Buscar search
Índice developer_guide

CONCEPTO 34576 DE 1999

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

REF: Obligaciones de la sociedad deudora que adelanta un proceso Concordatario frente a la Junta Provisional de Acreedores - Convocatoria de la misma.

Me refiero a su comunicación radicada en esta entidad con el número 346927, por medio de la cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 222 de 1995, formula las siguientes preguntas:

"Cuales son las obligaciones de la sociedad deudora que se encuentra adelantando un trámite concordatario frente a la Junta Provisional de Acreedores que ha sido designada por la Superintendencia de Sociedades?".

"Corresponde también a la sociedad deudora, a través de su representante legal o del apoderado especial designado para el trámite concordatario, citar dicha Junta Provisional o esta función es exclusiva del Contralor y de la misma Junta?".

Sobre el particular, me permito dar contestación a sus interrogantes en el mismo orden en que fueron planteados:

Si bien dentro de la normatividad de la Ley 222 de 1995, no se contempla de manera expresa cuáles son las obligaciones de la sociedad deudora frente a la Junta Provisional de Acreedores, es claro que de acuerdo con el artículo 116 de la citada ley los órganos sociales continúan funcionando, sin perjuicio entre otros de las funciones que le correspondan al representante legal de la compañía, de donde debe colegirse que éste en ejercicio de sus funciones, debe procurar mantener informada a la citada junta de la situación económica, financiera y contable de la compañía en concordato y de las medidas que se pretendan adoptar para lograr "la recuperación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo…" (Artículo 94 de la citada ley).

Así mismo, le corresponde presentar a consideración de la Junta, los informes que ésta le solicite, facilitar el examen de los bienes, libros y papeles de la sociedad en concordato, atender las peticiones que sean conducentes y en términos generales, prestar la máxima colaboración a la Junta Provisional, tendiente a que las funciones que le han sido asignadas a la misma en el artículo 115 de la citada ley, se puedan desarrollar a cabalidad.

Igual que en el caso anterior, la Ley 222 salvo la facultad atribuida al contralor para convocar, guarda silencio al respecto. No obstante, dentro del contexto integral de la citada ley resulta claro que para el desarrollo normal del proceso, es indispensable que la Junta Provisional de Acreedores, mantenga informada a la sociedad, por conducto del representante legal, sobre la gestación del cuerdo concordatario, así como sobre los demás aspectos que son de su incumbencia, e igualmente que éste pueda cuando lo estime pertinente, poner en su conocimiento hechos que tengan relevancia para los fines del proceso, de donde es dable colegir que el mismo tiene la potestad de convocar a la junta.

A lo anterior habría que agregar que ante la similitud de las modalidades del trámite concursal que contempla la Ley 222 y las funciones que cumplen la junta provisional de acreedores y la junta asesora del liquidador, procede en cuanto corresponda la aplicación analógica del artículo 174 ibídem, que faculta al liquidador para convocar a la junta asesora.

No podría desconocerse la potestad que al representante legal debe asistirle para convocar, si se tiene finalmente en cuenta la obligación que la ley le impone por la naturaleza de su cargo, de conocer y analizar, conjuntamente con la junta provisional de acreedores, la formula concordataria que la sociedad deudora presentará a consideración de los acreedores en la audiencia preliminar o final, sin lo cual se vería truncada la finalidad del proceso concordatario.

Valga advertir que el apoderado de la concordada por su parte, no puede convocar a la Junta que nos ocupa, toda vez que no está investido de la calidad administrador, la cual es indelegable.

En los anteriores términos se ha dado contestación a sus interrogantes, no sin antes manifestarle que los efectos del presente pronunciamiento, son los descritos en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

×
Volver arriba