CONCEPTO 5962 DE 1998
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Ref: Competencia de la Superintendencia de Sociedades con respecto al trámite de los procesos concursales.
Me refiero a mensaje enviado por internet, por medio del cual pregunta si la Superintendencia de Sociedades es competente para conocer de los procesos concursales, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional declaró inexequibles algunos artículos del Decreto 1080 de l996.
1. En primer lugar, es necesario recordar que el artículo 266 <SIC 226> de la Ley 222 de 1.995, confirió facultades extraordinarias al Presidente de la República, por el término de seis meses, contados a partir de su publicación, "para que determine la estructura, administración y recursos de la Superintendencia de Sociedades con el fin de que se cumpla adecuadamente las funciones que se fijen en la presente ley"
2. De acuerdo con las anteriores facultades, el Presidente de la República, expidió el 19 de junio de 1.996 el Decreto 1080 "Por el cual reestructura la Superintendencia de Sociedades, y se dictan normas sobre su administración y recursos".
3. Sobre el particular la Corte Constitucional efectivamente, con sentencia C-180/97 del 10 de abril de 1.997, declaró la inexequibilidad, entre otros, del artículo 2 numeral 17 y el artículo 23 del Decreto 1080, que textualmente decían:
"ARTICULO 2 NUMERAL 17: Tramitar los procesos concursales de todas las personas jurídicas, llámense sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras, empresas unipersonales, empresas industriales y comerciales del Estado, cooperativas, fundaciones y corporaciones, que no estén sujetas a un régimen especial de intervención o liquidación"
ARTICULO 23: La Superintendencia de Sociedades será competente, de manera privativa, para tramitar los procesos concursales de todas las personas jurídicas, llámense sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras, empresas unipersonales, empresas industriales y comerciales del Estado, cooperativas, fundaciones y corporaciones, que no estén sujetas a un régimen especial de intervención o liquidación".
La decisión de la Corte Constitucional se basó en el hecho de que con los mencionados artículos se pretendía resolver un conflicto normativo presentado en la Ley 222 de 1.995 (artículos 90 y 214), razón por la cual el gobierno se excedió en las facultades que le fueron otorgadas, pues tal labor sólo podía ser desarrollada por el legislador ordinario o por el juez frente a cada caso concreto.
En efecto, mientras el artículo 90 atribuye competencia a la Superintendencia de Sociedades para tramitar los procesos concursales de todas las personas jurídicas, llámense sociedades, cooperativas, fundaciones, sucursales extranjeras y que los jueces civiles especializados o en su defecto, los jueces civiles del circuito tramitarán los procesos concúrsales de las personas naturales, el artículo 214 establece que los jueces civiles del circuito o especializados según el caso, conocerán del concordato y la liquidación obligatoria del deudor persona jurídica diferente a las sociedades comerciales y de las personas naturales, lo cual pone de presente la consagración de reglas de derecho abiertamente contradictorias.
Por las consideraciones expuestas, en el entendido que indudablemente se presenta dificultad en la interpretación y aplicación de las disposiciones transcritas, este Despacho se permite señalar, para lo cual parte del memorando 220-09 del 20 de enero de 1.998.
" La competencia de la Superintendencia en materia de procesos concursales sólo puede ser ejercida sobre las sociedades comerciales, las empresas unipersonales y las sucursales de sociedades extranjeras. Por su parte, los Jueces Civiles del Circuito Especializados en asuntos de comercio o en su defecto, los Jueces Civiles del Circuito conocen del concordato y la liquidación obligatoria de las personas jurídicas diferentes a las atrás enunciadas y de las personas naturales.
Esta afirmación tiene asidero en las siguientes consideraciones.
1.- Alcances de los artículos 90 y 214 de la ley 222 de 1.995.
El artículo 90 de la ley 222 de 1.995, al asignar las funciones jurisdiccionales a la Superintendencia, estableció que la entidad es competente para conocer del concordato y la liquidación obligatoria de todas las personas jurídicas, llámense sociedades, cooperativas, corporaciones, fundaciones, sucursales extranjeras, siempre que no estén sujetas a un régimen especial de intervención o liquidación. Los Jueces Civiles Especializados o en su defecto, los Jueces Civiles del Circuito tramitarán los procedimientos concúrsales de las personas naturales.
No obstante la claridad que pudiera generar el texto del mencionado artículo 90, el artículo 214 que regula la competencia de los Jueces Civiles del Circuito consagra una regla completamente opuesta y disonante a la incorporada en a el artículo 90. En efecto, el artículo 214 establece que los jueces conocerán del concordato y la liquidación obligatoria de las personas naturales, así como de las personas jurídicas diferentes de las sociedades comerciales.
2. El artículo 90 de la ley 222 de 1.995 fue derogado parcialmente por el artículo 214 (Subrogación).
El artículo 214 derogó parcialmente al artículo 90, afirmación que tiene sustento en lo siguiente:
2.1 Derogatoria. Concepto. Alcance.
Por derogatoria se entiende la sustracción del ordenamiento de una norma jurídica, con ocasión de la manifestación expresa del órgano encargado de producirla o por la consagración de una regla completamente opuesta a la que el órgano consagró, lo cual comporta la expresión de quien la creó en el sentido que la regla consagrada en la norma inicial debe ser separada del ordenamiento.
El artículo 71 del Código Civil establece que la derogatoria puede ser expresa o tácita; expresa cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua y tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.
2.2. El artículo 214 estableció reglas opuestas a las previstas por el artículo 90.
En el caso materia de estudio, el Despacho encuentra que existe una derogatoria parcial del artículo 90, como quiera que el artículo 214 contempla reglas de derecho de alcance, contenido y naturaleza distintas, pues mientras el artículo 90 se limita a atribuir a la Superintendencia un conocimiento amplio del proceso concursal, en el sentido que enumera una mayor clase de sujetos sobre los cuales puede ejercerse la competencia, el artículo 214 sustrae del ámbito de la Superintendencia el conocimiento del concordato y la liquidación de las personas jurídicas diferentes a las sociedades comerciales, lo cual corresponde al propósito inequívoco del legislador en el sentido de sustraer del ámbito de la Superintendencia el conocimiento de los referidos asuntos. La derogatoria a la cual nos referimos es parcial, pues no implica alteración de todo el mandato contenido en el artículo 90, sino tan solo de algunos de sus componentes, lo cual analizaremos a continuación:
Sociedades Comerciales: Tratándose del proceso concursal de las sociedades comerciales, se tiene que la Superintendencia conoce del concordato y la liquidación de las sociedades comerciales, pues respecto de esta clase de sujetos, el artículo 214 denigra la competencia para los jueces.
Resulta necesario precisar en este aparte que si bien el artículo 90 se refiere a las sociedades comerciales, la Superintendencia conoce igualmente del proceso concursal de las sociedades civiles como consecuencia de la unificación del régimen contemplado en el artículo 1o de la ley 222.
Sucursales de Sociedades Extranjeras: Como quiera que este tipo de sujetos tiene la condición de establecimientos de comercio y por lo tanto no encuadran en la descripción que de personas jurídicas contempla la ley colombiana, su proceso concursal no puede ser conocido por los jueces civiles del circuito, pues la competencia de estos se circunscribe a las personas jurídicas diferentes de las sociedades y a las personas naturales, conceptos en los cuales no se enmarcan las sucursales de sociedades extranjeras. Lo expresado pone de presente que en este evento no hay derogatoria del artículo 90.
Empresas Unipersonales. En relación con estos sujetos, debemos señalar que si bien tienen la connotación de personas jurídicas, con lo cual podría incluirse en principio que los funcionarios competentes para conocer de su proceso concursal serían los jueces civiles del circuito; debemos señalar que la remisión que el artículo 80 de la ley 222 establece para la aplicación de las reglas previstas para las sociedades, lleva a concluir que esta clase de sujetos se encuentran adscritos a la competencia de la Superintendencia, pues la remisión opera para todos los efectos y no tiene restricción de ninguna clase".
En los términos anteriores, queda contestada la consulta elevada.