CONCEPTO 10 DE 2026
(enero 28)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Bogotá D.C.,
Doctor
XXXXX
Magistrado Sustanciador
Consejo de Estado - Sección Quinta
E. S. D.
| Expediente: | 11001-03-28-000-2025-00225-00 NULIDAD ELECTORAL |
| Demandante: | XXXXX |
| Demandada: | XXXXX – GOBERNADORA DEL MAGDALENA PARA LO QUE RESTA DEL PERIODO 2024-2027 |
| Trámite: | MEDIDA CAUTELAR |
| Aspectos de especial atención: | INCOMPATIBILIDAD PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS EN EL MISMO NIVEL TERRITORIAL |
Respetado Magistrado:
Dentro del término concedido por auto del 20 de enero de 2026, intervengo como Agente del Ministerio Público[1] descorriendo el traslado de la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto de designación, de XXXXX como Gobernadora del Magdalena para lo que resta del periodo 2024-2027.
I. ANTECEDENTES
1.1. Hechos.
1.1.1. El 29 de octubre de 2023, se celebraron las elecciones para la escogencia de mandatarios departamentales, distritales y municipales y miembros de Concejos, Asambleas y Juntas Administradoras Locales.
1.1.2. Mediante formulario E-26 GOB del 26 de noviembre de 2023, se declaró la elección de XXXXX como Gobernador del departamento del Magdalena, período 2024-2027.
1.1.3. En las mismas elecciones, se eligió a XXXXX como diputada del departamento del Magdalena periodo institucional 2024 - 2027.
1.1.4. El Consejo de Estado, en sentencia del 8 de mayo de 2025[2], declaró la nulidad de la elección de XXXXX al encontrar que incurrió en la prohibición legal de doble militancia en la modalidad de apoyo, consagrada en los artículos 107 de la Constitución Política, y 2o. de la Ley 1475 de 2011.
1.1.5. Por su parte, XXXXX presentó renuncia al cargo de diputada del departamento del Magdalena periodo institucional 2024 - 2027, la cual fue aceptada el 2 de octubre de 2025.
1.1.6. Con el fin de suplir la vacancia respecto del cargo de Gobernador del Departamento del Magdalena, el 23 de noviembre de 2025 se llevaron a cabo elecciones atípicas en las que resultó electa XXXXX.
1.1.7. La ciudadana XXXXX, en nombre propio y, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del C.P.A.C.A, demandó la elección de XXXXX como Gobernadora del Magdalena para lo que resta del periodo 2024-2027.
1.1.8. En un acápite de la demanda, la accionante solicitó como medida cautelar de urgencia, la suspensión provisional del acto demandado. En auto del 20 de enero de 2026 el magistrado ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado evidenció que la actora no acreditó la existencia de una situación de absoluta inminencia y gravedad, por lo que, resolvió tramitar, estudiar y decidir la medida sin vocación de urgencia.
1.2. Argumentos y normas en que se sustenta la solicitud de medida cautelar
La parte actora adujo que, se debe suspender el acto demandado, de acuerdo con los siguientes argumentos:
Afirmó que se configuró la incompatibilidad para ejercer cargos públicos en el mismo nivel territorial, pues desde la renuncia de la demandada como Diputada (2 de octubre de 2025) hasta su posesión como Gobernadora (26 de noviembre de 2025) solo trascurrieron 56 días, por lo que, no se cumplió con los 12 meses que contempla la incompatibilidad consagrada en el numeral 1 del artículo 51 de la Ley 2200 de 2022, e indicó que el acto demandado fue expedido con desconocimiento del principio de publicidad, en particular, en la etapa de escrutinio, toda vez que "se impidió el ingreso de ciudadanos y veedores al recinto donde se adelantaba el escrutinio".
II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
2.1. Problema Jurídico.
Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si es procedente la suspensión provisional de los efectos del acto de elección de XXXXX como Gobernadora del Magdalena para lo que resta del periodo 2024-2027.
Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones sobre i) el mecanismo de la suspensión provisional; ii) la interpretación de las inhabilidades; y, iii) el caso concreto.
2.1.1. El mecanismo de la suspensión provisional
La Ley 1437 de 2011 (CPACA), establece como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos que se demandan en ejercicio de los distintos medios de control.
El Consejo de Estado, y más concretamente la Sección Quinta, ha analizado a profundidad el asunto para señalar las condiciones y requisitos que se deben agotar para su procedencia.
En ese orden, por ejemplo, se indicó que, si bien, tratándose de la medida cautelar del acto electoral no se reguló la medida provisional de urgencia, nada se opone para que la misma se decrete cuando se cumplan los requisitos para ello, en los términos del artículo 234 del CPACA.
Igualmente, el legislador no previó un traslado previo de la solicitud de medida cautelar. Sin embargo, en aras de revestir de mayores garantías al demandante y partes intervinientes, encontró que nada se oponía a dar traslado de la solicitud de medida, antes de ordenar la admisión de la demanda, para escuchar a unos y otros sujetos procesales sobre la procedencia de esta, la cual se debe decidir en el auto admisorio. Por tanto, se ha acudido al artículo 233 del CPACA para ordenar el traslado allí previsto.
Fue así como mediante Auto de unificación del 26 de noviembre de 2020, señaló que al demandado debe correrle traslado por el término de 5 días de la solicitud de medida cautelar, a fin de garantizar su derecho a la defensa, garantía de la cual solo se puede prescindir ante una situación de urgencia debidamente sustentada, que justifique que la referida petición se resuelva de plano[3] y, luego decide sobre la misma en el auto admisorio.
En cuanto a los requisitos que se deben observar para que se suspenda un acto electoral indicó recientemente[4]:
i. Petición de parte debidamente sustentada. (art. 229 del CPACA)
ii. Debe elevarse en la demanda y resolverse en el auto admisorio (artículo 277 CPACA), sin embargo, ha aceptado, criterio del cual se ha apartado esta Delegada, que pueda ser presentada en escrito anexo, siempre y cuando se haga dentro del término de caducidad[5].
iii. Se debe indicar si la violación de las disposiciones invocadas surge de la confrontación entre el acto demandado y las normas superiores alegadas como violadas, o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud
iv. Se debe solicitar con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o en lo que el demandante sustente en la misma.
v. Sustentación específica y propia o una expresa remisión en el sentido que la solicitud se soporta en el mismo concepto de violación.
vi. Cuando la solicitud se sustente en uno de los cargos de la demanda, el estudio se focaliza en este planteamiento, pero en aquellos eventos en los que no se refiera, en concreto, a cargo específico, se analizarán las censuras de la demanda.
vii. Que la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas por el actor, desde esta instancia procesal, es decir, cuando el proceso apenas comienza.
viii. No cualquier desconocimiento normativo implica per se la suspensión provisional del acto acusado, por cuanto, debe analizarse, en cada caso concreto, la implicación de este con el fin de determinar si tiene o no la entidad suficiente para afectar la aplicabilidad del acto y en últimas, su legalidad.
ix. No implica prejuzgamiento, por lo que nada obsta para que la decisión adoptada varíe en el curso del proceso y para que incluso, la decisión definitiva sea diferente.[6]
Así mismo, ha señalado que uno de los aspectos más destacados de la reforma, en contraste con la legislación anterior, se encuentra en el título XI, dedicado a las medidas cautelares procedentes en el marco de los procesos declarativos adelantados ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, las cuales: (i) revisten naturaleza instrumental, provisional y mutable; (ii) se sustentan en la apariencia de buen derecho y el riesgo de la mora, con excepción de la suspensión provisional de los efectos del acto demandado, cuyos requisitos específicos se encuentran previstos en el inciso primero del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011; y (iii) tienen por finalidad garantizar el objeto del proceso y la efectividad del fallo[7].
2.1.2. Interpretación y aplicación del régimen de inhabilidades
El legislador tiene la discrecionalidad para prever las causales de inhabilidad e incompatibilidad, sin más limitaciones que las que surgen de la propia Carta Política. Es decir, que a esta corporación le corresponde evaluar y definir el alcance de cada uno de los hechos, situaciones o actos constitutivos de incompatibilidad o inhabilidad, así como el tiempo durante el cual se extienden y las sanciones aplicables a quienes incurran en ellas.
Es así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que:
"Las inhabilidades son restricciones fijadas por el constituyente o el legislador para limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos o funciones públicas. También han sido definidas por esta Corporación como aquellos requisitos negativos para acceder a la función pública, los cuales buscan rodear de condiciones de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso y la permanencia en el servicio público, de tal suerte que las decisiones públicas sean objetivas y tengan como resultado el adecuado cumplimiento de los fines del Estado que asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo Cfr. Corte Constitucional"[8]. (Negrilla fuera de texto).
En la sentencia C-200 de 2001 se estableció que el legislador tiene un margen de discrecionalidad amplio para regular las inhabilidades e incompatibilidades para acceder a la función pública, dentro de las limitaciones que la propia Carta define.
En la sentencia C-439 de 2016, se indicó que la Constitución Política es la que le confiere al Congreso de la República el ejercicio de la función legislativa del Estado, para que por su intermedio se fijen las reglas jurídicas llamadas a gobernar las relaciones políticas, sociales y económicas en los distintos periodos de la vida estatal.
Bajo ese escenario, mientras que el constituyente y/o el legislador tiene amplia facultad para regular y establecer inhabilidades, bajo las presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad, la situación del juez u operador jurídico es diferente, pues debe interpretar estricta y restrictivamente las causales de inelegibilidad, en tanto y cuanto son excepciones legales al derecho de las personas a acceder a los cargos públicos y, por tanto, cualquier interpretación en contra se entenderá contraria al artículo 40 constitucional y 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Para la aplicación de esas disposiciones, es necesario recurrir a los postulados del Consejo de Estado sobre cómo se deben interpretar y aplicar las inhabilidades e incompatibilidades; esto es, "en tanto limitan la libertad y los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal. La tipificación de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa; su aplicación es restrictiva, de manera que excluye la analogía legis o iuris, excepto en lo favorable; están definidas en el tiempo, salvo aquellas de carácter constitucional"[9].
En la sentencia del 11 de julio del 2019[10], retomado entre otras, en el fallo de 22 de abril de 2021[11], el alto tribunal indicó: "[l]a Sección Quinta ha sido constante en reiterar que en la medida en que las inhabilidades implican la afectación del derecho fundamental a la participación política, en sus modalidades de ser elegido y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, la interpretación de su alcance es restrictiva[12]".
Así, el criterio de interpretación restrictiva se ha entendido como aquel que busca la aplicación de la norma a casos concretos[13]. El juzgador, al momento de determinar la ocurrencia de una inhabilidad o incompatibilidad respecto de quien pretende ocupar un cargo público, debe limitarse al alcance de los verbos rectores empleados por el legislador "-por ejemplo, la gestión de negocios-, a las situaciones de orden jurídico que la originan y su prueba plena -v. gr. el parentesco-, así como a los límites de orden temporal -ejemplo, durante el año anterior a la elección-, espacial -v.gr. a la jurisdicción donde se llevará a cabo la elección- y a las calidades respecto de quienes se predican"[14].
Bajo esos parámetros, esta Delegada del Ministerio Público analizará los argumentos expuestos en la medida cautelar.
2.2. Análisis del caso concreto.
La petición de suspensión del acto demandado se sustenta en la posible incursión en la incompatibilidad establecida en el numeral 1 del artículo 51 de la Ley 2200 de 2022, y en el desconocimiento del principio de publicidad del escrutinio.
Para sustentar lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 296 del CPACA, según remisión al juicio ordinario y lo dispuesto en el precepto 231 ibídem, en el sentido que el escrito de medidas cautelares debe estar acompañado de "pruebas allegadas con la solicitud", la demandante aporta:
- Formularios E-6, E-8 y E-26 GOB en los que consta la inscripción y posterior elección de la señora XXXXX como Gobernadora del Magdalena para lo que resta del periodo constitucional 20242027.
- Acta General de Escrutinio municipal de las votaciones realizadas el 23 de noviembre de 2025.
- Solicitud de abstención de entrega de credencial del 25 noviembre de 2025.
- Solicitudes presentadas ante las comisiones escrutadoras.
- Resolución 043 del 14 de octubre de 2025, por el cual se declara vacancia definitiva de la curul dejada por la demandada.
Acorde con los argumentos expuestos por la parte actora, procede el Ministerio Público a analizar si es procedente la suspensión del acto demandado.
i) Incompatibilidad para ejercer cargos públicos en el mismo nivel territorial
Afirmó la parte actora que desde la renuncia de la demandada como Diputada (2 de octubre de 2025) hasta su posesión como Gobernadora (26 de noviembre de 2025) solo trascurrieron 56 días, por lo que, no se cumplió con los 12 meses que contempla la incompatibilidad señalada en el numeral 1 del artículo 51 de la Ley 2200 de 2022.
Sobre el particular, resulta necesario precisar que el artículo 51 de la Ley 2200 de 2022 dispone lo siguiente:
"ARTÍCULO 51. OTRAS INCOMPATIBILIDADES. Además, constituyen incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes:
1. Los diputados en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el momento de su elección y hasta doce meses después del vencimiento de su período o retiro del servicio:
1.1. Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuaciones contractuales en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio de la respectiva entidad territorial, o sus organismos;
1.2. Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales.
2. Adquirir o intervenir directa o indirectamente, en remate o venta de bienes que se efectúen en la entidad donde labore o en cualquier otra sobre la cual se ejerza control jerárquico o de tutela o funciones de inspección, control y vigilancia.
Esta incompatibilidad se extiende desde el momento de su vinculación y hasta doce (12) meses después del retiro del servicio.
3. Contratar con el Estado, salvo las excepciones constitucionales o legales.
PARÁGRAFO 1o. El funcionario público departamental que nombre a un diputado para un empleo o cargo público o celebre con él un contrato o acepte que actúe como gestor en nombre propio o de terceros, en contravención a lo dispuesto en el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta y será objeto de proceso disciplinario de conformidad con las disposiciones vigentes.
PARÁGRAFO 2o. Interprétese para todos sus efectos, que la incompatibilidad descrita en este artículo, se refiere al departamento como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, no al aspecto territorio".
En este orden, el Ministerio Público evidencia que, contrario a lo manifestado por la demandante, la incompatibilidad para desempeñar cargos públicos contenida en el numeral 1. del artículo 51 de la Ley 2200 de 2022, está solamente relacionada con "Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuaciones contractuales en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio de la respectiva entidad territorial, o sus organismos;" y "Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales".
Así las cosas, en el mencionado artículo no se establece una incompatibilidad para desempeñar cargos públicos de forma genérica donde los diputados hayan ejercido jurisdicción; mucho menos, para desempeñar el cargo de gobernador, pues dichas incompatibilidades, solamente se refieren a la intervención en actuaciones administrativas o contractuales y, en ser apoderados o gestores ante autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales.
En consecuencia, la interpretación y aplicación restrictiva es una regla que rige tratándose de normas prohibitivas, dado que consagran limitaciones al ejercicio de un derecho o de competencias señaladas en la ley, criterio hermenéutico que responde al principio de taxatividad, de acuerdo con el cual solo operan las prohibiciones que en forma precisa establece el legislador; por lo tanto, en el presente asunto, no es posible hacer una interpretación extensiva del mencionado artículo a la elección de la Gobernadora del Magdalena, tal y como lo pretende la actora.
ii) Publicidad del escrutinio
Se argumentó por la accionante que, el acto demandado fue expedido con desconocimiento del principio de publicidad, en particular, en la etapa de escrutinio. Señaló que "se impidió el ingreso de ciudadanos y veedores al recinto donde se adelantaba el escrutinio".
Revisada el Acta General de Escrutinio Municipal de Santa Marta, única Acta aportada por la actora, es posible evidenciar que el proceso de escrutinio contó con la presencia del Delegado de la Procuraduría General de La Nación, el apoderado de la demandada y el candidato Miguel Ignacio Martínez Olano, quien solicitó no tener en cuenta los votos obtenidos por la demandada:
Considera esta Agencia Fiscal que, en esta etapa del proceso no existe prueba con la que se demuestre el desconocimiento del principio de publicidad en la etapa de escrutinios, contrario a lo señalado por la parte actora, en el AGE aportada junto con la demanda, se evidencia la presencia del representante del Ministerio Público y de los candidatos y/o sus apoderados, quienes pudieron presentar solicitudes.
Ahora bien, debe precisarse que, si la demandante cuestiona una audiencia de escrutinio diferente a la plasmada en el Acta que aportó y se analizó, tal inadvertencia no puede ni debe ser suplida por el Ministerio Público ni por el Juez contencioso. Ciertamente, como lo ha señalado la Sala Electoral[15], corresponde a quien solicita el decreto de una medida cautelar, cuando la violación de las normas surja, como en este caso, de la confrontación del acto acusado con las pruebas, allegarlas al proceso con el escrito de la solicitud, y no pretender que sea el juez o los demás sujetos procesales los que asuman la carga probatoria; ello por cuanto tratándose de la suspensión provisional del acto enjuiciado, corresponde a quien lo solicita arrimar los medios de convicción.
En consecuencia, a la demandante le correspondía allegar las pruebas documentales en los términos del artículo 167 del C.G.P., aplicable al proceso contencioso electoral por remisión expresa del artículo 211 C.P.A.C.A. que dispone, "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen", con el fin de acreditar el desconocimiento del principio de publicidad en la etapa de escrutinios.
Por lo anterior, para esta Delegada, en este momento procesal se tiene un escenario probatorio parcial, en la medida que solo se cuenta con los medios remitidos por la parte demandante, sin que se conozcan las evidencias de la parte demandada y de los terceros con interés en el asunto; por lo tanto, se debe esperar el abordaje del proceso para valorar y decidir de forma eficaz, así como, de manera congruente con la realidad procesal y la verdad factual.
2.3. Síntesis del concepto.
La solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto de elección de XXXXX como Gobernadora del Departamento de Magdalena, debe ser negada, toda vez que, en este momento procesal, lo expuesto lleva a afirmar que lo allegado y analizado no tiene la entidad y contundencia para determinar que se vulneró el ordenamiento jurídico; pues lo que se advierte, son algunas consideraciones e interpretaciones particulares, sin que tenga suficiencia argumentativa sobre la ocurrencia de alguna irregularidad en la mencionada elección.
III. CONCLUSIÓN
Con fundamento en lo expuesto, la Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado solicita NEGAR la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional del acto mediante el cual se eligió a XXXXX como Gobernadora del Departamento de Magdalena.
Respetuosamente,
IDAYRIS YOLIMA CARRILLO PÉREZ
Procuradora Delegada para Asuntos Electorales y Participación Democrática Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado en funciones
1. Por Decreto No. 0383 del 25 de abril de 2025, la suscrita fue nombrada Procuradora Delegada para Asuntos Electorales y Participación Democrática; cargo del cual tomé posesión el 12 de mayo de 2025. Asimismo, Mediante Decreto No. 0471 del 12 de mayo de 2025, me fueron asignadas las funciones de la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, mientras se posesiona su titular o hasta que las necesidades del servicio lo determinen.
2. Dentro del radicado 11001-03-28-000-2024-00057-00 (Principal).
3. Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Rocío Araújo Oñate, Rad No. 44001-23-33- 000-2020-0002201, Auto del 26 de noviembre de 2020.
4. Consejo de Estado, Sección Quinta C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-28-0002021-00009-00, Sentencia del 4 de marzo de 2021.
5. Consejo de Estado, Sección Quinta, CP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. No. 13001- 23-33000-2016-00070-01, Sentencia del 3 de junio de 2016. Reiterado, recientemente, en Consejo de Estado, Sección Quinta CP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. No. 11001-03-28-000-2021-00009-00, Sentencia del 4 de marzo de 2021.
6. Consejo de Estado, Sección Quinta, CP Alberto Yepes Barreiro, Rad. No. 19001-23-33-000-201500044-01. Auto de 09 de abril de 2015.
7. Consejo de Estado, Sección Quinta, CP Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. No. 17001-23-33-000-201900551-01, Sentencia del 27 de febrero de 2020.
8. sentencias C-380-97; C-200-01 y C-1212-01.
9. Sentencia proferida dentro del Expediente No.: 11001-03-15-000-2010-00990-00(PI) Demandante: Cesar Julio Gordillo Núñez.
10. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 11 de julio de 2019. Radicación número 54001-23-33-000-2018-00220-02.
11. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo Oñate. Radicación número 15001-23-33-000-2020-00120-01.
12. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 30 de mayo de 2019, M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, radicado No. 18001-23-33-000-2018-00194-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de marzo de 2019, radicación 11001 - 03-28-000-201800603-00, M.P. Rocío Araújo Oñate. En cuanto a las condiciones que se deben verificar cuando una persona pretenda el acceso a un cargo o empleo y su relación con las causales de inhabilidad, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de septiembre de 2016, radicación 11001-03-28-000-2016-00001-00 (acumulado), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Con respecto a la distinción entre las calidades para acceder a un cargo y las causas de inhabilidad, consultar entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 11 de marzo de 1999, radicado 1847, C.P. Mario Alario Méndez. Acerca del otorgamiento del aval como requisito formal para la inscripción de candidatos, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de diciembre de 2013, radicación 11001-03-28-000-2013-00037-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro. En cuanto al principio democrático, ver: Corte Constitucional, sentencia de 3 de marzo de 1994, exp. C-089, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Acerca de la triple finalidad que cumple el requisito del aval, consultar entre otros: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 11 de julio de 2013, radicación 60001-23-31000-2012-00004-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro. En cuanto al otorgamiento del aval y el responsable de ello, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de agosto de 2009, radicación 11001 -03-28-000-2006-00011 -00(3944-3957), C.P. Filemón Jiménez Ochoa.
13. Criterio acogido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en: Sentencia del 29 de enero del 2019. Consejera Ponente Rocío Araújo Oñate. Radicación 11001 -03-28-000-2018-00031-00(SU).
14. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo Oñate. Radicación número 15001-23-33-000-2020-00120-01, sentencia de 22 de abril de 2021.
15. "Con todo, conforme a las normas procesales, corresponde a quien solicita el decreto de una medida cautelar, cuando la violación de las normas surja, como en este caso, de la confrontación del acto acusado con las pruebas, allegarlas al proceso con el escrito de la solicitud y no pretender que sea el juez el que asuma la carga probatoria. [L]os sujetos procesales deben mantener una defensa activa de sus intereses para demostrar que sus pretensiones tienen vocación de prosperidad, para ello deben allegar los medios de convicción necesarios para que el operador judicial decida el asunto puesto a su consideración y no esperar que sean los demás sujetos procesales los que asuman dicha carga, ello por cuanto tratándose de la suspensión provisional del acto enjuiciado, corresponde a quien lo solicita arrimar los medios de convicción" (Consejo de Estado, Sección Quinta, CP Rocío Araújo Oñate, Radicación número.: 11001-03-28-000-2018-00076-00, auto del 30 de agosto de 2018).
