CONCEPTO 26805 DE 2000
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
220-26805, 12 de abril del 2000
1. Alcance del artículo 69 de la Ley 550 de 1999.
Sea lo primero advertir que la ley 550 de 1999 en su artículo 66, parágrafo segundo, dispuso que "el régimen de la liquidación obligatoria previsto en la Ley 222 de 1995 continuará aplicándose, con las modificaciones introducidas en los artículos 67, 68, 69, 70 y 71 de esta ley, y se abrirá en los eventos que en ella se prevén." A su vez, el artículo 69 ídem, establece:
"Artículo 69. Fiducias de garantía y procesos liquidatorios.
"El liquidador podrá solicitar a la Superintendencia de Sociedades que ordene la cancelación de los certificados de garantía y que ordene a la fiduciaria la enajenación de los bienes que conforman el patrimonio autónomo, cuando el deudor haya transferido sus bienes a una fiducia mercantil con el fin de garantizar obligaciones propias, y existan acreencias insolutas de cualquier clase. Se exceptúa de la presente disposición la fiducia que se ajuste a lo previsto en el numeral séptimo del artículo 34 de la presente ley, y sin perjuicio de las prelaciones legales de primer grado.
"El producto de la enajenación de dichos bienes se aplicará al pago de las obligaciones del deudor respetando la prelación legal de créditos. Los acreedores beneficiarios de la garantía se asimilarán a acreedores con garantía real, prendaria o hipotecaria, de acuerdo con la naturaleza de los bienes fideicomitidos. Tales acreencias serán pagadas, con prelación sobre las acreencias distintas de las de primera clase, anteriores o posteriores a la constitución de la fiducia."
Si bien del tenor literal de la norma transcrita no podría establecerse si la misma es aplicable aún tratándose de procesos liquidatorios en los cuales se haya surtido la etapa de calificación y graduación de créditos con la consiguiente posibilidad de modificar la providencia en firme que la contiene, en el entendido que ésta tiene efectos tanto declarativos como constitutivos respecto de las relaciones del deudor insolvente con sus acreedores, para el efecto habrá de abordarse el análisis del tema desde la perspectiva legal y doctrinal de los derechos adquiridos y las meras expectativas, conceptos a partir de los cuales se desarrolla la excepción a la teoría general de la irretroactividad de la ley en el tiempo.
Esta precisión resulta importante, atendiendo la necesidad de circunscribir el análisis de la consulta, pues, en concepto de esta Oficina, se trata es de fijar la aplicación de la ley en el tiempo.
2- Los derechos adquiridos y las meras expectativas en materia concursal.
En efecto, la norma general de aplicabilidad de la ley en el tiempo se encuentra en el Código Civil, artículos 11 y 12, subrogados por los artículos 52 a 56 del Código de Régimen Político y Municipal, según los cuales la Ley no obliga sino en virtud de su promulgación, y su observancia principia dos meses después de promulgada, es decir, de su inserción en el Diario Oficial, salvo que la misma ley fije el día en que empiece a regir como es el caso que nos ocupa; así, establece el artículo 79 de la Ley 550 de 1999, "Esta ley regirá durante cinco (5) años, contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, y durante el mismo plazo se aplicará de preferencia sobre cualquier norma legal, incluidas las tributarias, que le sean contrarias. (-)"
En ese orden de ideas, se repite la norma general según la cual la ley no dispone más que para lo futuro. Sin embargo se debe destacar que, el principio de la irretroactividad de la ley se desarrolla a partir de un supuesto crítico de origen jurisprudencial que desde la edad media proponía la distinción entre dos conceptos: los derechos adquiridos y las expectativas, de donde los primeros son derechos que han entrado definitivamente en un patrimonio y los segundos corresponden a esperanzas no realizadas todavía.
A la luz del artículo 58 de la Constitución Política "los derechos adquiridos deben ser protegidos, incluso contra una ley nueva: ésta no podría privar de un derecho a las personas que están definitivamente investidas del mismo; a la inversa, las simples expectativas ceden ante la ley nueva, que puede atentar contra ellas y dejarlas sin efecto.
"A primera vista esta distinción se justifica; la necesidad de seguridad está suficientemente garantizada si el derecho adquirido está amparado, y las simples expectativas deben ceder ante una ley que se supone más justa."
Y es que el principio de la irretroactividad de las leyes tiene importancia considerable en el terreno práctico si se tiene en cuenta que no es sencilla la solución cuando se prolonga en el tiempo una situación jurídica cuyo régimen legal se modifica con la expedición de nuevas normas de derecho. Pero, en todo caso, debe suponerse que una ley nueva es mejor que la ley antigua y que es justo que aquella se aplique inmediatamente, incluso a situaciones reguladas por la anterior, de suerte que se impone analizar si el auto de calificación y graduación de créditos proferido en el trámite de un concurso liquidatorio consolida un derecho adquirido o simplemente refleja una mera expectativa.
La providencia de calificación y graduación de créditos es un reconocimiento judicial de derechos de crédito exigibles, a cargo del deudor concursado y a favor de los acreedores que allí se relacionan, por las cuantías y órdenes de prelación al pago que también allí se establecen, de donde su naturaleza es declarativa como quiera que comprueba un derecho adquirido preexistente, pero sólo respecto del valor del crédito como tal, pues si bien de la naturaleza del crédito se desprende la prelación legal y del ejercicio de los derechos del acreedor la facultad de perseguir el pago, éstas son meras expectativas que no constituyen derecho contra la ley nueva que las modifica.
Ahora bien, en tratándose de derechos de crédito garantizados con la constitución de patrimonios autónomos afectos a dicha finalidad por virtud de la celebración de un contrato de fiducia mercantil, en donde el fideicomitente es el deudor concursado y los acreedores los titulares de los certificados de garantía, y atendiendo a que las causas de preferencia son solamente el privilegio y la hipoteca, bajo la normativa concursal prevista en la Ley 222 de 1995 éstos son acreedores quirografarios, es decir, de quinta categoría, situación jurídica que se pone de presente en la providencia de calificación y graduación de créditos, pues, no obstante que los certificados de garantía expedidos por la fiduciaria otorgan a sus titulares la posibilidad de ejercer acciones personales contra aquella para que, verificado el acaecimiento de una condición, proceda a cancelar la obligación garantizada con cargo al patrimonio autónomo afecto a la finalidad querida por el constituyente, y que el referido patrimonio autónomo lo integran los bienes así transferidos, se insiste, en el escenario concursal moderno, que se caracteriza por los principios de universalidad, colectividad y preferencia, es doctrina reiterada la imposibilidad de cancelar obligaciones del deudor fideicomitente por fuera del mismo, ya sea que lo haga directamente el deudor o terceros por cuenta de éste.
Lo anterior supone que los acreedores garantizados y/o beneficiarios de la fiducia mercantil deban hacerse parte en el concurso para obtener el pago de sus obligaciones, como todos los acreedores del deudor concursado, sin que tal condición les otorgue un mejor derecho o prerrogativa extraconcursal, pues la llamada doctrinalmente preferencia por afectaciones especiales o separación de patrimonios no alteraba, hasta la expedición de la Ley 550 de 1999, el postulado general del artículo 2493 del Código Civil, según el cual las causas de preferencia son solamente el privilegio y la hipoteca.
Así mismo, debe tenerse en cuenta que no obstante la referida imposibilidad de cancelar obligaciones del deudor por fuera del escenario concursal, los bienes cuya separación del patrimonio del deudor concursado se verificó con la celebración del contrato de fiducia mercantil, no hacen parte de la masa liquidable de aquel, pero continúan afectos a la finalidad de garantizar las obligaciones que él dispuso, ya que por virtud del principio constitucional de la autonomía de la voluntad privada, los contratos válidamente celebrados generan para las partes contratantes los efectos jurídicos por ellos queridos, hasta tanto no sobrevenga una causa legal o judicial que los extinga, invalide o suspenda.
En ese orden de ideas, y conforme a lo establecido en el numeral 3° del artículo 157 de la Ley 222 de 1995, a partir de la inscripción de la providencia de apertura de la liquidación obligatoria en el registro mercantil, todo pago o extinción de obligaciones del deudor concursado se sujetará a las reglas establecidas en la referida ley, de suerte que por efecto de aquella, el negocio jurídico fiduciario celebrado entre el deudor y alguno o algunos de sus acreedores que tenga como finalidad última pagar las obligaciones de aquel para con éstos, quedará en suspenso hasta que el juez del concurso autorice su ejecución.
La anterior conclusión se sustenta, por una parte, en la finalidad misma del trámite preferente, universal y colectivo de la liquidación obligatoria, esto es, la realización de los bienes del deudor, para atender en forma ordenada el pago de las obligaciones a su cargo, la cual se opone al particular, singular y exclusivo interés que asiste al deudor y alguno o algunos acreedores en la previsión de una fórmula de pago de sus obligaciones y, por otra, en el principio de la par conditio omnium creditorum, según el cual, todos los acreedores del deudor concurren en igualdad de condiciones al trámite liquidatorio.
En conclusión, la ejecución de la garantía fiduciaria otorgada por el deudor concursado en favor de alguno o algunos de sus acreedores, a la luz de la normativa concursal, se encuentra sujeta a la autorización del juez del concurso pero los bienes fideicomitidos continúan afectos a la finalidad del contrato. De ahí que amén de los efectos del auto de calificación y graduación de créditos proferido en el trámite liquidatorio en que se den estas circunstancias, los acreedores beneficiarios y/o garantizados con el contrato de fiducia mercantil, si bien no cuentan con un privilegio para el pago de su acreencia, mantienen en todo caso su garantía directamente referida a los bienes fideicomitidos, similar a lo que sucede con las garantías reales, pero sin poder ejecutarlas.
Por consiguiente, si la ejecución de la garantía fiduciaria como quedo compuesta constituye una mera expectativa y es de esta que se ocupa ahora el citado artículo 69 de la Ley 550 de 1999, resulta consecuente que éste haya de aplicarse de manera retroactiva para aquellos casos en los que se den los supuestos normativos de procedibilidad allí previstos, aún en el evento en que el auto de calificación y graduación de créditos proferido en el trámite de la liquidación obligatoria se encuentre ejecutoriado, máxime teniendo en cuenta el principio que consagra el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, según el cual frente a la ley vigente al tiempo de la celebración de los contratos, prevalece la ley concerniente al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato.
En efecto, al disponer la ley que los acreedores beneficiarios de la garantía se asimilarán a acreedores con garantía real, prendaria o hipotecaria, de acuerdo con la naturaleza de los bienes fideicomitidos, así como la cancelación de los certificados de garantía y la orden a la fiduciaria para la enajenación de los bienes que conforman el patrimonio autónomo, lo que en últimas hace es el reconocimiento del derecho (adquirido) de crédito y la regulación de la fórmula de pago (mera expectativa) de la obligación.
Finalmente, nótese como la referida fórmula de extinción de obligaciones, si bien, en algunos eventos puede llevar implicita la modificación de una providencia ya ejecutoriada, en el sentido de que un acreedor inicialmente calificado como quirografario pase a ser prendario o hipotecario, en ambos casos la garantía de que es titular se encuentra directamente afectada a los bienes sobre los cuales se constituyó, luego el tránsito de una a otra categoría de aquél no altera ni desmejora las preferencias ni los privilegios de que gozan los otros acreedores del deudor
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