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FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL3127-2022

Radicación n.°90126

Acta 25

Bogotá, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintidós (2022).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 11 de agosto de 2020, en el proceso que MARÍA MARCELA DEL PILAR PÉREZ MONTERO promueve en su contra y al que fueron vinculadas la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES, LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - OFICINA DE BONOS PENSIONALES, y LA UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES - UGPP-.

AUTO

Téngase a la doctora Martha Cecilia Rojas Rodríguez, identificada con C.C. No. 16.736.240 portadora de la T.P. 56.392 del C.S. de la J., como apoderada sustituta de la parte opositora Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, en los términos y para los efectos del memorial visible en el cuaderno digital de la Corte.

Téngase al doctor Mauricio Alberto Robayo León, identificado con C.C. No. 1.018.408.415 portadora de la T.P. 244.084 del C.S. de la J., como apoderado sustituto de la parte opositora Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos y para los efectos del memorial visible en el cuaderno digital de la Corte.

I. ANTECEDENTES

La accionante demandó a la AFP en procura de que, previas las declaraciones de rigor, fuera condenada al pago de la pensión de vejez anticipada, a partir del 13 de agosto de 2013, en cuantía de $1.062.574, junto con los incrementos anuales de acuerdo con el I.P.C., las mesadas pensionales ordinarias y adicionales causadas y que se causaren durante el proceso; los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o la indexación; el pago de lo ultra y extra petita que se llegare a demostrar en el proceso y, las agencias y costas del proceso.

En soporte de sus súplicas, afirmó que: nació el 29 de mayo de 1959, por lo que para la fecha de la demanda contaba con 57 años; cotizó alrededor de 20 años al Sistema General de Pensiones, con ingresos superiores al salario mínimo legal mensual vigente; estuvo afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el entonces Instituto de los Seguros Sociales -ISS-, hoy Colpensiones, desde el 30 de diciembre de 1982 y hasta el 17 de abril de 1997, anualidad en la que se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por la AFP Porvenir S.A.; en resumen, sus cotizaciones se realizaron de la siguiente manera:

a.) Entre el 29/04/1983 al 23/06/1991 cotizó con el empleador Ministerio de Hacienda y Crédito Público, […]

b) Entre el 28/05/1992 al 20/09 /1992 cotizó con el empleador Instituto Colombiano de Comercio Exterior […]

c.) Entre el 21 /09 / 1992 al 30/04/ 1997 cotizó con el empleador Fiscalía General de la Nación […]

d.) Entre el 01 /05/1997 al 28/02/1998 cotizó con el empleador Fiscalía General de la Nación […]

e.) Entre el 01/04/1998 al 28/02/1999 cotizó con el empleador Instituto de Seguros Sociales -ISS […]

f.) Entre el 01 /02/2000 al 28/02/2001 cotizó con el empleador Municipio de Medellín […]

g)  Entre el 01 /03/2007 al 30/11 /2009 cotizó concomitantemente con el empleador Grupo Falcón S.A. […]

[…] y de manera independiente, según reporte de historia laboral emitido por la AFP Porvenir S.A

Agrega que: toda su vida laboral cotizó sobre valores muy superiores al salario mínimo legal mensual vigente y, ante su situación económica, solicitó el 13 de diciembre de 2012, una simulación pensional para obtener la pensión de vejez de manera anticipada; la entidad le efectuó dos ejercicios, el primero, bajo el supuesto de no volver a hacer cotizaciones al sistema pensional y hasta la fecha de la consulta, diciembre de 2012; con base en el resultado positivo arrojado, su situación y el no tener empleo, el 6 de agosto de 2013, radicó los documentos para obtener la pensión anticipada de vejez; ante la falta de respuesta de la AFP Porvenir S.A., tanto de la solicitud como de las requerimientos elevados con fundamento en el derecho de petición frente a la pensión anticipada de vejez, el 14 de julio de 2014 instauró acción de tutela a la que la entidad de manera tardía contestó estaba trabajando en su historia laboral y que una vez se encontrara completa y sin inconsistencias, podría continuar con el proceso de petición pensional; ante el incidente de desacato que debió interponer para que se respondiera de fondo su petición, el 27 de agosto de 2014, la administradora le manifestó que el saldo actual en su cuenta individual de ahorro pensional, incluidos los rendimientos financieros, no le permitían acceder a una pensión de vejez; el 28 de agosto de 2014 Porvenir S.A. le envió para su verificación su historia laboral para que, en caso de estar de acuerdo, diligenciara el formato de emisión y la remitiera debidamente firmada a fin de agilizar el trámite del Bono Pensional y continuar con la gestión de su solicitud; el 9 septiembre de 2014, por solicitud de la accionada, volvió a firmar, por segunda vez, los documentos requeridos, puesto que desde que radicó la petición inicial había diligenciado todos los formatos y firmado la historia laboral; a la data de la interposición de la demanda no ha recibido respuesta a pesar que según las proyecciones de la AFP y la realizada por un consultor actuarial tiene derecho a la pensión anticipada de vejez con una mesada para el año 2013 de $1.062.574.

Porvenir, al contestar el escrito generatriz de la controversia, se opuso a todas y cada una de las pretensiones incoadas; en cuanto a los hechos, aceptó los relativos a la reclamación pensional, la acción de tutela interpuesta, pero aclaró que no había dejado de realizar ninguna de las actividades que le correspondían y que el estado de la reconstrucción de la historia laboral de la accionante se debía a la negligencia de las entidades encargadas de efectuar el trámite pertinente, en el que ella era una simple intermediaria, puso de presente que se habían presentado 43 actualizaciones diferentes, lo que hizo imposible elevar la solicitud del bono pensional.

Adicionó que conforme al Decreto 657 de 1994, las proyecciones efectuadas no tenían fuerza vinculante y que no podía definirse el capital suficiente cuando no se había integrado a la cuenta de ahorro individual, que era con cargo a la cual se pagaba la pensión; además, de que la demandante en el formulario F seleccionó la modalidad de renta vitalicia, diferente a la pretendida.

En su defensa, propuso la excepción de falta de integración del litis consorcio necesario con el otrora Instituto de Seguros Sociales y la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Oficina de Bonos Pensionales; buena fe, falta de causa y título para pedir, no ser beneficiario del régimen de transición o de la garantía de pensión mínima, prescripción, compensación y la genérica.

El Juzgado, mediante auto interlocutorio del 27 de febrero de 2018, decidió convocar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a Colpensiones como litisconsortes necesarios por pasiva.

El Ministerio de Hacienda, al dar contestación a la demanda, se opuso a todas y cada una de las pretensiones incoadas; en cuanto a los hechos, aceptó los referidos al tiempo de aportes de la accionante y su afiliación al sistema pensional conforme a lo que reposa en su base de información; de los restantes indicó que no le constaban.

En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y ausencia de responsabilidad de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público; falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe y la genérica.

Colpensiones no presentó oposición a las pretensiones dado que no se dirigían en su contra, salvo aquellas que en virtud de las facultades ultra y extra petita implicaran su responsabilidad, así como, a la condena en intereses moratorios por haber actuado bajo el marco legal. Frente a los hechos aceptó la información de nacimiento de la accionante, la afiliación a la entidad conforme a la historia laboral, la radicación de la solicitud de pensión de vejez, la tutela interpuesta y el diligenciamiento de los formatos por la demandante para obtener su bono pensional; de los restantes manifestó que no le constaban.  

En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción y la que denominó «innominada o genérica».

Por auto de fecha 13 de agosto del año 2018, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, llamó a la U.G.P.P. a hacer parte de los accionados en el proceso en calidad de litisconsorte necesario por pasiva.

La Unidad vinculada al dar respuesta, se opuso al éxito de las pretensiones; señaló que no le constaba la situación fáctica y puso de presente que los referidos como hechos del 19 al 21 no eran tales pues constituían afirmaciones que encerraban una pretensión. Como medio de defensa propuso la falta de legitimación por pasiva.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 5 de diciembre de 2018, absolvió a las entidades encartadas de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra. Sin costas en la instancia.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolverse el recurso de apelación propuesto por la accionante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, con fallo del 11 de agosto de 2020, revocó la sentencia impugnada y, en su lugar, condenó a la A.F.P Porvenir S.A. al reconocimiento y pago de la pensión anticipada de vejez a la promotora del proceso a la edad de 54 años, en los términos del artículo 64 de la Ley 100 de 1993; efectiva a partir del 6 de agosto de 2013 -fecha de la solicitud-, con una mesada no inferior a $975.000 «proyectada por el fondo pensional en documento calendado el 13 de diciembre de 2013, sin volver a cotizar,» 13 mesadas al año con los ajustes futuros de ley; los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 7 de diciembre de 2013, día posterior al vencimiento de los 4 meses con que contaba para resolver la petición; autorizó los descuentos de salud con cargo de la demandante sobre el monto de las mesadas ordinarias. Costas en ambas instancias a cargo de la parte vencida.

Mantuvo la absolución frente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Colpensiones y la UGPP.

En lo que estrictamente interesa al recurso de casación, la sala sentenciadora circunscribió el problema jurídico a:

[…]establecer si es viable el otorgamiento de pensión de vejez a la demandante, en los términos previstos por los artículos 64 y 81 de la Ley 100 de 1993, la fecha a partir de la cual se da el disfrute de la prestación, el número de mesadas, la procedencia o no de intereses moratorias regulados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, indexación y condena en costas.

Halló acreditado que la demandante nació el 29 de mayo de 1959; de acuerdo con la historia laboral válida para la  expedición de bono pensional laboró para: el Ministerio de Hacienda y Crédito Público entre el 30 de diciembre de 1982 y el 23 de junio de 1991, para el Instituto Colombiano de Comercio Exterior Incomex entre el 28 de mayo y el 20 de septiembre de 1992, Fiscalía General de la Nación del 21 de septiembre de 1992 al 30 de abril de 1997, con liquidación provisional de bono pensional en el aplicativo de la O.B.P. del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre un total de 4.897 días, equivalentes a 700 semanas, fecha de redención normal el 29 de mayo de 2019, cumplida la edad de 60 años; presentaba aportes a la A.F.P. Porvenir S.A. con el empleador  Fiscalía General de la Nación entre el mes de mayo de 1997 y febrero de 1998, con el empleador I.S.S. de abril de 1998 a febrero de 1999, con el Municipio de Medellín de febrero de 2000 a febrero de 2001, con el Grupo Falcón marzo y abril de 2007 y septiembre de 2008 a noviembre de 2009, presentaba aportes como independiente de mayo de 2007 a septiembre de 2008 según historia laboral (f. 47), con saldo total en la cuenta de ahorro individual para pensiones obligatorias al 13 de diciembre de 2012 de $74.415.930 y al 28 de julio de 2015 de $87.386.072 (f. 32).

Evidenció lo que la administradora indicó que el bono pensional tenía:

[…] fecha de corte 01/ 1997, de redención mayo 29/2019, como cuota negociable antes de fecha de redención $189.503.554, bono negociable $168.000.000, efectuando proyección de mesada pensional así: a los 53 años 944.800,oo; a los 54 años $975.000,oo; a los 55 $1.044.000,oo y a los 57 $1.195.000,oo fls. 24 a 26; suscribiendo la demandante documentación de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda contentiva de la historia laboral expedida el 14 de agosto de 2014 fls. 49 y ss., documento para reclamación de pensión de vejez fls. 53 y ss., autorización al fondo privado accionado para solicitar a la OBP la emisión y expedición del bono pensional, en la que se deja la siguiente constancia pre impresa: manifiesto que he sido asesorada sobre todas las implicaciones en la negociación del bono pensional, en particular sobre el descuento que se aplica a su valor en función del término que falta para su redención/ y dejó constancia expresa que esta solitud tiene como único propósito acceder a la pensión anticipada fls. 54, y también suscribió autorización al fondo para cotización de póliza de renta vitalicia con 3 compañías aseguradoras legalmente autorizadas fl. 55 y 175.

El colegiado, para llegar a su decisión, abordó la procedencia de la pensión de vejez bajo la égida del artículo 64 de la Ley 100 de 1993 que contempla los requisitos de la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual con solidaridad, así como, la posibilidad de escogencia de modalidad por parte del afiliado conforme con el artículo 79 del mismo estatuto.

Con soporte en los hechos de la demanda y su contestación, afirmó que la accionante requirió la pensión anticipada de vejez ante la entidad de seguridad social que al respecto manifestó no haber dejado de realizar todos los trámites necesarios para atenderla y que había aclarado que, a la data de la contestación, no era diferente la situación puesto que la historia laboral de la señora Pérez Montero había sufrido 43 actualizaciones lo que tornó en imposible efectuar la solicitud de emisión de bono pensional.

Acotó que la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al dar respuesta a la prueba de oficio que ordenara, informó que se habían efectuado 44 solicitudes de liquidación del bono pensional por parte de la administradora, la última de las cuales data del 24 de enero de 2019 que registraba «un eventual bono tipo A modalidad 2/en el cual participa la NACIÓN como único emisor y contribuyente». Así mismo, puso de presente que con la explicación de las variables la liquidación del bono de la actora tenía como fecha de redención normal el 29 de mayo de 2019, momento en que la accionante llegó a los 60 años; ello conforme con el literal a) del artículo 20 del Decreto 1748 de 1995, compilado en el Decreto 1833 de 2016, de las normas del Sistema General de Pensiones.

Añadió que en el escrito de contestación del ente ministerial, una vez explicó los pasos a seguir para la emisión del bono, advirtió a favor de la demandante, que el estado del mismo era «liquidación provisional, lo que NO CONSTITUYE una situación jurídica concreta» y que a este solo habría lugar cuando la AFP Porvenir S.A., solicitara al emisor, previa autorización de la liquidación provisional por la beneficiaria del «título valor», procedimiento que hasta el 06 de abril de 2018 aparentemente no había tenido ocurrencia (fls. 444 vto.).

Con ello, estableció que, además de los aportes que la señora Pérez Montero tenía en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos generados en su favor, tenía un bono pensional tipo A, modalidad 2, en el cual participaba la Nación como único emisor y, que correspondía a:

[…] los que se expiden a favor de los trabajadores cuya primera vinculación laboral válida se inició antes del 1° de julio de 1992, lo que en efecto se acredita, entre otras con documentación obrante a fls. 241 y ss., al haber tenido vinculación laboral con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público entre el 30 de diciembre de 1982 y el 29 de agosto de 1991, y posteriormente con el INCOMEX hoy Ministerio de Industria y Comercio, la Fiscalía General de la Nación y el ISS empleador.

Enseguida, dejó por sentado que por disposición legal el interlocutor de los afiliados en la tramitación de los bonos pensionales era la administradora de fondos de pensiones, según lo establecía el artículo 20 del Decreto 656 de 1994 y 48 del Decreto 1748 de 1995, los cuales citó y que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala (entre otras sentencias la CSJ SL4305-2018 y CSJ SL196-2019), para que este hiciera parte del capital de financiación de la  pensión, debían agotarse las etapas de: a) conformación de la historia laboral del afiliado; b) solicitud y realización de la liquidación provisional; e) aceptación por parte del afiliado de la liquidación provisional; d)  emisión; e) expedición; f)  redención y g)  pago del bono pensional»; trazado ese derrotero en el caso concreto encontró que:

[…] este trámite ha tenido complicaciones en la primera etapa, esto es, conformación de la historia laboral, el que está a cargo de la AFP y para el que la ley tiene unos plazos perentorios dispuestos, íntegramente pretermitidos en detrimento de la afiliada, al punto que solicitándose la pensión anticipada de vejez como la denominó, el 06 de agosto de 2013, lo que expresamente se admitió por el fondo accionado en el escrito de contestación, hasta el 03 de junio de 2020 aún no se ha superado tal etapa, asumiendo la  AFP  Porvenir S.A., un rol pasivo ante la demora o imprecisión en el suministro de información por parte de las entidades oficiales en que laboró la demandante, requerida para la liquidación del bono pensional, esto es Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Instituto Colombiano de Comercio Exterior - INCOMEX y/o Ministerio de  Comercio Exterior, Fiscalía General de la Nación y Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS, pues como ella misma lo acepta al emitir pronunciamiento frente al hecho once, la historia laboral de la señora PEREZ MONTERO, ha sufrido 43 actualizaciones diferentes, por lo que ha sido imposible la solicitud de emisión de bono pensional, sin que a la fecha se hayan superado las inconsistencias advertidas en tal documentación, realizando, según la OBP del Ministerio de Hacienda una última solicitud de liquidación de bono pensional el 24 de enero de 2019, de la que no se tiene resultado en el expediente, y tampoco pidió la administradora la intervención de las autoridades disciplinarias o la aplicación de sanciones institucionales, ni solicitó certificación individual a dichos empleadores o la confirmación de los tiempos laborados dentro de los 30 días que el artículo 52 del Decreto 1748 de 1995 dispuso para tal efecto, precepto modificado por el artículo 14 del Decreto 1474 de 1997 y por el 22 del Decreto 1513 de 1998, normas encaminadas a garantizar el reconocimiento y cancelación oportuna de las pensiones, tal como se consagra en los artículos 48 y 53 de Superiores, sin que tal procedimiento pueda prolongarse de manera indefinida e injustificada, certificaciones laborales para bonos pensionales que mediante derecho de petición requirió la accionante en el mes de noviembre de 2017 fls. 228 y ss., y que fueron debidamente allegadas a este trámite por los empleadores relacionados, en el mes de diciembre del mismo año fls. 234 a 251.

Para el fallador quedó acreditado que la liquidación provisional del bono pensional en favor de la demandante para el 06 de agosto de 2013, ascendía a $200.229.000, y el valor a la fecha de redención normal, 29 de mayo de 2019, era de $323.892.000,oo «como se explica por la OBP a fls. 444 y ss, y contando para el mes de diciembre de 2012 en la cuenta de pensiones obligatorias con un capital de $74.415.930,oo, como lo certifica Porvenir S.A. fls. 24», era evidente que contaba con el monto necesario para financiar una prestación de vejez superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la edad de 54 años. En consecuencia, impartió condena a la administradora por el reconocimiento de la pensión en la modalidad de retiro programado conforme a lo peticionado sin perjuicio de que la accionante «si es su voluntad, una vez consolida su historia laboral, emitido y pagado el bono pensional, optar por contratar renta vitalicia conforme a la regulación legal».

Señaló que no era posible acoger la liquidación allegada con la demanda por cuanto difería de los valores establecidos en el trámite, imponiendo a la A.F.P., la obligación de efectuar la liquidación de la mesada aplicando las fórmulas que corresponden al valor del bono pensional para el 6 de agosto de 2013, «una vez consolidada la historia laboral y tramitada la emisión y expedición del mismo, teniendo en cuenta la redención anticipada, monto al que se debe sumar el contenido en la cuenta de ahorro individual».

Finalmente, condenó al pago por intereses moratorios, al considerar que era evidente la negligencia del fondo accionado en el cumplimiento de sus obligaciones relativas a la consolidación de la historia laboral, aceptando que en el caso de la actora había sufrido 43 actualizaciones diferentes, por lo que había sido imposible la solicitud de emisión del bono pensional y eventual negociación para atender su requerimiento, estando para este caso a cargo de entidades públicas la expedición de los certificados correspondientes, sin haber hecho uso de los mecanismos de ley para obtener la información correcta, y elevando un último requerimiento de liquidación de bono pensional a la O.B.P., el 24 de enero de 2019, «como se explica en escrito a fls. 444, sin que para el 03 de junio del año en curso se haya ingresado solicitud para emisión y redención de bono pensional, inobservando las normas relacionadas en acápites precedentes».

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Solicita la entidad recurrente que la providencia acusada se case y, en sede de instancia, se confirme el fallo del juez que absolvió a Porvenir S.A. de todo lo reclamado. De manera subsidiaria:

[…]case en forma parcial el fallo del Tribunal en cuanto condenó a reconocer intereses moratorios a partir del 7 de diciembre de 2013 y hasta que se pague lo debido a la demandante Pérez. Después, se pide que revoque la sentencia del juez a quo y, en sede de instancia, se condene a pagar intereses de mora desde el citado 7 de diciembre de 2013 hasta el 5 de junio de 2019 y a partir de ese día sólo se reconozca la indexación de las partidas adeudadas.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica y procede la Sala a resolver.

VI. PRIMER CARGO

Acusa la sentencia por ser violatoria de la ley sustancial por:

[…] la vía directa, por la aplicación indebida de los artículos 64 y 81 de la Ley 100 de 1993, 20 y 21 del Decreto 656 de 1994, 48 y 52 del Decreto 1748 de 1995 (compilados en los artículos 2.2.16.7.4 y 2.2.16.7.8, respectivamente, del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016), 141 de la Ley 100 de 1993 y 48 y 53 de la Constitución Política y por la infracción directa de los artículos 68 de la Ley 100 de 1993, 20 del Decreto 1513 de 1998 (compilado en el artículo 2.2.16.7.4 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016), 29 y 230 de la Constitución Política y 1° del Acto Legislativo 01 de 2005.

Para la censura el error del colegiado se evidencia en la comparación de la condena fulminada, con el contenido del artículo 68 de la Ley 100 de 1993, puesto que, sin que se hubiese conseguido en forma previa «la liquidación (y, por supuesto, emisión y redención) del bono pensional» de la señora Pérez por parte de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, obligó a la administradora de pensiones a sufragar la prestación, se insiste, sin contar con el multicitado bono, «que eventualmente podría no obtenerse y por lo cual quedaría en cabeza de Porvenir S.A. el deber de cancelar las mesadas sin contar con el capital suficiente para hacerlo».

Identifica que ello además de traer como consecuencia el asumir con su propio patrimonio el pago de las mesadas pensionales, contraría abiertamente el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005 del cual cita algunos apartes para con ello resaltar la obligación estatal de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional y la necesidad de que para el acceso a las pensiones deban cumplirse los requisitos de edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario.

Por otro lado, acude a lo dispuesto en artículo 21 del Decreto 656 de 1994 relativo a la responsabilidad de la administradora cuando por retardo imputable a su actuación, debe asumir pensiones provisionales con cargo a sus propios recursos para evidenciar la impertinencia de la condena cuando para el mismo fallador de segundo grado:

[…] fue patente que Porvenir S.A. llevó a cabo las gestiones necesarias para completar la historia laboral de la afiliada, no obstante lo cual, y por razones imputables a terceras personas, no pudo tener la certeza de que nada faltaba por agregar de forma tal que pudiera cumplir con su obligación legal establecida en el artículo 20 del Decreto 1513 de 1998 (compilado en el artículo 2.2.16.7.4 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016), esto es, certificar que no había cotizaciones pendientes de registrar para que la OBP a su vez pudiera proceder a la liquidación del bono pensional de conformidad con esa norma cuando consagra […]

Agrega que a pesar de que Porvenir S.A. hizo lo posible para conseguir la emisión del bono pensional de la accionante para que reuniera el capital previsto en el estatuto pensional, ello no llegó a feliz término, por causas imputables a terceras personas, por lo que:

[…] es palmaria la equivocación cometida al condenar a Porvenir S.A. a cancelar las mesadas pensionales desde el 29 de mayo de 2013 aun teniendo que acudir a su propio patrimonio para satisfacerlas en el evento de que el ahorro habido en la cuenta de ahorro de la afiliada no fuera suficiente para ello, pues, se recalca hasta la saciedad, esa orden parte del principio, a voces del artículo 21 del Decreto 656 de 1994, de que esa entidad hubiera rebasado culposamente los plazos fijados en la ley para dar una respuesta eficaz a la solicitud de pensión de vejez que le formulara la señora Pérez, circunstancia que en este caso no se dio en la medida en que, como lo admitió el Tribunal, la Administradora adelantó los trámites tendientes a conseguir la expedición del bono pensional pero no lo logró dadas las vicisitudes que tuvo que enfrentar en el curso del tiempo (se recuerda, en principio 43 actualizaciones distintas), conclusiones fácticas incluidas en el fallo del juzgador ad quem y las que en razón de la vía escogida para intentar el embate no se discuten.

Tal decisión, contraría abiertamente lo dispuesto en los artículos 29 de la Carta Magna y 1° del Acto Legislativo 01 de 2005.

VII. OPOSICIÓN (PARTE DEMANDANTE)

Afirma que la sentencia no desconoce el alcance del artículo 68 de la Ley 100 de 1993, sino que lo aplica de manera concordante con otras normas en atención a las particularidades del caso bajo su estudio, como lo es el procedimiento para la liquidación provisional de su bono pensional (el artículo 52 del Decreto 1748 de 1995), frente al que consideró que las gestiones desplegadas por la administradora no cumplieron los plazos ni las obligaciones que le correspondían y frente a las 43 actualizaciones sufridas por la historia laboral no se observa constancia en el expediente que permita saber en qué consistieron, quién las realizó y por qué persisten.

Seguidamente, cita un aparte del fallo para denotar la calificación del juez colegiado de la conducta la administradora y pruebas obrantes en el proceso, para señalar que siempre ha existido una actitud diligente de su parte con respecto a la documentación e información necesaria para la emisión del bono pensional y, de otro lado, que Porvenir S.A., por su rol pasivo frente al trámite del bono pensional no ha permitido que la afiliada concrete su derecho. Lo que llevó a la aplicación del artículo 21 del Decreto 656 de 1994, con fundamento en la Sentencia CSJ SL196-2019.

VIII. OPOSICIÓN CONJUNTA (MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO)

Acota que en el evento en que se resuelva romper la sentencia del Tribunal como en el supuesto que se mantenga su decisión, no puede existir una condena adicional o un incremento de la misma en su contra, pues el alcance de la impugnación en sede de casación sólo es revocar la pensión decretada en favor de la demandante o disminuir el valor de la condena impuesta a la A.F.P., Porvenir S.A., esto como quiera que ninguna petición elevada le es exigible al Ministerio, ni busca que se le endilgue alguna responsabilidad en el presente proceso; por lo que sería inviable que se extendieran los efectos de la decisión en perjuicio de sus intereses.

Precisa que, aun cuando se le dio el traslado correspondiente para presentar réplica a la demanda de casación, el Ministerio no se opone al fundamento del recurso, pues los efectos de la sentencia que lo decida no podrían cobijarlo de manera adversa.

IX. OPOSICIÓN CONJUNTA (COLPENSIONES)

Indica que, la absolución que fuera impartida en su favor no fue apelada, ni objeto de pronunciamiento por la sala sentenciadora y no se incluyó petición en la impugnación que la vinculara por lo que era forzoso concluir que no existía legitimación en la causa por pasiva para actuar por su parte.

En todo caso, indica que la entidad recurrente no cumplió con la carga técnica del recurso de casación pues no esbozó en qué consistió el error protuberante del que acusa la sentencia ni cómo la valoración probatoria condujo a la aplicación indebida de los artículos mencionados; a contrario sensu, solo se limita a mencionar la ausencia de valoración. No obstante, en cuanto al fondo de la acusación, indica que el colegiado hubiera acogido las peticiones de la demanda no implica el desconocimiento de la ley sustancial o el precedente judicial de su superior jerárquico. Por el contrario, se adecuó al precedente de esta Corporación.

X. OPOSICIÓN AL PRIMER CARGO (U.G.P.P.)

Indica, en esencia, que el escrito adolece de errores de técnica pues se extienden las alegaciones sin que se logre desmoronar el análisis jurídico-fáctico del Juez Colegiado, en el que quedó plenamente establecido que la A.F.P., no pidió su liquidación definitiva, ni solicitó su emisión efectiva; por manera que no fue indebida la aplicación del artículo 68 de la Ley 100 de 1993, ni los artículos 20 y 21 del Decreto 656 de 1994, así como, el artículo 52 del Decreto 1748 de 1995, el artículo 14 del Decreto 1474 de 1997, el artículo 22 del Decreto 1513 de 1998, y los artículos 48 y 53 de la Constitución Política.

XI. CONSIDERACIONES

Si bien el recurso no es un modelo, lo cierto es que del ataque se extracta una acusación jurídica encaminada a enrostrar a la sala sentenciadora, la violación de las normas de la proposición jurídica al haber condenado al pago de la pensión deprecada sin que se contara con el correspondiente bono pensional, fundamentado en el entendimiento del actuar omisivo de la entidad recurrente.

Dada la vía seleccionada no es objeto de discusión que: la accionante tiene derecho a un bono pensional tipo A, modalidad 2 en el que participa la Nación como único emisor, como consecuencia de haber tenido vinculación laboral con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público entre el 30 de diciembre de 1982 y el 29 de agosto de 1991 y, posteriormente, con el Incomex hoy Ministerio de Industria y Comercio, la Fiscalía General de la Nación y el ISS empleador; la historia laboral sufrió 43 actualizaciones diferentes, imposibilitando la emisión de bono pensional; la demandante diligenció y firmó la documentación de la historia laboral expedida el 14 de agosto de 2014 para reclamación de pensión de vejez, autorización al fondo privado accionado  para solicitar a la OBP la emisión y expedición del bono pensional, y suscribió autorización al fondo para cotizar la póliza de renta vitalicia con 3 compañías aseguradoras legalmente autorizadas; la A.F.P. pretermitió todos los términos para el trámite del bono y no solicitó la intervención de las autoridades disciplinarias o la aplicación de sanciones institucionales, ni solicitó certificación individual a dichos empleadores o la confirmación de los tiempos laborados dentro de los 30 días que el artículo 52 del Decreto 1748 de 1995 dispuso para tal efecto; el valor del título de deuda pública  para el 6 de agosto de 2013, es de $200.229.000 y, al 29 de mayo de 2019- fecha de la redención normal  ascendía a $323.892.000,oo; en la cuenta de ahorro individual, a diciembre de 2012, tenía un saldo de $74.415.930,oo.

Se recuerda que el colegiado para fulminar la condena se basó en que, además de los aportes y rendimientos de la accionante en la Cuenta de Ahorro Individual -C.A.I.-, tenía un bono pensional tipo A, modalidad 2, en el cual participaba la Nación; que el trámite del mismo le correspondía a la administradora de fondos de pensiones y que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, para que este hiciera parte del capital, debían agotarse determinadas etapas que presentan plazos perentorios, íntegramente pretermitidos en detrimento de la afiliada, lo que encontró fue admitido por la A.F.P., en la contestación pues señaló que hasta el 03 de junio de 2020 aún no se había superado la etapa.  

Entendió que ello era consecuencia del actuar pasivo del ente previsional ante la demora o imprecisión en el suministro de información por parte de las entidades oficiales en que laboró la demandante y que era requerida para la liquidación del bono pensional, esto conforme a lo afirmado por la accionada en cuanto a que la historia laboral había sufrido 43 actualizaciones diferentes, haciendo imposible la solicitud de emisión de bono pensional, por las inconsistencias advertidas en la documentación y la afirmación de la O.B.P. del Ministerio de Hacienda en cuanto a que el 24 de enero de 2019, se evidenciaba una última solicitud de liquidación de bono pensional.

Determinó que con la liquidación provisional del bono pensional que emitiera la cartera ministerial quedó acreditado en favor de la demandante su valor para el 6 de agosto de 2013, de $200.229.000 y, a la data de la redención normal -29 de mayo de 2019- de $323.892.000,oo; lo que sumado al capital de la cuenta de ahorro pensional $74.415.930,oo, certificada por Porvenir, le permitía contar con el monto necesario para financiar una prestación de vejez a la edad de 54 años en la modalidad de retiro programado, sin perjuicio de la elección que efectúe la demandante una vez consolidada su historia laboral.

El descontento de la censura gravita en torno a que no era procedente la condena a la A.F.P., a pagar la pensión soportado, entre otros, en el artículo 68 de la Ley 100 de 1993, dado que no se contaba con el bono pensional, el cual eventualmente podría no obtenerse, quedando en cabeza de la entidad de seguridad social el pago de una pensión sin el capital suficiente, lo que de paso contraría el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005 que contempla la obligación estatal de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional y que, para acceder a las pensiones deben acreditarse los requisitos, entre otros, el capital necesario.

Agrega que es impertinente la condena bajo la consideración de que de manera culposa hubiera rebasado los términos legales para el trámite del bono pensional con base en el artículo 21 del Decreto 656 de 1994, pues el mismo colegiado admitió que adelantó «los trámites tendientes a conseguir la expedición del bono pensional pero no lo logró dadas las vicisitudes que tuvo que enfrentar en el curso del tiempo (se recuerda, en principio 43 actualizaciones distintas), conclusiones fácticas incluidas en el fallo del juzgador ad quem y las que en razón de la vía escogida para intentar el embate no se discuten», por lo que son imputables a terceras personas.

Vistas las cosas en el contexto que acaba de describirse, le corresponde a la Corte elucidar si erró el tribunal al entender que procedía el reconocimiento de la pensión de manera anticipada a la accionante sin contar con la consolidación del bono pensional.

En aras de dar respuesta a los planteamientos expuestos en precedencia, menester resulta hacer las siguientes consideraciones:

Bien se conoce que, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, es requisito esencial para acceder a la pensión de vejez, que el afiliado posea en su Cuenta de Ahorro Individual -CAI- un capital que efectivamente le permita obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente, claro está, en armonía con lo dispuesto en el artículo 35 del mismo estatuto, concerniente a la pensión mínima. También se ha explicado que la determinación del acceso a la prestación en comento debe ser efectuado con total observancia de las normas que consagran la manera de realizar su cálculo. Por ejemplo, en las sentencias CSJ SL5658-2021, CSJ SL 2686-2021, que reiteraron la CSJ SL2512-2021, se adoctrinó:

[…] la determinación del capital necesario o saldo mínimo de pensión para acceder a la prestación de vejez, debe hacerse con estricto seguimiento de las normas que consagran cómo hacer este cálculo, incluyendo las variables a tenerse en cuenta, por ejemplo, las tablas de mortalidad, la existencia de beneficiarios del afiliado y su expectativa de vida. Esto para significar que no existe un monto preestablecido y que dependerá, en cada caso particular, de las condiciones personales y familiares del solicitante para encontrar cuál es el monto requerido para el acceso a la prestación. Negrita fuera de texto

En ese mismo horizonte, y en la misma providencia, se expuso que:

[…] el fundamento del artículo 64 de la Ley 100 de 1993 es, precisamente, que se reconozcan pensiones con recursos suficientes para su financiación, en el entendido que es una prestación a largo plazo y con alta probabilidad de ser sustituida en cabeza de los beneficiarios de segundo orden del afiliado».

A lo discurrido se suma que, acorde con lo dispuesto en  el Acto Legislativo 01 de 2005, tanto el reconocimiento de la prestación, como el monto de la mesada pensional, deben guardar correspondencia con lo acumulado en la CAI, toda vez que, una interpretación que escinda del cálculo para acceder al beneficio pensional el valor de la mesada a cancelar, conduce al acceso de la prestación sin el lleno de los requisitos de ley y, esto, por repercusión, golpeará  los recursos que en el tiempo permitan el pago de la misma.

Ahora bien, esta Corporación también ha dejado por sentado, en lo tocante al bono pensional, regulado en el artículo 115 de la Ley 100 de 1993, que representa el valor de los tiempos de servicio o cotización de un trabajador que se traslada de régimen y que en el R.A.I.S., se denomina bono tipo A, el cual para su consolidación depende de la información de la historia laboral, para que una vez afianzada y confirmada por los empleadores permita la emisión del bono, a efectos de que el mismo en la fecha correspondiente, sea redimido y pagado (CSJ SL5658-2021, CSJ SL2686-2021, CSJ SL2512-2021).

A este respecto, la Sala, en providencia CSJ SL4305-2018, razonó:

Del procedimiento para la liquidación, emisión y expedición de los bonos pensionales tipo A:

Para que el valor del bono haga parte del capital de financiación de la pensión, han de agotarse las siguientes etapas: a) conformación de la historia laboral del afiliado; b) solicitud y realización de la liquidación provisional; c) aceptación por parte del afiliado de la liquidación provisional; d) emisión; e) expedición; f) redención y g) pago del bono pensional. A continuación se describirán brevemente cada una ellas:

Una vez el beneficiario del bono realiza la solicitud, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Decreto 1513 de 1998, el primer paso para la tramitación del bono pensional es la conformación de la historia laboral del afiliado, que se realiza mediante la información que éste suministra a su AFP y la información que la AFP solicita a las entidades a las cuales el trabajador realizó cotizaciones diferentes al ISS. La información así obtenida es ingresada por la AFP al Sistema Interactivo que para el efecto tiene la OBP. La información sobre cotizaciones realizadas por el trabajador al ISS se obtiene del archivo masivo que para el efecto tiene el ISS. Si se presenta alguna variación posterior de esta información y así lo certifica el ISS, la AFP debe digitar esta nueva información en el Sistema Interactivo de la OBP.

Conformada la historia laboral, la AFP, en representación del afiliado, debe solicitar al emisor del bono pensional la liquidación de éste, para lo cual debe definir el salario base para el cálculo del bono pensional.

Con esta información, la OBP realiza un cálculo del valor del bono a la fecha de corte, cálculo que denomina liquidación provisional. Antes de la emisión del bono pensional se pueden producir diversas liquidaciones provisionales, dependiendo de la información y de la aceptación de la misma por parte del afiliado. Según lo dispone el inciso 9º del artículo 52 del Decreto 1748 de 1995, la liquidación provisional no constituye una situación jurídica consolidada. (negrilla fuera de texto)

Realizada la liquidación provisional, la AFP debe darla a conocer al afiliado, para que éste la apruebe y la firme de conformidad con lo estipulado en el artículo 7° del Decreto 3798 de 2003. Si no está de acuerdo, el afiliado debe explicar a la AFP sus razones para que se efectúen las correcciones a que haya lugar. Efectuados los ajustes, debe realizarse una nueva solicitud a la OBP de liquidación provisional.

Producida la aprobación de la liquidación provisional por parte del afiliado, la AFP debe requerir a la OBP la emisión del bono pensional, la cual se realiza mediante resolución por parte del emisor, en la que se consagran los datos básicos del bono pensional y los valores calculados a esa fecha, los cuales pueden variar.

La expedición del bono pensional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1513 de 1998, es el momento en que se suscribe el título físico o del ingreso de la información a un depósito central de valores, en el caso de la expedición desmaterializada de títulos. Un bono emitido se expide en uno de los siguientes tres casos: (1) por redención normal del bono pensional tipo A que se produce cuando el afiliado, cumple 62 años, si es hombre, o 60 años, si es mujer, o cuando el mismo completa mil semanas de vinculación laboral válida para el bono; (2) por redención anticipada del bono pensional tipo A que ocurre cuando el afiliado fallece, es declarado inválido, o no cumple con el requisito de las semanas exigidas para obtener la garantía de la pensión mínima ni cuenta con el capital suficiente para adquirir una pensión; y (3) por solicitud de la AFP, una vez ésta ha obtenido autorización escrita del afiliado para negociar el bono con el fin de obtener una pensión anticipada.

Por último, se produce el pago del bono pensional a la AFP, que consiste en el depósito de los dineros en la cuenta de ahorro individual del beneficiario.

De la historia laboral y las certificaciones válidas para liquidar los bonos pensionales:

En este orden de ideas se tiene que dentro del trámite para la expedición de bonos pensionales Tipo A se ha de cumplir con la conformación de la historia laboral del afiliado, puesto que, para la liquidación y emisión del bono, se utilizará aquella información laboral que haya sido confirmada directamente por el empleador o caja, fondo o entidad que deba dar certificación, según el caso, de forma oportuna. O aquella certificada a tiempo que no haya sido negada por alguno de estos, art. 52 del D. 1748 de 1995, modificado por los artículos 14 del Decreto 1474 de 1997 y 22 del D. 1513 de 1998.

Conforme al citado artículo 52, una vez el beneficiario eleva ante la AFP una solicitud de trámite de bono pensional, esa entidad debe establecer la historia laboral del afiliado con base i) en la información que este le haya suministrado y los archivos que la entidad posea y,  ii) en toda la información laboral que pueda incidir en el valor del bono y que sea confirmada, modificada o negada por quienes hayan sido empleadores del afiliado, o por las cajas, fondos o entidades de previsión social a las que hubiere cotizado. Realizado lo anterior, la AFP trasladará dicha información al emisor para que este dé inicio al proceso de liquidación provisional del bono.

Es de advertir que el legislador allí mismo previó que, si la entidad requerida para que allegue la información pertinente es de carácter público, se aplicará lo dispuesto en el artículo 6º del Código Contencioso Administrativ

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo.html#6. Si se trata de servidores públicos, el incumplimiento de este plazo será sancionado disciplinariamente del acuerdo con el Código Disciplinario Único, pero el legislador no previó los efectos del silencio administrativo positivo ni la presunción de veracidad de la información respecto de la cual se solicitó su confirmación o certificación.

Cuando un empleador deba certificar información laboral con destino a la expedición de un bono tipo A, en arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 del D.1748 de 1995, la certificación debe contar con los requisitos expresamente allí señalados, dentro de los cuales, entre otros ítems, debe estar especificado «g) Número total de días de interrupción por suspensión o licencia no remunerada; opcionalmente, fechas de iniciación y terminación de las interrupciones», como también «k) Fecha de expedición de la certificación y su número consecutivo».

Se puede colegir de la regulación del trámite para obtener la expedición del bono, que la conformación de la historia laboral con este fin no está a cargo exclusivo de la AFP, si no que se trata de un proceso complejo que si bien es ejecutado y coordinado por la AFP, en él también han de intervenir el afiliado, las entidades donde se estuvo afiliado y los empleadores, según el caso.  Puede estimarse que se trata de un trámite complejo, pero no por esto se ha eximir al aspirante a la pensión de llevarlo a cabo, puesto que la conformación de la historia laboral se justifica para reunir, de manera eficiente, cierta y efectiva, los medios económicos que permiten capitalizar las prestaciones pensionales, garantizando así el principio de sostenibilidad financiera de los recursos y procurar la eficiencia, la solidaridad y la universalidad en la protección de las personas frente a las contingencias que el sistema de seguridad social ampara (arts. 48 de la Constitución y 2 de la Ley 100 de 1993).

Durante el agotamiento de la conformación de la historia laboral del afiliado, las sociedades administradoras de fondos de pensiones que manejan el régimen de ahorro individual con solidaridad, así como aquellas cajas o fondos del sector público o privado que lo hacen en el régimen solidario de prima media con prestación definida, deben procurar la mejor utilización de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que la emisión y redención de los bonos pensionales se materialice en forma adecuada, oportuna y suficiente, a partir de una articulación de políticas, instituciones, regímenes y procedimientos que permitan, cuando a ello haya lugar, recaudar aquellos aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensione.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 59 del D. 1748 de 1995, adicionado por el artículo 25 del D. 1513 de 1998, se ha de tener en cuenta la intangibilidad de la historia laboral elaborada con base en un archivo masivo que haya sido utilizada para la emisión del bono pensional, ya que, según este precepto, tal historia sólo podrá ser modificada con el consentimiento del afiliado.

Así las cosas, es claro que para tener certeza de cuál es el saldo de la C.A.I. para determinar el cumplimiento de los requisitos de ley para acceder a la pensión de vejez, se requiere que se tenga consolidado el bono pensional, lo que claramente incluye sus inconsistencias.

Ahora, sin desconocer que la emisión del bono se puede tornar en un obstáculo para que el afiliado comience a disfrutar la pensión, la solución a esta situación «no es ordenar automáticamente, a la administradora el reconocimiento de la pensión, sin que se haya comprobado previamente el cumplimiento del requisito financiero que da derecho a percibir la prestación, porque, de aceptarse esto, se atentaría contra el mandato consagrado en el artículo 48 de la Constitución» (CSJ SL4305-2018).

Y es que, precisamente, para armonizar el mandato constitucional que instituye que para adquirir el derecho a la pensión se debe cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización «o el capital necesario», así como, las condiciones que señala la ley, con el derecho pensional del afiliado, a efectos de que no se vea dilatado en el tiempo el acceso a la pensión, la Corte, en sentencia CSJ SL12709-2016, enseñó:

Con el fin de conciliar el mandato constitucional y el derecho pensional del afiliado que ha cumplido, junto con los demás requisitos, el del capital para efectos de financiar una pensión de vejez, en una controversia como la presente, es menester para el juez, previamente a reconocer una pensión de vejez, tener la certeza de que tal prestación cuenta con los recursos económicos para ser financiada; y para esto, se debe entrar a examinar cada caso en particular, con miras a dilucidar si la no emisión del bono es una excusa para negar el derecho a la pensión, por encontrarse evidencia de que el afiliado reúne el capital; o si, en verdad, la falta de emisión no es atribuible a la AFP, como sería el caso en que la no emisión es por falta de la aprobación, sin fundamento, de la liquidación provisional del bono por parte del afiliado.

Una vez, en el proceso, se tenga determinado el monto del bono a emitir, entonces se podrá establecer si el accionante cumple con el requisito de capital para obtener el derecho a la pensión anhelada, que, para este caso, es la contenida en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993. A esta solución se llega de conformidad con lo previsto en los artículos 21 y 22 del DL. 656 de 1994:

Artículo 21º.- Las administradoras que incumplan el plazo establecido para pronunciarse respecto de una solicitud de pensión deberán pagar, con cargo a la respectiva cuenta individual de ahorro, una pensión provisional en favor del afiliado, calculada tomando en consideración los mismos criterios establecidos para la determinación de la mesada pensional a través de retiros programados. Esta pensión comenzará a reconocerse mensualmente a partir del día quince (15) hábil contado desde el vencimiento del plazo señalado para pronunciarse y deberá pagarse hasta el momento en el cual se efectúe el correspondiente pronunciamiento.

Del mismo modo, cuando no existan recursos suficientes para atender el pago de una pensión por falta de presentación oportuna de las solicitudes de pago de bonos pensionales, de las solicitudes de pago de las garantías mínimas estatales o de las solicitudes de pago de las diferencias a cargo de las compañías aseguradoras, por razones imputables a las administradoras, éstas deberán reconocer a los respectivos pensionados pensiones provisionales, con cargo a sus propios recursos.

En general, corresponderá a las administradoras asumir pensiones provisionales con cargo a sus propios recursos en todos aquellos casos en los cuales el afiliado no disponga de la totalidad de las sumas a que tendría derecho para atender su pensión por falta de cumplimiento oportuno y adecuado de sus obligaciones por parte de la administradora.

Parágrafo.- Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las demás sanciones personales e institucionales que puedan imponerse por el incumplimiento de las correspondientes obligaciones señaladas en el presente capítulo.

Artículo 22º.- En aquellos casos en los cuales se demuestre responsabilidad de la administradora en el retardo en pronunciarse respecto de una solicitud de pensión, la Superintendencia Bancaria ordenará el reembolso de las respectivas cuentas con cargo a los recursos de la entidad responsable.

En aquellos casos en que demuestren ante la Superintendencia Bancaria que las demoras en la presentación de las solicitudes de pago de bonos pensionales, de garantía de pensión mínima o de diferencias a cargo de las compañías aseguradoras no les son imputables, la superintendencia podrá autorizar su reembolso con cargo a los pagos que se reciban una vez presentadas aquellas.  Negrita fuera de texto.

Conforme a la providencia en comento y como se ha dejado por sentado, entre otras, en la sentencia CSJ SL2512-2021, por vía de excepción existe normativamente la posibilidad de establecer en cabeza de una administradora del R.A.I.S., la obligación, de manera temporal, de asumir el pago de la pensión con cargo a sus propios recursos, en virtud del artículo 21 del Decreto 656 de 1994 que, además de indicar la naturaleza jurídica de estas entidades, estatuyó, entre otros, su régimen de responsabilidad, partiendo de que si bien, son entidades de naturaleza privada, las mismas están en todo caso prestando el servicio público de la seguridad social que comporta la garantía de derechos mínimos, en el caso de los trabajadores afiliados al sistema pensional.

Entonces, sentadas las bases jurídicas aplicables al asunto, debe señalarse que la entidad recurrente en su ataque parte de una premisa equivocada, puesto que el juez de alzada no desconoció la normativa propia del R.A.I.S., para la financiación de la pensión, por el contrario entendió que el bono pensional, era necesario a efectos de que la accionante pudiera acceder a la pensión de manera anticipada; tuvo en cuenta que el trámite para la obtención del mismo, conforme a las etapas definidas en la regulación, corresponde a la A.F.P.- de manera que logre emitirse y ser negociado a fin de obtener la prestación, en este caso de manera anticipada; no obstante, con base en los soportes probatorios existentes consideró que la gestión de la entidad pensional para obtener el tan anhelado título de deuda pública fue omisiva ante la falta de información o confirmación por parte de las entidades obligadas a certificar o confirmar la historia laboral correspondiente, actuar que resulta acorde con la línea de pensamiento expuesta pues, antes de impartir condena se determinó la existencia del derecho. Ahora bien, si lo que pretendía la administradora era evidenciar que efectivamente había adelantado de manera diligente su actuación o, que el retardo se debió a terceros o al propio afiliado, la vía seleccionada no es la adecuada.

Como colofón se tiene que por lo explicado el basamento esencial de la sala sentenciadora fue mayormente fáctico y, conforme al sendero de ataque jurídico escogido por la censura, por repercusión, se entiende aceptado por lo que, a las claras, dejó libre de ataque pilares fundamentales de la decisión y, por ende, se mantiene incólume la sentencia atacada dada la doble presunción de acierto y legalidad con que llega ungida.

En realidad, no hay más que decir, para concluir que el ataque no sale avante

XII. SEGUNDO CARGO

Acusa la sentencia por la vía indirecta, en la modalidad de infracción directa de:

[…]los artículos 117 y 121 del Código General del Proceso, que rigen en virtud de lo establecido por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, violación de medio que llevó a la aplicación indebida del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y a la infracción directa de los artículos 8° de la Ley 153 de 1887, 63 y 1609 del Código Civil, 1° del Acto Legislativo 01 de 2005 y 29, 228 y 230 de la Carta Magna

Identifica como error:

[…] no dar por demostrado, estándolo, que como el expediente de este proceso fue repartido en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 19 de diciembre de 2018 y la sentencia respectiva se profirió el 11 de agosto de 2020, entre una y otra fecha transcurrieron más de los seis meses previstos en el artículo 121 del Código General del Proceso, resultando lesiva para Porvenir S.A. la demora injustificada del juez colegiado en dictar su fallo pues como secuela de ello ha de sufragar los intereses de mora a los que fue condenada durante un tiempo mucho mayor al previsto en las normas rectoras de la materia y por causas no imputables a la Administradora.

Señala que el error se deriva de la falta de apreciación del acta individual de reparto del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

Para dar desarrollo al cargo indica que el Tribunal citó los artículos 117 y 121 del CGP y señaló que, de la lectura del acta individual de reparto del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín (f°. 432 c1), se extrae que el expediente de este juicio fue repartido allí el 19 de diciembre de 2018 y la sentencia del juzgador de segundo grado se profirió el 11 de agosto de 2020, por lo que brota palmario que entre una y otra calenda transcurrió un año, siete meses y veintidós días, lapso que supera los seis meses fijados en la ley para que dicho fallador se hubiera pronunciado.

Agrega que la omisión del Tribunal de tener en cuenta el acta individual de reparto hizo que la demandada tuviera que asumir un costo adicional muy perjudicial por concepto de reconocimiento de intereses moratorios, a causa del retardo infundado en dictar sentencia soslayando el término de seis meses, de modo que, aplicando el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, bajo lo consagrado en los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 228 de la Constitución, es inequitativo que pague intereses de mora en el periodo del 7 de diciembre de 2013 y el 19 de junio de 2019, que sería la última fecha en que debió proferir el fallo de segundo grado, y, de ahí en adelante, asumir solo la indización de las sumas adeudadas, si hubiere lugar a ella.

XIII. OPOSICIÓN AL SEGUNDO CARGO (PARTE DE LA DEMANDANTE)

Expone que para dar aplicación a la nulidad prevista en el inciso 6° del Artículo 121 del Código General del Proceso, es necesario que la infracción sea alegada antes de proferirse la respectiva sentencia, conforme dispuso la Corte Constitucional en la sentencia CC C-443-2019, que declaró la inexequibilidad de la expresión “de pleno derecho”,  además, de ser saneable en los términos de los artículos 132 y subsiguientes de la misma codificación; lo que no se observa que el recurrente hubiera manifestado de manera oportuna la potencial nulidad derivada de la mora en dictarse la sentencia, una vez constató que habían transcurrido los plazos señalados en dicho artículo.

XIV. OPOSICIÓN AL SEGUNDO CARGO (U.G.P.P.)

Puso de presente que el casacionista pretende desbordar lo definido en el problema jurídico delimitado por la sede de segunda instancia, al reclamar que no procedía la imposición de los intereses moratorios por la extensión de los plazos definidos para la resolución de la segunda instancia, cuando en el trámite de la audiencia, en la sede de alzada en el proceso ordinario, dicha circunstancia no fue objeto de recurso alguno o de nulidad; por ende, no es cierto que no se hubiesen apreciado las pruebas o que se hubiesen apreciado indebidamente. Indica que el casacionista lo que pretende es que se le dé la interpretación parcialmente conveniente a la situación jurídica de la administradora.

XV. CONSIDERACIONES

Para dar respuesta al embate formulado baste citar la sentencia CSJ SL1163-2022 que resolvió la misma acusación que hoy se presenta:

La acusación se contrae a denunciar por la vía indirecta, por la  violación de medio, por infracción directa de los arts. 117 y 121 del CGP, la cual supuestamente ocurrió al imponérsele a la pasiva condena por los intereses moratorios más allá del 17 de agosto de 2015, fecha en que se venció el plazo de los seis meses que, en su criterio, tenía el juez colegiado para dictar la sentencia de segunda instancia y esta demora injustificada del sentenciador le resultó lesiva, pues, a causa de ello, debe sufragar los intereses de mora a los que fue condenada durante un tiempo mucho mayor al previsto en las normas rectoras de la materia y por causas que no le es imputable.

 Sobre la referida acusación, haciendo la salvedad de que sí es posible acusar la infracción directa por la vía indirecta (CSJ SL 1039-2020), la Sala considera que el Tribunal no incurrió en la infracción directa de los arts. 117 y 121 del CGP, comoquiera que estas disposiciones no son aplicables al procedimiento laboral, toda vez que no se dan los supuestos del art. 145 del CPTSS para acudir por analogía a la aplicación de tales preceptos, ya que el Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social tiene su propia regulación para garantizar a toda persona su derecho «…a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter» (nl. 1° del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

Sin el ánimo de ser exhaustivos en relacionar todos los mecanismos adecuados que prevé el procedimiento del trabajo y seguridad social para brindar las debidas garantías judiciales a las partes, a manera de ejemplo, se rememora que el art. 48 del CPTSS prevé que el juez asumirá la dirección del proceso, adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite. Igualmente, los arts. 30 y 71 ibidem prevé lo que debe hacer el juzgador en caso de que una o ambas partes sean contumaces.  Además, está previsto que las actuaciones procesales y la práctica de pruebas en las instancias se llevarán a cabo oralmente, en audiencia pública, so pena de nulidad, art. 42, ibidem.

En fin, el procedimiento del trabajo y seguridad social tiene sus propios mecanismos adecuados para ofrecer a las partes las garantías judiciales debidas, por lo que no se debe acudir a los arts. 117 y 121 del CGP, puesto que no hay un vacío legal que deba suplirse con estas disposiciones, en tanto que el art. 145 del CPTSS solo autoriza acudir al Código General del Proceso a falta de disposiciones en la especialidad. Inclusive, el mismo art. 1 del CGP reconoce que ese código regula la actividad procesal «en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios» y que se puede aplicar a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, «en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes».

Además, la Sala considera que el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, puede adoptar distintas medidas que sean adecuadas para brindar a toda persona las garantías judiciales debidas, atendiendo la especialidad de los derechos sustanciales que van a ser objeto de adjudicación por parte de los jueces, por lo que no necesariamente debe hacerlo de igual forma en todos los casos.  

En ese orden, si dentro del proceso laboral y de seguridad social no existe una regla similar al art. 121 del CGP, ello no significa necesariamente que hay una laguna normativa que deba suplir el juez, puesto que el legislador tiene adoptados otros mecanismos que sirven para la misma finalidad, según la especialidad del derecho, como son los previstos en el procedimiento laboral y de la seguridad social.

La pérdida de competencia del juzgador por no dictar la sentencia dentro de un plazo razonable que prevé el art. 121 del CGP no es la única forma de hacer efectivos los principios de celeridad y la garantía del plazo razonable, inclusive, puede llegar a ser contraproducente, como lo previó la misma Corte Constitucional en la Sentencia C-443-2019, cuando analizó el alcance del artículo 121 del CGP y declaró inexequible la expresión «de pleno derecho» contenida en el inciso sexto de dicho artículo y la exequibilidad condicionada del resto de este inciso, en el entendido de que «[…] la nulidad allí prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del Código General del Proceso».  

Resta decir que la Sala no desconoce la sentencia del Corte Constitucional T-334-2020 donde adoctrinó que el art. 121 del CGP sí es aplicable al procedimiento laboral y de seguridad social, sin embargo, por las razones antes expuestas, no comparte esa postura, y la misma solo produce efectos inter partes.

Así las cosas, no pudo incurrir el sentenciador de segundo grado en infracción directa de los arts. 117 y 121 del CGP, puesto que esos preceptos no aplican al proceso del trabajo y de la seguridad social. Vale recordar que para la prosperidad de una acusación por infracción directa de la ley, es indispensable que la norma acusada sea la que regule la controversia, pues de lo contrario, el cargo está condenado al fracaso, CSJ SL1269-2017.

Así trasladando los argumentos al caso en estudio, cambiando lo que haya que cambiar, debe indicarse que los artículos 117 y 121 del CGP no aplican al proceso del trabajo y de la seguridad social, por lo que resulta infructuoso el ataque.

En consecuencia, no hay lugar a quebrar el fallo acusado.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente y a favor de la replicante. Se fijan como agencias en derecho la suma de nueve millones cuatrocientos mil esos ($9.400.000.oo) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

XVI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 11 de agosto de 2020, en el proceso ordinario laboral que MARÍA MARCELA DEL PILAR PÉREZ MONTERO promovió en contra de  la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y al que fueron vinculadas COLPENSIONES, LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - OFICINA DE BONOS PENSIONALES, Y LA UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES - UGPP-

Costas como se indicó.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

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