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CONCEPTO 44486 DE 1999

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Ref. Alcance del artículo 174 de la Ley 222 de 1.995

Interpretación y alcance del artículo 174 de la Ley 222 de 1.995, todos los cuales giran en torno a la convocatoria de la junta asesora del liquidador y particularmente al supuesto de que el liquidador no convoque a alguno de los miembros.

1.En cuanto al procedimiento o forma legal a través de la cual se efectúa la convocatoria de la Junta Asesora del Liquidador, la norma citada expresa que ".La junta se reunirá por derecho propio, por lo menos una vez al mes, y extraordinariamente cuando sea convocada por el liquidador, por el presidente de la misma, por la Superintendencia de Sociedades o por tres de sus miembros, donde al menos uno actúe como principal", y agrega que "La convocatoria se hará por cualquier medio escrito, y con una antelación no inferior a tres días comunes a la fecha de la reunión, excepto que se encuentre reunida la totalidad de sus integrantes".

De lo anterior es claro que cuando sea necesario realizar reuniones extraordinarias, cualquiera de las personas facultadas para ese fin podrán efectuar la convocatoria a través de un medio escrito, sin que sea requisito acudir a una forma en particular, lo que permite a quien haya de convocar, emplear discrecionalmente el medio escrito que estime pertinente.

2. Respecto a la inquietud que plantea sobre el efecto jurídico, a la luz de la norma objeto de análisis, proveniente de la omisión y/o abstención por parte del liquidador de convocar por escrito y en la oportunidad legal indicada, a uno o varios miembros de la Junta, es pertinente señalar que si bien la ley comercial regula y sanciona una hipótesis similar, referida a al máximo órgano social de una compañía, no sucede lo mismo con el caso planteado en la consulta.

En efecto, conforme con lo previsto en la parte inicial del artículo 186 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 190 ibídem, las decisiones adoptadas por la asamblea general de accionistas o por la junta de socio - según sea el tipo societario de que se trate- en reuniones respecto de las cuales se haya inobservado lo prescrito en la ley o en los estatutos en cuanto a convocación y quórum, están afectadas de ineficacia.

Revisada la Ley 222 de 1.995, a la cual pertenece el artículo 174 citado en la consulta, no se encuentra sanción explícita para el caso planteado.

Así las cosas y dado que según los principios que gobiernan nuestro derecho interno, las normas de carácter prohibitivo o restrictivo, así como las punitivas, no pueden extenderse en su aplicación por vía de analogía a casos semejantes, mal podría decirse que se configura la ineficacia de las decisiones adoptadas en las circunstancias a que alude la hipótesis planteada en la consulta, máxime que es esa una sanción cuya ocurrencia está reservada a los casos expresamente señalados por el legislador.

Ante tal circunstancia habría que analizar frente a cada caso en concreto la procedencia de otras sanciones legales eventualmente aplicables al caso, aún cuando a juicio de esta Entidad en la practica no habría lugar a la ocurrencia de hechos relacionados con la convocatoria de la junta asesora de los que puedan derivarse sanciones legales predicables de las decisiones emanadas de los órganos sociales convencionales de una sociedad, en consideración a la naturaleza misma de ese órgano, a las reglas que rigen su funcionamiento, así como a la forma de su integración, teniendo en cuenta entre otros que su designación al igual que la del liquidador, le corresponde exclusivamente a la Superintendencia de Sociedades, quien por demás hace un seguimiento permanente del desarrollo de las reuniones que ese órgano realiza.

Es preciso tener en cuenta al respecto que no solo el liquidador como usted lo afirma, tiene la potestad de convocar a la junta, pues como la norma citada expresa, igual facultad le asiste al presidente y a los miembros de la misma para hacerlo en los términos que señala la ley, ya sea directamente o bien solicitándolo al Superintendente, de donde se infiere que en todo caso existen los mecanismos que le permiten a todos los miembros su participación, derecho que de serle negado a alguno, debe ser puesto en conocimiento de la Superintendencia, para que proceda ella a adoptar los correctivos pertinentes.

3. En lo que se refiere a los efectos jurídicos de las "decisiones que afectan directamente a quienes siendo miembros activos y reconocidos de la Junta Asesora, no fueron convocados por escrito y con la antelación señalada por la norma antes transcrita, es pertinente advertir previamente que la labor de la mencionada junta, como su nombre lo indica, debe estar enderezada a asesorar al liquidador en la gestión que le encomienda la Ley 222 de 1.995, artículo 166, y adicionalmente a fiscalizar su actuación. Así mismo, que los miembros de dicha junta actúan en representación de determinado grupo de acreedores o de los socios, según se prevé en la norma legal atinente a su integración (Ley 222 en cita, articulo 173).

De acuerdo con lo anterior, en principio no deberían presentarse decisiones de la junta que afectaran a sus miembros individual y personalmente considerados.

Sin embargo y ante la posibilidad real de que ello ocurra, en opinión de este Despacho, el miembro que se considere afectado podría oponerse a la decisión cuando exista fundamento cierto del perjuicio y siempre que no hubiese asistido a la respectiva sesión o, habiendo asistido, fuese disidente y su disidencia tuviese relación con la decisión correspondiente. Para efectos probatorios ello supone que se haya dejado constancia de tal actitud en el acta de la reunión, a lo que cabria reiterar de nuevo que cualquier irregularidad relacionada con el funcionamiento de la junta debe ser denunciada ante esta entidad.

Al margen de lo anterior y conforme lo previene la parte final del inciso primero del artículo 167 de la ley en cita, el liquidador "...responderá de los prejuicios que por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes cause a las mencionadas personas" (deudor, asociados, acreedores y terceros).

4.En cuanto corresponde a su inquietud sobre el procedimiento a través del cual el Superintendente de Sociedades vigila y controla las actuaciones del liquidador, al interior de un procedimiento concursal liquidatorio concretamente en lo atinente a la convocatoria de la Junta asesora, se ha de señalar que no hay un procedimiento especifico para ese propósito. Es claro que la entidad, como organismo de control estatal, cuenta con una serie de mecanismos señalados en ley, a los cuales puede acudir según su discrecionalidad y pertinencia.

De todas formas el liquidador, en su carácter de administrador designado por este Despacho, está sujeto al régimen establecido en la ley mercantil y es responsable en los términos del artículo 167 de la Ley 222 de 1995, por el cumplimiento de las funciones especiales que la misma le asigna a más de que el Superintendente está facutado para decretar de oficio o a petición de la junta asesora su remoción, cuando incurra en incumplimiento grave de sus funciones, en la medida en que se acredite por los medios idóneos la ocurrencia de los hechos anómalos.

Esta Superintendencia, como se dejó anotado atrás, tiene la potestad legal de verificar que las actuaciones del liquidador se ajusten a las prescripciones legales que gobiernan su actividad, de suerte que, de llegar a evidenciarse que en su actuación se ha apartado de los mandatos legales y que no hay circunstancia eximente de responsabilidad, puede también proceder a imponerle las sanciones que la irregularidad amerite.

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