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CONCEPTO 80322 DE 2000

(noviembre 28)

<Fuente: Archivo interno Superintendencia de Industria y Comercio>

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogotá, D.C.,

ASUNTO: Número 00080322

Trámite 113

Actuación 440

Folios 003

Estimado doctor:

Con el alcance previsto en el artículo 25 del código contencioso administrativo, damos respuesta a su consulta radicada bajo el número de la referencia, manifestándole lo siguiente:

1. Declaratoria de inexequibilidad de la ley 563 de 2000

La Corte Constitucional mediante sentencia C – 1338 de octubre 4 de 2000, declaró inexequible en su totalidad la ley 563 de 2000, por la cual se reglamentaron las veedurías ciudadanas, considerando que como mecanismo de participación democrática, éstas deben ser reguladas a través de una ley estatutaria, condición que la citada ley 563 no cumplió por tratarse de una ley ordinaria. En consecuencia, se señaló que el derecho ciudadano de ejercer el control sobre la gestión pública a través del mecanismo de las veedurías ciudadanas, no podrá ejercerse mientras el Congreso no expida la correspondiente ley estatutaria, la cual deberá determinar, entre otros aspectos, las personas que pueden conformar las veedurías.[1]

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que las veedurías ciudadanas fueron creadas por la ley 134 de 1994 como “ formas democráticas de representación que permiten a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre el proceso de la gestión pública frente a las autoridades administrativas, políticas judiciales, electorales y legislativas, así como de las entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.”[2]  De conformidad con lo anterior, en la medida que las cámaras de comercio son por naturaleza entidades de carácter privado, las cuales por expresa autorización de la ley y de manera excepcional, ejercen funciones públicas, consideramos que una veeduría ciudadana sobre su gestión, únicamente podría tener por objeto la vigilancia del adecuado ejercicio de esas funciones públicas y no sobre la esfera privada de las cámaras.[3]

Se concluye de lo expuesto que con la declaratoria de inexequibilidad de la ley 563 de 2000 y hasta que se expida la correspondiente ley estatutaria, no puede utilizarse la figura de las veedurías ciudadanas como mecanismo de control social de la administración. Así mismo debe tenerse en cuenta que la función de las veedurías debe ser la de ejercer control sobre la gestión pública, en consecuencia, una vez se reglamenten y a través de estas se quiera ejercer control sobre una cámara de comercio, deberá tenerse en cuenta que dicho control únicamente podrá versar sobre la actividad pública que ésta desarrolle.

Finalmente, es necesario reiterar, tal y como lo indicó la Corte Constitucional en la citada sentencia C-1338 de 2000, que la declaratoria de inexequibilidad de la ley 563 de 2000 de ninguna manera priva a los ciudadanos de ejercer control sobre la gestión pública, solo que mientras el Congreso no expida la correspondiente ley estatutaria, dicho ejercicio no podría llevarse a cabo a través del mecanismo de las veedurías ciudadanas.

2. Revelación de información confidencial por miembros de la junta directiva de una cámara de comercio

Tal y como lo ha señalado la Superintendencia de Sociedades, basada en la enunciación de los deberes de los administradores contenida en la ley 222 de 1995,4] estos tienen el deber de desarrollar su gestión limitados por los principios de buena fe, lealtad, diligencia y por los intereses de la entidad que administran.5]

Es así como la citada ley establece como uno de los deberes de los administradores guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad.

Ahora bien, no obstante no existe dentro del ordenamiento jurídico colombiano una norma que obligue a los administradores de las cámaras de comercio a guardar reserva sobre la información confidencial que conozcan con motivo del desempeño de sus funciones, consideramos que la citada norma del artículo 23 de la ley 222 de 1995 le es aplicable a este caso por analogía y en consecuencia, los miembros de la junta directiva de las cámaras de comercio están obligados a guardar la reserva comercial e industrial establecida por la ley.

3. Facultad del Superintendente de Industria y Comercio en relación con los miembros de las juntas directivas de las cámaras de comercio

Al tenor del decreto 2153 de 1992, el Superintendente de Industria y Comercio tiene la facultad de solicitar a las juntas directivas de las cámaras de comercio la remoción de sus dignatarios y empleados, cuando lo considere necesario para la buena marcha de las mismas. 6]En consecuencia, el Superintendente podría, previa investigación, en caso de considerar que una conducta como la descrita, de un miembro de la junta directiva de una cámara de comercio afecta la buena marcha de la misma, solicitar a dicha junta directiva la remoción de ese dignatario.

Atentamente;

NATALIA ALVIS RODRIGUEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica (e)

[1] Corte Constitucional, sentencia C – 1338 de octubre 4 de 2000. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

[2] Corte Constitucional, sentencia C – 1338. cit..

[3] Ley 563 de 2000 “por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas”. Artículo 1. “Definición. Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso de la gestión pública, frente a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales y legislativas, así como la convocatoria de las entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. Dicha vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Política y el artículo 100 de la ley 134 de 1994, se ejercerá en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o parcial se empleen los recursos públicos con sujeción a lo dispuesto en la presente ley.”

[4] Ley 222 de 1995, artículo 23.

[5] Superintendencia de Sociedades, circular externa 9 de 18 de julio de 1997.

[6] Decreto 2153 de 1992, artículo 4. “Funciones del Superintendente de Industria y Comercio. Al Superintendente de Industria y Comercio, como jefe del organismo, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

(...)

3. Solicitar a las juntas directivas de las cámaras de comercio la remoción de sus dignatarios y empleados, cuando lo considere necesario para la buena marcha de las mismas.”

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