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CONCEPTO 53699 DE 1999

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Ref. PROCEDENCIA DEL CAPITAL SOCIETARIO EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO.

Nos referimos a su escrito mediante el cual indaga sobre los mecanismos, procedimientos y requisitos que se deben tener en cuenta para verificar el origen del capital invertido en una sociedad, con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas para las empresas de transporte público que consagran ese requisito.

Al respecto nos permitimos manifestarle que las normas que rigen la actividad de esta Superintendencia, en manera alguna le otorgan facultades para verificar la procedencia de los dineros que se encuentran invertidos en una sociedad, razón por la cual desconoce los procedimientos que para ese fin sean conducentes.

Así por ejemplo, en desarrollo de la función de inspección la Entidad puede solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional, y en la forma, detalle y términos que determine, la información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de cualquier sociedad comercial no vigilada por la Superintendencia Bancaria o sobre operaciones especificas de la misma. Puede inclusive practicar investigaciones administrativas. (Art. 83 Ley 222 de 1.995).

Con la vigilancia, busca que las sociedades no sometidas al cuidado de otras Superintendencias, en su formación y funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social, se ajusten a la ley y a los estatutos. (Art. 84 Ley 222 de 1.995).

Mientras que con el control puede ordenar los correctivos necesarios tendientes a subsanar una situación critica de orden jurídico, contable, económico o administrativo de cualquier sociedad comercial no vigilada por otra Superintendencia, cuando así lo solicite el Superintendente mediante acto administrativo de carácter particular. (Art. 85 Ley 222 de 1.995).

De otra parte, el conocimiento que la Entidad puede tener respecto al origen de los dineros vinculados a las empresas, se encuentra circunscrito a la presencia de circunstancias especialísimas que lo determinan, tal como puede llegar a suceder con ocasión de una investigación por parte de la Fiscalía General de Nación, o a la existencia de un proceso de extinción de dominio que comprometa a una sociedad o a la participación de sus asociados.

Por último, y en consideración a que su inquietud versa sobre compañías cuyo objeto es el transporte público, las normas que gobiernan la materia y establecen requisitos de esa índole deben indicar lo correspondiente, trazando para ello los parámetros a los cuales habrán de sujetarse, teniendo presente que la sociedad es sujeto de derecho distinto de los socios individualmente considerados (art. 98 C. de Cío.).

No sobra señalar que condiciones semejantes contempla el estatuto financiero, para instituciones sometidas al control de la Superintendencia Bancaria, por lo cual esa entidad podría eventualmente suministrar alguna información al respecto.

En los términos anteriores el Despacho da respuesta a sus interrogantes, no sin antes advertir que los efectos de este pronunciamiento son los previstos por el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

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