CONCEPTO 21838 DE 2002
(7 de mayo)
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Asunto: Derecho del asociado de asistir y deliberar en las reuniones del máximo órgano social - Representación (artículo 18 de la Ley 222 de 1995).
Me refiero a su comunicación radicada en esta entidad con el número 2002-01-034945, por medio de la cual transcribe una cláusula de los estatutos de una sociedad anónima, relacionada con la representación de los accionistas en las reuniones del máximo órgano social (otorgamiento de poder), en donde en la parte pertinente se estipula que "…Los documentos correspondientes deben ser entregados en la Secretaria de la sociedad, por lo menos con una hora de anticipación al momento en que deba efectuarse la reunión".
Con base en lo anterior, informa que faltando media hora para el inicio de la asamblea, entregó en la secretaria de la sociedad un poder, el cual le fue objetado con fundamento en lo consagrado en la parte del artículo mencionado, que establece que el poder debe ser entregado por lo menos con una hora de anticipación y por lo tanto plantea la siguiente consulta (Los resaltados son nuestros):
"Si esa disposición estatutaria desconoce o no el derecho que tiene cada propietario de acción de asistir a la reunión de Asamblea de Accionistas y votar en ella, como bien lo expresa el Numeral 1 del Artículo 379 del Código de Comercio?".
"Y en caso afirmativo, cual es el alcance de esa norma estatutaria cuando el apoderado de accionistas presenta el poder, debidamente otorgado, media hora antes de la reunión o en el curso de ella ya iniciada?".
Sobre el particular, partiendo de la base que su consulta se centra en el ejercicio que la ley le concede al asociado para "participar en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas y votar en ella", consagrado en el numeral 1 del artículo 379 del Código de Comercio y la facultad que le asiste al mismo de hacerse representar en las reuniones que realice dicho órgano, mediante el otorgamiento de un poder (artículo 18 de la Ley 222 de 1995) y la viabilidad de su reglamentación, es pertinente en aras de fijar un derrotero adecuado que de claridad a sus inquietudes, realizar las siguientes consideraciones de orden temático y jurídico:
1.- En una sociedad todo poder emana del Máximo Órgano Social, conformado por los asociados directamente o por sus apoderados legalmente constituidos, de acuerdo a lo prescrito por los artículos 18 de la citada Ley, que modificó el artículo 184 del estatuto mercantil y 185 del Código de Comercio, reunidos en las condiciones fijadas en los estatutos o en su defecto en la ley y sus decisiones son la concreción de la llamada voluntad social.
2.- Si bien el Estatuto Mercantil, permite que los asociados previamente convengan libremente aquellas estipulaciones que sean convenientes a sus intereses particulares y colectivos, y que los plasmen en los estatutos sociales, tal libertad está limitada, en el caso de las sociedades comerciales, a los convenios que sean compatibles con la índole de cada tipo societario, amén que se estipulen dentro de los límites de la autonomía de la voluntad privada (ordinal 14 del artículo 110 del Código de Comercio).
3.- El contrato de sociedad, según la voluntad de las partes, puede contener cláusulas de muy diversa índole. Es así como muchas de sus estipulaciones son de interés exclusivo de los asociados, como ocurre con la que reglamenta el derecho que tiene cada asociado de concurrir a las reuniones de la asamblea general de accionistas o juntas de socios por conducto de apoderado.
Se hace profundo hincapié, en que las cláusulas en las cuales se reglamentan o se imponen determinadas condiciones o bien para el ejercicio de un derecho de los asociados o para deferir su ejercicio, son emanadas de la voluntad privada y cobijan de manera general a todos y cada uno de los asociados, los cuales, sin excepción ninguna, deben necesariamente someterse a lo allí estipulado, máxime que lo acordado previamente en el pacto social es ley para las partes (artículo 1602 del Código Civil).
4.- Visto lo anterior, es preciso detenerse en los derechos mínimos y esenciales de los asociados de una compañía, los cuales operan independientemente del monto de la participación en el capital, entre los cuales tenemos, tratándose de la sociedad anónima, aunque aplica para todo tipo de sociedad " El de participar en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas y votar en ella"(artículo 372 y 379, numeral 1 ibidem).
El derecho que se ha mencionado, se encuentra estrechamente vinculado a la calidad de asociado, pues corresponde necesariamente a la respuesta que el ordenamiento brinda a la realización de un aporte por parte del socio, razón por la cual no sería posible concebir la existencia de la calidad de asociado, sin el ejercicio del referido derecho. Ubicados en este estadio y dentro de una sola línea de pensamiento, debe señalarse que las estipulaciones que se pacten en torno a los derechos de los asociados, no pueden bajo ninguna óptica jurídica ponerles talanqueras que los hagan nugatorios, valga decir, que no puedan ejercerlos, so pretexto de plasmar en ellos la denominada voluntad privada, pues esos derechos indefectiblemente corresponden a la condición de asociado.
En relación con los derechos de los asociados, es pertinente traer a colación la opinión del profesor José Ignacio Narváez, quien de manera clara expresa "que esos derechos deben ser regulados en los estatutos, pero cualquier restricción no ha de significar su desconocimiento. Ciertamente las estipulaciones del pacto social o las decisiones de los órganos corporativos no pueden vulnerarlos, y menos aún hacer tabla raza de ellos. Por su legitimidad se reputan intangibles y en verdad pugna con el más elemental sentido de justicia que a cualquiera de los socios se le cercenen. Ni el régimen convencional ni órgano social alguno o la autoridad pública tienen competencia para abolirlos o cercenarlos. Por eso se afirma que son inviolables. Inclusive se consideran irrenunciables mientras el respectivo derecho no se genere en favor del asociado. Sólo una vez concretizado, el socio puede dejar de ejercerlo" (Teoría General de las Sociedades. Séptima Edición actualizada 1996, pagina 144).
5 - Ahora bien, a la luz de las normas legales que nos gobiernan en este tópico, es perfectamente claro que el derecho del asociado que nos ocupa, en el desarrollo de estas consideraciones, es susceptible de ser ejercido a través de un poder otorgado por escrito por el asociado, en donde él indica el nombre de la persona que desea lo represente en la reunión o reuniones que celebre la asamblea general de accionistas o la junta de socios como de manera concreta lo consagra el mencionado artículo 18 de la Ley 222.
En efecto, el artículo en cita en la parte pertinente dispone que "Todo socio podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta de Socios o Asamblea mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere y los demás requisitos que se señalen en los estatutos…..".
De dicha disposición, se desprende de manera diáfana que únicamente son cuatro los requisitos esenciales que deben tenerse en cuenta para el otorgamiento de un poder por parte de los asociados, cuales son:
1 - Que el poder otorgado por los asociados conste por escrito;
2 - Que en el mismo se indique el nombre del apoderado y el de la persona que lo pudiere sustituir, si fuere el caso;
3 - Que se señale la fecha de la reunión o la época de la misma y
4 - Los demás requisitos señalados previamente en los estatutos sociales.
Valga anotar sobre este último, que esos requisitos estipulados en los estatutos sociales, solo pueden hacer relación a cuestiones eminentemente de forma mas no de fondo, toda vez que es claro que el derecho que tiene el asociado de estar representado en las reuniones del máximo órgano social, no puede estar sometido, so pretexto de la autonomía de la voluntad privada, a condiciones o requisitos que lo impidan, al vaivén de las circunstancias o al simple capricho de los administradores.
6 -.En resumen, siendo consecuentes con lo expuesto, considera este Despacho que los derechos de los que por mandato legal son titulares los asociados, sea cual fuere el tipo de compañía adoptado, pueden ser reglamentados; ello solo es posible en aspectos eminentemente de forma mas no de fondo y no pueden bajo ninguna circunstancia ser cercenados, hasta el punto de volverlos nugatorios, es decir, impedir su ejercicio, mediante el establecimiento de determinadas cláusulas estatutarias, so pretexto de la autonomía de la voluntad privada.
Es así como, frente a sus inquietudes y teniendo como soporte lo contemplado en el artículo trigésimo cuarto de los estatutos sociales que usted transcribe, esta entidad es del criterio que dicha cláusula no vulnera en modo alguno el derecho del asociado de asistir directamente o por conducto de apoderado y deliberar en las reuniones de la asamblea general de accionistas, siendo por tanto a la luz de la normatividad vigente ajustada a derecho su consagración estatutaria, pues si bien, en este último se fija una pauta relativa a un límite temporal, en cuanto que los poderes deben ser entregados en la secretaría de la sociedad por lo menos con una hora de anticipación al momento en que debe realizarse la asamblea, ello no implica bajo ninguna circunstancia, que se esté desconociendo dicho derecho, máxime si se tiene en cuenta que la pauta establecida es plenamente conocida por todos los asociados, es producto de la autonomía de la voluntad privada, debiendo en consecuencia ser acatada cabalmente para que el apoderado pueda ejercer su mandato