Circular 9 de 2026 PGN

CIRCULAR 9 DE 2026

(octubre 16)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

El Procurador General de la Nación, en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 118, 277 y 284 de la Constitución Política y en los numerales 2 y 7 del artículo 7 del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 2 del Decreto Ley 1851 de 2021, y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política establece en sus artículos 1 y 2 que Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana; que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, y que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

Que el artículo 13 superior establece el derecho a la igualdad y dispone que el Estado promoverá las condiciones para que esta sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Asimismo, dispone que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta.

Que el artículo 17 de la Carta Política prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas, lo que constituye un mandato constitucional de protección reforzada frente a este fenómeno.

Que el artículo 44 superior reconoce los derechos fundamentales de los niños y dispone que prevalecen sobre los derechos de los demás, circunstancia que exige reforzar las medidas de prevención y protección frente a cualquier forma de explotación, violencia, captación o trata.

Que el artículo 118 de la Constitución Política atribuye al Ministerio Público la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.

Que la Ley 800 de 2003 aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacionaly sus protocolos, entre ellos el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños. Estos instrumentos establecen obligaciones internacionales de prevención, protección de las víctimas, investigación, judicializacíón y cooperación.

Que la Ley 985 de 2005 adoptó medidas de prevención, protección y asistencia para garantizar los derechos de las víctimas y posibles víctimas de la trata de personas y para fortalecer la acción del Estado frente a este delito, entre ellas la investigación judicial, la acción policiva y la cooperación internacional. Además, reguló el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas y el Sistema Nacional de Información sobre la Trata de Personas.

Que la Ley 2608 del 27 de julio de 2026 fortaleció el marco jurídico nacional para enfrentar la trata de personas, incorporó medidas de prevención frente a los riesgos asociados con los entornos digitales, previo el Centro Operativo Anti Trata de Personas (COAT), liderado por el Ministerio del Interior, y dispuso acciones dirigidas a grupos y poblaciones que pueden encontrarse en condiciones de especialvulnerabilidad.

Que el artículo 188A de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 3 de la Ley 2608 de 2026, tipifica la trata de personas y establece las consecuencias penales correspondientes. Asimismo, entiende por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio, para sí o para otra persona, mediante, entre otras, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud; la servidumbre; Los trabajos o servicios forzados; la mendicidad ajena; la delincuencia forzada; la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual; la adopción ilegal; el matrimonio servil o la unión marital de hecho forzada; la extracción y el tráfico de órganos, células, tejidos o fluidos corporales; la explotación reproductiva; el reclutamiento forzado de personas mayores de 18 años en el marco del conflicto armado, y cualquier otra forma de explotación que atente contra la dignidad humana, la libertad personal, la autonomía o la integridad física, psíquica o emocional de la víctima o sobreviviente.

Que la Ley 1523 de 2012 adoptó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Asimismo, impuso a las autoridades el deber de adoptar medidas para el conocimiento y reducción del riesgo y el manejo de desastres, bajo criterios de protección de la vida, la integridad y los derechos de las personas.

Que mediante el Decreto 1171 del 11 de agosto de 2026 se declaró la situación de desastre de carácter nacional en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander y en los demás territorios afectados, por el término inicial de doce (12) meses, con ocasión del sismo ocurrido el 10 de agosto del mismo año.

Que el 15 de agosto de 2026, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtió públicamente que las redes criminales pueden aprovechar la vulnerabilidad derivada del desastre mediante falsas ofertas de empleo, transporte, alojamiento, ayuda humanitaria, educación o actividades deportivas, con el propósito de separar a las personas de sus redes familiares o comunitarias y someterlas a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, mendicidad ajena, matrimonio servil, adopción ¡legal u otras formas de explotación. La advertencia señaló riesgos reforzados en alojamientos temporales colectivos y mediante redes sociales y servicios de mensajería^[1].

Que mediante el Decreto Legislativo 1261 del 19 de agosto de 2026, modificado por el Decreto Legislativo 1348 del 31 de agosto de 2026, se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública en parte del territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, como consecuencia del sismo del 10 de agosto de 2026, con el fin de que el Gobierno nacional adoptara medidas extraordinarias dirigidas a conjurar la crisis, impedir la extensión de sus efectos y garantizar la protección de los derechos de la población afectada.

Que los contextos de desastre y emergencia pueden generar o profundizar factores de vulnerabilidad asociados con La pérdida de vivienda, ingresos, documentos, redes familiares y comunitarias; el desplazamiento; la separación de niños, niñas y adolescentes de sus familias; las dificultades de acceso a servicios básicos y la dependencia de mecanismos de asistencia humanitaria. Estas circunstancias pueden ser aprovechadas por redes criminales para la captación y explotación de personas.

Que, en consecuencia, es necesario que las medidas de respuesta humanitaria, gestión del riesgo, alojamiento temporal, asistencia social, protección de población migrante, atención de niños, niñas y adolescentes, seguridad, salud, educación, transporte y demás actuaciones estatales incorporen mecanismos específicos de prevención, detección y respuesta frente a la trata de personas y sus conductas conexas.

En mérito de lo expuesto, el Procurador General de la Nación,

DISPONE

PRIMERO. EXHORTAR. al Ministerio del Interior para que, con la participación de las entidades que integran el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, cuya secretaría técnica está adscrita a ese ministerio, adopte e implemente un plan de acción inmediato para fortalecer las medidas de prevención, detección y atención de la trata de personas en los territorios afectados, en los términos de los numerales 4 y 10 del artículo 15 de la Ley 985 de 2005, modificado por el artículo 15 de la Ley 2608 de 2026. El plan deberá establecer acciones, responsables, cronograma, cobertura territorial e indicadores verificables. Deberá, además, fortalecer la operación del COAT, previsto en el artículo 16 de la Ley 2608 de 2026, y su articulación con los Comités Territoriales de Lucha contra la Trata de Personas, garantizando la disponibilidad efectiva de las delegaciones técnicas para la orientación, activación y seguimiento de casos en tiempo real.

SEGUNDO. EXHORTAR. A la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a las autoridades territoriales para que incorporen, en sus instrumentos de planificación y respuesta ante emergencias, medidas específicas para prevenir la trata de personas y detectar oportunamente situaciones de riesgo. Estas medidas deberán articularse con los Comités Territoriales de Lucha contra la Trata de Personas y con las rutas de protección de niños, niñas y adolescentes.

TERCERO. EXHORTAR. A las gobernaciones y alcaldías de los territorios afectados para que convoquen y activen los Comités Departamentales, Distritales y Municipales de Lucha contra la Trata de Personas y los articulen con tos Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres, a fin de fortalecer la prevención, identificación y atención oportuna de posibles situaciones de trata de personas en contextos de emergencia.

CUARTO. EXHORTAR. A las gobernaciones y alcaldías de los territorios afectados para que implementen medidas de prevención y control que permitan identificar y reducir oportunamente los riesgos de trata de personas en los alojamientos temporales, centros de acopio y puntos de atención y distribución de ayudas humanitarias. Estas medidas deberán incluir mecanismos de identificación y registro del personal y voluntariado, control razonable de ingreso y permanencia, supervisión de las instalaciones, rutas claras de reporte y un canal confidencialy accesible para informar posibles situaciones de riesgo. Asimismo, deberán prevenir la retención de documentos de identidad y verificar las ofertas de empleo, transporte, alojamiento, educación, ayuda humanitaria u otras que impliquen el traslado de personas, especialmente de niños, niñas y adolescentes. Los censos, listados y registros de población damnificada deberán manejarse con medidas de seguridad y acceso restringido, evitando la divulgación de datos que permitan localizar o contactar indebidamente a personas en situación de especial vulnerabilidad.

QUINTO. EXHORTAR. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a las Comisarías de Familia, que dependen directamente de las alcaldías distritales o municipales, y a las demás autoridades competentes para que garanticen presencia institucional y atención oportuna en los territorios afectados, mediante la identificación temprana de riesgos y la activación inmediata de las rutas de protección y restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes.

SEXTO. EXHORTAR. Al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional, al ICBF y a las entidades territoriales para que, en el marco de sus competencias, implementen acciones coordinadas de prevención frente a la captación de posibles víctimas a través de redes sociales, servicios de mensajería y demás plataformas digitales. Las acciones deberán permitir identificar ofertas engañosas, promover el uso seguro de datos e imágenes personales y difundir los canales institucionales de orientación, reporte, denuncia y atención.

SÉPTIMO. EXHORTAR al Ministerio del Trabajo y a sus direcciones territoriales, a la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo y a las autoridades territoriales para que fortalezcan las acciones de inspección, vigilancia, prevención y orientación frente a las ofertas laborales generadas en contextos de emergencia y reconstrucción.

OCTAVO. EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y Migración Colombia para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, fortalezcan la recepción y análisis de información, la identificación de posibles víctimas y hechos de trata de personas, la práctica de actos urgentes, la investigación de las conductas delictivas y el intercambio oportuno de información entre las entidades. Las acciones deberán priorizar los lugares y contextos que presenten mayores factores de riesgo, especialmente terminales de transporte, corredores de evacuación, pasos fronterizos, alojamientos temporales, zonas vinculadas a procesos de reconstrucción y entornos digitales, garantizando, cuando corresponda, la activación oportuna délos mecanismos de protección y atención a las posibles víctimas.

NOVENO. EXHORTAR al Ministerio de Relaciones Exteriores para que fortalezca la información, orientación, asistencia consular y articulación con el COAT frente a posibles víctimas colombianas que se encuentren en el exterior o requieran repatriación, de conformidad con sus competencias.

DÉCIMO. EXHORTAR al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Transporte para que promuevan medidas preventivas en terminales, empresas transportadoras y corredores de movilidad asociados con la evacuación, el retorno y la reconstrucción, incluida la difusión de alertas, la identificación de situaciones sospechosas y el reporte oportuno a las autoridades competentes.

DÉCIMO PRIMERO. EXHORTAR a los Ministerios de Salud y Protección Social, Educación Nacional, Justicia y del Derecho y Defensa Nacional para que, dentro de sus competencias, adopten medidas específicas para prevenir la trata de personas.

DÉCIMO SEGUNDO. RECORDAR a todas las autoridades destinatarias que, cuando tengan conocimiento de información que permita identificar a una posible víctima de trata de personas, deberán activar de manera inmediata las rutas institucionales de protección y asistencia e informar a las autoridades competentes.

DÉCIMO TERCERO. EXHORTAR a la Defensoría del Pueblo y a las Personerías Municipales para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, refuercen la orientación y el acompañamiento a la población afectada frente a posibles situaciones de trata de personas, faciliten el acceso a las rutas de protección y asistencia, e informen oportunamente a las autoridades competentes las alertas o barreras que identifiquen, con especial atención a las personas ubicadas en alojamientos temporales, zonas rurales y territorios con limitada presencia institucional.

DÉCIMO CUARTO. EXHORTAR al Ministerio del Interior, a las gobernaciones, a las alcaldías y a los Comités Territoriales de Lucha contra la Trata de Personas para que desarrollen acciones de prevención en alojamientos temporales, centros de acopio, terminales, puntos de entrega de ayuda, instituciones educativas y comunidades afectadas.

DÉCIMO QUINTO. ORDENAR a las procuradurías regionales y provinciales con jurisdicción en los territorios afectados que realicen vigilancia preventiva y control de gestión sobre la adopción de estas medidas. Para ello, podrán efectuar visitas a alojamientos temporales, centros de acopio, terminales y puntos humanitarios; solicitar información; verificar el funcionamiento de las rutas de atención; promover y participar en espacios territoriales de coordinación e informar a las autoridades competentes los hechos que puedan comprometer derechos o responsabilidades. Los hallazgos, alertas, barreras y situaciones que requieran intervención inmediata deberán ser reportados oportunamente a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1: para la Defensa de los Derechos Humanos, para su consolidación y seguimiento nacional.

DÉCIMO SEXTO. EXHORTAR a las entidades destinatarias para que divulguen, a través de sus redes sociales y páginas web, la Línea Gratuita Nacional contra la Trata de Personas 01 8000 52 2020, administrada por el Ministerio del interior y disponible las 24 horas, que brinda información y asesoría para prevenir el delito de trata de personas y atender oportunamente los posibles casos.

DÉCIMO SÉPTIMO. RECORDAR a las entidades destinatarias que sus actuaciones deberán evitar la estigmatización, la exposición innecesaria de información personal y cualquier práctica revictimizante respecto de las víctimas y posibles víctimas.

DÉCIMO OCTAVO. REQUERIR a las entidades destinatarias de la presente circular para que, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su comunicación, informen a la Procuraduría General de la Nación sobre las medidas adoptadas o programadas para atender las orientaciones que correspondan a sus competencias. El informe deberá indicar, de manera concreta: a) acciones adoptadas o programadas; b) dependencia responsable; c) departamentos y municipios cubiertos; d) fecha de inicio y estado de ejecución; e) mecanismos de coordinación implementados; f) actividades preventivas realizadas; g) alertas o posibles casos identificados, sin revelar información que permita identificar a las víctimas; h) rutas de protección o asistencia activadas; i) dificultades o barreras encontradas; y j) acciones previstas para superar dichas dificultades.

Lo anterior, a través del correo institucional defensaderechoshumanos@procuraduria.gov.co

DÉCIMO NOVENO. PRECISAR. Que, mientras subsistan condiciones extraordinarias asociadas con la emergencia y la reconstrucción, las entidades destinatarias deberán mantener actualizada la información relacionada con las medidas objeto de la presente circular y atender los requerimientos adicionales que formule la Procuraduría General de la Nación.

COMUNÍQUESE PUBLÚQUESE Y CÚMPLASE

GREGORIO ELIACH PACHECO

Procurador General de la Nación

<NOTAS DE PIE DE PÁGINA>

1. Organización Internacional para las Migraciones (OiM), «OIM advierte sobre riesgo de Trata de Personas en zonas afectadas por el terremoto». Disponible en: https://coloiTibia.iom.int/es/news/oim-advierte-sobre-riesgo-de-trata-de-personas-en-zonaS"