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Radicación n.° 87686

 

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

AL1076-2022

Radicación n.° 87686

Acta 08

Bogotá D.C, nueve (09) de marzo de dos mil veinte y dos (2022)

La apoderada de la sociedad ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S. solicita: (i) la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto proferido el 2 de diciembre de 2020, inclusive, el cual la Corte avocó conocimiento del recurso de anulación interpuesto el día 9 de enero de 2020 por SINTRACARNE, en contra del laudo arbitral del 23 de diciembre de 2019, notificado el día 27 de diciembre de 2019; (ii) aclarar la sentencia CSJ SL1829-2021, «con relación a la admisión del Recurso de Anulación presentado por la Organización Sindical SINTRACARNE como no extemporáneo, teniendo en cuenta las pautas establecidas por la Corte Suprema de Justicia en providencias judiciales anteriores», y (iii) adicionar y aclarar «la sentencia CSJ SL1829-2021, y en consecuencia, modificar el artículo primero de la parte resolutiva que dispone anular los beneficios "Obsequio de productos", el parágrafo primero del "Procedimiento disciplinario" y "Permiso y auxilio económico para preparación de pliego de peticiones" del Laudo Arbitral del 23 de diciembre de 2019, en el sentido de esclarecer si el alcance de la anulación del beneficio "Permiso y auxilio económico para preparación de pliego de peticiones" se extiende al inciso 4 de las consideraciones del Tribunal de Arbitramento que lo conceden».

I. ANTECEDENTES

1. El Ministerio del Trabajo, mediante la Resolución 1474 del 16 de abril de 2018 (folios 11 a 12), convocó e integró un tribunal de arbitramento obligatorio para que dirimiera el conflicto colectivo suscitado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Carne y la Leche–SINTRACARNE- y la sociedad Alimentos Cárnicos S.A.S., la cual fue modificada a través de la Resolución n.° 4572 del 30 de octubre de 2019 (folio 159), en lo atinente a la integración del tribunal de arbitramento, dado que se declaró fundada y procedente la recusación de uno de los árbitros.

2. El respectivo laudo arbitral fue emitido el 23 de diciembre de 2019 (folios 860 a 897), el cual fue notificado a las partes el mismo día (folios 857 a 859).

3. El 27 de diciembre siguiente, la organización sindical solicitó aclaración del laudo arbitral (folios 906 a 911); en tanto que el empleador, en esa misma data, pidió adición (folios 912 a 915) e interpuso recurso de anulación en contra del mencionado laudo arbitral (folios 916 a 963).

4. El tribunal de arbitramento, el 7 de enero de 2020, resolvió la aclaración y adición del laudo arbitral (folios 1206 a 1214), decisión que fue notificada a las partes el mismo día (folios 1222 y 1223)

5. Sintracarne, el 9 de enero de 2020, interpuso recurso de anulación (folios 1215 a 1218).

4. La Sala, mediante sentencia CSJ SL1829-2021, resolvió los recursos de anulación (folios 11 a 34 cuaderno de la Corte).

  1. Nulidad

La apoderada de sociedad Alimentos Cárnicos S.A., en aras de sustentar la nulidad, aduce:

1. Si bien, se presentó una aclaración al laudo arbitral el día 27 de diciembre de 2019, ha señalado claramente la jurisprudencia que en tratándose de recursos de anulación

de conformidad con el CPC Art. 309, aplicable al proceso laboral por así permitirlo el CPT y SS Art. 145, "La sentencia no es revocable ni reformable por el Juez que la pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella... En tales condiciones, el laudo dictado el 18 de julio de 2013 conforme a lo previsto en el CPC Art. 331, también aplicable al proceso laboral por remisión analógica, quedó ejecutoriado y en firme vencido el término legal de tres (3) días para interponer el recurso de anulación, sin que sea dable hablar de alguna aclaración o complementación que prolongara su ejecutoria más allá del 23 de julio de 2013 [CSL AL, 9 oct. 2013].

2. El legislador dispuso expresamente los términos judiciales, no por capricho sino con el fin de otorgar seguridad jurídica a las partes y permitir el derecho de contradicción de las decisiones judiciales y a la publicidad de las mismas; por lo cual, es de obligatorio cumplimiento para los Jueces de la República o árbitros investidos con las mismas facultades, con el fin de salvaguardar los derechos de defensa, contradicción y debido proceso.

3. Dicha regulación jurídica, de manera previa, limita los poderes de las autoridades judiciales y establece las garantías de protección a los derechos de las partes, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley. Este principio fundamental del derecho procesal otorga oportunidades procesales para la realización plena de las garantías en igualdad de condiciones a las partes. El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho al debido proceso, el cual se descompone en varias garantías que tutelan diferentes intereses ya sea de los sujetos procesales, o de la colectividad a una pronta y cumplida justicia, precepto que fue desconocido por el Juzgado al omitir el cumplimiento de normas de orden público al no tener en cuenta el recurso impetrado y con ello los términos procesales contemplados en la ley, generando inseguridad procesal a las partes.

4. La Corte Constitucional en sentencias de vieja data ha indicado que:

En materia de términos procesales, se pueden extraer las siguientes conclusiones, que resultan relevantes para la resolución del problema jurídico que plantea este proceso: i) El establecimiento de términos perentorios no contradice la Carta Política; ii) Los términos procesales persiguen hacer efectivos varios principios superiores, en especial los de celeridad, eficacia, seguridad jurídica y prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades propias de cada proceso; iii) Los términos procesales cumplen la finalidad de garantizar los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso; iv) No existen parámetros en la Constitución a los cuales pueda referirse el legislador o el juez constitucional para valorar si la extensión de los términos procesales es adecuada; v) Por lo anterior, el legislador tiene una amplia potestad en la materia, limitada únicamente por los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y por el fin que en general persiguen las formas procesales, cual es permitir la realización del derecho sustancial; vi) La función del juez constitucional a la hora de examinar las leyes que consagran términos procesales se limita a controlar los excesos, es decir a rechazar aquellas normas que desbordando notoriamente los principios de razonabilidad y proporcionalidad, fijen términos exageradamente largos, que redunden en un desconocimiento de los principios de celeridad, eficacia, y seguridad jurídica, o que, por manifiestamente cortos, impidan hacer efectivos los derechos de defensa y contradicción probatoria. Es por lo anteriormente expuesto que, se genera una nulidad de estirpe constitucional al tenor del previsto en el artículo 29 de la Constitución Política [CC C371-2011].

5. En relación con la «taxatividad» de las causales de nulidad que trae el artículo 133 del C.G.P., es preciso advertir que la aquí propuesta es una nulidad constitucional, por violación al debido proceso.

b. Aclaración y adición

1. El recurso de anulación presentado por la organización sindical es extemporáneo

Sostiene que en este punto, resulta confusa la interpretación de la Sala cuando señala que el término de los tres (3) días hábiles contados para presentar el recurso de anulación ante el tribunal de arbitramento se cuenta a partir de la notificación de la decisión de aclaración y/o adición. Lo anterior, toda vez que la misma Corte, en repetidas oportunidades anteriores, ha resaltado que:

El término de los tres (3) días hábiles para presentar el Recurso de Anulación se cuentan a partir de la NOTIFICACIÓN DEL LAUDO, lo cual corresponde a la tesis presentada por ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S en su oposición. De esta manera, la Corte Suprema de Justicia declaró en Auto AL 2314-2014 lo siguiente: "(...) En consecuencia, esta Corte rectifica la postura adoptada mediante auto CSJ SL, 5 Feb 2008, rad. 34622, y retoma aquella según la cual el plazo para interponer y sustentar el recurso de anulación es de tres días contados a partir de la notificación del laudo, lo cual debe hacerse para ante el tribunal de arbitramento respectivo, como requisito previo a la remisión del expediente a esta Corporación.

Indica que esta interpretación de la Corte ha sido reiterada en autos mucho más recientes.

Afirma que, se tiene que esta disposición afecta de manera directa la parte resolutiva de la sentencia, pues el haber entendido como no extemporáneo el recurso de anulación de SINTRACARNE implica que la Corte ingresó y tuvo en cuenta los argumentos de este sujeto procesal, como factores a considerar para las decisiones que fueron tomadas frente al laudo arbitral. En esa medida se requiere de la aclaración del fundamento de oportunidad del recurso, pues, como se explica el mismo es distinto al sostenido por la Corte.

2. La Corte no se pronunció en su integridad sobre el punto «PERMISO Y AUXILIO ECONÓMICO PARA PREPARACIÓN DE PLIEGO DE PETICIONES»

Acota que en la sentencia CSJ SL1829-2021 la Sala, efectivamente, esboza una serie de argumentos que le llevan a anular parcialmente la petición décima del Pliego de Peticiones, que contiene el beneficio de «Permiso y auxilio económico para preparación de pliego de peticiones», en este sentido, resolvió anular la expresión «De igual manera, La empresa Alimentos Cárnicos S.A.S. entregará a SINTRACARNE SUBDIRECTIVA BARRANQUILLA, un auxilio económico por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS M.L. ($10.000.000.00) para la preparación del pliego de peticiones», contenida en el inciso 3, por ser desproporcionada e irrazonable; empero, no emitió pronunciamiento alguno en relación al inciso 4 del artículo mencionado, que:

Contiene una disposición accesoria a la expresión anulada por la Corte Suprema de Justicia, que señala lo siguiente: "Este auxilio se entregará a más tardar 60 días antes del vencimiento del Laudo Arbitral." De esta manera, y toda vez que el auxilio al que hace referencia el inciso 4 es el mismo auxilio económico que fue anulado por la Corte Suprema de Justicia, no resulta claro el alcance que debe dársele a este aparte de la disposición en el Laudo Arbitral. La lógica jurídica dicta que, si este término de sesenta (60) días aplicaba para el auxilio económico que fue excluido del Laudo Arbitral por la Corte Suprema de Justicia, entonces, al seguir lo accesorio la suerte de lo principal, este aparte sería igualmente susceptible de anulación.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Carne y la Leche–SINTRACARNE-, no se pronunció en lo concerniente a la solicitud de nulidad.

II. CONSIDERACIONES

1º) Sobre la nulidad y aclaración

Desde el pórtico, y con miras a resolver acerca de este tópico, menester se exhibe memorar lo asentado en la providencia CSJ AL2314-2014, en cuanto a que si el canon 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que consagra la homologación de laudos arbitrales (hoy recurso de anulación), se encuentra en vigor, debe advertirse que: i) existe un término de tres días para que una de las partes o ambas, solicite al tribunal de arbitramento la remisión del expediente a la Corporación, ii) con la finalidad de que la Corte verifique la regularidad del laudo y lo declare exequible si el tribunal de arbitramento no hubiere extralimitado el objeto para el cual se le convocó.

También se explicó cómo el trámite del recurso está diseñado para que, ante la solicitud de alguna o ambas partes presentada dentro del término de tres días, el recurso sea resuelto por la Corte, lo que se muestra como razonado y proporcionado, dada la especialidad que caracteriza a la materia laboral en su modalidad colectiva y la naturaleza de los derechos en conflicto, razón por la cual el legislador quiso establecer un procedimiento sumario en cuanto hace al trámite arbitral y el recurso de anulación, diferente al que regula el arbitramento en las áreas civil, comercial y administrativa.

Aquí y ahora, emerge de manera espontánea un primer colofón: a juicio de esta Corte el plazo para interponer y sustentar el recurso de anulación es de tres días contados a partir del día siguiente al de la notificación del laudo arbitral, lo cual debe hacerse ante el tribunal de arbitramento respectivo, como requisito previo a la remisión del expediente a esta Corporación.

Igualmente, la Corte debe indicar que al no existir norma dentro del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que regule: (i) la aclaración, adición y correción de un laudo arbitral, y (ii) desde cuándo se debe contabilizar el término de tres días para interponer el recurso de anulación en los eventos en que se ha acudido a un remedio procesal, esto es, aclaración, adición o corrección; sin hesitación ninguna es necesario y riguroso acudir, por remisión analógica, a las disposiciones del Código General del Proceso, según las elocuentes voces del artículo 145 del estatuto adjetivo laboral.

En ese horizonte, y en lo atinente a la figura de la aclaración, el artículo 285 del Código General del Proceso, instituye:

La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella.


En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración.

En cuanto a la correción, el artículo 286 del mismo Código dispone:

Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto.

Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso.

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.

Y en lo que respeta a la adición, el artículo 287 ibídem, reza:

Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la Litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal.

Llegados a este punto del sendero surge un interrogante: ¿desde cuándo se debe contabilizar el término de tres días para interponer el recurso de anulación en los eventos en que se ha echado mano de un remedio procesal, esto es, aclaración, adición o corrección?

Antes de dar respuesta al anterior interrogante se impone traer a colación el artículo 117 del Código General del Procesal en cuanto a que, por regla general,  los términos para la realización de los actos procesales de las partes son «perentorios e improrrogables», salvo que la ley misma disponga lo contrario, evento en el cual, la excepción prevista por el legislador debe aplicarse con rigurosidad, puesto que «Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento», artículo 13 del mismo estatuto instrumental.

Efectuada la anterior necesaria precisión, volvamos a la cuestión planteada.  Para responderla la Corte estima que el preceto pertinente no es otro que el artículo 337 ibidem, el cual instituye la oportunidad y legitimación para interponer el recurso de casación y acudimos a él dada la misma naturaleza extraordinaria del de anulación.

Dice la norma:

ARTÍCULO 337. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO. El recurso podrá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la sentencia. Sin embargo, cuando se haya pedido oportunamente adición, corrección o aclaración, o estas se hicieren de oficio, el término se contará desde el día siguiente al de la notificación de la providencia respectiva.

De la precedente norma aflora cristalino que el término de los tres días para interponer el recurso de anulación contra un laudo arbitral, cuando se solicite su adición, aclaración o corrección, o estas se hicieren de oficio, debe contabilizarse a partir del día siguiente en que se notifique la providencia que resuelve el remedio procesal.

En ese horizonte, en los eventos en que se ha solicitado aclaración, adición o corrección de un laudo arbitral, es cuando cobra relevancia la excepción referida en el sentido de que el término para interponer el recurso de anulación se interrumpe, es decir, el remedio procesal revive la oportunidad para que se interponga dicha impugnación extraordinaria.

Quizá no sobre enfatizar que el auto CSJ AL1353–2013, en el que soporta la apoderada de la empresa su petición, en estrictez, sirve para inferir de manera palmaria que una decisión no queda en firme en tanto no se resuelva la aclaración o adición; allí explicó la Corte que no es «dable hablar de alguna aclaración o complementación que prolongara su ejecutoria», lo cual tiene toda coherencia con el inciso 2º del artículo 302 del Código General del Proceso que consagra que «cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, sólo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud».

Pero también dimanan otras preguntas: ¿Cómo exigirle a la sociedad Alimentos Cárnicos S.A.S. que sustentara el recurso de anulación antes de que el tribunal de arbitramento resolviera sobre la adición deprecada, al considerar que en el laudo arbitral no se resolvieron todas las cuestiones indicadas en el acto administrativo para el cual se le convocó el cuerpo arbitral? ¿Cómo exigirle a la organización sindical Sintracarne que sustentara el recurso de anulación cuando pidió aclaración del laudo arbitral, previamente a que el tribunal decidiera al respecto, cuando, en su sentir, no lo entendió dada la incertidumbre que proviene de la falta de claridad «por ininteligibilidad, confusión o imprecisión, conceptual o idiomática», precisamente porque la parte resolutiva contiene conceptos o frases que le ofrecen verdadero motivo de duda y que ameritan ser esclarecidas?

Al fin y al cabo, si se permitiese lo que propone la apoderada de la sociedad, sin lugar a equívocos, se atentaría frontalmente contra los derechos y principios, tales como, el debido proceso, impugnación, defensa, contradicción, transparencia, lealtad procesal, amparados y cobijados todos por la Constitución Política y la ley y de alguna manera, verbi gracia, haría nugatorio una de las formas que ha estatuido el legislador para conjurar la imposibilidad de cumplimiento de una providencia por ininteligibilidad de lo que ella dispone. Qué difícil sería para un profesional del derecho sustentar, con la rigurosidad que exige la ley, el recurso extraordinario de anulación, cuando lo que echa de menos del laudo arbitral es precisamente su brillantez.

Con ese panorama, cumple afirmar que está patente que la providencia que resolvió sobre la aclaración deprecada por el sindicato y la adición implorada por el empleador se notificó el 7 de enero de 2020, por lo tanto, el término para interponer el recurso de anulación se inició el día 8 de enero y venció el 10 del mismo mes. Como el escrito de interposición y sustentación del recurso de anulación se presentó el día 9 de enero (folios 1215 a 1218), forzoso es concluir que se hizo de manera oportuna y, por repercusión, no se vulneró el debido proceso al que alude la apoderada de la sociedad Alimentos Cárnicos S.A.

En armonía con lo discurrido, se negará la nulidad enrostrada.

Ahora bien, en sentir de la Sala tampoco procede la aclaración porque este remedio procesal solo es dable para aclarar «los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella», y como lo advirtió la Sala en providencia CSJ AL, 20 abr. 1994, rad. 6358, al traer a colación lo razonado por la Sala de Casación Civil de esta Corporación «La jurisprudencia tiene sentado que los conceptos o frases susceptibles de aclaración son solamente "aquellos que den lugar a un verdadero motivo de duda, es decir, que por su redacción ininteligible o por la vaguedad de su alcance puedan servir para interpretar confusamente la resolución. De manera que, si la ambigüedad de la frase o del concepto son aparentes o, mejor dicho, la duda que de ellos puedan surgir no es eficaz para afectar el sentido exacto y jurídico de la decisión, no será procedente la aclaración" (C.S. de J., Sala Civil, auto del 8 de noviembre de 1956, en G.J. No. 2171 a 2173, Pág. 599)».

El corolario, así, es que debe negarse la petición de aclaración, dado que no se presenta ninguno de los supuestos previstos en la norma instrumental para su procedencia, es decir, que no existen frases ambiguas o dudosas contenidas en la parte resolutiva del proveído, o que influyan en ella.

2º) Sobre la adición de la sentencia CSJ SL1829-2021

El hecho de que en la parte resolutiva de la sentencia se hubiese determinado anular el auxilio económico para preparación de pliego de peticiones, esto es, «De igual manera, La empresa Alimentos Cárnicos S.A.S. entregará a SINTRACARNE SUBDIRECTIVA BARRANQUILLA, un auxilio económico por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS M.L. ($10.000.000.00) para la preparación del pliego de peticiones», es indudable que al repulsar del ámbito jurídico la disposición arbitral, necesaria y rigurosamente también quedaron resueltas y excluidas, así no haya un pronunciamiento expreso, pero sí implícito, todas las circunstancias consecuentes, accidentales, de cumplimiento, de tiempo, modo y lugar que emanan de la obligación o que pendan de la existencia de la misma. A guisa de ejemplo las expresiones «Este auxilio se entregará a más tardar 60 días antes del vencimiento del Laudo Arbitral», pues si la obligación desapareció del mundo jurídico, se exhibe impensable que el plazo permanezca indemne. Expresado en otras palabras, pero conservando idéntico fin: anulada la cláusula arbitral que estatuía el reconocimiento del auxilio económico, por lógica jurídica, igual tendría que suceder con absolutamente todo aquello que viene resguardado a su sombra, cualquier cosa que brote de su génesis.

Pero es que a más de lo anterior, suficiente ya de por sí, recuérdese que esta Sala en providencia CSJ AL61806-2016 asentó que la parte motiva y la resolutiva de un fallo forma una sola unidad inescindible y, por tanto, la ratio decidendi y, por ende, la fuerza vinculante de la misma, debe verificarse «en lo que lógicamente, no formalmente, se identifica como parte dispositiva, determinando su sentido y alcance a partir de los elementos racionales que ofrece la parte motiva o considerativa», por lo que deben ser interpretadas sistemáticamente y no de manera insular.

En este orden de ideas, fluye con suficiente claridad que no quedó huérfano de decisión la parte que reprocha la recurrente, por lo que también habrá de negarse la adición del laudo arbitral mencionado.

III DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de nulidad, aclaración y adición incoada por la apoderada de la sociedad Alimentos Cárnicos S.A. de la sentencia CSJ SL1829-2021, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Dese cumplimiento a lo ordenado en la sentencia CSJ SL1829-2021 en el sentido de enviarse al Ministerio del Trabajo para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase.

      (Aclara Voto)

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

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SCLAJPT-05 V.00

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