Concepto 11 de 2026 PGN

CONCEPTO 11 DE 2026

(enero 28)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO EN INTERVENCIÓN ANTE EL CONSEJO DE ESTADO-Solicita revocar la sentencia de primera instancia proferida el 20 de octubre de 2025, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró la nulidad del acto de elección del demandado, como Concejal del municipio de Piojó (Atlántico), para el periodo 2024–2027

A partir de las consideraciones anteriores, el Ministerio Público concluye que no se acreditaron los elementos constitutivos de la doble militancia en la modalidad de apoyo, en especial, los elementos modal y objetivo, recordando que este último consiste en acreditar actos positivos, inequívocos y probatoriamente suficientes de apoyo político por parte de XXXXX a candidatos de otras colectividades en contravía a lo dispuesto por su colectividad de origen. En consecuencia, no se configuró la causal de doble militancia prevista en el numeral 8 del artículo 275 del CPACA, razón por la cual, la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico del 20 de octubre de 2025, que declaró la nulidad de su elección como concejal de Piojó para el periodo 2024–2027, debe ser revocada.

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL-Alcance

DOBLE MILITANCIA POLÍTICA-Marco normativo

DOBLE MILITANCIA POLÍTICA-Alcance

Lo cual es consecuente con la filosofía que proscribe la doble militancia, esto es: (i) el fortalecimiento de los partidos políticos; (ii) evitar el transfuguismo político; (iii) la trascendencia de los intereses organizativos por encima de los particulares y propios; (iv) el fortalecimiento ideológico; (v) evitar el fraude al elector; y, (vi) cimentar la disciplina de los militantes de los partidos políticos, al igual que con los principios que subyacen a las contiendas electorales en aras de proteger la democracia participativa.

DOBLE MILITANCIA POLÍTICA-Modalidades

DOBLE MILITANCIA EN LA MODALIDAD DE APOYO-Noción y alcance

Es preciso señalar que, dentro de los deberes que le corresponde cumplir a quien hace parte de una organización política y, con mayor rigurosidad, a quienes detentan cargos directivos o aspiran ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, está el no apoyar a candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual están afiliados, obligación que, de ser transgredida, configurará la prohibición de la doble militancia que, además de las sanciones contempladas en los estatutos de cada partido o movimiento político, es causal para declarar la nulidad del acto que declaró la elección de quien durante la campaña incurrió en esta conducta.  

DOBLE MILITANCIA EN LA MODALIDAD DE APOYO-Causal de anulación electoral consagrada en el numeral 8º del artículo 275 del CPACA

DOBLE MILITANCIA EN LA MODALIDAD DE APOYO-Elementos configurativos de la doble militancia en la modalidad de apoyo

En consecuencia, el apoyo a candidatos diferentes a los del partido genera, en concepto del Ministerio Público, ambigüedades, no solo entre las campañas sino frente a los electores, en tanto esa conducta no permite determinar con quien se está y cuál es la base programática que se defiende, generando alteraciones que en nada redundan positivamente en el debate democrático y, por el contrario, lo distorsionan, en tanto se socava la existencia misma de los partidos o movimientos políticos y la pluralidad de ideas, opciones y plataformas ideológicas, que permite que unos y otros puedan existir. Por lo tanto, se debe sancionar con rigor a quien, en un partido o movimiento político, decide apoyar a los candidatos de otros, especialmente cuando ese militante tiene la calidad de postulado o avalado por una determinada organización. En consecuencia, no puede admitirse que, quien hace parte de un partido o movimiento político y, por demás, se inscribe o recibe el aval para participar en una contienda electoral por estos, exprese su apoyo por los candidatos de otros partidos o movimientos políticos.

DOBLE MILITANCIA EN LA MODALIDAD DE APOYO-Para su configuración se deben acreditar los elementos subjetivo, modal y territorial

DOBLE MILITANCIA EN LA MODALIDAD DE APOYO-Tiene por finalidad no solo castigar la falta de lealtad con el partido que avala la candidatura, sino evitar distorsiones que, por razón de la conducta del candidato, puede sufrir el electorado

DOBLE MILITANCIA EN LA MODALIDAD DE APOYO-La doble militancia por apoyo se puede presentar en el marco de las adhesiones y de las coaliciones

DOBLE MILITANCIA EN LA MODALIDAD DE APOYO-Se considera configurada la doble militancia en la modalidad de apoyo cuando no se obedezcan las directrices del partido

DOBLE MILITANCIA EN LA MODALIDAD DE APOYO-La doble militancia no solo implica tener como referencia el origen de la filiación política del sujeto activo al momento de la inscripción, sino que también habrá de observarse las directrices de la colectividad sobre los apoyos o adhesiones a otras candidaturas de manera expresa cuando no se cuenta con candidato propio

DOBLE MILITANCIA EN LA MODALIDAD DE APOYO-Se configura incluso con la ocurrencia de un solo acto de apoyo, que permita establecer que en alguna medida se respalda al candidato de la organización política diferente al que se encuentra afiliado el demandado

En síntesis, para que proceda la nulidad del acto electoral por doble militancia en la modalidad de apoyo, se requiere demostrar que hubo por lo menos un hecho, una manifestación, un suceso o evento que permita fehacientemente probar que aquel se presentó y, debe ser indiferente para el juez electoral si aquel fue repetitivo; si el apoyo era para un candidato que se presentó o no, en la misma circunscripción en donde el demandado hacía la campaña, o si aquel incidió en los resultados de la contienda, pues se insiste, aquellas consideraciones no son indispensables para probar la configuración de la prohibición.

DOBLE MILITANCIA EN LA MODALIDAD DE APOYO-Lo que da origen a la nulidad de la elección por doble militancia es el hecho del apoyo a otro candidato y que este se pueda demostrar. El resultado de esa práctica debe ser indiferente para efectos de la procedencia de la nulidad del acto electoral

DOBLE MILITANCIA EN LA MODALIDAD DE APOYO-Los presupuestos que la configuran y el elemento modal de la conducta, según jurisprudencia del Consejo de Estado

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS-Las pruebas deberán apreciarse y valorarse conjuntamente de acuerdo con las reglas de la sana crítica

CARENCIA DE PRUEBAS-Alcance

VALOR PROBATORIO DE LAS FOTOGRAFÍAS-Marco legal

VALOR PROBATORIO DE LAS FOTOGRAFÍAS-Deben ser valoradas en conjunto con otros medios de prueba existentes en el proceso

VALOR PROBATORIO DE LAS FOTOGRAFÍAS-Las fotografías son documentos, cuya valoración está sujeta a las reglas previstas para este medio de prueba

VALOR PROBATORIO DE LAS FOTOGRAFÍAS-Son documentos meramente representativos que pretenden demostrar la ocurrencia de un hecho

VALOR PROBATORIO DE LAS FOTOGRAFÍAS-Reglas a las que se sujetan según la jurisprudencia del Consejo de Estado

PRUEBA INDICIARIA-Concepto y alcance

PRUEBA INDICIARIA-Su valoración como indicio se deberá ajustar a las exigencias establecidas por el Código General del Proceso

Bogotá D.C., 28 de enero de 2026

Concepto No. 2026-01-NE-011

Doctor

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Magistrado Ponente

Consejo de Estado-Sección Quinta

E.S.D.

Expediente:	08-001-23-33-000-2024-00011-01
Medio de control:	Nulidad electoral
Actores:	XXXXX
Demandado:	XXXXX
Trámite:	Recurso de apelación contra sentencia
Aspectos de especial atención:	Doble militancia por apoyo

Respetado Magistrado:

Dentro del término concedido mediante auto del 15 de diciembre de 2025, intervengo como Agente del Ministerio Público^[1] descorriendo el traslado del recurso de apelación interpuesto por el demandado XXXXX, contra la sentencia del 20 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Hechos

1.1.1. El 29 de octubre de 2023, se celebraron las elecciones para la escogencia de mandatarios departamentales, distritales, municipales y miembros de Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Municipales, y Juntas Administradoras Locales.

1.1.2. Mediante formulario E-26 CON del 29 de octubre de 2023, se declaró la elección del señor XXXXX, como Concejal del Municipio de Piojó Atlántico, para el periodo 2024-2027, por el partido Alianza Social Independiente - ASI.

1.1.3. El ciudadano XXXXX, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral demandó la referida elección, al considerar que el accionado incurrió en doble militancia al apoyar la candidatura del señor XXXXX a la Alcaldía Municipal de Piojó por el partido Cambio Radical.

1.2. Sentencia de Primera instancia

En sentencia del 20 de octubre de 2025, la Sala de Decisión Oral, Sección B, del Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la nulidad del acto de elección de XXXXX como concejal del municipio de Piojó para el periodo 2024–2027. La decisión se adoptó al demostrarse la configuración de doble militancia por apoyo.

El Tribunal determinó el siguiente problema jurídico a resolver:

"Con fundamento en la fijación del litigio realizada en audiencia inicial, celebrada 11 de septiembre de 2024, la litis se circunscribe a determinar si hay lugar o no a decretar la nulidad del acto que declaró la elección del señor XXXXX como concejal del Municipio de Piojó (acta de escrutinio municipal E-26 de 7 de noviembre de 2023), por haber incurrido el candidato electo en la prohibición de doble militancia, al apoyar, presuntamente, candidatos de organización diferente a aquella de la que es miembro, esto es, apoyar y/o recibir apoyo de candidatos del partido cambio radical y liberal respectivamente, a pesar de pertenecer y resultar electo en representación del partido ASI; contraviniendo de esta manera lo preceptuado en la Ley 1475 de 2011, Ley 1909 de 2018 y en el Núm. 8° del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011".

Antes de resolver el planteamiento, el juez de instancia expuso los antecedentes del caso, desarrolló las normas presuntamente infringidas, explicó el concepto de violación en relación con la prohibición legal de doble militancia y sintetizó la actuación procesal^[2].

En el análisis del caso concreto, el despacho abordó cada uno de los elementos que configuran la doble militancia en su modalidad de apoyo, concluyendo que, conforme con las pruebas allegadas al proceso, el elemento subjetivo se encontraba acreditado, toda vez que el ciudadano XXXXX se inscribió por el partido Alianza Social Independiente (ASI) como candidato a la Alcaldía Municipal de Piojó (Atlántico) para el periodo constitucional 2024–2027 y actualmente ostenta el cargo de concejal del mencionado municipio, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018.

Recordó que, respecto del elemento objetivo o materialización de la conducta prohibida, la parte demandante sostuvo que el señor XXXXX incurrió en doble militancia al apoyar candidaturas distintas a la del partido ASI, colectividad que avaló su aspiración. Según la acusación, habría brindado –y recibido– apoyo recíproco a las candidaturas al Concejo Municipal de Piojó de XXXXX (Cambio Radical) y XXXXX (Partido Liberal), así como a la candidatura a la Alcaldía Municipal de XXXXX, inscrito por el partido Cambio Radical.

En esa línea, al evaluar las pruebas relacionadas con el presunto apoyo a la señora XXXXX, concluyó que, aunque existía una fotografía publicada en el perfil "Piojó En Marcha" –administrado por el señor XXXXX– en la que ambos aparecen estrechando sus manos, acompañada de un mensaje de agradecimiento por su supuesto respaldo, tales elementos constituían únicamente un indicio. No obstante, de ellos no era posible afirmar la existencia de doble militancia, entre otras razones porque en la imagen no se observaban gorras, logos, camisetas u otros elementos que permitieran asociar la escena con las colectividades políticas participantes en la contienda.

En cuanto al presunto apoyo mutuo entre el demandado y el aspirante al Concejo Municipal XXXXX, respaldado por imágenes fechadas el 14 de julio de 2023, en las que ambos aparecen junto a terceros sin publicidad política visible, se observó que todas las fotografías incluían los numerales #PiojóEnMarcha, #piojóenmarcha o la expresión "Piojó En Marcha", eslogan asociado directamente con la campaña del accionado. Por ello, la explicación de que se trataba solo de una "reunión de amigos" resultaba poco verosímil. En consecuencia, tales documentos constituían un indicio de la posible participación del señor XXXXX en la campaña del señor XXXXX, y viceversa.

Respecto del presunto apoyo a la candidatura del señor XXXXX, la evidencia documental –particularmente las fotografías en las que ambos candidatos aparecen juntos– permite concluir con solidez la posible configuración del elemento objetivo de la doble militancia en su modalidad de apoyo. Las imágenes muestran gestos explícitos de respaldo mutuo y sugieren la existencia de una alianza entre quienes aspiraban a la Alcaldía del municipio de Piojó. Además, en el perfil "Piojó En Marcha", administrado por el demandado, se difundieron imágenes que reflejan dicho apoyo recíproco, pese a que los candidatos pertenecían a colectividades políticas diferentes.

En cuanto al elemento temporal, se estableció que el señor XXXXX desplegó las conductas denunciadas durante el proceso electoral de las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023. Finalmente, respecto del elemento modal, quedaron probados los actos de apoyo prestados y recibidos por el demandado frente a las candidaturas de los señores XXXXX y XXXXX, inscritos por los partidos Liberal Colombiano y Cambio Radical, respectivamente.

1.3.  Recurso de apelación^[3]

La parte pasiva, mediante apoderado judicial y dentro de la oportunidad correspondiente, presentó recurso de apelación, argumentando que la valoración probatoria realizada en la sentencia de primera instancia, a la luz de la jurisprudencia y la ley, era inexacta. Sostuvo asimismo que la conducta demandada es atípica.

En relación con el desarrollo legal y jurisprudencial relativo a la doble militancia en la modalidad de apoyo, se precisó que la conducta prohibida consiste en respaldar a candidatos distintos de aquellos postulados por el partido o movimiento político al cual se encuentra afiliada la persona. Esta prohibición no se refiere a recibir apoyo de organizaciones políticas diferentes a la que inscribe al aspirante.

De igual forma, no se configura doble militancia cuando un individuo apoya candidatos de otros partidos, siempre que su propia colectividad no haya inscrito aspirante para el mismo cargo. La infracción surge únicamente cuando el partido sí presenta candidato y, pese a ello, uno de sus miembros decide apoyar a un aspirante distinto, pues ello constituye una falta de lealtad partidista.

Destacó, que la ley y la jurisprudencia han señalado que la configuración de esta causal exige la realización de actos positivos y concretos de apoyo en favor del candidato diferente al inscrito por el partido. Esto demanda un nivel de convicción que supere toda duda razonable. En el caso analizado, no se acreditó que el demandado hubiera realizado actos de apoyo a ningún candidato. Aún más, el partido ASI no inscribió aspirantes ni a la Gobernación ni al Concejo del municipio de Piojó. En consecuencia, dicha conducta resulta atípica.

Desde el punto de vista probatorio, recordó que el demandante, XXXXX, al describir la conducta, afirmó que "la actual concejal y nuevamente aspirante XXXXX, del partido Cambio Radical, también entró a apoyarse de manera mutua y recíproca con el candidato XXXXX, del partido ASI, lo cual constituye doble militancia, dado que Cambio Radical llevaba su propio candidato a la Alcaldía de Piojó, Marlon Utria Santarín". También indicó que "el candidato al Concejo por el Partido Liberal, XXXXX, no apoyó al candidato a la alcaldía de su partido, Fernando Tejera, como era su deber y obligación, y optó por apoyar a otro candidato a la alcaldía, XXXXX". Así concluyó, que estas conductas, sin embargo, no se atribuyen al enjuiciado XXXXX sino a terceros; por tanto, no pueden ser objeto de reproche en su contra si no fueron cometidas por él.

Respecto de las fotografías analizadas en la sentencia, el apelante sostuvo que carecen de eficacia para demostrar un presunto apoyo político por parte del señor XXXXX y, en consecuencia, no pueden constituir prueba válida de proselitismo ni sustentar la configuración de la conducta imputada. Al respecto aseguró que:

i) La totalidad de las imágenes presentan deficiencias estructurales de origen, pues en varios casos se desconoce la fecha de creación, el autor, el lugar, el motivo de la reunión y la autenticidad del contenido. Tales omisiones impiden establecer una línea temporal, un contexto verificable o una correspondencia entre las fotografías y los hechos alegados.

ii) Ninguna de las fotografías contiene logos, símbolos, mensajes, actos ni comportamientos que permitan inferir apoyo político hacia un tercero. En algunos casos, las imágenes simplemente muestran reuniones sociales con vecinos o personas de la misma vereda junto al señor XXXXX, actos que carecen de cualquier connotación electoral.

iii) Sobre la fotografía publicada el 14 de julio de 2023, argumentó que la fecha misma permite advertir que fue divulgada antes del cierre de inscripciones y del inicio de la Ley de Garantías (28 de julio de 2023). Esta imagen tampoco contiene elementos de propaganda política. Por el contrario, confirma la atipicidad de los hechos, dado que no coincide con periodo ni con actividad prohibida alguna.

iv) En cuanto a la fotografía en la que aparece el demandado con un suéter en el que se lee "XXXXX Alcalde", se afirmó que la imagen excluye categóricamente cualquier interpretación relativa a un apoyo hacia un candidato distinto, lo que desvirtúa la tesis acusatoria.

En conclusión, ninguna imagen permite inferir intención de apoyo político, ninguna contiene elementos electorales explícitos y ninguna aporta certeza mínima para superar el estándar probatorio exigible. Por tanto, la evidencia es insuficiente, inconducente y carente de fuerza demostrativa, al punto que no solo no acredita la conducta, sino que reafirma su atipicidad.

En este contexto, se destacó que ninguna de las presuntas pruebas en que se fundamentan las pretensiones de nulidad ostenta características de originalidad, mismidad, integridad y trazabilidad que permitan su admisibilidad probatoria, tal como lo ha reseñado el propio Tribunal Administrativo del Atlántico en providencia del 5 de abril de 2024, confirmada en segunda instancia dentro del radicado 08001-23-33-000-2023-00463-00.

Bajo estas consideraciones, se solicitó revocar el fallo apelado y, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

2.1.  Problema jurídico

Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si revoca o confirma la sentencia del 20 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de la cual accedió las pretensiones de nulidad del acto de elección de XXXXX como concejal del municipio de Municipio de Piojó – Atlántico, para el periodo constitucional 2024-2027.

Para resolver este problema jurídico, el Ministerio Público considera necesario pronunciarse sobre las generalidades de la figura de la doble militancia en la modalidad de apoyo para luego, analizar los argumentos del recurso de apelación.

2.1.1. De la doble militancia en la modalidad de apoyo

Es preciso señalar que, dentro de los deberes que le corresponde cumplir a quien hace parte de una organización política y, con mayor rigurosidad, a quienes detentan cargos directivos o aspiran ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, está el no apoyar a candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual están afiliados, obligación que, de ser transgredida, configurará la prohibición de la doble militancia que, además de las sanciones contempladas en los estatutos de cada partido o movimiento político, es causal para declarar la nulidad del acto que declaró la elección de quien durante la campaña incurrió en esta conducta.  

La Sección Quinta, en sentencia de 29 de septiembre de 2016^[4], abordó la doble militancia desde la perspectiva del apoyo a candidatos diferentes a los del partido que extiende el aval, postura que fue reiterada en fallos de 31 de octubre de 2018^[5], 20 de agosto de 2020^[6] y más recientemente en los de 03 de febrero^[7] y 23 de junio de 2022^[8].

En la primera decisión, se precisaron como elementos configurativos de esta modalidad de doble militancia las siguientes: i) un sujeto activo que puede ser el electo o un candidato a un cargo de elección popular; ii) la conducta: apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido a través de manifestaciones de apoyo y, iii) un elemento temporal: desde que la persona inscribe la candidatura hasta el día de las elecciones.

Asimismo, en las citadas decisiones se ha señalado que esta modalidad de doble militancia tiene por finalidad no solo castigar la falta de lealtad con el partido que avala la candidatura, sino evitar distorsiones que, por razón de la conducta del candidato, puede sufrir el electorado.

En efecto, el fortalecimiento de las organizaciones políticas a partir de la pertenencia y adhesión a una plataforma ideológica y programática exige, en el caso de los candidatos, exteriorizar conductas mediante acciones que permitan a los sufragantes identificar con claridad la orientación del candidato y su partido.

En consecuencia, el apoyo a candidatos diferentes a los del partido genera, en concepto del Ministerio Público, ambigüedades, no solo entre las campañas sino frente a los electores, en tanto esa conducta no permite determinar con quien se está y cuál es la base programática que se defiende, generando alteraciones que en nada redundan positivamente en el debate democrático y, por el contrario, lo distorsionan, en tanto se socava la existencia misma de los partidos o movimientos políticos y la pluralidad de ideas, opciones y plataformas ideológicas, que permite que unos y otros puedan existir.

Por lo tanto, se debe sancionar con rigor a quien, en un partido o movimiento político, decide apoyar a los candidatos de otros, especialmente cuando ese militante tiene la calidad de postulado o avalado por una determinada organización.

En consecuencia, no puede admitirse que, quien hace parte de un partido o movimiento político y, por demás, se inscribe o recibe el aval para participar en una contienda electoral por estos, exprese su apoyo por los candidatos de otros partidos o movimientos políticos.

En ese orden, como lo ha expuesto la Procuraduría General de la Nación en conceptos anteriores, basta demostrar que existió la conducta, para que se configure la causal de nulidad por doble militancia, en especial, por defraudar la lealtad debida al partido o movimiento político que dio el aval, sin que se requiera actos repetitivos, pues un solo apoyo a un candidato de diverso partido o movimiento político que se pueda demostrar debe dar origen a la nulidad por doble militancia.

Postura esta que acogió la Sección Quinta en la sentencia de 31 de octubre de 2018, antes mencionada, en la que expresamente se indicó que basta demostrar el apoyo, acompañamiento o respaldo, el cual no requiere ser reiterado. Es decir, basta con demostrar que una de esas conductas se concretó para que opere la proscripción de la conducta de doble militancia.

"... la conducta prohibida por la legislación electoral puede configurarse incluso con la ocurrencia de un solo acto de apoyo, que permita establecer que en alguna medida respalda al candidato de la organización política diferente al que se encuentra afiliado."

Igualmente, la jurisprudencia de la Sección ha indicado que no se debe demostrar la incidencia del apoyo en los resultados electorales, en tanto lo que da origen a la nulidad de la elección por doble militancia es el hecho del apoyo a otro candidato y que este se pueda demostrar. El resultado de esa práctica debe ser indiferente para efectos de la procedencia de la nulidad del acto electoral.

Se indicó expresamente en la sentencia de 31 de octubre de 2018:

"En el ámbito del control de los actos electorales, las causales de nulidad establecidas en el ordenamiento jurídico se entienden en forma objetiva, lo cual significa que no atienden a posibles criterios de graduación ni de moderación, según la producción de un resultado, sino que simplemente el análisis busca determinar si la conducta quedó configurada."

También se tiene que, la doble militancia en la modalidad de apoyo se materializa independientemente de si esta se da en una circunscripción distinta a aquella en donde quien lo ofrece tiene cifrada sus aspiraciones, en tanto, se repite, lo que origina la nulidad del acto es el hecho de la doble militancia y no si esta se efectuó en una u otra jurisdicción electoral.

En síntesis, para que proceda la nulidad del acto electoral por doble militancia en la modalidad de apoyo, se requiere demostrar que hubo por lo menos un hecho, una manifestación, un suceso o evento que permita fehacientemente probar que aquel se presentó y, debe ser indiferente para el juez electoral si aquel fue repetitivo; si el apoyo era para un candidato que se presentó o no, en la misma circunscripción en donde el demandado hacía la campaña, o si aquel incidió en los resultados de la contienda, pues se insiste, aquellas consideraciones no son indispensables para probar la configuración de la prohibición.

En la misma línea, la doble militancia por apoyo se puede presentar en el marco de las adhesiones y de las coaliciones.

Las adhesiones se entienden como la posibilidad de respaldar candidatos de otros partidos cuando no participan en la coalición, artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, en donde debe entenderse que, si bien un partido o movimiento no participa en el acuerdo para aunar esfuerzos con el fin de conseguir un resultado electoral, se pueden adherir a la fórmula de aquellos con la misma finalidad; es decir, lograr un efecto en la respectiva contienda.

La adhesión ocurre cuando se haya dado un apoyo expreso a un determinado candidato sin necesidad de coalición. En ese caso, se considera configurada la doble militancia en la modalidad de apoyo cuando no se obedezcan las directrices del partido^[9]. Sobre el particular, el Consejo de Estado en sentencia de 21 de octubre de 2021, dentro del proceso 47001-23-33-000-2020-00075-01, al valorar las generalidades de la doble militancia en la modalidad de apoyo, reiteró^[10], los presupuestos que la configuran y estableció el elemento modal de la conducta en los siguientes términos:

"La incursión en la prohibición de doble militancia en su modalidad de apoyo exige que el partido o movimiento político que avaló la postulación del acusado haya inscrito una candidatura propia al cargo de elección popular de que se trate, comoquiera que solo en estos eventos puede reprocharse la defraudación a la lealtad partidista exigida al candidato sometido al medio de control de nulidad electoral.

Sin embargo, no solo la inscripción da por acreditado este presupuesto, teniendo en cuenta que, como ha sido admitido por la jurisprudencia de esta Sala de Sección, el desconocimiento de los apoyos expresos dados por un partido o un movimiento político a una causa proselitista distinta de la suya –aunque no exista registro de una aspiración particular– pueden llevar a cristalizar igualmente la causal de inelegibilidad erigida en el artículo 2.2 de la Ley 1475 de 2011.

Así, en sentencia de 24 de noviembre de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, la Sala concluyó en relación con este aspecto:

"Como se explicó en el acápite 3.2 de esta providencia, lo que la modalidad de doble militancia atribuida proscribe es el apoyo a un candidato diferente al inscrito o apoyado por una determinada colectividad política, lo cual necesariamente presupone que el partido o movimiento político bien haya inscrito un candidato propio para determinado cargo de elección popular o en su defecto que haya decidido, de forma expresa, apoyar a un candidato de otra organización política."^[11]

Entonces, la materialización del elemento modal de la conducta proscrita pasa por la demostración de la inscripción de candidatos pertenecientes a la estructura política de la que hace parte el accionado o a la existencia de manifestaciones explícitas, mediante las cuales su partido se compromete de lleno con la candidatura postulada por un movimiento distinto, lo que obliga al demandado a respetar sus directrices, sin que sus intereses puedan anteponerse a aquellos de la colectividad"^[12]. (Negrilla fuera de texto).

En ese sentido, la voluntad del legislador de posibilitar la figura de la "adhesión", permite que un partido aúne esfuerzos con el fin de conseguir un resultado electoral, cuando se trate de respaldar candidatos de otros partidos que no participen de la coalición o coaval, -artículo 29 de la Ley 1475 de 2011-, lo que les impone a sus militantes disciplina en el acompañamiento del candidato apoyado.

Si bien la Sección Quinta ha sostenido que, "uno de los requisitos que se deben cumplir en la inscripción de candidatos por parte de coaliciones de partidos o movimientos políticos es que en el formulario E-6 se deje claro no solo las agrupaciones políticas que integran la coalición, sino la filiación política del candidato, para que, en palabras de la Corte Constitucional, se proteja la libertad del elector, puesto que de esa manera sabe con certeza a qué partido pertenece, ya que la coalición podría generar confusión al respecto^[13]; no se puede perder de vista que la doble militancia no solo implica tener como referencia el origen de la filiación política del sujeto activo al momento de la inscripción, sino que también habrá de observarse las directrices de la colectividad sobre los apoyos o adhesiones a otras candidaturas de manera expresa cuando no se cuenta con candidato propio.

Lo cual es consecuente con la filosofía que proscribe la doble militancia, esto es: (i) el fortalecimiento de los partidos políticos; (ii) evitar el transfuguismo político; (iii) la trascendencia de los intereses organizativos por encima de los particulares y propios; (iv) el fortalecimiento ideológico; (v) evitar el fraude al elector; y, (vi) cimentar la disciplina de los militantes de los partidos políticos, al igual que con los principios que subyacen a las contiendas electorales en aras de proteger la democracia participativa.

Ahora bien, en relación con la doble militancia en materia de coaliciones, se debe tener presente que dicha proscripción no se encuentra plasmada taxativamente al tenor del contenido de los artículos 107 constitucional y 2 de la Ley 1475 de 2011. Por lo que, la Sala Electoral del Consejo de Estado en reciente jurisprudencia^[14] ha indicado sobre el particular lo siguiente:

"128. En consideración a lo expuesto en precedencia, se tiene acreditado al interior del proceso, que la colectividad en la cual milita la aquí demanda (sic) no contaba con aspirante propio para ocupar la posición de primer mandatario y concejo municipal en las circunscripciones electorales de Valledupar, Gamarra y Aguachica.

129. En consecuencia, no se acredita el elemento modal de la conducta reprochada, el cual, como se señaló en el marco teórico, se concreta cuando se demuestre que la colectividad de la demandada inscribió candidato al certamen democrático de que se trate.

130. No es de recibo el argumento del accionante, replicado por el Ministerio Público, conforme al cual, la demandada estaba vinculada por el acuerdo de coalición que respaldó su candidatura, y por ende, tenía el deber de patrocinar las aspiraciones de los partidos políticos que lo suscribieron, diferente del propio.

131. Lo anterior, por cuanto dicha interpretación no se deriva del texto de la norma que consagra la prohibición de doble militancia, que dispone que, entre otros, los aspirantes a un cargo de elección popular no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados.

132. A su vez, del acuerdo de coalición ni de otro elemento de naturaleza documental que obre en el expediente, se puede derivar que el Partido de la "U" hubiere adoptado alguna instrucción o alcanzando algún compromiso respecto de otras colectividades frente a las campañas políticas por las alcaldías mencionadas, por lo que se entiende que la demandada no contaba con restricción alguna sobre este particular, ante la falta de aspirante por parte de su colectividad de base.

133. Es de resaltar, que este criterio fue el soporte de una sentencia reciente de esta Sección, al estudiar un caso en que se alegó doble militancia respecto de una aspirante a un cargo uninominal inscrito bajo la figura de la coalición, en el cual se indicó:

«Así, se observa que los partidos que conformaron la coalición que promovió la candidatura del demandado se reservaron el derecho de coaligarse, adherirse o apoyar campañas de otras agrupaciones políticas a otros cargos de elección popular. La disposición de este instrumento es clara en advertir que el candidato de esa coalición, hoy demandado, quedó sujeto a las directrices que emitiera el Partido Colombia Renaciente sobre este aspecto.

A partir de este clausulado, se tiene que sobre el demandado no pesaban restricciones para respaldar candidaturas de otros partidos salvo, claro está, que la agrupación de su filiación definiera un sendero político de respaldo a una aspiración electoral específica, caso en el cual el señor Rey Ángel tendría que acatar las directrices de su partido sobre el particular.

Por lo tanto, como la agrupación política donde milita el demandado no presentó candidato propio a la Alcaldía de Ubaté, y tampoco exteriorizó su compromiso con algún candidato de otro partido a esa dignidad, no se advierte que estuviera limitado de cara a exponer su respaldo a las manifestaciones de otros aspirantes, púes la ley, así como la norma estatutaria, solo prevé restricciones en ese sentido cuando el Partido Colombia Renaciente presentara aspirante propio a un cargo de elección popular en el mismo certamen electoral, o decidiera apoyar las postulaciones de otras organizaciones políticas»"

Así las cosas, teniendo en cuenta que no existe una regulación normativa expresa sobre la configuración de doble militancia en coaliciones contenida en la ley y la Constitución, de acuerdo con la línea jurisprudencial citada en precedencia, y, atendiendo la finalidad de la prohibición, se debe favorecer en primer término, a los candidatos que pertenecen a la misma colectividad política y, solo a falta de estos, deberá identificarse en cada caso, si el partido de origen decidió apoyar a otras organizaciones políticas, a efectos de determinar la omisión a la disciplina partidista en tanto la ley y la norma estatutaria, solo prevé restricciones en este sentido.

Para una mejor ejemplificación de lo expuesto, y teniendo en cuenta lo dispuesto por la Sala Electoral del Consejo de Estado^[15], frente a los elementos configurativos de esta modalidad de doble militancia, se presenta el siguiente cuadro:

Doble Militancia – Modalidad de apoyo – Elementos configurativos

Elemento subjetivo	Quienes detentan cargos de dirección, gobierno, administración o control en los partidos y movimientos políticos. Miembros de organizaciones políticas que hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular.
Elemento objetivo	Conducta proscrita: APOYAR aspirantes inscritos o respaldados por partidos y movimientos políticos que difieren de aquel al que pertenece el accionado. El concepto de apoyo entendido como "la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento de cualquier forma o en cualquier medida a un candidato distinto al avalado o apoyado por la respectiva organización política".[16] La naturaleza del apoyo requiere la realización de actos positivos y concretos en favor del candidato perteneciente a otro partido político[17], y basta acreditar la ocurrencia de uno solo de ellos, sin importar la efectividad de este. La conducta prohibida es DAR APOYOS, mas no recibirlos[18].
Elemento temporal	Desde el momento en el que el ciudadano acusado inscribe su aspiración y hasta la fecha de la elección[19].
Elemento modal de la conducta	Se exige que el partido o movimiento político que avaló la postulación del acusado haya inscrito una candidatura propia al cargo de elección popular de que se trate, comoquiera que solo en estos eventos puede reprocharse la defraudación a la lealtad partidista exigida al candidato sometido al medio de control de nulidad electoral[20].
Elemento territorial	En cualquier circunscripción electoral. No se exige que sea la misma en la que el demandado haya sido elegido.

2.1.2. Análisis del caso concreto

Al analizar el contenido del escrito de apelación, esta Delegada observa que el recurrente cuestiona la valoración probatoria realizada por el a quo para acreditar el elemento objetivo o material relacionado con la presunta configuración de doble militancia atribuida a XXXXX, candidato a la alcaldía del municipio de Piojó para el periodo 2024–2027. En particular, el recurso controvierte la apreciación de las pruebas que el juez de primera instancia consideró determinantes para sustentar dicha conclusión.

En común, tanto en la sentencia como en el recurso de alzada se identifican los siguientes medios de prueba cuya valoración es objeto de debate.

1. Fotografía de XXXXX - XXXXX candidata al Concejo Municipal de Piojó

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La prueba documental corresponde a una publicación realizada el 24 de octubre de 2023 en el perfil denominado "Piojó En Marcha", atribuido a XXXXX. En la imagen se observa al accionado en compañía de la señora XXXXX, estrechando sus manos. La fotografía se acompaña de un mensaje de agradecimiento a la referida candidata al Concejo Municipal por el "respaldo y confianza" hacia el proyecto político liderado por el entonces candidato a la Alcaldía de Piojó.

En la sentencia de primera instancia se consideró que dicha fotografía constituye un indicio de la posible configuración de doble militancia, en su modalidad de apoyo, al tratarse de una candidata inscrita por un partido político distinto. No obstante, el propio fallo reconoce que no afloran con claridad las razones por las cuales el acusado manifestaba gratitud hacia la mencionada candidata del Partido Cambio Radical.

Sobre este punto, el apelante advierte la inexistencia de información esencial relacionada con la fecha de creación de la imagen, su autor, el lugar y el motivo del encuentro registrado. Asimismo, señaló que en la fotografía no se evidencia manifestación alguna de apoyo político del accionado hacia la señora Gallardo García. Añadió que, incluso en el evento hipotético de existir tal manifestación, ello no configuraría doble militancia, en tanto el partido Alianza Social Independiente – ASI no había inscrito aspirantes al Concejo Municipal en esa jurisdicción.

Para el Ministerio Público, si bien la imagen y su leyenda asociada podrían sugerir algún grado de cercanía política entre las partes, los elementos contenidos en la publicación resultan insuficientes para concluir, de manera cierta e inequívoca, la configuración de actos de apoyo político proscritos por la normativa electoral vigente. Se trata, en consecuencia, de un indicio débil.

2. Fotografías de XXXXX y XXXXX candidato al Concejo Municipal de Piojó

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El juez de primera instancia consideró que en el expediente obraban indicios serios, específicos y concordantes que podrían dar cuenta de un posible apoyo mutuo entre los señores XXXXX y XXXXX (candidato al concejo municipal por el Partido Liberal).

Para sustentar dicha apreciación, valoró varias fotografías publicadas el 14 de julio de 2023, en las cuales ambos aparecen acompañados de terceros. Sin embargo, en dichas imágenes no se observa la presencia de elementos propios de propaganda política, tales como logos, colores distintivos, simbología partidista o piezas explícitas de proselitismo. También se analizó el testimonio del señor XXXXX, quien afirmó que se trató de una "reunión con amigos", sin aportar información adicional sobre la identidad de los asistentes.

A juicio del a quo, esta circunstancia generaba un "manto de duda" sobre si la reunión tenía por finalidad promover las respectivas candidaturas o apoyarse mutuamente. No obstante, estimó relevante que las publicaciones estuvieran acompañadas de los numerales "#PiojóEnMarcha", "#piojóenmarcha" o la expresión "Piojó en Marcha", alusivas al eslogan de la campaña del señor XXXXX a la Alcaldía de Piojó por el partido ASI.

Con base en ello, el juez concluyó que la referencia a una simple reunión de amigos resultaba inverosímil, pues de las imágenes y su pie de foto se desprendía que la actividad desarrollada se encontraba asociada a la campaña electoral del 29 de octubre de 2023, lo que constituía un indicio de una eventual participación recíproca en las campañas. No obstante, el mismo fallo afirmó que, al igual que en el caso de la señora XXXXX, no afloraba con claridad un apoyo mutuo que tipificara la doble militancia.

Por su parte, el apelante reiteró que las fotografías carecen de elementos de individualización esenciales (fecha de creación, autor, lugar exacto y motivo del encuentro) y que, en ausencia de signos de propaganda política, solo reflejan una reunión informal entre personas conocidas en una comunidad que se caracteriza por relaciones de proximidad y parentesco.

Frente a ello, esta Delegada considera que el razonamiento del a quo resulta metodológicamente contradictorio, en tanto reconoce la inexistencia de propaganda política o actos proselitistas, pero atribuye al contexto digital de la publicación un peso indiciario determinante. El solo uso de numerales asociados a una campaña no puede suplir la ausencia de actos o manifestaciones explícitas de apoyo político, ni reemplazar la carga indiciaria exigida para acreditar la conducta reprochada.

Por otro lado, resulta necesario precisar que dentro del proceso no se probó que el partido ASI hubiera inscrito lista de candidatos al Concejo Municipal de Piojó para las elecciones de 2023, ni que dicha colectividad hubiera dado su respaldo a algún candidato, por lo que, el demandado no estaba obligado a respaldar a ninguno en particular para esa dignidad.

Por lo anterior, para esta Agencia Fiscal, es claro que la parte demandante no logró probar la configuración del elemento modal de la doble militancia en la modalidad de apoyo, esto es, que, habiendo candidato inscrito por su partido al Concejo Municipal de Piojó, el demandado haya apoyado a otro.

Es de resaltar que la Sección Quinta del Consejo de Estado^[21], ha señalado de forma reiterada "el deber de lealtad partidista surge en el momento en que la colectividad política a la que pertenece el elegido acusado i) inscriba un candidato propio a un cargo de elección popular, o ii) decida apoyar al de otra organización política, o bien ii) imparta la orden de abstenerse de respaldar candidaturas específicas" siendo necesario que "el partido o movimiento político que avaló la postulación del acusado haya inscrito una candidatura propia al cargo de elección popular correspondiente, pues solo en este evento es que puede exigírsele al demandado una lealtad hacia su colectividad".

3. Fotografías de XXXXX y XXXXX

El juez de primera instancia precisó que los señores XXXXX y XXXXX fueron candidatos a la Alcaldía Municipal de Piojó en las elecciones territoriales de 2023, inscritos por los partidos Cambio Radical y ASI, respectivamente, conforme a certificaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Adicionalmente, se allegaron diversas imágenes y publicaciones que, según la parte demandante, daban cuenta de reuniones conjuntas durante el periodo electoral, las cuales fueron analizadas de manera individual:

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Imagen No. 1. Publicada el 17 de octubre de 2023 en el perfil de Facebook de XXXXX, en ella se observa una reunión en la que participaron, entre otros, XXXXX y el propio accionado, además del diputado Gonzalo Baute, candidato a la Asamblea del Atlántico por Cambio Radical. La publicación se acompaña de un mensaje en el que se agradece el respaldo y la confianza en el proyecto político que "estamos liderando como candidato a la alcaldía de Piojó", junto con los numerales propios de la campaña del señor XXXXX.

El a quo estimó que dicha exaltación constituía una incitación indirecta al electorado para respaldar la candidatura del señor Utría Saltarín, apoyándose en un análisis lingüístico del verbo "estamos" y en la supuesta existencia de obligaciones previamente contraídas y/o una tarea conjunta entre los aspirantes (sin explicar contexto probatorio).

No obstante, a juicio del Ministerio Público, si bien el análisis lingüístico puede ser un insumo interpretativo válido, de él no se puede inferir, por sí solo, la existencia de obligaciones recíprocas o de un compromiso previo de apoyo mutuo, máxime cuando se desconocen elementos esenciales como la fecha real de creación de la imagen, su autor, el lugar y el contexto del encuentro, y no se evidencian elementos de propaganda política propios del certamen electoral de 2023.

Además, la expresión "estamos liderando" denota, en todo caso, una acción atribuida al propio señor XXXXX, quien afirma estar recibiendo respaldo, mas no brindándolo.

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Imágenes Nos. 2, y 3. Respecto de estas imágenes, el juez de primera instancia acudió a interpretaciones etimológicas y/o significado de expresiones como "juntos" y "unión", para concluir la existencia de una supuesta alianza política bidireccional entre dos candidatos a un mismo cargo.

Sin embargo, tal interpretación no se corresponde con lo que objetivamente se aprecia en las imágenes. A partir de dichas fotografías no es posible concluir la existencia de un acuerdo contentivo de deberes mutuos, ni de una unión política entre los candidatos para un propósito explicito e inequívoco de apoyo en favor de una candidatura distinta a la suya, conclusión que solo habría sido viable de haberse acreditado su origen, fecha, autor, lugar y contexto, aspectos que no fueron demostrados en el proceso.

No se puede desconocer que la conducta proscrita es la de ofrecer apoyo (no recibirlo^[22]) a través de la realización de actos positivos y concretos en favor del candidato perteneciente a otro partido político^[23], situación que no se puede inferir del análisis de los precitados documentos.

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En cuanto a la imagen No. 4, aunque se afirma que podría tratarse de un evento proselitista, lo cierto es que tampoco permite verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ni su correspondencia con el periodo electoral de 2023.

En este contexto, esta Procuraduría Delegada, comparte los argumentos del apelante y ratifica la postura del Ministerio Público en primera instancia, pues las fotografías aportadas por la parte actora no permiten determinar con certeza su origen, las circunstancias en que fueron tomadas, ni su correspondencia con los hechos alegados, además, carecen de reconocimiento o ratificación, y, por tanto, no pueden ser tenidas como plena prueba. Asimismo, su valoración como indicios no se ajusta a las exigencias establecidas por el Código General del Proceso.

2.2. Síntesis del concepto

A partir de las consideraciones anteriores, el Ministerio Público concluye que no se acreditaron los elementos constitutivos de la doble militancia en la modalidad de apoyo, en especial, los elementos modal y objetivo, recordando que este último consiste en acreditar actos positivos, inequívocos y probatoriamente suficientes de apoyo político por parte de XXXXX a candidatos de otras colectividades en contravía a lo dispuesto por su colectividad de origen. En consecuencia, no se configuró la causal de doble militancia prevista en el numeral 8 del artículo 275 del CPACA, razón por la cual, la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico del 20 de octubre de 2025, que declaró la nulidad de su elección como concejal de Piojó para el periodo 2024–2027, debe ser revocada.

III. CONCLUSIÓN

Con fundamento en lo expuesto, esta Delegada del Ministerio Público solicita REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico del 20 de octubre de 2025, por medio de la cual se declaró la nulidad del acto de elección de XXXXX como concejal del municipio de Piojó, Atlántico para el periodo 2024–2027.

Respetuosamente,

IDAYRIS YOLIMA CARRILLO PÉREZ

Procuradora Delegada para Asuntos Electorales y Participación Democrática

Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado en funciones

<NOTAS DE PIE DE PÁGINA>.

1. Por Decreto No. 0383 del 25 de abril de 2025, la suscrita fue nombrada Procuradora Delegada para Asuntos Electorales y Participación Democrática; cargo del cual tomé posesión el 12 de mayo de 2025. Asimismo, Mediante Decreto No. 0471 del 12 de mayo de 2025, me fueron asignadas las funciones de la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, mientras se posesiona su titular o hasta que las necesidades del servicio lo determinen.

2. El delegado por el Ministerio Público rindió concepto, solicitando negar las pretensiones de la demanda.

3. Mediante escrito del 25 de noviembre de 2025, el demandado XXXXX, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. A través de auto del 25 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico concedió el recurso y mediante auto del 15 de diciembre de 2025, fue admitido por la Sala electoral del Consejo de Estado.

4. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 29 de septiembre de 2016, expediente: 730001-23-33-000-2015-00806-01, demandado: José Crispín Guerra Córdoba, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro.

5. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de octubre de 2018, expediente: 11001-03-28-000-2018-00032-00, demandante: Carlos Adolfo Benavides Blanco, demandado: Luis Emilio Tovar Bello - Representante a la Cámara por el departamento de Arauca, 2018-2022, Magistrado Ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio.

6. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de octubre de 2018. Expediente: 11001-03-28-000-2019-00088-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.

7. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 03 de febrero de 2022. Expediente: 47001-23-33-000-2020-00088-01 (ACUMULADO con expediente 47001-23-33-000-2020-00087-00). MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.

8. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 23 de junio de 2022. Expediente: 70001-23-33-000-2020-00004-03 (Acumulado con procesos con radicados 70001-23-33-000-2020-00001-00 Y 70001-23-33-000-2020-00003-00). MP. Carlos Enrique Moreno Rubio

9. Postura que se ha adoptado, por lo menos, desde el año 2016.

10. Al respecto consultar entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 4 de agosto de 2016, radicación Nº 63001-23-33-000-2016-00008-01 M.P. Alberto Yepes Barreiro. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 27 de octubre de 2016, radicación Nº 68001-23-33-000-2016-00043-01 M.P. Rocío Araujo Oñate.

11. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.

12. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 21 de octubre de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

13. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 68001-23-33-000-2019-00867-02. M.P. Carlos Alberto Moreno Rubio. Sentencia de 3 de diciembre de 2020.

14. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 27 de febrero de 2025. Radicación 11001-03-28-000-2023-00153-00. M.P. Gloria María Gómez Montoya.y Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 22 de agosto del 2024. Radicación 11001-03-28-000-2023-00154-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

15. Ibidem.

16. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 31 de octubre de 2018. Expediente 11001-03-28-000-2018-00032-00. MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.

17. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 31 de octubre de 2018. Expediente 11001-03-28-000-2018-00032-00. MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.

18. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 20 de agosto de 2020. Expediente 11001-03-28-000-2019-00088-00. MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.

19. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 4 de agosto de 2016. Expediente 52001-23-33-000-2015-00841-01. MP. Alberto Yepes Barreiro.

20. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 03 de febrero de 2022. Expediente: 47001-23-33-000-2020-00088-01 (ACUMULADO con expediente 47-001-2333-000-2020-00087-00). MP. Carlos Enrique Moreno Rubio

21. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 1° de agosto de 2024. Radicación 63001-23-33-000-2023-00103-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 22 de agosto del 2024. Radicación 11001-03-28-000-2023-00154-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 8 de agosto de 2024. Radicación 08001-23-33-000-2023-00463-01. M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez

22. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 20 de agosto de 2020. Expediente 11001-03-28-000-2019-00088-00. MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.

23. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 31 de octubre de 2018. Expediente 11001-03-28-000-2018-00032-00. MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.