiera”.
De las instrucciones transcritas es dable concluir que el valor del alivio debió aplicarse en los créditos al día al capital y en los préstamos que estuvieran en mora se imputarían primero a las cuotas atrasadas por el valor exacto sin contar los intereses moratorios y el remanente se abonaría al capital.
Ahora bien, una vez señaladas las disposiciones relacionadas con la reliquidación de créditos hipotecarios de vivienda, debe reiterarse que la Superintendencia Bancaria, en su condición de entidad pública, únicamente puede ejecutar aquellas funciones para las cuales ha sido expresamente facultada por el orden jurídico.
Así, en materia de la reliquidación a que nos hemos referido, se concluye que la normativa correspondiente no atribuyó a esta Superintendencia la función de revisar las reliquidaciones ni los montos de las mismas, sino verificar las cuentas de cobro que presentaren las entidades vigiladas a la Nación por concepto de Títulos de Tesorería -TES- Ley 546. Para tal efecto, este Despacho expidió la Circular Externa No. 048 de 2000, mediante la cual imparte instrucciones a los establecimientos de crédito acerca de la información que deben remitir en la proforma F. 0000-50 creando para el efecto el formato 254, que contiene la información individual referente a los créditos de vivienda reliquidados de las entidades vigiladas.
Con base en la información suministrada por la Subdirección de Actuaría de esta Superintendencia, me permito informar que el crédito cuyo titular es EMPERATRIZ CASTILLO BURBANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.296.413, que tenía un saldo a 31 de diciembre de 1999 de $68.375.039.08, fue objeto de reliquidación y obtuvo un alivio de $12.631.605.5798, tal como consta en el formato 254 remitido por “Conavi”, en cumplimiento de las disposiciones a que se hizo referencia en la primera parte de este escrito, el cual se anexa para mayor ilustración.
De esta forma, es claro que en la medida en que la revisión de las cuentas de cobro y por tanto de las reliquidaciones realizadas en los créditos se efectúa con base en información proveniente de las mismas instituciones, la determinación de que fuera el alivio verdadero, no es de nuestra competencia y así lo ha manifestado el Consejo de Estado en concepto del 1º de diciembre de 1999 de la Sala de Consulta y Servicio Civil, Magistrado Ponente Dr. César Hoyos Salazar, Rad. No. 1.245, frente a una consulta elevada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los siguientes términos:
“Ahora bien, en cuanto se refiere a los contratos particulares, esto es, a los contratos de mutuo para vivienda, con garantía hipotecaria y bajo la modalidad del sistema UPAC, celebrados entre los particulares y las corporaciones de ahorro y vivienda y el BCH, corresponde la revisión de los mismos, la reliquidación de los créditos y la devolución de lo que los deudores hayan cancelado en exceso, a los jueces de la República, ante demanda judicial presentada por cada persona interesada, ya que tales declaraciones y condenas sobre contratos de derecho privado constituyen el ejercicio de una función jurisdiccional -la decisión sobre una controversia jurídica particular- asignada a la competencia de la rama jurisdiccional, no a una autoridad administrativa como la Superintendencia Bancaria” (negrilla fuera de texto).
En estos términos dejamos atendida su solicitud.
Cordialmente,
PILAR CABRERA PORTILLA
Coordinador Grupo de Consultas Dos