Buscar search
Índice developer_guide

INSTRUCCION ADMINISTRATIVA 3 DE 2000

(febrero 21)

<Fuente: Archivo Superintendencia de Notariado y Registro>

<NOTAS DE VIGENCIA: Instrucción derogada por la Instrucción 19 de 2000>

PARA:Notarios y registradores de instrumentos publicos del pais.
DE:Superintendente de Notariado y Registro
TEMA:Ley 546 de 1999.

Fecha: Febrero 21 del 2000

Estimados Señores:

La ley 546 de 1999 fue publicada en el diario oficial No. 43.827 del 23 de diciembre de 1999, fecha ésta en que empezó a regir, al tenor de lo dispuesto en el artículo 58.

Esta Superintendencia, en ejercicio de las facultades contenidas en el Artículo 2o. numeral 2o. del decreto 2158 de 1992, ha estimado oportuno emitir algunas orientaciones generales al respecto.

I- CREDITOS A LOS CUALES SE APLICA LA LEY.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1o., 4o., 17., 38. y 39. de la Ley 546 de 1999, ésta se aplica a los créditos individuales de vivienda a largo plazo que otorguen las entidades mencionadas en el parágrafo del artículo 1o. y en los numerales 2o. y 6o., del artículo 4o., ellas son, las entidades del sector solidado, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito, las cooperativas financieras, los fondos de empleados, el Fondo Nacional del Ahorro, los establecimientos de crédito y los demás agentes que desarrollen actividades relacionadas con la financiación de vivienda tales como fondos hipotecarios, sociedades fiduciarias en su calidad de administradoras de patrimonios autónomos, sociedades titularizadoras y otros agentes o intermediarios, para adquirir vivienda nueva o usada o para construir vivienda individual, en los términos y bajo los efectos de la misma ley, denominados en Unidades de Valor Real (UVR) o en moneda legal colombiana, y a los créditos preexistentes individuales de vivienda que pasen del sistema UPAC a expresarse en moneda legal, colombiana por solicitud del deudor, o en UVR dentro de los plazos y bajo los parámetros establecidos en el artículo 17, o en los artículos 38 y 39 de la misma normatividad.

II- COMO ESTABLECER SI SE TRATA O NO DE UN CREDITO REGIDO POR LA LEY 546 DE 1999.

La ley no consagró procedimientos ni requisitos especiales destinados exclusivamente a que los notarios y los registradores de instrumentos públicos dilucidaran en los casos concretos, si se trata o no de un crédito regido por esta Ley.

En consecuencia, para establecer si el crédito de que se trata está regido por la Ley 546, consideramos que el notario debe examinar el texto de la minuta que le sea presentada, en la que consten los parámetros generales como son, que el crédito se otorgue por una de las entidades mencionadas en el parágrafo del artículo 1o. y en los numerales 2o. y 6o. del artículo 4o., a través del sistema UVR o en moneda legal colombiana; que la finalidad sea la de garantizar un préstamo destinado a la adquisición de vivienda individual nueva o usada o a la construcción de vivienda individual; que el plazo de amortización del crédito esté comprendido entre cinco (5) y treinta (30) años; y que la garantía sea una hipoteca de primer grado constituida sobre la vivienda financiada (art. 17). Si el contenido de la minuta no precisa tales situaciones, deberá solicitarle a lo comparecientes que hagan manifestación expresa de ellas en el texto de la escritura pública. En igual sentido los Registradores podrán guiarse por el texto de la escritura.

III- TARIFAS NOTARIALES Y REGISTRALES.

1. MARCO CONCEPTUAL

1.1. TARIFAS ORDINARIAS APLICABLES

Para determinar los derechos notariales y registrales a cobrar, es necesario, recordar que en materia de notariado, la tarifa ordinaria aplicable está consagrada en el decreto 1681 de 1996, incrementada para el presente año, a través de la Resolución No. 5338 de 1999, de esta Superintendencia, y a nivel registral, la establecida en el decreto 1708 de 1989.

Cuando se trata de viviendas que no son consideradas de interés social, el artículo 23 de la Ley 546 de 1999 en materia de la constitución o modificación de gravámenes hipotecarios, hace referencia a unos porcentajes sobre las tarifas aplicables ordinarias, es decir, las señaladas en las normas relacionadas en el aparte anterior.

Si se trata de viviendas de interés social, para los actos de constitución o modificación de gravámenes hipotecarios, se aplicará lo previsto en el artículo 31 de la Ley 546, esto es, los derechos notariales y registrales se liquidarán sobre el 40% y el 10% de las tarifas plenas (Parágrafo del articulo 31).

1.2. TARIFA ESPECIAL

Cuando se trate de una vivienda de interés social que cumple las condiciones establecidas en el decreto 2158 de 1995, modificado por el decreto 371 de 1996, no tiene aplicación la Ley 546 de 1999, puesto que estos decretos consagran tarifas más favorables para los usuarios más favorables para los usuarios. En consecuencia, el valor a cobrar es $5.000= en Notarías y $1.000= en Oficinas de Registro (Parágrafo del art. 31).

1.3. VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL NO SUBSIDIABLES Y SUBSIDIABLES

La vivienda de interés social, debe ajustarse a los parámetros establecidos en las leyes que contemplan los planes de desarrollo. Estos planes determinan los requisitos para que los inmuebles sean considerados viviendas de interés social.

En la actualidad, la Ley 508 de 1999 regula la materia, e indica que son viviendas de interés social, todos los planes de vivienda nueva, así como aquellos objeto de mejoramiento integral, debidamente aprobados por los municipios y distritos, cuyo valor sea inferior a 200 SMLM. Es decir, adquisición de vivienda nueva con recursos propios o subsidios, cuyo valor sea inferior a 200 SMLM, o los subsidios dados para el mejoramiento integral de lotes entendidos como unidad mínima desarrollable.

La calificación de la vivienda de interés social subsidiable y no subsidiable está dada en la misma ley, según las condiciones específicas establecidas por el Gobierno (Artículos 4o. numeral 18.1 Ley 508 de 1999 y 9o. del decreto 824 de 1999).

No es subsidiable, de acuerdo con la Ley 508 de 1999, la vivienda y los lotes con unidad mínima desarrollable considerados como vivienda de interés social en razón a que su valor es inferior a 200 SMLM, destinados a personas con ingresos mayores a 4 SMLM.

Es subsidiable, de acuerdo con la Ley 508 de 1999, la vivienda y los lotes con unidad mínima desarrollable considerados como vivienda de interés social y cuyo valor no exceda de 100 SMLM para municipios con población igual o inferior a 100.000 habitantes; 120 SMLM para municipios con población superior a 100.000 e inferior a 500.000 habitantes; y, 135 SMLM para municipios con población superior a 500.000 habitantes (Dcto. 824/99), destinados a personas con ingresos menores a 4 salarios mínimos legales mensuales.

Como criterio orientador, para determinar por parte de los notarios y registradores de instrumentos públicos la tarifa legal aplicable en la constitución o modificación de gravámenes hipotecarios señalados por la Ley 546, pueden acudir a la revisión de las cláusulas correspondientes a la forma de pago o de adquisición de los inmuebles, por cuanto en el evento de que éstos sean subsidiarios, en ella se indicará esta circunstancia. En caso de no mencionarse el subsidio, se entenderá que la vivienda no es subsidiable, sin desconocer el contenido del plan de desarrollo, y los. derechos notariales se cobrarán por el 40% de la tarifa ordinaria aplicable.

2. TARIFA APLICABLE EN LA CONSTITUCION O MODIFICACION DE GRAVAMENES  IPOTECARIOS.

2.1 VIVIENDA NO CONSIDERADA DE INTERES SOCIAL

La constitución o modificación de gravámenes hipotecarios a favor de un participante en el sistema especializado de financiación de vivienda, para garantizar un crédito de vivienda individual, genera derechos notarial gastos de registro en cuantía del 70% de la tarifa ordinaria aplicable (Artículo 23).

Se precisa en consecuencia, que para acogerse a esta tarifa especial, de liquidación y pago del 70% respecto de la tarifa ordinaria, debe tratarse en primer término de un participante en el sistema especializado de financiación vivienda, y en segundo lugar, que el gravamen garantice un préstamo de vivienda individual, referido exclusivamente a la constitución o modificación de gravámenes hipotecarios.

2.2. VIVIENDA DE INTERES SOCIAL NO SUBSIDIABLE

La constitución o modificación de gravámenes hipotecarios a favor de un participante en el sistema especializado de financiación de vivienda, para garantizar un crédito de vivienda individual de interés social no subsidiable genera derechos notariales y gastos de registro en cuantía del 40% de la tarifa ordinaria aplicable (Artículo 31).

En este caso, la diferencia respecto de la situación anterior consiste en que debe corresponder a la garantía de un crédito de vivienda individual de interés social no subsidiable, en cuyo evento se causan derechos notariales y gastos de registro en cuantía del 40% respecto de la tarifa ordinaria aplicable.

Los derechos notariales en los actos de compraventa y la expedición de copias continúan regidos por el artículo 18 del decreto 1681 de 1996.

2.3. VIVIENDA DE INTERES SOCIAL SUBSIDIABLE

La constitución o modificación de gravámenes hipotecarios a favor de un participante en el sistema especializado de financiación de vivienda, para garantizar un crédito de vivienda individual de Interés social que en razón su cuantía pueda ser objeto de subsidio directo, genera derechos notariales y gastos de registro en cuantía del 10% de la tarifa ordinaria aplicable (Articulo 31).

La variación en este tercer caso está determinada cuando la vivienda de interés social, en razón de su cuantía puede ser objeto de subsidio directo, para que se generen derechos notariales y gastos de registro en la cuantía del 10% señalada.

Los derechos notariales en los actos de compraventa y la expedición de copias continúan regidos por el artículo 18 del decreto 1681 de 1996.

No sobra advertir nuevamente que las anteriores tarifas se aplican a la constitución o modificación de gravámenes hipotecarios en los términos anunciados; no a los actos de compraventa, los cuales se siguen rigiendo por las tarifas preexistes, ni se aplica a los actos que celebren las constructoras o los particulares que no estén referidos a la participación del crédito individual y a largo plazo para la financiación de vivienda, otorgado por una de las entidades de que tratan los artículos 1o. y 4o., numerales 2o.  y 6o. de la Ley 546.

CANCELACION DE GRAVAMENES HIPOTECARIOS.

La cancelación de gravámenes hipotecarios de los participantes en el sistema especializado de financiación de vivienda, que garantizan créditos individuales, sean o no de interés social, se consideran actos sin cuantía, tanto a nivel notarial como registral, ya sea que el crédito se haya constituido antes de entrar en vigencia la Ley 546 de 1999, pero esté reliquidado conformes ésta, o que se haya constituido dentro de su vigencia, puesto que de conformidad con los artículos 38 y 39, todos estos créditos constituidos dentro del sistema UPAC antes de entrar en vigencia la citada Ley, por mandato de ésta, pasarán al nuevo sistema.

Lo importante, para efectos de aplicar las tarifas notariales y registrales especiales consagradas en dicha normatividad, es que se trate de un participante en el sistema especializado de financiación de vivienda (Parágrafo del art. 17 y Art. 23 y artículos 38 y 39).

4. PATRIMONIO DE FAMILIA.

La constitución de­ patrimonio de familia, continúa como acto sin cuantía.

CESION DE CREDITOS.

De acuerdo con el articulo 24 de la Ley 546 de 1999, la cesión de créditos no genera derechos notariales, gastos notariales ni impuesto de timbre. Esto significa, que en caso de ser requeridos estos servicios a las notarias, no pueden cobrar derechos notariales, ni gasto alguno notarial en que incurran al prestar este servicio,

No sobra recordar que las cesiones de créditos se efectúan en la forma prevista en los artículos 82 del decreto 960 de 1970 y 888 del Código de Comercio.

IV- PATRIMONIO DE FAMILIA A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 546 DE 1999.

1.- La Ley 546 de 1999, dispuso una nueva forma de constitución del patrimonio de familia, siempre que se esté dentro del sistema especializado de financiación de vivienda establecido por esta Ley, cual es la voluntaria, sin necesidades acudir para ello a la vía judicial, sino que se constituye según los artículos en la ley 9a. de 1989 y 38 de la ley 3a. de 1991, a través de escritura pública acto de compraventa del inmueble.

Además, sólo es viable si el crédito se otorga por un valor equivalente o mínimo al 50% del valor del inmueble, perdiendo su vigencia cuando el saldo la deuda represente menos del 20% de dicho valor; y una vez constituido mientras la deuda se encuentre vigente, no puede levantarse sin la autorización del acreedor hipotecario, la que se protocolizará en la respectiva escritura pública de cancelación.

2.- Levantamiento del patrimonio de familia: Constituido el patrimonio de familia inembargable en los términos de la Ley 546 de 1999 y lientras la de esté vigente, no podrá ser levantado sin la autorización del acreedor hipotecario la que deberá ser protocolizada en la escritura pública mediante la cual solemnice el acto Artículo 22).

V- PROTECCION ESPECIAL PARA LOS ADQUIRENTES DE VIVIENDA INDIVIDUAL.

El inciso 2o., del articulo 55 de la Ley 546 de 1999, expresamente condicionó reglamentación que deberá expedir el Gobierno Nacional, la obligación de constructores de informar a los prometientes compradores, sobre la existencia de gravámenes en mayor extensión y la exigencia de protocolizar en las escrituras públicas de compraventa, una carta del establecimiento de crédito titular garantía en mayor extensión, mediante la cual se autorice el otorgamiento escritura por haber recibido el pago de la prorrata correspondiente.

Por tanto, este articulo no será aplicable hasta tanto se expida la reglamentación.

Cordial Saludo,

 JOSE P. ESMERAL BARROS

Superintendente de Notariado y Resgistro

×
Volver arriba