CONCEPTO 53 DE 2026
(abril 8)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ACCIÓN DE NULIDAD-El Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución 0480 del 28 de enero de 2026, "Por medio de la cual se fija el valor de reposición por voto válido del Senado de la República y la Cámara de Representantes para las elecciones de 2026". y solicitó la medida cautelar de suspensión provisional
MECANISMO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL-Requisitos para su procedencia/ MECANISMO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL-El legislador no dispuso un traslado previo de la solicitud de medida cautelar. Sin embargo se consideró que nada impedía hacerlo antes de ordenar la admisión de la demanda/ MECANISMO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL-Auto de Unificación del 26 de noviembre de 2020, se señaló que debe correrse traslado al demandado por el término de cinco (5) días
La Ley 1437 de 2011 (CPACA) establece, como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos que se demandan en ejercicio de los distintos medios de control. El Consejo de Estado, especialmente la Sección Quinta, ha analizado a profundidad el asunto para señalar las condiciones y requisitos que se deben agotar para su procedencia. En ese orden, por ejemplo, se indicó que, si bien tratándose de la medida cautelar del acto electoral no se reguló la medida provisional de urgencia, nada se opone para que la misma se decrete cuando se cumplan los requisitos para ello, en los términos del artículo 234 del CPACA. Igualmente, el legislador no dispuso un traslado previo de la solicitud de medida cautelar. Sin embargo, en aras de revestir de mayores garantías al demandante y partes intervinientes, se consideró que nada impedía dar traslado de la solicitud antes de ordenar la admisión de la demanda, para escuchar a unos y otros sujetos procesales sobre su procedencia, la cual debe decidirse en el auto admisorio. Por tanto, se ha acudido al artículo 233 del CPACA para ordenar el traslado allí previsto. Fue así como mediante Auto de Unificación del 26 de noviembre de 2020, se señaló que debe correrse traslado al demandado por el término de cinco (5) días de la solicitud de medida cautelar, con el fin de garantizar su derecho a la defensa. Esta garantía solo puede omitirse cuando exista una situación de urgencia debidamente sustentada, que justifique resolver la petición de plano y, posteriormente, decidirla en el auto admisorio. En cuanto a los requisitos que deben observarse para suspender un acto electoral, se indicó en providencia de 2021 lo siguiente:
INFRACCIÓN DE NORMAS EN QUE EL ACTO DEBIA FUNDARSE-O la nulidad por violación de una norma superior-, como se conoce de manera genérica, se configura bajo los siguientes presupuestos
Se ha considerado que la causal de nulidad derivada de la infracción de las normas en las que ha debido fundarse el acto administrativo o -la nulidad por violación de una norma superior-, como se conoce de manera genérica, se configura bajo los siguientes presupuestos
Bogotá D.C., 8 de abril de 2026
Concepto No. 2026-04-MC-N-053
Doctor
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado Ponente
Consejo de Estado - Sección Quinta
E.S.D.
| Radicación: | 11001-03-28-000-2026-00033-00 |
| Demandante: | CARLOS AUGUSTO CAICEDO G. |
| Demandado: | Consejo Nacional Electoral |
| Asunto: | Medida cautelar |
| Asunto de interés: | Reposición por voto congreso de la república elecciones de 2026. |
Respetado Magistrado:
Dentro del término concedido por auto del 25 de marzo de 2026[1], intervengo como Agente del Ministerio Público[2], descorriendo el traslado de la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos del artículo 1o de la Resolución 0480 del 28 de enero de 2026 del Consejo Nacional Electoral (CNE).
I. ANTECEDENTES
1.1. Hechos
1.1.1. El Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución 0480 del 28 de enero de 2026, "Por medio de la cual se fija el valor de reposición por voto válido del Senado de la República y la Cámara de Representantes para las elecciones de 2026".
1.1.2. El 2 de marzo de 2026, el ciudadano CARLOS A. CAICEDO GARDEAZABAL demandó la nulidad del artículo 1o del precitado acto y solicitó la medida cautelar de suspensión provisional.
1.2. Argumentos y normas en que se sustenta la solicitud de medida cautelar[3]
En la demanda, el actor solicitó la nulidad y la suspensión provisional del artículo 1o de la Resolución 0480 del 28 de enero de 2026, mediante la cual el CNE fijó en $8.863 el valor de la reposición de gastos de campaña por voto válido obtenido en las elecciones al Congreso de la República del 8 de marzo de 2026, por el presunto desconocimiento de la norma en que debía fundarse, esto es, del preámbulo y de los artículos 1, 2, 13, 40, 109, 209, 265, 334 y 335 de la Constitución Política; 3, 6, 36 y 93 del CPACA, y 21 de la Ley 1475 de 2011.
En los términos de la demanda, la resolución demandada carece de razonabilidad técnica, pues la indexación con base en el IPC certificado por el DANE indica que el valor correcto debía ser $2.685, como lo confirmó la Resolución 0490 de 2026[4], generando una afectación a la igualdad política, al interés general y a los principios de sostenibilidad fiscal y moralidad administrativa.
En cuanto a la procedencia de la medida cautelar, indicó que ésta resultaba procedente y urgente por cuanto se encontraban claramente acreditados la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora (fumus boni iuris y el periculum in mora). En su criterio, el dictamen pericial técnico–contable anexo y la posterior expedición de la Resolución 0490 de 2026 evidencian, prima facie, la falta de soporte técnico y la desproporción del valor fijado en el acto demandado. Por ello, su permanencia permitiría la consolidación de una erogación pública ostensiblemente desproporcionada, con un impacto inmediato y grave en el erario y efectos de difícil reversión mientras se decide de fondo la nulidad.
En esa lógica aseguró que, la apariencia de buen derecho surge de la confrontación entre el acto acusado, la prueba técnica especializada y la realidad normativa posterior, de donde se infiere que el valor establecido carece de razonabilidad, proporcionalidad, sostenibilidad fiscal, y, además, se aparta de las normas superiores. A su vez, el peligro en la demora es actual y concreto, pues la continuidad de los efectos del acto compromete recursos públicos en cuantía multimillonaria, afecta el equilibrio presupuestal, la moralidad administrativa y el interés general.
Así, la suspensión provisional se impone como un instrumento indispensable para evitar un detrimento patrimonial grave, impedir la consolidación de efectos contrarios al orden jurídico y garantizar la eficacia material de la sentencia, negarla equivaldría a permitir la subsistencia temporal de un acto presuntamente ilegal con capacidad de causar un daño institucionalmente relevante.
Destacó como anexo la Resolución 0490 de 2026, que a su juicio constituye un elemento probatorio sobreviniente especialmente relevante, en cuanto confirma la indebida tasación, la falta de soporte técnico y la manifiesta desproporción del valor fijado en la Resolución 0480 de 2026, así como los dictámenes periciales que acreditan que el valor real de la reposición de votos es sustancialmente inferior al inicialmente establecido.
II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
2.1. Problema Jurídico
Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si es procedente la suspensión provisional de los efectos del artículo 1o de la Resolución 0480 del 28 de enero de 2026 mediante la cual el CNE, fijó el valor de reposición por voto válido del Senado de la República y la Cámara de Representantes para las elecciones de 2026.
Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones sobre: i) el mecanismo de la suspensión provisional, ii) la infracción de las normas en las que debía fundarse; (iii) la financiación estatal de las campañas y la facultad del CNE para fijar topes electorales y iv) luego procederá con la valoración del caso concreto.
2.1.1. El mecanismo de la suspensión provisional y requisitos para su procedencia
La Ley 1437 de 2011 (CPACA) establece, como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos que se demandan en ejercicio de los distintos medios de control.
El Consejo de Estado, especialmente la Sección Quinta, ha analizado a profundidad el asunto para señalar las condiciones y requisitos que se deben agotar para su procedencia.
En ese orden, por ejemplo, se indicó que, si bien tratándose de la medida cautelar del acto electoral no se reguló la medida provisional de urgencia, nada se opone para que la misma se decrete cuando se cumplan los requisitos para ello, en los términos del artículo 234 del CPACA.
Igualmente, el legislador no dispuso un traslado previo de la solicitud de medida cautelar. Sin embargo, en aras de revestir de mayores garantías al demandante y partes intervinientes, se consideró que nada impedía dar traslado de la solicitud antes de ordenar la admisión de la demanda, para escuchar a unos y otros sujetos procesales sobre su procedencia, la cual debe decidirse en el auto admisorio. Por tanto, se ha acudido al artículo 233 del CPACA para ordenar el traslado allí previsto.
Fue así como mediante Auto de Unificación del 26 de noviembre de 2020, se señaló que debe correrse traslado al demandado por el término de cinco (5) días de la solicitud de medida cautelar, con el fin de garantizar su derecho a la defensa. Esta garantía solo puede omitirse cuando exista una situación de urgencia debidamente sustentada, que justifique resolver la petición de plano[5] y, posteriormente, decidirla en el auto admisorio.
En cuanto a los requisitos que deben observarse para suspender un acto electoral, se indicó en providencia de 2021[6] lo siguiente:
i. Petición de parte debidamente sustentada. (art. 229 del CPACA)
ii. Debe elevarse en la demanda y resolverse en el auto admisorio (artículo 277 CPACA). Se ha aceptado - criterio del cual se ha apartado esta Delegada- que pueda presentarse en escrito anexo, siempre que se radique dentro del término de caducidad[7].
iii. Debe indicarse si la violación de las disposiciones invocadas surge de la confrontación entre el acto demandado y las normas superiores alegadas como vulneradas, o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.
iv. Debe solicitarse con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda o en lo que el demandante sustente en esta.
v. Requiere sustentación específica y propia, o la remisión expresa de que la solicitud se soporta en el concepto de violación.
vi. Cuando la solicitud se sustente en uno de los cargos de la demanda, el estudio se focaliza en este planteamiento; cuando no se refiera a un cargo concreto, se analizarán las censuras generales de la demanda.
vii. La infracción al ordenamiento jurídico debe surgir de la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas, desde esta instancia procesal, es decir, al inicio del proceso.
viii. No cualquier desconocimiento normativo implica automáticamente la suspensión provisional, pues debe analizarse su entidad para afectar la aplicabilidad del acto y, en últimas, su legalidad.
ix. No implica prejuzgamiento; puede variar en el curso del proceso, e incluso la decisión definitiva puede ser distinta[8].
También, se ha señalado que uno de los aspectos más destacados de la reforma, en contraste con la legislación anterior, se encuentra en el título XI, dedicado a las medidas cautelares procedentes en el marco de los procesos declarativos adelantados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Estas: (i) tienen naturaleza instrumental, provisional y mutable; (ii) se sustentan en la apariencia de buen derecho y el riesgo de la mora, salvo la suspensión provisional del acto demandado, cuyos requisitos están en el artículo 231 del CPACA; y (iii) tienen como finalidad garantizar el objeto del proceso y la efectividad del fallo[9].
Asimismo, corresponde analizar los cargos en que se sustenta la solicitud de la medida cautelar y los documentos allegados, para determinar su procedencia, a fin de garantizar el objeto del proceso y la efectividad del fallo.
2.1.2. La infracción de normas en las que debía fundarse el acto.
Se ha considerado que la causal de nulidad derivada de la infracción de las normas en las que ha debido fundarse el acto administrativo o -la nulidad por violación de una norma superior-, como se conoce de manera genérica, se configura bajo los siguientes presupuestos[10]:
(i). La contravención legal a la que hace referencia esa causal debe ser directa.
(ii). Falta de aplicación de la norma. a). Se ignora su existencia; b) se conoce, pero no se aplica al caso concreto; c) se acepta una existencia ineficaz de la norma en el mundo jurídico, pues no tiene validez en el tiempo o en el espacio; o d) se examina la norma, pero se estima erróneamente que no es la aplicable.
(iii). Aplicación en indebida forma de la norma. Ocurre cuando se usa un precepto no pertinente para resolver el asunto. El error puede originarse por: a) equivocación al escoger la norma por una valoración inadecuada del supuesto de hecho; b) incorrecta identificación de la diferencia o semejanza entre la hipótesis legal y el caso concreto.
(iv). Interpretación errónea. Sucede cuando la norma aplicable se entiende y aplica de manera equivocada, asignándole un sentido o alcance que no le corresponde. Esta causal se configura por la inobservancia de normas que integran el marco jurídico del acto, lo cual surge de confrontar la norma presuntamente infringida con el acto administrativo, no con la conducta del administrado.
2.1.3. La financiación estatal de las campañas y la facultad del CNE para fijar topes electorales
El artículo 109 constitucional dispuso que:
"ARTICULO 109. <Artículo modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 1 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> El Estado concurrirá a la financiación política y electoral de los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley.
Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y movimientos con Personería Jurídica o por grupos significativos de ciudadanos, serán financiadas parcialmente con recursos estatales.
La ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha financiación.
También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley.
Un porcentaje de esta financiación se entregará a partidos y movimientos con Personería Jurídica vigente, y a los grupos significativos de ciudadanos que avalen candidatos, previamente a la elección, o las consultas de acuerdo con las condiciones y garantías que determine la ley y con autorización del Consejo Nacional Electoral. (...)".
En desarrollo del precepto superior, la Ley estatutaria 1475 de 2011, estableció los requisitos para la financiación estatal de campañas electorales, mediante el sistema de reposición de gastos por votos válidos obtenidos y facultó al CNE para fijar los topes a las campañas electorales. Así:
"Artículo 21. De la financiación estatal para las campañas electorales. Los partidos y movimientos políticos y grupos de ciudadanos que inscriban candidatos, tendrán derecho a financiación estatal de las correspondientes campañas electorales, mediante el sistema de reposición de gastos por votos válidos obtenidos, siempre que obtengan el siguiente porcentaje de votación:
En las elecciones para corporaciones públicas tendrán derecho a financiación estatal, cuando la lista obtenga el cincuenta (50%) o más del umbral determinado para la respectiva corporación.
En las elecciones para gobernadores y alcaldes, cuando el candidato obtenga el cuatro por ciento (4%) o más del total de votos válidos depositados en la respectiva elección.
La financiación estatal de las campañas electorales incluirá los gastos realizados por los partidos y movimientos políticos y/o los candidatos.
Parágrafo. El valor de reposición por voto válido obtenido por cada candidato o lista será incrementado anualmente por el Consejo Nacional Electoral teniendo en cuenta los costos reales de las campañas en cada circunscripción. Para efectos del cumplimiento de esta disposición, el Consejo Nacional Electoral con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá realizar periódicamente los estudios que correspondan.
(...)
Artículo 24. Límites al monto de gastos. Los límites de gastos de las campañas electorales a los distintos cargos y corporaciones de elección popular serán fijados por el Consejo Nacional Electoral en el mes de enero de cada año, teniendo en cuenta los costos reales de las campañas, el correspondiente censo electoral y la apropiación presupuestal para la financiación estatal de las mismas.
Para efectos del cumplimiento de esta disposición, el Consejo Nacional Electoral con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá realizar periódicamente los estudios que correspondan con el objeto de garantizar que los límites al monto de gastos fijados reflejen el valor real de las campañas electorales.
El monto máximo de gastos se fijará por cada candidato a cargo uni-nominal o por lista de candidatos a corporaciones de elección popular. En el caso de listas con voto preferente el monto máximo de gastos por cada uno de los integrantes de la lista será el resultado de dividir el monto máximo de gastos de la lista por el número de candidatos inscritos. El Consejo Nacional Electoral señalará, adicionalmente, el monto máximo que cada partido o movimiento con personería jurídica puede invertir en la campaña electoral institucional a favor de sus candidatos o listas.
Parágrafo transitorio. Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Hacienda realizarán el estudio base para la actualización de los costos reales de las campañas".
2.1.4. Análisis del caso concreto
La solicitud de medida cautelar se sustenta en que, la Resolución 0480 del 28 de enero de 2026, en su artículo 1o, vulnera los artículos 1, 2, 13, 40, 109, 209 y 334 de la Constitución Política, así como el Preámbulo de esta, al establecer un incremento injustificado y desproporcionado de la reposición de votos del 246,9 %, sin sustento técnico ni análisis de impacto fiscal.
Según el accionante, la medida desconoce los principios del Estado Social de Derecho, la sostenibilidad fiscal, la eficiencia y economía del gasto público, y altera el orden económico y social justo. Asimismo, afecta la igualdad y el pluralismo político al beneficiar de manera desmedida a los partidos mayoritarios, restringiendo la participación democrática y el acceso efectivo de las minorías al financiamiento estatal, en contravía del modelo democrático constitucional.
Se afirma que la resolución demandada vulnera los principios de proporcionalidad y legalidad previstos en los artículos 3 y 6 del CPACA, al imponer una medida excesiva, carente de motivación suficiente y sin fundamento claro en las competencias del órgano electoral. Esta falta de motivación configura causal de revocatoria conforme al artículo 93 de dicha norma y de nulidad según el artículo 137, por infracción de las normas en que debía fundarse y por expedición irregular.
Para el accionante, el artículo 21 de la Ley 1475 de 2011 exige que los valores de reposición se actualicen con índices que reflejen la variación real de los costos electorales. Sin embargo, la resolución demandada aplicó únicamente el IPC (5,10%), pese a reconocer que el ICCE solo estaba disponible hasta 2024. En consecuencia, el reajuste se realizó con base en un índice general y no en uno específico de costos de campaña, desnaturalizando el propósito de la norma. Esto configura falsa motivación, pues la actualización no contó con los elementos técnicos exigidos por la ley. Además, el artículo 1o de la Resolución 0480 del 28 de enero de 2026, incrementó el valor del voto a $8.863, lo que representa un aumento injustificado del 246,9%.
Para soportar su afirmación, el accionante allegó como medios de prueba[11] los siguientes documentos:
- Resolución 0480 del 28 de enero de 2026, del Consejo Nacional Electoral[12]
- Resolución 0490 del 28 de enero de 2026, del Consejo Nacional Electoral [13]
- El dictamen pericial técnico–contable del 21 de febrero de 2026 (actualizado el 18 de marzo de 2026).
De los medios probatorios aportados:
Resolución 0480 de 2026 "Por medio de la cual se fija el valor de reposición por voto válido del Senado de la República y la Cámara de Representantes para las elecciones de 2026".
En efecto, mediante la Resolución 0480 del 28 de enero de 2026, el Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las facultades constitucionales previstas en los artículos 109 y 265 de la Constitución Política, así como en la Ley 1475 de 2011, dispuso en su artículo primero fijar el valor de reposición por voto válido del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para las elecciones de 2026 en la suma de ocho mil ochocientos sesenta y tres pesos moneda legal colombiana ($8.863).
Para este propósito, en la parte considerativa del acto administrativo se recordó que, mediante la Resolución No. 00203 del 22 de enero de 2025, se fijaron los límites de los montos de gastos de las campañas electorales de las listas de candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes para las elecciones de 2026, estableciendo el monto máximo que cada partido o movimiento político con personería jurídica podía invertir, así como el valor de reposición por voto válido.
Seguidamente, con base en las certificaciones proporcionadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del Índice de Costos de Campañas Electorales (ICCE) durante el año 2025, se precisó que el valor de referencia, ajustado con el incremento del IPC del 5,10 % correspondiente a dicho año, era el previsto en la Resolución No. 00203 del 22 de enero de 2025, así:
En particular, dicha resolución, en su artículo séptimo, había establecido el valor de reposición por voto válido, el cual fue posteriormente ratificado y ajustado a través del artículo primero de la Resolución 0480 del 28 de enero de 2026.
En conclusión, del tenor literal del acto demandado se desprende que el valor de reposición por voto válido para el Senado de la República y la Cámara de Representantes en las elecciones de 2026 corresponde al previamente fijado por el Consejo Nacional Electoral en la Resolución 00203 del 22 de enero de 2025 (artículo séptimo), conforme al ajuste dispuesto en la Resolución 0480 de 2026.
Resolución 0490 de 2026 "Por la cual se fija el valor de reposición por cada voto válido depositado para las consultas de los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos que opten por este mecanismo para la toma de sus decisiones o escogencia de sus candidatos en el año 2026".
La Resolución 0490 del 28 de enero de 2026, expedida por el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 109 y 265 de la Constitución Política y el artículo 24 de la Ley 1475 de 2011, fijó los valores de reposición por voto válido para las consultas de partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos durante el año 2026.
En efecto, se estableció un valor de $2.685 por cada voto válido en consultas de nivel nacional, departamental o distrital, y un valor de $1.528 para las consultas de nivel local o municipal. Estos mismos valores se aplicarán a los comités promotores del voto en blanco, según el tipo de elección de que se trate.
En la parte motiva se indicó que dichos valores resultan de la indexación, conforme a la variación del IPC certificado por el DANE (5,10 %), de los montos fijados en la Resolución 00206 del 22 de enero de 2025[15] y del tope máximo de inversión autorizado para los partidos y movimientos con personería jurídica.
Dictamen pericial técnico como fundamento de la demanda y de la solicitud de suspensión provisional
Considera el accionante que, con el dictamen pericial anexo a la demanda, se demostraría que la proyección técnica efectuada mediante la aplicación del método de indexación basado en la variación acumulada del IPC certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), permitía establecer el valor que técnicamente debió reconocerse mediante la Resolución No. 0480 de 2026 que correspondía a la suma de $2.685 (tal como fue dispuesto posteriormente por la Resolución No. 0490 de 2026), y no al monto de $8.863.
Ahora, el precitado "dictamen pericial contable de indexación de valores[16]", señala que, para el cálculo de la indexación, se analizó el histórico de los valores reconocidos por concepto de reposición por voto, conforme a las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral, con el propósito de identificar su evolución y proyectar el valor correspondiente a la vigencia 2026.
Para tal efecto, se tuvieron en cuenta las resoluciones que fijaron los valores de reposición por voto válido en las consultas de partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, a saber: Resoluciones Nos. 0147 de 2021[17], 0673 de 2023[18], 799 de 2024[19] y 0026 de 2025[20]. Adicionalmente, se incluyó en el análisis la Resolución No. 0480 de 2026, "por medio de la cual se fija el valor de reposición por voto válido del Senado de la República y la Cámara de Representantes para las elecciones de 2026" (acto demandado). La información se compiló de la siguiente manera:
Dentro de los resultados y conclusiones del dictamen se reiteró que el valor reconocido por reposición por voto durante el período 2020–2025 corresponde a la actualización del valor base fijado en la Resolución No. 0115 de 2020[21], mediante la aplicación de la variación anual del IPC certificado por el DANE. En tal sentido, se concluyó que el valor proyectado de reposición por voto para la vigencia 2026, debía fijarse en $2.685:
No obstante, la Resolución No. 0480 de 2026, estableció dicho valor en $8.863, lo cual, según el dictamen, representaría un incremento aproximado del 246,9 % frente al valor reconocido en la consulta electoral de octubre de 2025, que correspondía a $2.555.
Seguidamente, el perito afirmó que la Resolución de Sala Plena del CNE No. 0490 de 2026 estableció "el valor de reposición por cada voto válido depositado en la elección del Congreso durante el año 2026", y que, en su artículo primero, fijó dicho valor en la suma de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($2.685).
Finalmente, a título de conclusión, el dictamen relacionó los resultados de las elecciones para Congreso realizadas el 8 de marzo de 2026, discriminados por partidos políticos, número de votos obtenidos y cálculo del valor de reposición por voto, tanto por lo dispuesto en la Resolución No. 0480 de 2026, como conforme al valor obtenido en el análisis pericial, concluyendo que la diferencia entre ambos ascendía a la suma de $117.700.963.962:
Precisado lo anterior, esta Agencia del Ministerio Público advierte que el dictamen pericial que sustenta la solicitud de suspensión provisional presenta imprecisiones que, en esta etapa procesal, impiden validar sus conclusiones.
En primer lugar, el análisis histórico del valor de reposición por voto se realizó a partir de resoluciones correspondientes a dos categorías jurídicas claramente diferenciables: de una parte, aquellas que fijan el valor de reposición por voto válido en las consultas de partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos (Resoluciones Nos. 0147 de 2021, 0673 de 2023, 0799 de 2024 y 0026 de 2025) y de otra, la Resolución No. 0480 de 2026, que fijó el valor de reposición por voto válido para las elecciones al Senado de la República y a la Cámara de Representantes correspondientes al año 2026.
En consecuencia, la comparación aritmética y porcentual entre valores establecidos para finalidades jurídicas distintas genera aparentemente el incremento del 246,9 %, diferencia que no se presenta cuando las resoluciones de los años 2020 a 2025 se comparan con la Resolución No. 0490 de 2026, toda vez que esta última tiene la misma naturaleza jurídica, esto es, la de fijar el valor de reposición por cada voto válido depositado en las consultas de los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos.
En segundo lugar, se advierte la afirmación errónea según la cual la Resolución No. 0490 de 2026[22] habría fijado el valor de reposición por cada voto válido depositado en la elección del Congreso, cuando su objeto se circunscribe exclusivamente a las consultas de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos[23]. (destáquese igualmente que la resolución no es posterior al acto demandado sino concomitante, pues se expidieron en la misma fecha).
En tercer lugar, la diferencia en pesos colombianos obtenida a partir de la comparación entre el valor fijado en la Resolución No. 0480 de 2026 y el valor que, según el perito, debió reconocerse, resulta meramente hipotética y no conclusiva, toda vez que la financiación estatal de las campañas electorales mediante el sistema de reposición de gastos por votos válidos obtenidos está regulada por el artículo 21 de la Ley 1475 de 2011, constatación que corresponde a la autoridad competente y cuyos soportes hasta el momento no se han aportado al expediente.
En atención a lo expuesto, esta Delegada del Ministerio Público considera que no se encuentran reunidos los elementos de juicio necesarios para decretar la medida cautelar solicitada, en tanto los argumentos del demandante y los medios de prueba aportados carecen de la solvencia y suficiencia necesarias para demostrar la vulneración del ordenamiento jurídico invocado
2.2. Síntesis
A partir del análisis del escrito de solicitud de medida cautelar y de los documentos aportados, se observa que los elementos de juicio presentados no poseen la solidez ni la suficiencia necesarias para concluir, en esta etapa inicial, que se ha vulnerado el ordenamiento jurídico.
En este momento procesal persisten aspectos fácticos y probatorios que requieren un mayor nivel de esclarecimiento, pues la información disponible no permite tener por demostrados los hechos que sustentan la pretensión del accionante. En consecuencia, las cuestiones controvertidas deberán ser precisadas a lo largo del trámite, y será en la sentencia donde se resolverá el problema jurídico con base en la valoración integral del material probatorio y en el análisis de los argumentos sobre la presunta infracción normativa.
Por lo anterior, esta Delegada del Ministerio Público considera que, en esta fase preliminar, no se encuentran acreditados los presupuestos necesarios para decretar la medida cautelar solicitada.
III. CONCLUSIÓN
Con fundamento en lo expuesto, esta Delegada del Ministerio Público solicita NEGAR la solicitud de medida cautelar de suspensión de los efectos del artículo 1º de la Resolución 0480 del 28 de enero de 2026 del Consejo Nacional Electoral (CNE) «Por medio de la cual se fija el valor de reposición por voto válido del Senado de la República y la Cámara de Representantes para las elecciones de 2026»
Respetuosamente,
IDAYRIS YOLIMA CARRILLO PÉREZ
Procuradora Delegada para Asuntos Electorales y Participación Democrática
Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado en funciones
1. Índice 22 de Samai el traslado para conceptuar tiene como extremos el 27 de marzo y el 9 de abril de 2026.
2. Por Decreto No. 007 del 26 de marzo de 2025 la Procuraduría Delegada de Intervención 11. Séptima ante el Consejo de Estado fue asignada para intervenir en el proceso con el radicado No. 11001-02-30-000-2025-00184-00 que cursa en la Corte Suprema de Justicia. Es preciso aclarar, que la interviniente fue nombrada Procuradora Delegada para Asuntos Electorales y Participación Democrática. En ese cargo tomó posesión el 12 de mayo de 2025. Asimismo, mediante el Decreto No. 0471 del 12 de mayo de 2025, le fueron asignadas las funciones de la Procuraduría Delegada de Intervención 11. Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, "mientras se posesiona su titular o hasta que las necesidades del servicio lo determinen".
3. Los argumentos esbozados en la subsanación de la demanda recogen apartes de la demanda inicial.
4. Por la cual se fija el valor de reposición por cada voto válido depositado para las consultas de los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos que opten por este mecanismo para la toma de sus decisiones o escogencia de sus candidatos en el año 2026. Anexo al cuerpo de la demanda.
5. Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Rocío Araújo Oñate, Rad No. 44001-23-33- 000-2020-00022-01, Auto del 26 de noviembre de 2020
6. Consejo de Estado, Sección Quinta C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-28-000-2021-00009-00, Sentencia del 4 de marzo de 2021.
7. Consejo de Estado, Sección Quinta, CP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. No. 13001-23-33-000-2016-00070-01, Sentencia del 3 de junio de 2016. Reiterado, recientemente, en Consejo de Estado, Sección Quinta CP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. No. 11001-03-28-000-2021-00009-00, Sentencia del 4 de marzo de 2021.
8. Consejo de Estado, Sección Quinta, CP Alberto Yepes Barreiro, Rad. No. 19001-23-33-000-2015-00044-01. Auto de 09 de abril de 2015.
9. Consejo de Estado, Sección Quinta, CP Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. No. 17001-23-33-000-2019-00551-01, Sentencia del 27 de febrero de 2020.
10. Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta Consejero ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas Bogotá, D.C., Quince (15) de Marzo de dos mil doce (2012) Radicación número: 25000-23-27-000-2004-92271-02(16660).
11. Samai 10. Carpeta Subsanación de la demanda(.pdf)
12. Por medio de la cual se fija el valor de reposición por voto válido del Senado de la República y la Cámara de Representantes para las elecciones de 2026.
13. Por la cual se fija el valor de reposición por cada voto válido depositado para las consultas de los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos que opten por este mecanismo para la toma de sus decisiones o escogencia de sus candidatos en el año 2026. Prueba aportada con la subsanación de la demanda.
14. "ARTÍCULO SÉPTIMO. FIJAR el valor a recibir por concepto de reposición por voto válido obtenido por los candidatos al Congreso de la República para las elecciones de 2026, en la suma de OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 8.433)".
15. "Por la cual se fija el valor de reposición por cada voto válido depositado para las consultas de los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos que opten por este mecanismo para la toma de sus decisiones o escogencia de sus candidatos en el año 2025."
16. Con la subsanación de la demanda se presentó un dictamen "actualizado" que se toma para el presente análisis
17. Por la cual se fija el valor de reposición por cada voto válido depositado para las consultas de los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos, que opten por este mecanismo para la toma de sus decisiones o escogencia de sus candidatos en el año 2021.
18. Por la cual se fija el valor de reposición por cada voto válido depositado para las consultas de los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos que opten por este mecanismo para la toma de sus decisiones o escogencia de sus candidatos en el año 2023.
19. Por la cual se fija el valor de reposición por cada voto válido depositado para las consultas de los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos que opten por este mecanismo para la toma de sus decisiones o escogencia de sus candidatos en el año 2024
20. Por la cual se fija el valor de reposición por cada voto válido depositado para las consultas de los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos que opten por este mecanismo para la toma de sus decisiones o escogencia de sus candidatos en el año 2025.
21. Por la cual se fijan las sumas máximas que se podrán destinar en las campañas de recolección de apoyos ciudadanos y al desarrollo de las campañas en los mecanismos de participación ciudadana del año 2018
22. RESOLUCIÓN SALA PLENA No. 0490 DE 2026 (28 de enero) Por la cual se fija el valor de reposición por cada voto válido depositado para las consultas de los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos que opten por este mecanismo para la toma de sus decisiones o escogencia de sus candidatos en el año 2026.
23. ARTÍCULO PRIMERO: FÍJESE la suma de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($2.685), como valor de reposición por cada voto válido depositado para las consultas de los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos que opten por este mecanismo para la toma de sus decisiones o escogencia de sus candidatos a nivel nacional, departamental o distrital.
