CONCEPTO 8772 DE 2004
09 de marzo de 2004
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
REF.: Oficio No. 094 -El Juez de la Quiebra debe conocer del concordato de una sociedad comercial celebrado durante su trámite y con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 222 de 1995.
Me refiero al escrito radicado en esta Entidad con el número 2004-01-005662, mediante el cual el Despacho a su cargo realiza las siguientes consultas:
1.- Cuál es el régimen aplicable a un concordato que fue celebrado por una sociedad comercial durante el proceso de quiebra del que se encontraba conociendo el Juzgado Décimo Civil del Circuito y cuya fecha de celebración se remonta al año 1968 y de quién es la competencia para conocer del mismo teniendo en cuenta que no se ha ejecutado en su totalidad;
2.- Cuál es la viabilidad, en qué términos y bajo qué disposiciones legales procede la liquidación obligatoria de dicha compañía teniendo en cuenta que aún tiene bienes sobre los cuales todavía pesan las medidas cautelares decretadas durante la quiebra y que pueden ser vendidos para pagar los créditos pendientes;
3.- Si es procedente que las entidades distritales o nacionales de administración de impuestos decreten medidas cautelares como consecuencia de procesos de ejecución coactiva iniciados por ellas o si es posible ordenar su cancelación como consecuencia del trámite del concordato y en qué disposiciones legales sustentarse para ello;
4.- Qué responsabilidad le cabe a los miembros de la junta de acreedores, si ellos están obligados a la rendición de cuentas, ante quién la deben presentar y si el Juzgado del conocimiento del concordato está facultado para exigirlas.
Sobre el particular, me permito dar contestación a sus inquietudes en el mismo orden en que fueran planteadas:
1.- En cuanto al primero de sus interrogantes le manifiesto que según lo dispuesto por el segundo inciso del artículo 237 de la Ley 222 de 1995, los concordatos y las quiebras iniciadas antes de la entrada en vigencia de la mencionada ley, seguirán rigiéndose por las normas aplicables al momento de entrar a regir dicha ley; de otra parte, como quiera que la competencia para conocer del concordato motivo de su consulta no es de la Superintendencia de Sociedades, esta Entidad carece de la autoridad suficiente para indicarle quien es el funcionario competente, lo que hace preciso que el Despacho a su cargo determine a quien corresponde su conocimiento.
2.- El mismo artículo 237 posee una excepción a la regla contenida en el inciso citado en el numeral anterior, consistente en que la Ley 222 de 1995 se aplicará inmediatamente entre en vigencia, cuando fracase o se incumpla el concordato -en cuyo evento en lugar de la quiebra se adelantará la liquidación obligatoria-, y en lo relacionado con el decreto, práctica y levantamiento de las medidas cautelares consagradas en la citada ley.
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley 222, el trámite de liquidación obligatoria se abrirá:
1. Por decisión de la Superintendencia de Sociedades adoptada de oficio o como consecuencia de la solicitud de apertura de un proceso concursal.
2. Por terminación del trámite concordatario por falta de acuerdo o por incumplimiento de éste.
3. Cuando el deudor se ausente y haya abandonado sus negocios.
Las disposiciones legales aplicables a la liquidación obligatoria se encuentran en la mencionada Ley, a partir del artículo 149.
3.- Tratándose de concordatos tramitados bajo el amparo de la Ley 222 y cuya competencia corresponda a esta Superintendencia, el artículo 99 de la misma es claro al disponer que a partir de la providencia de apertura y durante la ejecución del acuerdo no podrá admitirse proceso de ejecución singular, luego, no es posible que las autoridades de impuestos decreten medidas cautelares sobre los bienes de la masa social cuando quiera que dicho ente social se encuentre tramitando un proceso concordatario.
Lo anterior, a menos que las autoridades de impuestos estén cobrando obligaciones postconcordatarias, puesto que de conformidad con lo estatuido por el artículo 147 de la ley tantas veces mencionada, los gastos de administración, los de conservación de bienes del deudor y las demás obligaciones causadas durante el trámite del concordato y la ejecución del acuerdo concordatario y las calificadas como postconcordatarias, serán pagados de preferencia y no estarán sujetos al sistema que en el concordato se establezca para el pago de las demás acreencias, pudiendo los acreedores respectivos acudir a la justicia ordinaria para el cobro de los mismos.
En consecuencia, los impuestos causados con posterioridad a la admisión al concordato sí dan lugar a la iniciación de procesos de ejecución coactiva intentados por autoridades tanto del orden distrital como nacional, y por ende, en este evento, sí son procedentes las medidas cautelares que se decreten sobre los bienes de la masa social.
4.- Bajo el mismo supuesto del numeral anterior, esto es, que se trate de un concordato que se esté tramitando ante esta Superintendencia, la función primordial que deben cumplir los miembros de la Junta Provisional de Acreedores, es la de elaborar un proyecto de acuerdo concordatario viable, y en tal virtud le corresponde más que rendir informes, solicitarlos en forma verbal o escrita al deudor, a los administradores, al contralor, al revisor fiscal o a cualquiera de los acreedores, y su encargo termina una vez aprobado el acuerdo concordatario.
Ahora bien, como quiera que a este Organismo no le corresponde determinar cual es el funcionario competente para tramitar el concordato que se celebró en el año 1968 dentro del proceso de quiebra relatado, tal como quedó expuesto en el numeral 1o del presente escrito, las respuestas brindadas en los dos últimos numerales están contraídas a la órbita de competencia de esta Superintendencia, y por ende, concierne al Despacho a su cargo establecer sus respuestas de acuerdo con la reglamentación que sea pertinente aplicar al concordato que se tramita en el Juzgado aludido en su escrito.
Espero que la anterior información sea de utilidad para los fines por usted perseguidos, advirtiendo que el alcance de la respuesta ofrecida se sujeta a los términos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
FERNANDO JOSÉ ORTEGA GALINDO
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Rad. 2004-01-005662
NIT. 830.004.165
Tér. 0
Cód. Of. 220
Cód. Tr. 8001
Disquette 1/04
L 3322