CONCEPTO 19968 DE 2004
04 de mayo de 2004
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Ref.: Radicación 2004-01-032385. Reformas estatutarias, representación indebida de acciones, facultades y responsabilidad de los administradores.
Me refiero a su escrito en referencia, a través del cual formula una consulta, la cual será resuelta en el mismo orden en que aparece en su comunicación.
1.- La asamblea general de accionistas es el órgano máximo del ente económico, donde reside la voluntad social; por lo tanto, reunida en las condiciones previstas en la ley y en los estatutos, tiene las facultades que estos y aquella le confieran, entre las cuales está la de introducir modificaciones a los propios estatutos sociales como sería en el caso que nos ocupa “fijar: facultades de contratación de servicios y de pedidos dentro del ámbito de su objeto social tanto al Gerente como al Subgerente”
2.- En cuanto al segundo interrogante debe estarse a lo previsto en el artículo 185 del Código de Comercio que establece que: “Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad no podrán representar en las reuniones de la asamblea o junta de socios acciones distintas de las propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieran. Tampoco podrán votar los balances y cuentas de fin de ejercicio ni las de la liquidación.”
En consecuencia, no sólo no puede pactarse en los estatutos sino que es una práctica expresamente prohibida por el legislador, el otorgamiento de poderes a cualquier persona que ocupe y esté en ejercicio del cargo de directivo o que sea empleado de la sociedad.
3.- Las actas de la asamblea así como las de reuniones de junta directiva, deben ser elaboradas por el presidente y secretario de la reunión o también, en el primer caso, por las personas que nombre la asamblea para tal fin, como por ejemplo, la comisión que se designe para aprobarlas si no lo hace ella misma. Lo que si corresponde es que quienes hayan actuado como presidente y secretario de la reunión, firmen el original de dichos documentos, o, en su defecto, por el revisor fiscal, según las voces del artículo 189 en concordancia con el artículo 431 ibidem.
4.- Los asociados pueden hacerse representar a través de poder otorgado por escrito, que cumpla la preceptiva del artículo 184 del Código de Comercio modificado por el artículo 18 de la Ley 222 de 1995; y, siempre y cuando los apoderados no sean administradores ni empleados de la sociedad, artículo 185 del Código de Comercio.
5.- De conformidad con el artículo 46 de la Ley 222 ibidem, los administradores tienen la obligación de presentar, con cada corte de fin de ejercicio, la respectiva rendición de cuentas, acompañado de un informe de gestión, el cual debe contener la información de que trata el artículo 47 ibidem. Dicho informe puede insertarse en el acta o agregarse como anexo, dejando en este caso la referencia clara y expresa de que hace parte integrante del acta.
6.- En el entendido que la sociedad lo que pretende es colocar nuevas acciones, previo la disminución de su valor nominal, efectivamente, debe procederse en primer lugar a modificar los estatutos sociales con el lleno de requisitos legales y estatutarios, incluida su solemnización y posterior inscripción en el registro mercantil, artículo 158 del Código de Comercio.
Cumplido lo anterior, y siempre y cuando la sociedad tenga acciones en reserva, el órgano competente debe expedir el reglamento de colocación de acciones y el gerente hacer la oferta.
Los títulos de las acciones deben expedirse en las condiciones previstas en el artículo 401 del Código de Comercio, que entre otras cosas, dispone en el ordinal 2º), que en ellos debe constar “La cantidad de acciones representadas en cada título, el valor nominal de las mismas, si son ordinarias, privilegiadas o de industria:“.
Lo anterior no obsta para que las acciones se ofrezcan con un incremento adicional al nominal, denominado prima en colocación de acciones, la cual debe registrarse en el patrimonio como prima en colocación de acciones y representa: “el mayor importe pagado por el accionista o socio sobre el valor nominal de la acción o aporte, o sobre el costo en el evento que corresponda a recolocación de acciones, cuotas o partes de interés social propias readquiridas[1].También resulta importante tener en cuenta a este respecto, que para colocar acciones la sociedad debe contar con la reserva suficiente, la cual resulta de sustraer del capital autorizado las acciones suscritas
7. A este respecto, debe tenerse en cuenta que si bien es cierto de conformidad con lo previsto en el artículo 379 del Código de Comercio, cada acción confiere a su titular idénticos derechos, no puede desconocerse que el número de acciones de que sea titular cada asociado es directamente proporcional, entre otras cosas, a su poder de decisión. En la legislación colombiana el principio general imperante es el de las mayorías decisorias, sin perjuicio que en algunos casos, como es la elección de cuerpos colegiados, el legislador para asegurar la representación de las minorías, hubiera previsto mecanismos de elección específicos como el del cuociente electoral, consagrado en el artículo 197 del Código de Comercio o los “Acuerdos entre accionistas” de que trata el artículo 70 de la Ley 222 de 1995.
En cuanto a la participación de los asociados, mayoritarios o minoritarios, en las operaciones sociales, es una circunstancia que de ninguna manera gravita en la órbita de los derechos de cada accionista como tal, según se desprende del ya mencionado artículo 379 ibidem, en consecuencia, su regulación corresponde a la administración de la sociedad, teniendo en cuenta el deber que le asiste a los administradores de dar un trato equitativo a todos los socios, según las voces del numeral 6 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995.
8.- La sociedad anónima debe tener por lo menos “un representante legal con uno o más suplentes”, el cual se constituye en el órgano que vincula a la sociedad externa e internamente dada la naturaleza jurídica de la compañía, por tanto no le corresponde a ninguna otra persona, así detente la calidad de administrador, hacer nombramientos, lo cual no obsta para que en los estatutos se prevea, por ejemplo, que sea la junta directiva la que proponga los candidatos a los diferentes puestos de trabajo de la empresa.
De otra parte, salvo algunas prohibiciones como la consagrada en el artículo 205 del Código de Comercio, en principio no es contrario a derecho que los parientes de los administradores ocupen cargos en la empresa, siempre y cuando no sean utilizados para realizar operaciones ajenas a la empresa y/o contrarias a derecho, tal como lo indica entre otras, el numeral 7 del artículo 23 idem, según el cual los administradores deben “Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de accionistas”
9.- El desarrollo de la actividad social debe sujetarse a los previsto en la ley, los estatutos, y si la sociedad lo adopta, un reglamento interno a través del cual se establezcan mecanismos tendientes a hacer eficiente y transparente la actividad empresarial. Por lo demás, el legislador se ocupa de manera expresa de la responsabilidad que cabe a los administradores por los perjuicios que por “dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros”[2]
Así mismo, “en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador”[3]
10.- De conformidad con el artículo 447 del Código de Comercio, constituye un deber de los administradores poner a consideración de los accionistas, “durante los quince días hábiles que precedan a la reunión de la asamblea”, los documentos de que trata el artículo 446 del Código de Comercio en concordancia con los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995.
Ahora bien, al tenor de la ley “Los administradores que impidieren el ejercicio del derecho de inspección o el revisor fiscal que conociendo de aquel incumplimiento se abstuviere de denunciarlo oportunamente, incurrirán en causal de remoción. La medida deberá hacerse efectiva por la persona u órgano competente para ello o, en subsidio, por la entidad gubernamental que ejerza la inspección, vigilancia o control del ente”, artículo 48, inciso tercero de la Ley 222 de 1995.
11.- Respecto a la denuncia contenida en este numeral, con fundamento en el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo, en la fecha dirigimos su escrito a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
Además de las anteriores anotaciones, se le sugiere consultar el portal institucional de esta Entidad, donde encontrará información de su interés sobre los temas consultados, en la siguiente dirección: www.supersociedades.gov.co.
En los anteriores términos ha sido resulta su consulta, la cual surte los efectos previstos en el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo.
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1 Decreto 2650 de 1993, Plan Único de Cuentas, Cuenta 3205, Prima en Colocación de Acciones, cuotas o partes de interés social.
[2] Artículo 200 del Código de Comercio modificado por el artículo 24 de la Ley 222 de 1995.
[3] Artículo 200 ibidem.