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CONCEPTO 75936 DE 2003

(13 de noviembre)

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Ref.: Radicación 2003-01-165169. Incumplimiento de las cláusulas estatutarias y exclusión de un socio de la sociedad.

En atención a su escrito en referencia, a través del cual formula una consulta, este despacho se referirá a cada una de ellas en el mismo orden en el cual fueron planteadas y teniendo como marco de referencia, que el asociado incumplido "no ejerce ningún cargo administrativo ni de dirección de la empresa" y que además, no indicó la especie de sociedad de que se trata.

1y 2 Debemos precisar que conforme a las normas que regulan las sociedades mercantiles en el Código de Comercio (Libro Segundo), el legislador establece sanciones específicas para los asociados que violen los estatutos sociales respecto de preceptos consagrados en forma expresa en la ley, como por vía de ejemplo se puede citar, para el caso de la sociedad en nombre colectivo, la violación a la previsión del artículo 296 del Código de Comercio, que en forma taxativa establece los casos en que los socios deben obtener autorización de sus consocios para realizar las actividades allí previstas, cuyo incumplimiento acarrea las sanciones consagradas en el artículo 297 ibidem; sanciones que valga la pena aclarar, sólo son aplicables en esta especie de sociedad y en las en comandita simple y por acciones, respecto del socio gestor, por expresa disposición de la ley (artículos 323; 326; 329; 341 y 352 del Código de Comercio). Además de las anteriores y sin perjuicio de las sanciones que por la vía jurisdiccional puedan demandarse respecto de las citadas, en los casos en que la ley no señala una sanción específica, debe recurrirse a la justicia ordinaria a fin de que por y ante ella se debatan las respectivas diferencias.

Los socios de la sociedad solamente están obligados al pago del aporte en el lugar forma y época estipulados (artículo 124 del Código de Comercio), de donde no resulta procedente exigir a un asociado prestaciones adicionales a no ser el caso de la sociedad de responsabilidad limitada respecto de la cual, por expresa disposición del legislador: "En los estatutos podrá estipularse para todos o algunos de los socios una mayor responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías suplementarias, expresándose su naturaleza, cuantía, duración y modalidades (artículo 353 inciso segundo del Código de Comercio), disposición que únicamente obliga a los socios que en forma expresa así lo manifiesten, lo cual resulta apenas congruente con la responsabilidad que asigna el legislador a los socios de la sociedad limitada, la cual está determinada "hasta el monto de sus aportes", de donde cualquier carga adicional debe ser expresamente aceptada por el asociado y constar en los estatutos sociales.

Conforme a lo anterior, sólo se podría deducir responsabilidad del socio, que habiéndose comprometido en los términos del inciso segundo del artículo 353 ibidem, no diera cumplimiento al pacto estatutario respectivo, para lo cual debe acudirse a la justicia ordinaria.

3.- Salvo las sanciones expresamente establecidas por el legislador para cada tipo de sociedad, especialmente las previstas para los socios de la sociedad colectiva y los gestores de las sociedades en comandita, en razón de la responsabilidad que corresponde a aquéllos en dichas especies societarias, las medidas son las referidas por el memorialista en este numeral de la consulta, siempre y cuando de la supuesta indebida actuación del asociado se pueda deducir responsabilidad, perjuicios, etc.

Ahora bien, las sanciones a que se refiere la ley, las cuales incluso prevén la exclusión del asociado, están basadas en supuestos específicos como el que por vía de ejemplo se citó en el numeral 1) que antecede. Así mismo, por tratarse de sanciones son de interpretación restrictiva, lo cual quiere decir de una parte, que las causales son taxativas; y, de la otra, que respecto de ellas no opera la analogía, esto es, que sólo son aplicables en los tipos societarios y en las circunstancias de tiempo modo y lugar previstas por el legislador.

4. Sin perjuicio de las normas aplicables a los socios de la sociedad colectiva y a los gestores de la sociedad en comandita en quienes la ley, por razón de la responsabilidad que en ellos recae, defiere de manera expresa la administración y uso de la firma social, lo cual los encuadra dentro de la calificación de administradores de que trata el artículo 22 de la Ley 222 de 1995 y por contera sujetos de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la misma ley así como de la responsabilidad consagrada en el artículo 24 ibidem que modificó el artículo 200 del Código de Comercio; entre las normas que regulan la parte general y especial de las sociedades comerciales, respecto de los asociados, sólo encontramos la restricción al derecho de inspección consagrada en el artículo 328 del Código de Comercio, norma enclavada en la parte general de las sociedades en comandita, que dice: "El comanditario tendrá la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo, por si o por medio de un representante, los libros y documentos de la sociedad."

"Pero si tiene un establecimiento dedicado a las mismas actividades del establecimiento de la sociedad o si forma parte de una compañía dedicada a las mismas actividades, perderá el derecho a examinar los libros sociales." (se resalta).

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que conforme al artículo 61 del Código de Comercio, los libros y papeles del comerciante le pertenecen a éste, que en el caso que nos ocupa es la sociedad mercantil, puesto que una vez constituida la sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados según las voces del artículo 98 ibidem, ella estaría en el deber/derecho de reclamar, por la vía judicial correspondiente, la penal si fuera del caso, la obligación de exigirle al asociado el buen uso del derecho de inspección, que entre otras cosas, no se extiende "a los documentos que versen sobre secretos industriales o cuando se trate de datos que de ser divulgados, puedan ser utilizados en detrimento de la sociedad" (artículo 48 de la Ley 222 de 1995) y conlleva la confidencialidad y reserva propia del ejercicio de tal derecho.

5. La exclusión de un asociado es una sanción consagrada específicamente en los siguientes casos por el legislador: a) En el inciso segundo del artículo 297 del Código de Comercio, para el caso de infracción de los ordinales 3º y 4º del artículo 296 ibidem, en materia de sociedades colectivas y aplicable por expresa remisión de los artículos 341 y 352 ibidem, a los socios gestores de las sociedades en comandita simple y en comandita por acciones; b) Respecto de los socios indicados en el literal anterior, cuando al tenor de lo previsto en el artículo 298 del Código de Comercio: "Sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley penal, el socio que retire cualquier clase de bienes de la sociedad o que utilice la firma social en negocios ajenos a ella, podrá ser excluido de la compañía, perdiendo en favor de ésta su aporte y debiendo indemnizarla si fuere el caso"; c) Luego de agotado el procedimiento para ceder las cuotas sociales y ante la imposibilidad de cederlas, los demás asociados pueden optar por liquidar la sociedad o excluir al socio interesado en cederlas (artículo 365 del código varias veces citado); y d) Cuando los asociados no hacen el aporte en la forma y época convenidos, la sociedad podrá optar entre otros arbitrios, por el de excluirlo (artículo 125, ordinal 1º ibidem).

En cuanto a la opción de excluir a un socio de las reuniones de la junta de socios y/o del ejercicio del derecho de inspección, no se considera procedente la aplicación de tales medidas, toda vez que son derechos inherentes a la calidad de asociado y por lo tanto intangibles, respecto de los cuales, sólo el segundo de los mencionados, tiene las restricciones a que se ha hecho referencia en este escrito (artículo 328 del Código de Comercio y 48 de la Ley 222 idem), sin perjuicio de intentar por la vía judicial las medidas a que hubiera lugar.

En los anteriores términos ha sido resuelta su consulta, la cual surte los efectos previstos en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo

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