GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrados ponentes
AL5567-2022
Radicación n.°92637
Acta 40
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022).
Decide la Sala el recurso de apelación formulado contra el auto proferido el 8 de noviembre de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y además, se procede a estudiar si es procedente el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida por la citada corporación, el 25 de junio de 2021, al interior del proceso especial de calificación de cese colectivo de actividades, promovido por la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL contra el SINDICATO NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL -EL VOCERO JUDICIAL-.
Discutido el presente asunto nuevamente y, al haber sido aprobado por la mayoría de los integrantes de esta Sala, se hace innecesaria la concurrencia de los conjueces previamente designados.
I. ANTECEDENTES
El Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, promovió proceso especial en contra del Sindicato Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial -El Vocero Judicial-, en los términos de la Ley 1210 de 2008, con el fin de que se declare, que de conformidad con el artículo 1.° y 125 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 2, 228 y 229 de la Constitución Política, la Administración de Justicia es un servicio público esencial y, por tanto, la suspensión o cese de actividades promovida por la referida organización sindical y protagonizada por los servidores judiciales de los Juzgados Civiles Municipales del Distrito Judicial de Bogotá, es ilegal, con arreglo a la causal 1.ª literal a) del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo.
En sustento de sus pretensiones, expuso, que a partir del 31 de octubre de 2018, en diversas sedes del Distrito Judicial de Bogotá, los servidores que laboran en los juzgados civiles municipales, iniciaron un ilegal cese de actividades, bajo el liderazgo del Sindicato Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial -El Vocero Judicial-, impidiendo el acceso de los usuarios a los despachos judiciales, generando traumatismo en la prestación del servicio público de justicia y la parálisis en el trámite de los diferentes procesos.
Informó, que el representante de la organización sindical manifestó, en entrevista radial el 20 de noviembre de 2018, que se continuaría en asamblea permanente de los funcionarios y empleados de los citados despachos. Que la suspensión de labores fue constatada por los Inspectores del Trabajo, respecto de los Juzgados 058 a 086 Civiles Municipales del Distrito Judicial de Bogotá, suceso que además constituye un hecho notorio y de público conocimiento (folios 1 a 8 y 15 a 24 cuaderno del Tribunal).
La organización sindical, al dar respuesta a la demanda y la reforma que se hiciera a esta (sesión de audiencia de 17 de junio de 2021 CD f. 326 cuaderno Tribunal), no se opuso a la declaratoria de que el servicio de administración de justicia es un servicio público esencial que goza de una especial protección, y que se debe garantizar su prestación en forma continua e ininterrumpida, pero sí a que se declare que la suspensión de actividades promovida por el Sindicato es ilegal.
En cuanto a los hechos, los aceptó parcialmente, por cuanto consideró que no existió un cese ilegal de actividades, pues si bien se impidió el acceso al público, los funcionarios laboraron a puerta cerrada, conforme se verifica del reporte de estadística del último trimestre de 2018 y el informe emitido por los Inspectores del Trabajo; el cual, estuvo justificado en las consecuencias que acarreaba las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PCSJA18-11127 del 12 de octubre de 2018, con el traslado de un empleado de los juzgados civiles municipales a los juzgados de pequeñas causas, y la redistribución de competencias, por cuanto con ello, se genera una mayor carga laboral para los despachos referidos, en perjuicio de los usuarios del servicio de la administración de justicia.
En su defensa, propuso como excepciones, inexistencia del cese de actividades, e inexistencia del sujeto pasivo demandado.
II. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda, una vez saneada mediante escrito del 29 de noviembre de 2018, fue admitida a través de providencia de la misma calenda, y se ordenó enterar a la organización sindical demandada y correr el traslado de rigor.
Efectuados los trámites pertinentes, a fin de obtener la notificación personal del auto admisorio de la demanda, al resultar infructuosos, se procedió por el Tribunal a nombrar curador ad litem, y ordenó, en los términos del artículo 29 del CPTSS y 108 del CGP, emplazar al demandado (fs. 40-41 cuaderno Tribunal), fijando el respectivo edicto en el TYBA el 10 de diciembre de 2018 (fs. 88-90 cuaderno Tribunal).
El 10 de diciembre de 2018, con la asistencia de la parte activa y la curadora ad litem, en representación del Sindicato, el juez colegiado, luego de negar la nulidad propuesta por la parte pasiva, mediante sentencia, declaró la ilegalidad del cese de actividades promovido y liderado por el sindicato -El Vocero Judicial-.
Contra la decisión anterior, interpuso recurso de apelación la parte pasiva, alegando que persistían los vicios de procedimiento denunciados, especialmente en la notificación al sindicato de la fecha de la audiencia en la cual se debía contestar la demanda, la cual debió ser personalmente y no por estado, y por el no agotamiento de los plazos y la ritualidad establecida en materia de emplazamiento y nombramiento de curador para la litis, por los artículos 29 del CPTSS y 108 del CGP.
Una vez recibido el expediente por esta Sala de la Corte, la organización sindical, asistida de mandatario judicial, mediante escritos del 14 y 18 de diciembre de 2018, solicitó declarar la existencia de las causales de recusación consagradas en el artículo 140 del CGP, frente a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia como del Tribunal Superior de Bogotá, así como la nulidad de todo lo actuado, por las razones expuestas por la curadora ad litem.
Esta Corporación, mediante providencia del 30 de enero de 2019, declaró carecer de competencia para decidir la recusación formulada contra los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Tribunal Superior de Bogotá, y no aceptó la presentada en contra de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, decisión que fue confirmada a través de providencia CSJ AL1689-2019 del 7 de mayo de 2019, emitida por Conjueces, previamente seleccionados (fs. 77 a 83 cuaderno 1 Sala Laboral de la Corte).
Dilucidado lo anterior, esta Sala, a través de providencia CSJ AL2172-2019 del 29 de mayo de 2019, desató la impugnación formulada contra la sentencia proferida el 10 de diciembre por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Superior de Bogotá, declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 3 de diciembre de 2018, al advertir que se pretermitió en el trámite de notificación a la parte pasiva, fijar previamente el aviso con la información señalada en el inciso tercero del artículo 29 del CPTSS, antes de proceder al nombramiento del curador ad litem y la notificación a este del aludido auto admisorio de la demanda, con lo cual se impidió su derecho de defensa y contradicción (fs. 88 a 102 cuaderno 1 Sala Laboral de la Corte).
El Colegiado, luego de declarar infundada la recusación formulada por la parte pasiva, por auto del 22 de octubre de 2019, dispuso la respectiva citación por aviso en los términos del artículo 29 del CPTSS, para la notificación personal del auto admisorio de la demanda al representante legal de la organización sindical, quien fuera notificado personalmente el 5 de noviembre de 2019, a través de funcionario judicial, en la dirección registrada en la demanda (f. 211 cuaderno del Tribunal), quien le entregó el respectivo traslado, mediante copia del auto admisorio de la demanda, escrito de subsanación, reforma del libelo de introducción procesal y del auto del 23 de octubre de 2019, mediante el cual se citó a las partes a la audiencia prevista en el numeral 4.º del Decreto 1210 de 2008.
En audiencia celebrada el 8 de noviembre de 2019, a la cual asistieron las partes, la organización sindical, previo a dar respuesta a la demanda, promovió incidente de nulidad, con fundamento en el art. 29 de la CN y el numeral 4.º del artículo 4.º de la Ley 1210 de 2008, por no haberse cumplido en legal forma el trámite de notificación del auto admisorio de la demanda, tal como lo ordenó esta Sala de la Corte, el cual, fue rechazado de plano por el Tribunal, al considerar que no se había vulnerado el debido proceso, en la medida en que estaba acreditado que dicha persona jurídica estaba enterada de su convocatoria a juicio y de la citación a audiencia en la cual debía contestar la demanda.
La anterior decisión, fue apelada por el apoderado de la organización sindical, al estimar que no fue notificada personalmente del auto admisorio de la demanda, como lo ordena el artículo 129 A del CPTSS, por cuanto, lo notificado el 5 de noviembre de 2019, fue el auto que ordenó obedecer y cumplir lo resuelto por el superior.
La impugnación fue concedida en el efecto suspensivo y, a través de providencia CSJ AL1796-2020 (fs. 108 a 113 cuaderno 1 Sala Laboral de la Corte), esta Corporación se abstuvo de resolver en aquel instante procesal, por cuanto en los términos del artículo 129 A del CPTSS, creado por el 4.º de la Ley 1210 de 2008, según el trámite allí regulado, es viable considerarle como un proceso plano, es decir, que los recursos de apelación que se interpongan contra las providencia que se dicten en su curso, se resuelvan de manera conjunta con la que se eleve respecto del fallo de primer grado.
Por auto del 27 de mayo de 2021, el Juez Plural, en cumplimiento de lo decidido por esta Sala, fijó fecha para continuar con la audiencia respectiva, para el 3 de junio de 2021, disponiendo su citación a las partes en los términos del Decreto 806 de 2020, diligencia que se extendió a la sesión del 17 junio de la misma anualidad, oportunidad en que la parte pasiva dio respuesta a la demanda, se admitió la reforma presentada por la parte activa y la respectiva contestación por la organización sindical, se decretó y practicó la prueba anunciada por las partes y se cerró el debate probatorio.
Finalmente, en vista del 25 junio de 2021, se dio a conocer por el sindicato, la declaratoria de disolución y liquidación judicial de dicha organización, emitida por el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, el 10 de junio de la misma calenda, y se entró a proferir sentencia.
III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 25 de junio de 2021, resolvió declarar la ilegalidad del cese de actividades promovido y liderado por el SINDICATO NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL -EL VOCERO JUDICIAL-, entre el 31 de octubre de 2018 y el 11 de enero de 2019, a quien le impuso las costas de primera instancia, y dispuso comunicar tal decisión al Ministerio del Trabajo.
Al no haberse presentado recurso por la parte demandada, al ser desfavorable la decisión a los intereses de la organización sindical y de paso a los trabajadores, dispuso remitir a esta Corporación, en el grado jurisdiccional de consulta, en los términos del artículo 69 del CST.
IV. CONSIDERACIONES
Por razones de orden metodológico, en los términos del artículo 323 del CGP, la Sala estudiará en primer lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido el 8 de noviembre de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y, luego, abordará la procedencia o no de desatar el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia de primera instancia.
Nulidad por indebida notificación
En lo concerniente al recurso de apelación formulado por el apoderado de la organización sindical contra el auto del 8 de noviembre de 2019, a través del cual, el Tribunal rechazó el incidente propuesto por la parte pasiva, al estimar esta que existe una nulidad constitucional por indebida notificación del auto admisorio de la demanda, por cuanto no se cumplió con lo ordenado por esta Sala de la Corte, y por lo previsto por el artículo 4.º del Decreto 1210 de 2008, se observa que, una vez revisado el trámite de la actuación cuestionada, la razón está del lado de la decisión adoptada por el juez de primer grado.
Lo anterior, por cuanto conforme se evidencia de las actas de remisión de aviso judicial de citación para notificación que reposa a f.° 128 y los anexos de fs. 129 a 197, así como la actuación que milita a f.° 211 del cuaderno principal, es claro que el juez observó con estricto rigor jurídico lo señalado por los artículos 4.º del Decreto 1210 de 2008, 41 y 29 del CPTSS, y 292 del CGP, en el trámite de notificación personal al representante legal de la organización sindical tanto del auto admisorio como de la citación a audiencia, al interior de la presente causa.
Como se puede observar, después de avocar el conocimiento y ordenar cumplir con lo dispuesto por esta Sala, en providencia de 29 de mayo de 2019, mediante autos del 22 y 23 de octubre de igual anualidad, el Tribunal elaboró el aviso de citación para notificación personal, y la parte demandante el 23 de octubre de 2019, lo remitió vía correo certificado a la dirección que tenía registrada la organización sindical (según constancia de la empresa de correos 472 f. 127), en el cual, en lo que interesa a la decisión, se tiene que se advirtió a su destinario, que de no comparecer dentro de los 10 días siguientes a la entrega o fijación de dicho aviso a «notificarse personalmente del auto admisorio de la demanda», se le designaría curador para la litis, de conformidad con el inciso 3.º del artículo 29 del CPTSS y 292 del CGP, adjuntando además, copia del auto admisorio de fecha 29 de noviembre de 2018, de la demanda, del auto de cúmplase y orden de notificar en debida forma con fecha del 22 de octubre de 2019-, y del escrito de saneamiento de la demanda.
En los anteriores términos, resulta claro, entonces, que la citación para notificación personal del auto admisorio se ajustó a los lineamientos previstos en el inciso 3.º del artículo 29 del CPTSS, y el artículo 292 del CGP.
Adicional al trámite anterior, se logra verificar que atendiendo a la agilidad y rapidez que debe imprimírsele a este tipo de procesos especiales, en tanto por los intereses en controversia requieren de una solución pronta y cumplida, ajustando lo señalado en los preceptos citados al trámite especial que demanda el presente proceso, conforme con lo estipulado por el artículo 40 del CPTSS, el juez colegiado dispuso, por auto del 31 de octubre de 2019 (f.208), notificar personalmente al representante del sindicato, a través de un funcionario de la secretaría del Tribunal, lo cual se cumplió el día 5 de noviembre de 2019, conforme se observa a folios 211 del cuaderno de primera instancia.
Así mismo, para ese momento se le notificó al señor Luis Orlando Chichilla Vargas, el auto de fecha 23 de octubre 2019, a través del cual se le cita para acudir la audiencia prevista por el artículo 4.º del Decreto 1210 de 2008, esto es, al tercer día siguiente de la notificación, a las 2:15 p.m., en el cual debía dar respuesta a la demanda, oportunidad en la que se dejó constancia, que se le hizo entrega del referido proveído, de la demanda, el escrito de saneamiento y de la reforma a la misma, y del auto admisorio.
Tal proceder estima la Sala, se ajustó no solo a lo ordenado por esta Corporación en providencia CSJ AL2172-2019, al corregir la citación por edicto y abstenerse de nombrar curador para la litis sin que se venciera el término para comparecer a la notificación personal, sino a lo señalado por el numeral 4.º del artículo 4.º del Decreto 1210 de 2008, que nos indica en sus incisos 1.º y 2.º que:
[…] Admitida la demanda, el Tribunal en auto que se notificará personalmente y que dictará dentro del día hábil (1) siguiente citará a las partes para audiencia. (Negrillas fuera de texto)
Esta tendrá lugar el tercer (3er) día hábil siguiente a la notificación y en ella se contestará la demanda. Acto seguido, se adelantará la audiencia pública para el saneamiento del proceso, decisión de excepciones previas, la. fijación del litigio, el decreto y la práctica de las pruebas, se dará traslado a las partes, para el ejercicio del derecho de contradicción, para que oralmente expongan sus razones, las cuales versarán sobre las pruebas admitidas. Si la Sala estimare necesario otra u otras pruebas para su decisión, las ordenará y practicará sin demora alguna y pronunciará el correspondiente fallo, que se notificará en estrados contra el cual procederá el recurso de apelación en el efecto suspensivo, que se interpondrá y sustentará, en el acto de notificación; interpuesto el recurso la Sala lo concederá o denegará inmediatamente.
(…)
Conforme a lo destacado, y contrario a lo estimado por el recurrente, resulta claro que, mediante esta última actuación, se notificó personalmente al representante legal del sindicato, tanto del auto de citación para audiencia, como del admisorio de la demanda, y se le corrió traslado de ella, no solo del saneamiento de esta, sino además, de la reforma presentada por la demandante.
Así las cosas, lo destacado resulta suficiente para confirmar la decisión de negar la solicitud de nulidad presentada por la organización sindical, relevándose la Sala de analizar los demás argumentos expuestos por el juez colegiado para rechazar el incidente de nulidad, relacionados con la notificación por conducta concluyente, por cuanto aquéllos, como bien lo advirtió la falladora, ya fueron objeto de estudio en la providencia CSJ AL2172-2019, emitida por esta Sala.
¿En el proceso especial de Calificación de la suspensión o paro colectivo del trabajo, es procedente el grado jurisdiccional de consulta?
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, una vez declaró la ilegalidad del cese parcial de actividades promovido por el Sindicato Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial -El Vocero Judicial-, ordenó remitir la sentencia a esta Corporación en el grado jurisdiccional de consulta, por cuanto no se interpuso recurso alguno por las partes, y advertir que la decisión era desfavorable a los intereses de la organización sindical y de paso a los trabajadores.
En el caso de los procesos del trabajo y de la seguridad social, conforme al artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, procede la aludida consulta cuando: 1º) las sentencias de primera instancia fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador –o afiliado o beneficiario, según el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007--, si no fueren apeladas; y 2º) las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al departamento o al municipio. Además, el citado artículo 14 de la Ley 1149 de 2007 estableció que también serían objeto de consulta 3º) las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante, caso en el cual se informará al Ministerio del ramo respectivo y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la remisión del expediente al superior.
Pues bien, en sentir de la mayoría de esta Sala, en el proceso especial de la calificación de la suspensión o paro colectivo del trabajo, creado por la Ley 1210 de 2008, no es procedente el grado jurisdiccional de consulta dado que la sentencia de primera instancia que dispone la ilegalidad de la huelga no afecta de manera directa derechos perseguidos judicialmente por los trabajadores. Expresado en otras palabras, dicha providencia no tiene el carácter de ser definitiva y, en ese contexto, no afecta derechos laborales de estirpe individual, en la medida en que, en estricto rigor, no constituyeron materia de la controversia al ser ajena, por completo, de los temas planteados en ese litigio.
Bajo esa tesitura, es de suma importancia no perder el rumbo del faro o de la brújula señalado en la sentencia CSJ SL1947-2021, en cuanto a que la declaratoria de ilegalidad de la huelga no puede producir consecuencias automáticas. Esto es, la declaratoria judicial de ilegalidad no puede trasvasarse sin más al ámbito individual; no puede generalizarse para reprimir a los trabajadores injustamente.
Desde esta específica perspectiva, entonces, la revisión judicial de la legalidad de la huelga tiene sus propios cauces, causales y su objeto es constatar la conformidad de un acto colectivo de conflicto con la legislación nacional para que el empresario pueda recuperar su producción; otra cosa bien distinta ocurre en las relaciones individuales de trabajo, en las que deben constatarse situaciones individuales y específicas.
En este punto, conviene recordar que en reciente sentencia CSJ SL720-2021, la Sala afirmó que «la huelga es un derecho fundamental de los trabajadores, atribuidos a ellos individualmente, ya que son los que deciden interrumpir o no su trabajo, secundar o no un cese», aunque su ejercicio es colectivo. Esto significa que a partir de un fallo que revisa una acción colectiva, en abstracto, no pueden derivarse consecuencias o sanciones automáticas para los huelguistas. La reflexión sobre cada situación individual es indispensable en clave de constatar si hubo excesos o extralimitaciones en su ejercicio, pues, se repite, cada trabajador es dueño de la forma en que exterioriza su actividad.
En la providencia memorada, CSJ SL1947-2021, la Corte también adoctrinó que el artículo 450, numeral 2.º del Código Sustantivo del Trabajo debe ser interpretado bajo el entendido que el solo hecho de haber organizado y/o participado en una huelga ilegal no es causa suficiente de despido. Por tanto, es necesario un examen de la conducta del trabajador con el propósito de constatar si durante la misma incurrió en actos indebidos, extralimitaciones o desviaciones no protegidas por el orden jurídico, como podrían ser los actos delictivos, violencia física, sabotaje, destrucción de archivos y documentos, develación de información confidencial, acciones prohibidas que ponen en riesgo la vida o seguridad de las personas, entre otras conductas que deberán sopesarse según su gravedad.
Así, la Sala concluyó que la simple calificación de ilegal o ilícita de una huelga es insuficiente por sí sola para dar por terminados los contratos de trabajo sin la valoración subjetiva correspondiente.
Precisamente por lo explicado y a diferencia de lo que sucede en los procesos especiales de fuero sindical, en este último sí es viable el grado jurisdiccional de consulta dado que la decisión desfavorable afecta directa e íntegramente al trabajador, es materialmente opuesta a sus intereses, al margen de la calidad de demandado o demandante y así tal garantía se predique a favor de la organización sindical.
De otra parte, para garantizar el derecho de defensa y contradicción de la organización sindical, el numeral 4º del artículo 4º de la Ley 1210 de 2009, estatuyó la doble instancia, la cual se puede cumplir a través del recurso de apelación que procede en contra de la sentencia de primera instancia, mecanismos que aseguran una recta, eficaz y adecuada administración de justicia. Ahora, quien pudiendo apelar asume la conducta de guardar mutismo, supone que se conformó con la decisión y, en ese contexto le es aplicable el añejo estribillo de que quien no recurre se atiene a la adversidad.
Por último, la norma instrumental por ser orden público y de carácter excepcional debe ser interpretada de manera restrictiva, pues de lo contrario la excepción se convertía en la regla general.
En consonancia con lo consignado, no hay lugar a examinar la sentencia proferida el 25 de junio de 2021, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en grado jurisdiccional de consulta, dentro del presente proceso.
Sin costas.
V. DECISIÓN
Por lo expuesto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido el 8 de noviembre de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dictado en el proceso especial de calificación de huelga que promovió la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL contra el SINDICATO NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL “EL VOCERO JUDICIAL”.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida el 25 de junio de 2021, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso especial de calificación de huelga que promovió la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL contra el SINDICATO NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL “EL VOCERO JUDICIAL”.
TERCERO: RELEVAR de su función a los conjueces previamente designados dentro del presente proceso.
CUARTO: Sin costas.
QUINTO: DEVOLVER la actuación al tribunal de origen para los fines pertinentes.
Notifíquese y cúmplase.
(Aclara Voto)
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
(Salva Voto Parcial)
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR