CONCEPTO 46 DE 2026
(marzo 26)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Bogotá D.C., 26 de marzo de 2026
Concepto No. 2025-03-NE-046
Doctora
Gloria María Gómez Montoya
Magistrada Ponente
Consejo de Estado-Sección Quinta
E.S.D.
| Radicación: | 25000-23-41-000-2025-01009-02 |
| Medio de control: | Nulidad electoral |
| Demandante: | Fundación para el estado de derecho -Fede Colombia- |
| Demandado: | XXXXX |
| Asunto de interés: | Requisitos académicos y profesionales. |
Respetada magistrada:
Dentro del término de traslado para rendir pronunciamiento[1], como Agente del Ministerio Público[2] ante esa Sección, presento concepto en el proceso de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Hechos
1.1.1. El 21 de marzo de 2025, el Ministerio del Interior mediante la Resolución No. 428, modificó el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la cartera ministerial, reduciendo los requisitos de formación académica y experiencia exigidos para el cargo de director de Asuntos Religiosos.
1.1.2. El 3 de abril de 2025 se publicó la hoja de vida de la persona llamada a ocupar el cargo de director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior.
1.1.3. El 29 de mayo de 2025 se nombró a XXXXX como director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, mediante la Resolución No. 0750.
1.1.4. Inconforme con tal nombramiento, la Fundación para el Estado de Derecho, interpuso, con fundamento en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo[3] -CPACA-, acción de nulidad electoral contra el referido acto de designación, pretendiendo que se declare su disconformidad con el orden jurídico y, en consecuencia, se expulse del mismo, por haber incurrido en desviación de poder, falsa motivación, desconocimiento de normas superiores y expedición irregular.
1.2. Fallo de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Cundinamarca, mediante sentencia del 22 de enero de 2026, negó las pretensiones de la demanda de nulidad del nombramiento del señor XXXXX como director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, al no advertir irregularidad sustancial que comprometiera la validez del acto.
Precisó el problema jurídico en los siguientes términos:
«Si el nombramiento del señor XXXXX como Director Técnico código 0100 grado 23 de la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, efectuado mediante Resolución No. 0750 del 29 de mayo de 2025, está viciado de nulidad por cuanto la entidad expidió el acto administrativo con desviación de poder y falsa motivación, porque se realizó una modificación al Manual de Funciones y Competencias para introducir cambios exclusivamente para el cargo de Director de Asuntos Religiosos y por faltar a la función pública y administrativa al no atender los principios de transparencia, igualdad, no discriminación y neutralidad religiosa»
En aras de resolver ese cuestionamiento, procedió a resolver cada uno de los cargos de manera sistemática, en el presente orden:
En primer lugar, en cuanto a la desviación de poder, relacionó la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 9 de julio de 2020[4] y procedió a desechar el vicio. Justificó la reforma de los requisitos para acceder al cargo de Director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior mediante la ampliación de núcleos de conocimiento, a partir de la implementación del SINALIBREC -Sistema Nacional de Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia; Diálogo Social; Paz Total; Igualdad y No Estigmatización-, creado por el artículo 312 de la Ley 2294 de 2023. Determinó que la carga probatoria debía recaer en quien alegaba el vicio, no sobre supuestos o en conjeturas. Concluyó que no se aportaron elementos probatorios que permitieran demostrar la ocurrencia de lo alegado y que la afiliación política del demandado no se podía adoptar como criterio para generar la nulidad de nombramiento. En esos términos desechó el cargo.
En segundo lugar, sobre el desconocimiento del principio de mérito y los principios que rigen la función administrativa, arguyó que el cargo se clasificaba como de libre nombramiento y remoción, por lo que no podía proveerse sobre un concurso basado en el mérito y solo se sometía al cumplimiento de los requisitos previstos en el manual de funciones y de la sujeción a los principios que rigen la función administrativa. Bajo esos elementos de juicio determinó que el cargo no prosperaba.
En tercer lugar, en relación con la vulneración del derecho fundamental a la libertad de cultos, explicó que, las inconformidades de algunas comunidades religiosas a la hoja de vida no acreditaban la vulneración de la libertad religiosa o de cultos y que "…las publicaciones y manifestaciones atribuidas al demandado, no cuentan con un respaldo probatorio suficiente que permita corroborar su autoría, contenido y contexto. Por lo anterior, no es posible tenerlas como un hecho cierto que pueda derivar la vulneración de los derechos alegados por el actor". En consideración a esas premisas desechó el cargo.
En cuarto lugar, en lo que hace a la falsa motivación por no reunir el demandado los requisitos para el cargo de director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, puso de presente lo exigido en materia de formación académica y experiencia para ejercer, revisó la documentación allegada al plenario y, determinó que, el accionado cumplía "con la Alternativa II que exigía título profesional y 100 meses de experiencia laboral"; en contraste, sostuvo que "el certificado expedido por la Esoteric Interfaith Theological Seminary" no era necesario para acreditar los estudios requeridos para el nombramiento. Eso consecuencia, valoró que, "Los reparos planteados por la demandante sobre la presunta afiliación del demandado al régimen subsidiado de salud, no permite por sí sola concluir que estuvo desempleado o que carecía de experiencia válida y por tanto se le debe otorgar validez al certificado de la Confesión Islámica Ahlul Bayt Colombia así como al argumento del demandado en donde afirma que dicha institución está cobijada con un régimen especial y por tanto, la ausencia o desactualización de la matrícula mercantil no es suficiente para desvirtuar por sí misma la experiencia certificada y que además fue validada por el Ministerio del Interior.". En consecuencia, desechó el cargo.
En quinto y último lugar, frente a que la Resolución 0750 de 2025 permaneció oculta al público infringiendo normas superiores sobre el deber de publicidad de los actos de nombramiento, argumentó, que si bien no aparecía publicada en la página web del Ministerio del Interior para satisfacer los requisitos del artículo 65 del CPACA y daba cuenta en el artículo 4 que "rige a partir de la fecha de su expedición"; también era claro que esa omisión obedecía a la eficacia u oponibilidad y no afectaba la invalidez del acto, con lo cual, dejó claro que el cargo no prosperaba.
En consecuencia, desestimó las pretensiones de la demanda y declaró que la Resolución No. 0750 de 2025, mediante la cual se nombró al demandado director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, se encontraba ajustada a derecho, manteniendo su legalidad.
1.3. Recurso de apelación
La fundación demandante interpuso, en los siguientes términos, recurso de apelación contra el fallo de primera instancia:
Reseña que existen evidencias que el acto demandado fue expedido con desviación de poder, cita que, si bien se justificó el cambió de Manual de Funciones mediante la Resolución 0428 de 2025 en la necesidad de implementación de una ley del año 2023 que creó el Sistema Nacional de Libertad Religiosa; este ya había surtido una modificación en el año 2024 sobre los requisitos para el cargo de director de Asuntos Religiosos.
Sustenta que no se tuvo en cuenta el silencio de la entidad nominadora frente a esa situación; no se valoró la circunstancia de tiempo y oportunidad en relación con el nombramiento cuestionado; no se interrogó del porqué solo hasta el año 2025 se buscó un cambio frente a una Ley de 2023; no se analizó que el demandado no cumplía requisitos frente al manual original, pero sí con los requisitos objeto de variación en materia académica; y, no se indagó sobre los antecedentes del acto administrativo, según lo dicho por el Consejo de Estado[5].
Sobre ese punto, hace una línea de tiempo sobre la modificación del manual de funciones y el nombramiento cuestionado para concluir que, la entidad nominadora lo que buscó fue favorecer un nombramiento en particular, afirma que la primera instancia no tuvo en cuenta la línea jurisprudencial sobre desviación de poder en casos de ajustes normativos a los manuales de funciones para viabilizar particulares nombramientos[6] y "no analizó si la modificación y ampliación de los núcleos de conocimiento eran necesarias o tan siquiera razonables a la luz de los antecedentes del acto para cumplir con las funciones del cargo".
Asevera que el a quo omite en el análisis del principio del mérito en cargos de libre nombramiento y remoción, según lo expuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado citando a la Corte Constitucional, en el entendido que, "En efecto, las excepciones a la carrera administrativa (v.gr. el libre nombramiento y remoción, la elección popular o los trabajadores oficiales) no implican que esas formas de elección o designación no expresen el mérito o se contrapongan al mismo. El mérito no necesariamente es sinónimo de capacidades técnicas y títulos académicos, pues en un sentido amplio cobija tanto calificaciones objetivas como la valoración -transparente- de aspectos subjetivos necesarios para acreditar la aptitud, como lo es la idoneidad moral del aspirante"[7].
Alega que la provisión de libre nombramiento es discrecional, pero no es absoluta, pues está sujeta a los límites del interés general[8], tales como, la publicación de la hoja de vida del eventual designado en los términos del artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015 y lo prescrito por el Consejo de Estado, en el sentido de evaluar las observaciones emitidas por los ciudadanos sobre la hoja de vida de manera objetiva[9]. En ese sentido, concluye que "La negativa del Tribunal a valorar los antecedentes del acto y a examinar de manera integral sus implicaciones, condujo a que no se analizara la posible vulneración del principio del mérito ni de los principios que rigen la función administrativa, en especial los de igualdad, imparcialidad y moralidad, frente a los cuales la sentencia guarda silencio, desconociendo con ello el estándar de control que exige el ordenamiento jurídico".
Arguye que no se analizaron las pruebas que tienen que ver con el vicio de falsa motivación sobre los documentos con los que se acreditó la experiencia; esto es, (i) la incongruencia entre la experiencia certificada y los registros de la ADRES y (ii) la falta de renovación del registro mercantil de la entidad que certificó la experiencia.
Afirma que la falsa motivación no surge únicamente de la eventual inexactitud de los documentos aportados, sino -de manera decisiva- de la ausencia de una verificación seria, objetiva y previa por parte de la autoridad, circunstancia que el Tribunal debió analizar de fondo y que resulta determinante para la prosperidad del cargo. Plantea que el certificado de la ADRES de XXXXX demuestra que estuvo afiliado al régimen subsidiado de salud entre el 1 de junio de 2013 y el 5 de octubre de 2017, lo que sugiere una situación de desempleo o informalidad incompatible con la experiencia continua que pretendía acreditarse y, que, tampoco hubo pronunciamiento de fondo sobre el hecho de que el único soporte de la experiencia laboral del demandado correspondiera a la Casa Cultural Ahlul Bayt, cuyo certificado de la Cámara de Comercio advierte que la entidad no había renovado su matrícula desde el año 2020. Lo que se conectaba con la negativa de práctica de pruebas, orientadas a verificar la veracidad y la suficiencia de la certificación laboral.
Asegura, que la primera instancia desconoce la vulneración de la libertad religiosa por su propia negativa probatoria, pues pese a que las observaciones ciudadanas coincidieron de manera reiterada en advertir riesgos concretos para la garantía de la libertad religiosa, el pluralismo y el diálogo interreligioso, no fueron objeto de verificación ni de análisis sustantivo. Se reafirma en que no estaban dados los elementos para la garantía institucional de libertad de cultos, el pluralismo religioso y el respeto por el diálogo interreligioso, teniendo en cuenta las manifestaciones públicas ampliamente difundidas y atribuidas a XXXXX en su cuenta de "X" antes Twitter, sobre las cuales se negó la práctica de prueba.
En ese orden, discurre que "la relevancia y conducencia de la prueba queda, además, demostrada por la propia motivación del fallo, en el cual el Tribunal niega la prosperidad del cargo por falta de acreditación de la autoría de las publicaciones atribuidas al demandado. Resulta contradictorio negar el decreto de la prueba destinada precisamente a acreditar este hecho y, acto seguido, reprochar su ausencia para desestimar el cargo. Esta decisión cerró de manera irrazonable el debate probatorio e impidió la prosperidad del cargo".
Con todo lo anterior, solicita que se revoque la sentencia del 22 de enero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, que se declare la nulidad de la Resolución 0750 de 2025, expedida por el Ministerio del Interior.
2. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
2.1. Problema jurídico
Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si confirma o revoca la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual, no se accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad de la elección de XXXXX como director de Asuntos Religiosos del Ministerio de Interior, al no advertir irregularidad sustancial que comprometiera la validez de la designación.
Para ello, el Ministerio Público procederá a pronunciarse sobre cada uno de los argumentos de censura propuestos, con el fin de establecer si aquellos tienen la entidad suficiente para revocar la decisión impugnada o, por el contrario, si esta debe mantenerse incólume.
- Sobre la desviación de poder
En cuanto al vicio genérico de desviación de poder, aquel se edifica cuando el órgano que se encuentra ejerciendo función administrativa, luego de tramitar el correspondiente procedimiento para la expedición de una determinación que en ejercicio de sus competencias le corresponde adoptar, emplea sus atribuciones para lograr una finalidad ajena a los intereses públicos, sociales y en general a motivos distintos a los propósitos establecidos por el legislador. Sobre el particular, el Consejo de Estado ha indicado:
"(...) la desviación de poder ha sido definida por la jurisprudencia de esta Corporación como el vicio que afecta la finalidad del acto administrativo, bajo el entendido de que el propósito que el acto persigue configura un requisito que hace a su legalidad y que debe hallarse en el marco de la función administrativa y del ordenamiento jurídico; y por tanto, se configura cuando se está ante la presencia de una intención particular, personal o arbitraria de un sujeto que actúa a nombre de la administración, en la búsqueda de un fin opuesto a las normas a las que debe someterse[10].
De igual forma, ha advertido esta Sala que la demostración de una desviación de poder impone un análisis que trasciende la órbita de lo objetivo y formal del acto censurado, para trasladarse a la esfera estrictamente subjetiva de las personas que llevan la representación de la Administración, lo que a su turno implica la demostración del iter desviatorio para quien la alega como causal de anulación, en el sentido de que debe aparecer acreditado fehacientemente que la autoridad nominadora actuó con fines personales, a favor de terceros o influenciado por una causa adversa al cumplimiento efectivo de los deberes públicos, que el ordenamiento legal le obliga observar[11]".
La Sección Quinta[12] ha sido enfática en que la causal "desviación de poder", procede cuando los motivos que justifican el acto resultan ajenos a la ley. "De allí que cuando se alega esta causal de nulidad debe llevarse al Juez a la certeza incontrovertible de que los motivos que tuvo la administración para proferir el acto enjuiciado no son aquellos que le están expresamente permitidos por la ley, sino otros, de manera que el resultado de la decisión que se ataca es diverso del que naturalmente hubiera debido producirse si la decisión se hubiere proferido de acuerdo con los dictados legales que la informan".
En la misma línea se, ha prescrito en la jurisprudencia del Consejo de Estado[13] que este motivo de ilegalidad –conocido en el derecho administrativo francés como el "détournement de pouvoir"– implica para el demandante demostrar con total certidumbre el "iter" de desviación seguido por la autoridad administrativa que despliega sus prerrogativas en beneficio propio, de un tercero o, en general, de un fin que no consulta el sistema jurídico, debiéndose adentrar entonces en el campo volitivo de los funcionarios que disponen de la titularidad del poder.
Lo cual fue reafirmado a posterioridad[14], en el entendido que son varios elementos lo que se deben tener en cuenta: (i) un análisis que trasciende la órbita de lo objetivo y formal del acto censurado; (ii) se valora la esfera estrictamente volitiva de las personas que representan a la administración; (iii) debe darse la demostración del iter desviatorio para quien la alega como causal de anulación. En ese orden, "Debe entonces aparecer acreditado fehacientemente, que la autoridad nominadora actuó con fines personales, a favor de terceros o influenciado por una causa adversa al cumplimiento efectivo de los deberes públicos, que el ordenamiento legal le obliga observar."[15].
Bajo esa línea argumentativa, esta anomalía exige que el demandante demuestre que el propósito de la determinación administrativa estuvo orientado a satisfacer un fin distinto de aquellos previstos por el orden normativo, respondiendo a un interés particular o arbitrario que no coincide con el objeto misional conferido a la entidad que la expidió. Es decir, que "…el cargo pende de la refrendación probatoria de la finalidad subrepticia u "oscura" que, a voces de los actores, fue satisfecha mediante la expedición de los actos electorales"[16].
El recurrente desde el libelo introductorio busca generar convencimiento en el juzgador a partir de una línea de tiempo y algunos elementos de prueba que convergen en la narrativa de la desviación de poder, alrededor del acto de elección de XXXXX como director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, para ello expuso que:
La Ley 2294 de 2023[17], mediante la cual se crea el Sistema Nacional de Libertad Religiosa y de Cultos (SINALIBREC) -invocada como justificación para la expedición de la Resolución 0428 de 2025-, fue expedida dos años antes y no requería para su implementación determinados títulos profesionales.
El 6 de junio de 2024, se expidió la Resolución 0881 –la cual se allegó-, que modificó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del Ministerio del Interior, incluyendo el empleo código 0100, grado 23, correspondiente al cargo de director técnico de Asuntos Religiosos; sin embargo, en esa oportunidad, no se introdujeron los cambios que resultaban indispensables para la puesta en marcha del SINALIBREC. Pese a que, en sus considerandos, ese acto, hizo explícito "Que se hace necesario derogar la Resolución 0450 de 2022 y modificar las resoluciones 1808 de 2018 y 1129 de 2022 para los empleos relacionados a continuación: (...)", entre ellos, el de la Dirección de Asuntos Religiosos.
En ese orden, considera que, "no puede aceptarse la justificación formal según la cual, la expedición de la Resolución 0428 de 2025 tenía como fin implementar el Sistema Nacional de Libertad Religiosa y que se trataba de una necesidad institucional imperiosa, cuando ya se había realizado un ajuste al Manual de Funciones bajo el cual, no era posible nombrar el señor XXXXX".
Agrega que, el 21 de marzo de 2025, mediante la Resolución 0428, el Ministerio modificó única y expresamente los requisitos del cargo de director técnico de Asuntos Religiosos, e incluso, ese mismo día la Subdirección de Gestión Humana certificó que XXXXX cumplía con los requisitos de la resolución recién expedida, lo que demostraba la coincidencia temporal entre la modificación del perfil y la verificación favorable de requisitos. No en vano, 4 días después, el 25 de marzo de 2025, se le solicitó al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) la evaluación de competencias laborales de accionado, la cual se practicó el 27 de marzo de 2025, dos días después, con concepto favorable.
Concluye que, entre el 2 y el 5 de abril, se publicó la hoja de vida de XXXXX en los portales de la Presidencia de la República y del Ministerio del Interior, sobre la que se allegaron numerosas observaciones y denuncias ciudadanas, relativas a la ausencia de requisitos e inconsistencias en la experiencia reportada, así como preocupaciones que el nombramiento representaba para la garantía de la libertad religiosa y de cultos. No obstante, nada ameritó una investigación o análisis exhaustivo de la autoridad nominadora, resultando inoperante el deber reglamentario de publicidad y de evaluación de las observaciones ciudadanas.
Sobre el particular, es procedente estimar que, en principio la modificación del manual de funciones y la consignación de nuevos requisitos para un cargo o la sustracción de algunos, no se puede entender, per se, como una clara muestra en la configuración de la desviación de poder. Eso solo opera bajo circunstancias particulares. El Consejo de Estado ha valorado el tema en versiones diferentes.
En la sentencia del 13 de octubre de 2025, la Sección Segunda, Subsección B[18], llegó a la conclusión que el cambio de requisitos en el manual de funciones constituía desviación de poder, cuando en el marco de la discrecionalidad se reemplazaba un empleado de libre nombramiento y remoción con un alto grado de preparación por un servidor que no tenía la formación ni la experiencia prevista y requería de una modulación reglamentaria a su favor: "La conducta desplegada por el nominador al adecuar el Manual de Funciones a las necesidades de las personas que van a desempeñar el cargo es ajena al buen servicio público, máxime cuando se reemplaza a un funcionario con experiencia por una persona que ni siquiera cumple los requisitos para el ejercicio del cargo, lo que lo lleva a adecuar el Manual de Requisitos a las condiciones personales de la persona a quien pretenda promocionar".
En ese margen, se acentuó que ese tipo de manejos vulnera los principios rectores de la actividad administrativa, entre ellos la moralidad y el interés general, la eficiencia y la probidad.
La misma Sección, en providencia del 14 de agosto de 2009[19], en un caso similar, relacionó que al modificarse los requisitos para un cargo en una "brevísima temporalidad", genera "un nexo causal entre el nombramiento del reemplazo del demandante y su beneficio, en desmedro de la parte actora, el buen servicio y el interés general, demostrándose una evidente desviación de poder". Eso en cuanto al cambio del manual de funciones entre la designación y la posesión del beneficiado con el cargo. En ese sentido, el proveído normativo concluye:
"De lo visto anteriormente, concluye la Sala que si bien el actor fue nombrado en un cargo de libre nombramiento y remoción, la CNTV excedió los límites de la facultad discrecional al declararlo insubsistente en el cargo con la finalidad de vincular a la Dra. Liliana Jaramillo Mutis sin que al momento de su nombramiento cumpliera con el requisito del título universitario en Contaduría Pública, forzando la modificación del Manual de Funciones y Requisitos para que pudiera acreditar el título de Abogada al momento de su posesión, demostrándose la desviación de poder que amerita confirmar la decisión de primera instancia".
Por su parte, la Sección Quinta en sentencia del 17 de octubre de 2024[20], al responder al problema jurídico, sobre si, ¿Se incurrió en desviación de poder, toda vez que el consejo directivo de la ITFIP al modificar los requisitos del empleo de rector, a través del Acuerdo 11 de 16 de junio de 2022 y la Resolución 0385 de 30 de junio de 2023 limitó el acceso de nuevos liderazgos para que pocas o ninguna persona se presenten a las convocatorias, perpetuando en el cargo de rector al señor Mario Fernando Díaz, quien lo ocupa desde el 2017?, luego de relacionar y evaluar algunos medios de prueba, destacó que, "no evidencian un desconocimiento de los intereses legítimos que deben guiar el actuar de la autoridad administrativa".
En el caso concreto, el tema se aborda en el marco del medio de control de la acción electoral y no dentro de una nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que se valora la legalidad del acto y no los intereses del demandado en desmedro de otro servidor. Las referencias probatorias dan cuenta de lo siguiente:
La Ley 2294 de 2023[21], artículo 312, creó el Sistema Nacional de Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia; Diálogo Social; Paz Total; Igualdad y No Estigmatización (SINALIBREC). También dio vía libre para que el Ministerio del Interior, bajo la coordinación de la Dirección de Asuntos Religiosos, emprendiera todas las acciones para la articulación intersectorial, interinstitucional y territorial del SINALIBREC.
El Manual de Funciones del Ministerio del Interior fue modificado mediante la Resolución 0881 del 06 de junio de 2024, teniendo como fundamento principal lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 2094 de 2021 que modificó el artículo 12[22] de la Ley 1952 de 2019, según se deriva de la memoria justificativa, "ajustar las funciones de los empleos en adelantes descritos y de esta forma contar con dos funcionarios diferentes encargados de llevar la etapa de investigación". También resultó modificado mediante la Resolución 0428 del 21 de marzo de 2025, bajo la necesidad de variar el perfil del empleo de Director Técnico Código 0100, grado 23 de la Dirección de Asuntos Religiosos, teniendo como sustento la creación del Sistema Nacional de Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia, Diálogo Social, Paz Total, Igualdad y No Estigmatización -SINALIBREC-, mediante la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023. A saber:
| Resolución 0881 de 2024 | Resolución 0428 de 2025 |
| Memoria Justificativa | Memoria Justificativa |
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| Estudios y Experiencia | Estudios y Experiencia |
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En efecto, si bien hubo dos modificaciones del manual de funciones después de la Ley 2294 de 2023; también es claro que solo hasta la expedición de la Resolución 0428 de 2025 se relacionó como parte de la memoria justificativa la necesidad de modificar el perfil del cargo para el Director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, teniendo como sustento la creación del SINALIBREC. Eso llevó a que se abrieran los núcleos del conocimiento de Derecho y afines, se ensanchó a Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Educación, Filosofía, Teología y afines y Administración. Es decir, que se expandió el portafolio profesional, pero los demás elementos se mantuvieron iguales. Los requisitos solo variaron hacía la consideración de más profesiones, en conjunto con las alternativas I y II. Los grados académicos en el orden de pregrado-postgrado-maestría; pregrado-postgrado-especialización y pregrado, no se alteraron.
En esencia, se preservó la premisa original de la vinculación con la función pública bajo los rangos mínimos de exigencia: menor formación por más experiencia y mayor formación por menos experiencia.
En ese sentido, no está acreditado que el Ministerio del Interior haya desvinculado a una persona bajo condiciones particulares para generarle espacio al cuestionado, mediante la modificación del Manual de Funciones con la exigencia de un requisito unívoco y de solo cumplimiento por XXXXX. La expansión de profesiones abrió el abanico de posibilidades en el proceso de selección del director de Asuntos Religiosos. Pasó de estar concentrado y direccionado para expertos en ciencias jurídicas al ensanchamiento y perfilamiento de conocedores de otras disciplinas.
La modificación del Manual de Funciones mediante la Resolución 0428 del 21 de marzo de 2025 no se presentó entre la designación y la posesión del cuestionado. Es claro que se realizó con anterioridad, inclusive, a la publicación de la hoja de vida. Por lo que no se puede valorar desde el indicio de oportunidad como una modificación hecha a la medida de quien detentaría el cargo de manera imperativa. Menos aún, cuando la variación se tradujo en la expansión de profesiones y no en el condicionamiento con la dirección de individualización.
Por último, se interpreta, se acepta y se valora como razonable la modificación en el año 2025 del Manual de Funciones del Ministerio del Interior, al menos por tres razones: se relacionó de manera directa con la creación del Sistema Nacional de Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia, Diálogo Social, Paz Total, Igualdad y No Estigmatización -SINALIBREC-, según la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023; la variación del año 2023 apuntó a temas de índole procesal disciplinario y no tuvo en cuenta el carácter sustancial de las novedades que se debían tener en cuenta con el SINALIBREC; y, la enmienda se focalizó en la amplitud de profesiones y su relación con temas sociales, tales como: Diálogo Social, Paz Total, Igualdad y No Estigmatización, propios de quien debiera asumir el rol en la Dirección de Asuntos Religiosos.
Lo anterior, resulta por demás, congruente con la naturaleza del cargo, pues no es desfazado hacer énfasis en que el cargo de Director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior tiene como naturaleza el libre nombramiento y remoción, bajo los referentes de confianza y lealtad, afinidad funcional e ideológica y la ejecución mancomunada de las políticas públicas, al estilo del SINALIBREC, hacía un mismo propósito, lo que se alinea dentro de la dinámica administrativa con la facultad discrecional, sin que se suponga una sanción y/o un juicio negativo de la labor o de la profesión.
Considerado lo anterior, no se puede aceptar que la modificación del Manual de Funciones del Ministerio en el año 2025 y el nombramiento en el cargo de Director de Asuntos Religiosos de XXXXX sean consonantes con la comisión de la causal de nulidad abuso de poder. Los elementos de juicio expuestos permiten interpretar que era posible la reforma para que se les diera oportunidad a nuevas profesiones en consonancia con la creación del Sistema Nacional de Libertad Religiosa y el nuevo enfoque de Diálogo Social, Igualdad, No Estigmatización, etc. Eso se opone a la variación bajo supuestos oscuros o contrarios a la ley, e inclusive, a que se haya producido bajo el "desconocimiento de los intereses legítimos que deben guiar el actuar de la autoridad administrativa".
En definitiva, de lo arrimado al expediente y del juicio argumentativo explicado por el recurrente, no resultan definidos los elementos que adviertan un abuso de poder en la designación del accionado. Las inconformidades con el fallo de instancia no devienen en juicios de "certeza incontrovertible" que permitan al juzgador de instancia revocar la decisión impugnada.
- Del principio de mérito
Se cuestiona que no se valoró el tema del principio del mérito que también aplicaba para cargos de libre nombramiento y remoción, bajo aspectos de observaciones a la hoja de vida y su relación con los principios que gobiernan la función administrativa.
En principio, la Sección Quinta del Consejo de Estado al valorar los cargos de libre nombramiento y remoción, cuyo ejercicio implica especial confianza y lealtad, destaca y resalta el principio de la discrecionalidad y la competencia para realizar la designación. Menciona que, según la ley, "los empleos públicos se clasifican a su vez en cargos de libre nombramiento y remoción", por lo que, "en los primeros [libre nombramiento] existe discrecionalidad del nominador para su provisión…"[23]. Eso permite racionalizar que no requieren de una prueba de mérito especial como las configuradas para los cargos de carrera administrativa.
No obstante, es importante relacionar que, la Corte Constitucional en la sentencia C-046 de 2018[24], al responder al problema jurídico sobre si ¿El artículo 20 de la Ley 1797 de 2016 viola el artículo 125 de la Constitución sobre los principios del mérito y de no regresividad al determinar la provisión de los cargos de director o gerente de las ESE mediante el nombramiento por el presidente, los gobernadores y alcaldes y no mediante concurso de méritos?, destaca que, tal naturaleza -libre nombramiento y remoción- no elimina el mérito como criterio de selección, pero sí lo combina con otros factores subjetivos que, en principio, son admisibles de conformidad con el contorno de necesidades que se requieran en el ejercicio del cargo.
El Tribunal Constitucional en la sentencia relacionada, resuelve que:
"Las excepciones a la carrera administrativa del artículo 125 y las legales no implican que esas formas de elección o designación en empleos públicos no expresen el mérito o se contrapongan al mismo. En primer lugar, pues el establecimiento de formas diferentes al concurso de méritos no significa que los cargos estén privados de requisitos y que sea posible nombrar a cualquier persona sin que exista una correlación entre su perfil profesional, experiencia y el cargo que deben ejercer. En este aspecto, al igual que le corresponde al Legislador regular las etapas y requisitos de los concursos de méritos también le asiste la misma potestad a ese o su delegado para determinar los requisitos para los cargos. Esa determinación configura los contornos objetivos del mérito en tal nivel. Por ejemplo, se puede establecer que para acceder a un cargo de libre nombramiento y remoción se requieran cinco años de experiencia y una maestría, como también se puede exigir una edad específica o diferentes títulos universitarios o inclusive experiencia profesional particular, como la previa dirección de entidades o instituciones. Esos requisitos fijan un aspecto objetivo, a pesar de que admite otros criterios que, sin lugar a dudas están relacionados con determinaciones subjetivas del nominador, que responden a la confianza, y a la coordinación y coincidencia ideológica en la gestión pública con la cual se debe ejercer el cargo, lo que repercute en la continuidad del servicio y su buena prestación".
Para el caso sub júdice, se advierten surtidos los dos elementos que convoca la Corte, por un lado, la designación de XXXXX en el cargo de Director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior tuvo como fundamento el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Resolución 0428 del 21 de marzo de 2025, alternativa II, pues el mencionado es licenciado en educación religiosa -criterio objetivo- y, por el otro, es claro que, por tratarse de un cargo de libre y nombramiento y remoción, se tuvo en cuenta la confianza, la coordinación y la coincidencia ideológica en la gestión pública con la cual se debe ejercer el cargo, según la respuesta de la Cartera Ministerial del 02 de mayo de 2025 -criterio subjetivo-.
Asimismo, aunque se cuestiona que no se tuvieron en cuenta las observaciones que realizaron diferentes organizaciones y algunos ciudadanos a la hoja de vida de XXXXX como aspirante a ocupar el cargo de Director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior; también es claro que no resultaba obligatorio para la administración acceder a los requerimientos externos, pues es claro que esa figura busca garantizar la transparencia, integridad y el control ciudadano en la selección de funcionarios públicos, o encontrar perfiles adecuados, sin que ello implique un sometimiento irrestricto para el nominador, sin lo cual no pueda realizar la designación.
Tampoco se puede entender que el desconocimiento de las observaciones a la hoja de vida del eventual servidor público de libre nombramiento y remoción se advierta, per se, como un criterio inhabilitante o una consideración negativa que le impida ocupar el cargo.
En ese orden, no se advierte desconocido el principio del mérito en la designación del accionado como Director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, pues se consiente en que la hoja de vida se sometió a los requisitos exigidos profesionalmente y al criterio de discrecionalidad bajo las égidas de confianza, lealtad y coincidencia ideológica en la gestión pública.
- De la falsa motivación
Se cuestiona que hubo falsa motivación sobre los documentos con los que se acreditó la experiencia del cuestionado, en atención a la eventual incongruencia entre la experiencia certificada y los registros de la ADRES y la falta de renovación del registro mercantil de la entidad que certificó la experiencia.
La falsa motivación parte del presupuesto que los hechos son falsos, "bien porque nunca ocurrieron o se describen de forma distinta a como ocurrieron, y cuando los hechos ocurridos se aprecian erróneamente, porque no tienen el alcance ni producen los efectos que les da el acto administrativo, o no corresponden a los supuestos descritos en las normas que aquél invoca"[25].
En este punto es necesario hacer una precisión conceptual respecto de la falsa motivación. La jurisprudencia del Consejo de Estado[26] ha señalado que para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación "es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: i) que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o ii) que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente"[27].
En otros términos, las razones, motivos de hecho o de derecho aducidos para proferir el acto no se corresponden con la realidad fáctica que se pretende regular o no corresponden a los supuestos descritos en las normas que aquél invoca.
El Consejo de Estado ha establecido cuatro subreglas cuando de la falsa motivación se trata[28]: i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien sea por error o por razones engañosas o simuladas; iii) porque el autor del acto ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen; y, iv) porque los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión.
Respecto de este reproche como fundamento del recurso de alzada, la reforma introducida al Manual Específico de Funciones del Ministerio del Interior mediante la Resolución 0428 del 21 de marzo de 2025 indicó que el Director de Asuntos Religiosos ostentaba naturaleza de libre nombramiento y remoción. En cuanto a las exigencias para acceder al cargo, estableció que se tenía una posibilidad con dos alternativas, en las que configuró las obligaciones académicas -esto es, aquellas relativas a los conocimientos adquiridos en instituciones públicas o privadas- y diferentes marcos de experiencia:
Entre ellas, se contaba con la alternativa II consistente en acreditar educación superior en la modalidad de pregrado, en su nivel profesional; es decir, aquella obtenida en una universidad cuyo título otorgado sea en programas con núcleo básico del conocimiento en Derecho y afines; Ciencia Política; Relaciones Internacionales; Educación; Filosofía; Teología y afines y Administración, más 100 meses experiencia profesional relacionada.
Es así como el seleccionado acreditó su condición de Licenciado en Educación Religiosa con lo cual surtió el requisito académico y allegó rótulos de experiencia por 11 años y nueve meses, sobre esta última, aportó una certificación laboral de la Confesión Islámica AHLUL BAYT COLOMBIA en la que se consignó que ejerció como asesor entre el 01 de enero de 2014 al 01 de febrero de 2025.
Sobre esta experiencia se cuestiona que no se haya valorado que, de manera correlativa a esa fecha, estuvo vinculado al régimen subsidiario entre el 01 de junio de 2013 y el 05 de octubre de 2017; es decir, que no fue cotizante, aunado a que, la Confesión Islámica AHLUL BAYT COLOMBIA no renovó su registro mercantil.
Sobre esta situación, la Sección Quinta del Consejo de Estado[29] ha dejado claro que esos criterios no se pueden tener en cuenta a la hora de valorar el cumplimiento de la experiencia laboral. Basta con allegar las certificaciones bajo los requisitos del artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015. En efecto: "…debe indicarse que, conforme lo establecido en el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, la prueba del contrato ni la certificación del pago de contribuciones parafiscales no constituyen elementos exigibles para la acreditación de experiencia, por lo que no es un aspecto relevante para establecer si el accionado cumplió o no con dicha exigencia contemplada en el Manual de Funciones por Competencias"[30].
De acuerdo con el artículo 2.2.2.3.8. del Decreto 1083 de 26 de mayo de 2015, las certificaciones para acreditar experiencia específica o relacionada deben cumplir con los siguientes requisitos:
"Certificación de la experiencia. La experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas.
Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente, la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo.
Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo, la siguiente información:
1. Nombre o razón social de la entidad o empresa.
2. Tiempo de servicio.
3. Relación de funciones desempeñadas.
Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya prestado sus servicios en el mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.
Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8)".
Lo cual se cumplió en el presente caso de manera formal, por cuanto las certificaciones allegadas por el accionado al proceso de elección, que son cuestionadas por el demandante, dieron cuenta del nombre de la empresa o sociedad para la cual laboró o tuvo vínculo jurídico; el tiempo de servicios y la relación de funciones desempeñadas.
Con esos documentos se generó para el nominador la certeza del cumplimiento de los requisitos para el cargo por parte de XXXXX, sin que fuera necesario recurrir a mecanismos adicionales, pues la falta de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social o su carácter diferencial, e incluso, la ausencia de renovación de la matrícula mercantil, no pueden ser el fundamento para tener o no por cierta una vinculación laboral o un contrato de prestación de servicios, puesto que puede ocurrir que a pesar de existir tales relaciones, surjan imprevistos para la actividad económica organizada que hagan imposible la atención de ciertas obligaciones.
En ese orden, lo relacionado por el extremo recurrente no tiene la virtualidad para desaprobar y menoscabar los elementos de juicio esgrimidos por la primera instancia para desechar el tema de la falsa motivación, en lo que hace a la acreditación de la experiencia laboral exigida para el cargo de Director de Asuntos Religiosos del Ministerio de Interior.
- De la competencia para el cargo en materia de libertad de cultos
Se recrimina que con la elección del accionado no estaban dados los elementos para la garantía institucional de libertad de cultos, el pluralismo religioso y el respeto por el diálogo interreligioso, teniendo en cuenta las manifestaciones públicas ampliamente difundidas y atribuidas en su cuenta de "X" antes Twitter, sobre las cuales se negó la práctica de pruebas.
En congruencia con este punto, es preciso advertir que la Corte Constitucional en la sentencia T-357 de 2024[31], al tejer la reiteración de jurisprudencia sobre la libertad de cultos y el principio de laicidad en Colombia, resalta que este es uno de los principios rectores en la Constitución Política de 1991como deber general de separación entre el Estado y las iglesias y una obligación de neutralidad en materia religiosa. Eso significa que el Estado no adopta ni promueve una religión oficial, todas las religiones son aceptadas por igual en armonía con el pluralismo cultural y el derecho a la igualdad, e inclusive, las personas pueden profesar libremente cualquier religión o no practicar ninguna.
Esas garantías se dispusieron como derechos fundamentales y verdaderas reglas jurídicas en los artículos 18 y 19 de la Constitución. Esto es, las libertades de conciencia y cultos de todas las personas. "De la primera de ellas, se desprende que las personas puedan profesar o no una fe. Por su parte, la libertad de cultos permite que todas las personas puedan profesar libremente su religión y difundirla en forma individual y colectiva". En ese sentido, "el Estado tiene una obligación de no hacer que le impide promover una religión en particular o restringir la práctica de las religiones; más aún cuando se hace en condiciones desiguales frente a otros credos o frente a quienes no profesan ninguna fe".
Bajo ese marco, se reprocha la posición religiosa del elegido Director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, a partir de diferentes medios noticiosos sobre la publicación de algunos mensajes, entre ellos, que "Desde hace casi un año y medio, miles de judíos en el Hemisferio Occidental estamos siendo atacados, encarcelados, difamados y perseguidos por oponernos al nazismo israelí y por solidarizarnos con el Pueblo Palestino. Esto demuestra que no hay nada más antisemita que el Sionismo", con lo que no habría la garantía institucional de libertad de cultos, el pluralismo religioso y el respeto por el diálogo interreligioso.
Sin embargo, como lo advirtió la primera instancia, no existen dentro del proceso medios de prueba certeros que permitan edificar un patrón de afrentas contra un sector religioso o una creencia social. También es claro, que las manifestaciones de esa naturaleza, según lo valorado, se dieron en su condición de ciudadano y no como agente o representante del Estado, enmarcado en las garantías de libertad de opinión, de publicitación y de conciencia.
Inclusive, no es menos cierto que las garantías en materia de libertad de conciencia, principio de laicidad y diálogo interreligioso, obedecen a criterios constitucionales de rango fundamental. El ejercicio es consonante con la protección reglada del Estado de Derecho. Eso permite reseñar que, la condición y la visión individual, una vez se hace la integración al Estado, ceden al principio de sujeción, en línea con la preservación de la neutralidad oficial y del acatamiento pleno a la Constitución, la ley y el reglamento.
Sumado a eso, las posiciones personales en materia religiosa responden a la libertad de conciencia, no se catalogan o están regladas como impedimento y/o restricción para acceder al desempeño de cargos del Estado, incluido el de Director de Asuntos Religiosos. Esa valoración subjetiva no se cuenta como barrera para ejercitar el derecho fundamental de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, mediante el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos -art. 40, C.P.-. Tampoco está inserta como requisito negativo -inhabilidad- para el ingreso a la función pública, pues reñiría con el desconocimiento del principio de igualdad constitucional -art. 13, C.P.-.
Bajo ese marco, la fundamentación traída a colación por la parte impugnante sobre este punto, tampoco tiene la solvencia ni la fuerza argumentativa para modificar lo decidido por la fallador de primer grado.
En consideración a lo previamente indicado, y ante la ausencia de cumplimiento de argumentos sólidos que permitan valorar de manera diferente lo decidido en la providencia cuestionada, no resulta procedente acceder a las pretensiones de la demanda, por lo que la Resolución No. 0750 del 29 de mayo de 2025, se debe mantener dentro del ordenamiento jurídico.
2.2. Síntesis
El Ministerio Público considera que no están dados los elementos de juicio para que prosperen los argumentos de alzada en atención a lo siguiente:
i). No se advierte consumada la causal de nulidad por desviación de poder con ocasión del nombramiento de XXXXX como director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior mediante la Resolución No. 0750 del 29 de mayo de 2025, teniendo en cuenta que, la modificación en el año 2025 del Manual de Funciones del Ministerio del Interior se advierte proporcional y razonable.
Aquella se relacionó de manera directa con la creación del Sistema Nacional de Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia, Diálogo Social, Paz Total, Igualdad y No Estigmatización -SINALIBREC-, según la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023; la variación del año 2023 apuntó a temas de índole procesal disciplinario y no tuvo en cuenta el carácter sustancial de las novedades que se debían tener en cuenta con el SINALIBREC; y, la enmienda se focalizó en la amplitud de profesiones y su relación con temas sociales, tales como: Diálogo Social, Paz Total, Igualdad y No Estigmatización, propios de quien debiera asumir el rol en la Dirección de Asuntos Religiosos.
ii). No se valora trasgredido el principio del mérito para el ejercicio de la función pública con la designación del accionado en el cargo de Director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, pues tuvo como fundamento el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Resolución 0428 del 21 de marzo de 2025, alternativa II, en atención a que el seleccionado acreditó ser licenciado en educación religiosa -criterio objetivo- con más de 100 meses de experiencia y, al tratarse de un cargo de libre y nombramiento y remoción, se valoró la confianza, la coordinación y la coincidencia ideológica en la gestión pública, -criterio subjetivo.
iii). No hubo falsa motivación en el acto de nombramiento cuestionado, por cuanto la falta de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social, su carácter diferencial, o, la ausencia de renovación de la matrícula mercantil de la sociedad empleadora, no son el fundamento para tener o no por cierta una vinculación laboral o un contrato de prestación de servicios. Lo que se requiere para la acreditación de experiencia laboral son las certificaciones con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2.2.2.3.8. del Decreto 1083 de 26 de mayo de 2015. En ese sentido, los escritos fueron allegados en esos términos al proceso de vinculación como Director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior por parte del accionado, sin que se produjera una tacha de falsedad. En ese orden, no se generó irregularidad alguna.
iv). Por último, los cuestionamientos sobre la ausencia de la garantía institucional de libertad de cultos, el pluralismo religioso y el respeto por el diálogo interreligioso con el nombramiento del demandado, no se conciben como criterios de anulabilidad, por cuanto, no existen medios de prueba certeros que permitan construir un estándar discriminatorio, las manifestaciones bajo reproche se dieron en condición particular y no institucional y, las mismas, no se convierten en barreras para ejercitar el derecho fundamental de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, mediante el acceso al desempeño de funciones públicas.
III. CONCLUSIÓN
Con fundamento en lo expuesto, esta Delegada del Ministerio Público solicita CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 22 de enero de 2026, mediante la cual, se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad del nombramiento de XXXXX como director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior.
Respetuosamente,
IDAYRIS YOLIMA CARRILLO PÉREZ
Procuradora Delegada para Asuntos Electorales y Participación Democrática Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado en funciones
1. Traslado para alegar mediante auto del 9 de marzo de 2026. Se hizo efectivo entre el 19 y el 26 de marzo de 2026, de conformidad con la anotación 10 en índice del Samai.
2. Por Decreto No. 0383 del 25 de abril de 2025, la suscrita fue nombrada Procuradora Delegada para Asuntos Electorales y Participación Democrática; cargo del cual tomé posesión el 12 de mayo de 2025. Asimismo, Mediante Decreto No. 0471 del 12 de mayo de 2025, me fueron asignadas las funciones de la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, mientras se posesiona su titular o hasta que las necesidades del servicio lo determinen.
3. «ARTÍCULO 139. Nulidad electoral. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas.»
4. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 9 de julio de 2020, RAD 66001-23-33-000-2014-00137-01(5272-16) C.P. Rafael Francisco Suárez.
5. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Bogotá, D.C., 02 de abril de 2020, radicado: 50001-23-33-000-2014-00024-01 (2190-2017) y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. C.P. Alberto Arango Mantilla. Bogotá, D.C. 3 de mayo de 2007, radicado: 25000-23-25-000-1996-42758-01(4470-04).
6. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P., Bertha Lucía Ramírez de Páez, Bogotá, D.C., 14 de agosto de 2009, radicado: 25000-23-25-000-2002-11482-01(0946-07). 8
7. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P., 7 de febrero de 2023, C.P. Ana María Charry Gaitán, radicado: 10010-30-60-00-2022-00205-00 (2486).
8. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P. William Hernández Gómez, Bogotá, D.C., 18 de enero de 2018, radicado 15001-23-31-000-2011-00557-01(3889-15)
9. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez, Bogotá, D.C., 8 de agosto de 2024, radicado: 25000-23-41-000-2023-00394-01 (acumulado)
10. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 26 de noviembre de 2009. Expediente 27001-23-31-000-2003-00471-02 (1385-2009), Actor: Silvio Elías Murillo Moreno.
11. Ibidem.
12. Consejo De Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejera ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Fallo de 8 de marzo de 2018. Radicación: 25000 2324 000 2005 01532 01.
13. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00014-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 28 de enero de 2021. Refrendado e Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00084-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 20 de mayo de 2021.
14. Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto de fecha 16 de diciembre de 2020, expediente 11001-03- 28-000-2020-00085-00.
15. Ibídem.
16. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00084-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 20 de mayo de 2021.
17. Ley 2294 de 2023, "por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida", Diario Oficial No. 52.400 de 19 de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2294_2023.html,
18. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, radicado 25000-23-25-000-1999-05050-01(2906-03). Magistrado Ponente, Jesús María Lemos Bustamante.
19. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, radicado 250002325000200200211482-1. Magistrada Ponente, Bertha Lucía Ramírez de Paéz.
20. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00085-00. Magistrada Ponente, Gloria María Gómez Montoya.
21. Ley 2294 de 2023, "por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida", Diario Oficial No. 52.400 de 19 de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2294_2023.html,
22. "Artículo 12. Debido proceso. El disciplinable deberá ser investigado y luego juzgado por funcionario diferente, independiente, imparcial y autónomo que sea competente, quienes deberán actuar con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y dándole prevalencia a lo sustancial sobre lo formal. En el proceso disciplinario debe garantizarse que el funcionario instructor no sea el mismo que adelante el juzgamiento. Todo disciplinable tiene derecho a que el fallo sancionatorio sea revisado por una autoridad diferente, su trámite será el previsto en esta ley para el recurso de apelación. En el evento en que el primer fallo sancionatorio sea proferido por el Procurador General de la Nación, la doble conformidad será resuelta en la forma indicada en esta ley.".
23. Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia del 16 de mayo de 2019, Rad. No. 25000-23-41-000-2018-00165-02, Demandante: Aleyda Murillo Granados, Demandado: Andrés Camilo Pardo Jiménez – Director Regional del Sena Santander. Citada en Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Luis Albeto Álvarez Parra, sentencia del 9 de junio de 2022, Rad. No. 47001-23-33-000-2022-00034-01.
24. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
25. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejera ponente Stella Jeannette Carvajal Basto. Fallo de 12 de octubre de 2017. Radicación: 11001-03-27-000-2013-00007-00.
26. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejera ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Fallo de 8 de marzo de 2018. Radicación: 25000-23-24-000-2005-01532-01. En este caso se hizo una diferenciación con la causal "desviación de poder", en el entendido que esta "tiene lugar cuando los motivos que justifican el acto resultan ajenos a la ley. De allí que cuando se alega esta causal de nulidad debe llevarse al Juez a la certeza incontrovertible de que los motivos que tuvo la administración para proferir el acto enjuiciado no son aquellos que le están expresamente permitidos por la ley, sino otros, de manera que el resultado de la decisión que se ataca es diverso del que naturalmente hubiera debido producirse si la decisión se hubiere proferido de acuerdo con los dictados legales que la informan"
27. Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 26 de julio de 2017. M.P. Milton Chaves García. Rad.: 22326.
28. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia 25000-23-24-000-2008-00265-01, abr. 14 de 2016
29. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Magistrado Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil. Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: 11001-03-28-000-2023-00001-00.
30. En un caso similar al presente, en el que se alegaba la invalidez de una certificación por cuanto no se presentaron los correspondientes aportes al Sistema General de Seguridad Social, la sala indicó que es el artículo 2.2.2.3.8 el que establece «la forma como se debe acreditar la experiencia profesional, esto es, a través de constancias expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones públicas o privadas, tal como se hizo en este caso, de manera que no es la certificación de COLPENSIONES en cuanto a los pagos de seguridad social, la forma en la que se demuestra la experiencia profesional». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 18 de marzo de 2021. Rad. 11001-03-28-000-2020-00077-00. M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio.
31. M.P. Natalia Cabo Ángel.
