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CONCEPTO 9719 DE 2004

15 de marzo de 2004

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Ref.: Las condiciones de la convención colectiva pueden ser renegociadas a fin de facilitar el agotamiento del proceso liquidatorio.

Me refiero a su escrito radicado con el número 2004-01-04504, mediante el cual consulta si una sociedad que esté en liquidación, puede celebrar negociaciones colectivas con el sindicato, teniendo en cuenta que es un derecho constitucional, y que el artículo 20 del Código Sustantivo del Trabajo señala que "en casos de conflictos entre leyes de trabajo y cualesquiera otras, se prefieren aquellas".

Previo a referirnos a la consulta formulada, es oportuno precisar que en el caso planteado no estamos frente a un conflicto en el que pueda invocarse la aplicación preferente de las normas laborales, téngase en cuenta que se trata de examinar la procedencia o no para celebrar (a futuro) una convención colectiva en una sociedad que esta adelantando un proceso de liquidación, lo que en otras palabras significa que al no existir la situación jurídica creada, no es aplicable el principio del artículo 20 del C. S. T.

Ahora bien, también es necesario determinar que la solicitud será atendida bajo el presupuesto que la sociedad adelanta un proceso de liquidación, sin que interese para los fines pertinentes, si es liquidación obligatoria o privada, como quiera que cualquiera sea la naturaleza de la misma, ella pretende la realización de los bienes de la sociedad, con el fin de cancelar, en forma ordenada y gradual, la totalidad de las obligaciones a su cargo.

La anterior previsión, en materia de liquidación voluntaria o privada, la observamos de la lectura de la normativa que regula el proceso, particularmente de las funciones asignadas al liquidador en el artículo 238 ibidem, según las cuales a él corresponde integrar la masa liquidatoria, para lo cual, entre otros aspectos, debe proceder a recaudar los créditos a favor de la compañía y obtener la restitución de los bienes que están en poder de los asociados y de terceros, con el fin de realizarlos para cancelar las cuentas, conforme con la prelación y preferencia de que tratan los artículos 2495 y ss del Código Civil.

Situación análoga se presenta en materia concursal, cuando el artículo 95 de la Ley 222 de 1995, señala el objeto de la liquidación obligatoria, como el proceso mediante el cual "....se realizarán los bienes del deudor, para atender en forma ordenada el pago de las obligaciones a su cargo", de acuerdo con la providencia de graduación y calificación de créditos reconocidos dentro del proceso.

Establecida la finalidad de los procesos de liquidación, por disposición legal la sociedad queda imposibilitada para iniciar nuevas operaciones. En la liquidación voluntaria, el artículo 222 del Código de Comercio, prevé que la capacidad del ente social queda limitada a la ejecución de los actos tendientes a la liquidación de la misma y a culminar las operaciones y negocios vigentes al momento de operar la causal de disolución; al paso que en la liquidación obligatoria, dentro de las funciones asignadas al liquidador, le corresponde concluir las operaciones sociales pendientes al momento de la apertura del proceso (Art. 166 de la Ley 222 Ibidem).

Visto a grosso modo la filosofía y uno de los efectos de la iniciación y/o apertura del tramite liquidatorio, es claro que el liquidador o representante legal de la sociedad deudora solo está legalmente autorizado, entre otros asuntos, para culminar con las obligaciones adquiridas, más no para celebrar o iniciar nuevas operaciones que son propias de una sociedad en marcha.

Ahora bien, en el plano del derecho laboral, es claro que los sindicatos tienen como función principal la de representar los intereses de los trabajadores frente a la sociedad, como consecuencia, facultado para presentar el pliego de peticiones y negociar con la empresa la convención colectiva (Arts. 373 y 374 del C.S.T.).

A su turno, el artículo 467 del Cód Cit. define la convención colectiva como el acuerdo "...que se celebra entre uno o varios {empleadores} o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia (subrayado del texto).

De un simple análisis de la preceptiva citada, inferimos que la creación y funcionamiento de un sindicato (de base), cuya característica principal es representar los intereses comunes de los trabajadores, implica la existencia de un ente societario (empleador) que esta en plena actividad social, no de otra manera puede entenderse la representación de los trabajadores para lograr mejores condiciones, no solo en el aspecto económico sino la obtención de otros beneficios extralegales en el campo cultural, de bienestar y seguridad social, entre otros aspectos. Dicho de otra manera, la negociación y la firma del acuerdo obviamente esta subordinado a la existencia y funcionamiento de la sociedad empleadora, lo que en modo alguno significa que en el evento en que la sociedad sea admitida al tramite liquidatorio o los asociados aprueben la disolución y consecuente liquidación de la compañía, de existir una convención laboral vigente, conlleve la terminación de la misma (art. 479) ni la disolución del sindicato (art. 484).

De sobrevenir tal eventualidad, salvo mejor y autorizada opinión de la autoridad laboral correspondiente, consideramos que no procede la firma de una nueva convención, dado que los liquidadores sólo están habilitados y legalmente facultados para concluir las operaciones, actos y contratos pendientes al momento en que se decrete o apruebe la iniciación del trámite liquidatorio.

A juicio de esta Oficina, el liquidador podría intentar la revisión de la convención dado que la ley laboral consagra que "....cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica...." (art. 480), las partes podrán discutir y acordar nuevos términos de la convención vigente.

En resumen, dada la trascendencia de la convención colectiva de trabajo, sin perjuicio de las autorizaciones a que hubiere lugar por parte de la autoridad laboral correspondiente, consideramos viable la renegociación de las condiciones inicialmente convenidas entre el empresario y sus trabajadores directamente o a través del sindicato que los represente, que tengan por objeto la supresión o modificación de aquellas prerrogativas o privilegios que excedan el mínimo legal, haciendo menos gravosa la situación de la compañía, lo que permitiría facilitar y agilizar el agotamiento de las distintas etapas del proceso liquidatorio, por ende la extinción del ente societario del mundo jurídico.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta, no sin antes manifestarle que los efectos del presente pronunciamiento son los contemplados en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo

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