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CONCEPTO 50159 DE 2002

(2 de octubre)

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Ref.: En materia societaria no se requiere la autorización judicial para el aporte de los derechos reales sobre inmuebles (art. 113 modificado por el 2º de la Ley 222/95).

Distinguido doctor Upegui:

Aviso recibo de los escritos radicados con los números 2002-01-104879 y 2002-01-117293 de agosto y septiembre pasado, respectivamente, mediante los cuales consulta la opinión de esta Superintendencia acerca de la capacidad para ser socio en las sociedades comerciales, conforme a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 222 de 1995, que modificó 103 del Código de Comercio.

Para dar respuesta a la consulta planteada, basta una simple lectura al citado artículo, según el cual “Los incapaces no podrán ser socios de sociedades colectivas ni gestores de sociedades en comandita...”, que no es otra cosa que la aptitud para asociarse en cualquier otro tipo societario diferente a colectiva o, en tratándose de sociedades en comandita, la de participar en calidad de comanditario. Cualquiera que sea el evento, por conducto o autorización de su representante legal, formalidad que claramente se consagra en la norma en mención.

Ahora bien, no es menos clara la disposición en mención cuando refiriéndose al aporte de derechos reales sobre inmuebles establece que “... bastará el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 111”, preceptiva que ordena registrar la escritura pública correspondiente “...en la forma y lugar prescritos en el Código Civil para los actos relacionados con la propiedad inmueble”, de lo que se colige, de un simple análisis comparativo del texto original del artículo 103 del Código de Comercio y de la modificación introducida por el artículo 2º la citada Ley 222, que la reforma consistió en eliminar del articulado la autorización judicial como requisito para el aporte de los derechos reales sobre inmuebles y en su lugar se limitó a las formalidades de que trata el artículo 111, antes citado.

En los anteriores términos se ha dado respuesta a su consulta, no sin antes manifestarle que los efectos del presente pronunciamiento son los contemplados en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

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