Concepto 71 de 2026 PGN

CONCEPTO 71 DE 2026

(mayo 5)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Bogotá D.C., 5 de mayo de 2026

Concepto No. 2026-05-MC-071

Doctora

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Magistrada Ponente

Consejo de Estado - Sección Quinta

E. S. D.

RADICACIÓN No.:	11001-03-28-000-2026-00089-00[1]
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD ELECTORAL (LEY 1437 DE 2011 C.P.A.C.A, ARTÍCULO 139 y 275-8).
DEMANDANTE:	XXXXX Y OTRO
DEMANDADO:	ACTO DE ELECCIÓN DE XXXXX Y XXXXX COMO REPRESENTANTES A LA CÁMARA POR BOGOTÁ, PERÍODO 2026-2030
TRÁMITE:	MEDIDA CAUTELAR
ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN:	DOBLE MILITANCIA

Respetada Magistrada:

Dentro del término concedido mediante auto del 24 de abril de 2026^[2], procedo a intervenir como Agente del Ministerio Público^[3], con el propósito de descorrer el traslado de la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto de elección de XXXXX y XXXXX como representantes a la Cámara por la circunscripción territorial de Bogotá D.C., período constitucional 2026-2030.

I. ANTECEDENTES

1.1.  Hechos

1.1.1. El 10 de diciembre de 2021, los partidos políticos Polo Democrático Alternativo -PDA-, Alianza Democrática Ampliada -ADA-, Unión Patriótica -UP-, Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS-, el Partido Comunista Colombiano -PC- y el Movimiento Político Colombia Humana -CH-, suscribieron un acuerdo político y programático denominado Pacto Histórico, con el propósito de inscribir una lista cerrada para participar en la elección de los Representantes a la Cámara por la Circunscripción Territorial del Bogotá, D.C., período 2022-2026. Entre las candidaturas consideradas por consenso político, estuvieron, XXXXX y XXXXX como integrantes del Movimiento Colombia Humana.

1.1.2. El 11 de abril de 2022, XXXXX y XXXXX, fueron elegidas representantes a la Cámara por la circunscripción territorial de Bogotá D.C., período constitucional 2022-2026, por la coalición Pacto Histórico.

1.1.3. El 17 de septiembre de 2025, mediante la Resolución No. 09673, el Consejo Nacional Electoral le reconoció personería jurídica al Movimiento Político Pacto Histórico como resultado de la fusión de las organizaciones políticas, Partido Unión Patriótica, Partido Polo Democrático Alternativo y Partido Comunista Colombiano, "bajo la condición de que culminen en debida forma todos los procesos sancionatorios en curso contra dichas organizaciones políticas iniciados hasta la fecha de esta decisión, a fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho fundamental a constituir partidos y movimientos políticos, consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política", por lo que, solo se surtirían efectos a partir de ese momento.

Negó la fusión del Movimiento Político Colombia Humana, por cuanto no se acreditó en el plenario que hubiese cumplido plenamente con el quórum deliberatorio exigido en sus estatutos para adoptar esa decisión.

1.1.4. El 5 de diciembre de 2025, el Movimiento Político Colombia Humana y el Movimiento Político Pacto Histórico, celebraron acuerdo de coalición con el propósito de inscribir la lista de candidaturas a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Territorial de Bogotá para las elecciones del 8 de marzo de 2026, período 2026-2030. En el acuerdo de voluntades se expuso:

Objeto	Efectos
El objeto del presente acuerdo consiste en la conformación de una coalición entre los partidos y movimientos políticos firmantes para la inscripción de una LISTA ÚNICA Y CERRADA de candidaturas a la CÁMARA DE REPRESENTANTES POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ D.C. en la circunscripción ordinaria, para el período constitucional 2026–2030. La lista será integrada de conformidad con los resultados de la consulta realizada el 26 de octubre, adoptando el orden y la composición con alternancia de género contenidos en el acuerdo de consulta, los cuales son acogidos en su totalidad por las colectividades que conforman el Pacto Histórico Bogotá D.C.
Candidaturas

1.1.5. El 3 de diciembre de 2025, la representante legal del Movimiento Político Colombia Humana avaló a XXXXX y XXXXX para participar en las elecciones de la Cámara de Representantes por la Circunscripción Territorial de Bogotá, D.C. el 8 de marzo de 2026, voto no preferente, dentro de la coalición denominada Pacto Histórico para el período constitucional 2026-2030.

1.1.6. El 5 de febrero de 2026, el Consejo Nacional Electoral, mediante la Resolución No. 0841, revocó la lista de los candidatos de la coalición "Pacto Histórico Bogotá" a la Cámara de Representantes por la circunscripción de Bogotá D.C. para las elecciones del 8 de marzo de 2026, al considerar acreditada la prohibición constitucional prevista en el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política. El órgano electoral decidió:

"PARÁGRAFO PRIMERO: ADVERTIR a la Registraduría Nacional del Estado Civil que la modificación de inscripciones producto de la presente decisión deberá garantizar el derecho a la participación de los candidatos inscritos y de las colectividades políticas que integraban la coalición, de manera que, como consecuencia de la revocatoria de las listas inscritas en dicha modalidad, estas puedan proceder a la inscripción individual de sus listas, en los términos y dentro del plazo previsto para la modificación de inscripciones por revocatoria consagrado en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011".

1.1.7. El 8 de febrero de 2026 se procedió a inscribir nuevamente la lista del Partido Pacto Histórico ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

1.1.8. El 03 de marzo de 2026, mediante Resolución No. 1299, el Consejo Nacional Electoral aprobó la fusión entre el Movimiento Político Colombia Humana y el Movimiento Político Pacto Histórico. En consecuencia, resolvió:

"ARTÍCULO 1o: APROBAR LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN del MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA al MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2o: DISOLVER, sin liquidar al MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo".

1.1.9. El 27 de marzo de 2026 se declararon electos los representantes a la Cámara por Bogotá, D.C., para el período 2026-2030, entre quienes figuran: XXXXX y XXXXX, por el Movimiento Político Pacto Histórico, de conformidad con el Formulario E-26 CAM.

1.1.10. Contra la elección de las precitadas se presentó demanda, en el ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, por la eventual comisión de doble militancia, con solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto electoral acusado.

1.2.  Argumentos y normas que sustentan la solicitud de medida cautelar

Los argumentos planteados por los demandantes en el escrito introductorio en el acápite de medida cautelar se restringen a que, XXXXX y XXXXX, integran la bancada del Movimiento Político «Colombia Humana» en la Cámara de Representantes y, luego, en las siguientes elecciones 2026-2030, sus candidaturas las inscribió el Partido Político «Pacto Histórico» a la misma célula legislativa, por lo cual, incurrieron en doble militancia, habida cuenta de que no renunciaron a la curul al menos doce meses del inicio de la inscripción de la nueva candidatura. Con ello se desconoció el artículo 275-8 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 2o de la Ley 1475 de 2011.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

2.1.  Problema Jurídico

Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si es procedente la suspensión provisional de los efectos del acto de elección de XXXXX y XXXXX, como representantes a la Cámara por la Circunscripción Territorial de Bogotá, Movimiento Político Pacto Histórico, para el período constitucional 2026-2030.

Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones sobre i) el mecanismo de la suspensión provisional; ii) la doble militancia como causal de nulidad del acto electoral; y, iii) el caso concreto.

2.1.1. El mecanismo de la suspensión provisional.

La Ley 1437 de 2011 (CPACA), establece como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos que se demandan en ejercicio de los distintos medios de control.

El Consejo de Estado, y más concretamente la Sección Quinta^[4], ha analizado a profundidad el asunto para señalar las condiciones y requisitos que se deben agotar para su procedencia. Ha dispuesto que, si bien, tratándose de la medida cautelar del acto electoral no se reguló la medida provisional de urgencia, nada se opone para que la misma se decrete cuando se cumplan los requisitos para ello, en los términos del artículo 234 del CPACA.

El legislador no previó un traslado previo de la solicitud de medida cautelar. Sin embargo, en aras de revestir de mayores garantías al demandante y partes intervinientes, encontró que nada se oponía a dar traslado de la solicitud de medida, antes de ordenar la admisión de la demanda, para escuchar a unos y otros sujetos procesales sobre la procedencia de esta, la cual se debe decidir en el auto admisorio. Por tanto, se ha acudido al artículo 233 del CPACA para ordenar el traslado allí previsto.

Señaló que al demandado debe corrérsele traslado por el término de 5 días de la solicitud de medida cautelar, a fin de garantizar su derecho a la defensa, garantía de la cual solo se puede prescindir ante una situación de urgencia debidamente sustentada, que justifique que la referida petición se resuelva de plano^[5] y, luego decide sobre la misma en el auto admisorio.

En cuanto a los requisitos que se deben observar para que se suspenda un acto electoral, están^[6]:

i. Petición de parte debidamente sustentada. (art. 229 del CPACA)

ii. Debe elevarse en la demanda y resolverse en el auto admisorio (artículo 277 CPACA), sin embargo, ha aceptado, criterio del cual se ha apartado esta Delegada, que pueda ser presentada en escrito anexo, siempre y cuando se haga dentro del término de caducidad^[7].

iii. Se debe indicar si la violación de las disposiciones invocadas surge de la confrontación entre el acto demandado y las normas superiores alegadas como violadas, o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud

iv. Se debe solicitar con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o en lo que el demandante sustente en la misma.

v. Sustentación específica y propia o una expresa remisión en el sentido que la solicitud se soporta en el mismo concepto de violación.

vi. Cuando la solicitud se sustente en uno de los cargos de la demanda, el estudio se focaliza en este planteamiento, pero en aquellos eventos en los que no se refiera, en concreto, a cargo específico, se analizarán las censuras de la demanda.

vii. Que la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas por el actor, desde esta instancia procesal, es decir, cuando el proceso apenas comienza.

viii. No cualquier desconocimiento normativo implica per se la suspensión provisional del acto acusado, por cuanto, debe analizarse, en cada caso concreto, la implicación de este con el fin de determinar si tiene o no la entidad suficiente para afectar la aplicabilidad del acto y en últimas, su legalidad.

ix. No implica prejuzgamiento, por lo que nada obsta para que la decisión adoptada varíe en el curso del proceso y para que incluso, la decisión definitiva sea diferente.^[8]

Así mismo, ha señalado que uno de los aspectos más destacados de la reforma, en contraste con la legislación anterior, se encuentra en el título XI, dedicado a las medidas cautelares procedentes en el marco de los procesos declarativos adelantados ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, las cuales: (i) revisten naturaleza instrumental, provisional y mutable; (ii) se sustentan en la apariencia de buen derecho y el riesgo de la mora, con excepción de la suspensión provisional de los efectos del acto demandado, cuyos requisitos específicos se encuentran previstos en el inciso primero del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011; y (iii) tienen por finalidad garantizar el objeto del proceso y la efectividad del fallo^[9].

2.1.2.  La doble militancia

La prohibición de pertenencia simultánea a más de una organización política; es decir, la doble militancia, se introdujo en el sistema político colombiano con el fin de fortalecer a los partidos y movimientos políticos y crear un régimen en donde se proscribe y sanciona una práctica inveterada en nuestro sistema democrático: el transfuguismo político.

Uno de los fenómenos que afectaron con mayor gravedad los partidos y movimientos políticos en nuestro sistema político, estaba en el hecho que sus militantes, directivos, candidatos y electos bajo su aval, compartieran los intereses, ideología y actividades de otros partidos o movimientos políticos, abandonando sin consecuencia alguna el grupo al que se pertenecía e incluso que los llevó a ocupar cargo de elección popular.

En ese sentido, dependiendo de los intereses y aspiraciones personales, se participaba en una u otra organización política, debilitando así, uno de los pilares de la democracia, en tanto aquellos dependían del querer de sus asociados, no solo porque sin requisitos previos y consecuencia alguna, podían pertenecer un día a un movimiento y al día siguiente a otro, hecho que se hacía más gravoso cuando quien actuaba de esa forma era un directivo o miembro de una corporación pública.

En términos de la Corte Constitucional, esa conducta denotaba "…una falta de firmeza ideológica, debilidad de convicciones, exceso de pragmatismo y anteposición de intereses personales y egoístas sobre aquellos programas e ideario del partido político que lo llevó a ocupar un cargo de representación popular, y por supuesto, un fraude a los electores."^[10]

En consecuencia, bajo la idea de fortalecer a los partidos y los movimientos políticos y, evitar los fraudes al elector, las reformas constitucionales de 2003 y 2009 introdujeron la necesidad de disciplinar y sancionar a sus asociados, primero bajo el régimen de bancadas y segundo, prohibiendo expresamente a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica, artículo 107 constitucional, prohibición que si bien fue redactada en forma general para el ciudadano, su destinario específico lo son los militantes y con mayor intensidad los directivos, los miembros de corporaciones públicas de elección popular y los candidatos avalados por estos. En estos tres sujetos recae con mayor rigor el deber de velar porque se respete la ideología de la organización política, es decir, son quienes deben exteriorizar la disciplina de aquella y por tanto son los sujetos pasivos de las sanciones por incurrir en esta prohibición.^[11]

El Constituyente Derivado, a efectos de materializar el derecho político de conformar y/o hacer parte de una agrupación política y hacerlo compatible con la necesidad de fortalecer los partidos y movimientos políticos, así como disciplinar a sus militantes, señaló expresamente dos condiciones para su materialización: la primera, tendiente a no desconocer los resultados de las consultas internas o interpartidistas, razón por la que prohibió a quien participe en estas, inscribirse por otra organización en el mismo proceso electoral; y la segunda, imponer la renuncia a los miembros de corporaciones públicas que pretendan inscribirse en la elección siguiente por otra organización o movimiento político. Renuncia que debe registrarse por los menos con doce meses de anterioridad al primer día de inscripciones, inciso final del artículo 107 constitucional.

Las reformas constitucionales fueron desarrolladas en la Ley Estatutaria 1475 de 2011 que, en su artículo 2o, reguló la figura de la doble militancia, en la que se describieron las diferentes situaciones que configuraban esta conducta y declarada exequible en sentencia C-490 de 2011.

La Sección Quinta del Consejo de Estado^[12], ha reiterado que la doble militancia se manifiesta bajo cinco modalidades, a partir de los supuestos normativos que fijó el artículo 107 constitucional y el artículo 2o de la Ley 1475 de 2011, así:

i) Para los ciudadanos: El pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político.

ii)  Para quienes participen en consultas internas o interpartidistas: No podrán inscribirse por otro partido o movimiento político en el mismo proceso electoral.

iii) Para los miembros de una corporación pública: Quienes son miembros de una corporación pública podrán presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, si renuncian a la curul doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. Esta misma condición se repite, cuando se indica que los candidatos que resulten electos por un partido o movimiento político deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.

iv)  Para los miembros de organizaciones políticas: Quienes ostenten cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados.

v) Para los directivos de las organizaciones políticas: Estos no podrán ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, sino renuncian al cargo directivo con doce (12) meses de antelación a la postulación, aceptación de la nueva designación o ser inscritos como candidatos.

El siguiente cuadro resume las modalidades expuestas:

Modalidad	Sujeto	Conducta que configura la doble militancia	Elemento temporal	Derechos políticos que se limitan[13]
I	Los ciudadanos	Pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político	La libertad de afiliación a los partidos políticos (Art. 107 C.P.)
II	Quienes participen en consultas internas o interpartidistas	Inscribirse por otro partido o movimiento político en el mismo proceso electoral	El derecho al sufragio pasivo (Art. 40.1 C.P.)
III	Los miembros de una corporación pública	No renunciar a la curul	12 meses antes del primer día de inscripciones a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto.	El derecho al sufragio pasivo y a la representación política (Art. 40.1 C.P.)
IV	Quienes ostenten cargos de dirección, gobierno, administración o control Quienes hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular	Apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados	Comprende desde el momento en el que la persona inscribe su candidatura hasta el día de las elecciones.	La libertad de tomar parte en elecciones (Art. 40.3 C.P.)
V	Los directivos de las organizaciones políticas	No renunciar al cargo directivo o Inscribirse como candidato de otra organización política	12 meses de antelación a la postulación, aceptación de la nueva designación en órganos de dirección o ser inscrito como candidato de otra organización política	Derecho al sufragio pasivo (Art. 40.1 C.P.) y libertad de hacer parte de organizaciones políticas (Art. 107 C.P.)

Bajo estos parámetros, esta delegada del Ministerio Público analizará la procedencia o no de la suspensión de los efectos del acto acusado.

2.1.3.  Análisis del caso concreto

Se cuestiona que, las demandadas, incurrieron en la tercera modalidad de doble militancia, la cual se constituye en una prohibición para los miembros de corporaciones públicas. Se contempla, en primer lugar, de manera genérica en el artículo 107 constitucional y, en segundo lugar, de forma particular en el artículo 2o de la Ley 1475 de 2011. Siendo una restricción que se resume de la siguiente manera:

III

Los miembros de una corporación pública

No renunciar a la curul

12 meses antes del primer día de inscripciones a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto.

El derecho al sufragio pasivo y a la representación política (Art. 40.1 C.P.)

Para sustentar lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 296 del CPACA, según remisión al juicio ordinario y, lo dispuesto en el precepto 231 ibídem, en el sentido que el escrito de medidas cautelares debe estar acompañado de "pruebas allegadas con la solicitud", los demandantes aportan lo siguiente:

- Copia de la Resolución No. 00701 del 19 de Febrero de 2025, "Por la cual se fija la fecha para la realización de consultas populares, internas o interpartidistas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y/o grupos significativos de ciudadanos, para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos para el año 2025";

- Copia de la Resolución No. 2581 del 5 de Marzo de 2025, "Por la cual se fija el calendario electoral para las elecciones de Congreso de la República, que se realizarán el 8 de marzo de 2026";

- Acuerdo de coalición programática y política de la Coalición Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial de Bogotá D.C. para las elecciones del 13 de marzo de 2022, período constitucional 2022-2026, en el cual consta el aval de XXXXX y XXXXX, otorgados por el Movimiento Político Colombia Humana;

- Copia del Acuerdo de Coalición entre el Movimiento Político Colombia Humana y el Partido Político Pacto Histórico para inscribir una lista de candidaturas a la Cámara de Representantes en la circunscripción electoral de Bogotá D.C. para las elecciones del 8 de Marzo de 2026, período constitucional 2026 – 2030;

- Copia del acto demandado, Formulario E-26 CAM del 27 de Marzo de 2026, de la Comisión Escrutadora;

- Copia del Formulario E7 - CT, por el cual la agrupación política Pacto Histórico realizó la inscripción de la lista de candidaturas a la Cámara de Representantes en la circunscripción electoral de Bogotá D.C., para las elecciones del 8 de marzo de 2026, período constitucional 2026 – 2030;

- Copia de la Resolución No. 0841 del 05 de febrero de 2026, expedida por el Consejo Nacional Electoral, mediante la cual se resuelve la solicitud de revocatoria de inscripción de candidaturas relacionadas con la lista del Pacto Histórico Bogotá – Cámara territorial, por incumplimiento de los requisitos del artículo 262 constitucional;

- Copia de la Resolución No. 1299 del 3 de marzo de 2026, expedida por el Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual se decide de manera positiva la solicitud de fusión entre el Movimiento Político Colombia Humana y el Movimiento Político Pacto Histórico;

- Copia del acta de escrutinio general de Cámara por Bogotá D.C., formulario E-26-CAM del 27 de marzo de 2026, en la que consta la declaratoria de elección de XXXXX y XXXXX como representantes a la Cámara por la circunscripción de Bogotá;

- Copia de la Resolución 09673 del 17 de septiembre de 2025 del Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual se reconoce la personería jurídica al Movimiento Político Pacto Histórico como resultado de la fusión de varias colectividades;

- Copia de las cartas de aval del 3 de diciembre de 2025, expedidas por el Movimiento Político Colombia Humana a favor de XXXXX y XXXXX, para la conformación de la lista "Pacto Histórico Bogotá", elecciones 8 de marzo de 2026;

- Copia del Formulario E-26 CAM del 11 de Abril de 2022, de la Comisión Escrutadora; y,

- Copia de la Resolución 0266 del 2019 "Por medio de la cual se establece el REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS".

Sobre el particular, es preciso señalar lo siguiente:

La premisa normativa o mayor está compuesta por dos proveídos, en primer lugar, el artículo 275-8 de la Ley 1437 de 2011, el cual dispone que los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando, "Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política".

En segundo lugar, en cuanto a lo que comprende la prohibición de doble militancia, fue previsto por el Legislador en el artículo 2o de la Ley 1475 de 2011, que, contempla de manera textual: "Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones".

También insertó como parágrafo exculpatorio que, "Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble militancia.".

Como premisa menor, prima facie, está acreditada la condición de legisladoras de XXXXX y XXXXX y su militancia en el ejercicio del cargo, razón por la cual, en principio se puede interpretar que estaban obligadas a renunciar a la Corporación Pública doce meses antes de inscribirse y participar en condición de candidatas por otra organización política en las elecciones del 8 de marzo de 2026.

De lo explicado y asociado al escrito de nulidad electoral, está acreditado que las accionadas tuvieron el aval y se inscribieron de manera original para participar de las elecciones del 8 de marzo de 2026 por la Colectividad Colombia Humana dentro de la coalición Pacto Histórico Bogotá. También está decantado y clarificado, que, después de la revocatoria de la lista mediante la Resolución No. 0841 del 05 de febrero de 2026, expedida por el Consejo Nacional Electoral, la organización política fundamento de la inscripción fue el Movimiento Político Pacto Histórico.

No obstante, es pertinente reseñar que, el 03 de marzo de 2026, mediante Resolución No. 1299, el Consejo Nacional Electoral aprobó la fusión entre el Movimiento Político Colombia Humana y el Movimiento Político Pacto Histórico, por lo que ordenó disolver, sin liquidar, a la organización fusionada por absorción, a la cual pertenecían las accionadas. Situación que se acompasaría con la imposibilidad de aplicarles las restricciones del artículo 2o de la Ley 1475 de 2011, según lo dispuso por el Legislador en el parágrafo único de esa cláusula de orden público, en tanto que, al estar disuelta la colectividad de origen, ello automáticamente habilitaría a los integrantes para inscribirse y ser elegidos por una organización política disímil, sin incurrir en doble militancia, por tratarse de una situación extraordinaria con efectos excepcionales.

A partir del componente de perspectiva, se valora como reiterativo que la agrupación Colombia Humana desde mediados del año 2025, se empeñó en participar dentro de los acontecimientos electorales de 2026 como un solo ente, bajo la denominación Pacto Histórico. Fue insistente en el proceso de fusión, según la Resolución 09673 del 17 de septiembre de 2025, lo cual se truncó por temas internos. Se hizo explícito en el Acuerdo de Coalición suscrito el 5 de diciembre de 2025 entre los representantes legales de los movimientos políticos Colombia Humana y Pacto Histórico, en el que se señaló en la cláusula decimosexta como efectos de la fusión que, "Una vez reconocida plenamente la fusión de Colombia Humana al Movimiento Pacto Histórico el presente acuerdo de coalición le será vinculante. De igual modo al llevarse a cabo la fusión el MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO asumirá como propias las candidaturas inscritas por el Movimiento Colombia Humana". Ese propósito se logró concretar el 03 de marzo de 2026, mediante la Resolución No. 1299. Lo que generó la inexistencia de la colectividad a la cual tenían filiación las cuestionadas para la fecha de la elección y se abrió paso a la filiación al Movimiento Político Pacto Histórico.

En ese orden, como conclusión, resulta imperativo interrogarse, si al desaparecer del mundo jurídico la organización de filiación de origen, ello se constituye en un imposible fáctico y normativo para la aplicación de la figura dogmática doble militancia, al seguir la suerte de un escenario excepcional, en virtud de lo dispuesto por el Legislador en el parágrafo del artículo 2o de la Ley 1475 de 2011.

En una decisión reciente dentro de un caso similar, la Sección Quinta del Consejo de Estado^[14], por un lado, destacó que no se podía "desconocer el alcance de la previsión de la cláusula décima sexta del acuerdo de coalición suscrito por el Movimiento Político Pacto Histórico y el Movimiento Político Colombia Humana en el mes de diciembre de 2025 que establecía que una vez fuera reconocida plenamente la fusión el Movimiento Político Pacto Histórico asumiría como propias las candidaturas inscritas por el Movimiento Colombia Humana" y, por el otro, que, tampoco aparecía definido en etapa cautelar, cuál era el momento jurídicamente relevante para examinar la eventual configuración de la doble militancia desde la excepción que propone el parágrafo 2 de la Ley 1475 de 2011. Por lo que "Tal indeterminación impide afirmar, en este momento procesal, y sin mayor debate probatorio, la configuración ostensible de la causal invocada como lo solicita el accionante".

En ese orden, si bien se determina de manera diáfana por el interviniente las normas constitucional y legal eventualmente desconocidas con ocasión de la inscripción de las demandadas; también es claro que no desglosa la argumentación de manera dialéctica entre los presupuestos y la facticidad que permitan advertir un eventual desconocimiento de las prescripciones normativas de manera absoluta y clara.

Lo relacionado amerita un ejercicio dialógico de oposición. Lo que implica tener presentes a todos los actores políticos que conforman el entramado del reproche, los antecedentes de las accionadas en materia de elecciones, el aval, la inscripción de pertenencia a otro movimiento y los efectos de la desaparición de partido de origen. Son varios aspectos que deben ser ventilados al interior de la Litis antes de proceder con una decisión sobre los efectos del acto electoral, objeto de censura, en el asunto bajo análisis.

Así las cosas, los criterios aducidos no se desarrollan hasta el punto de decantar de manera pura y simple la oposición entre lo regulado y lo acontecido en las elecciones para el Congreso de la República, período 2026-2030, en relación con la inscripción y la declaratoria de elección del extremo pasivo en el presente medio de control.

2.2. Síntesis del concepto

Lo expuesto lleva a afirmar que lo allegado hasta el momento no tiene la claridad ni la contundencia para determinar que se vulneró el ordenamiento jurídico. Lo que se advierte, son algunas consideraciones e interpretaciones particulares, sin certeza de la conduta relacionada con la doble militancia, en lo que hace a la inscripción y posterior elección de XXXXX y XXXXX como representantes a la Cámara por la Circunscripción Territorial de Bogotá, D.C., período 2026-2030.

En ese sentido, esta Delegada del Ministerio Público considera que en esta etapa preliminar no están dados los elementos de juicio para que se decrete la medida cautelar solicitada.

III. CONCLUSIÓN

Con fundamento en lo expuesto, la Procuradora Séptima Delegada solicita NEGAR la medida cautelar de suspensión provisional del acto de elección de XXXXX y XXXXX como representantes a la Cámara por la Circunscripción Territorial de Bogotá, D.C., período 2026-2030.

Respetuosamente,

IDAYRIS YOLIMA CARRILLO PÉREZ

Procuradora Delegada para Asuntos Electorales y Participación Democrática Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado en funciones

<NOTAS DE PIE DE PÁGINA>.

1. Dentro de los procesos de radicados 11001-03-28-000-2026-00045-00 y 11001-03-28-000-2026-00064-00 se realizó un análisis similar al de la presente referencia.

2. El traslado para conceptuar se hace efectivo entre el 28 de abril y 5 de mayo de 2026, según la anotación 11 en el SAMAI.

3. Por Decreto No. 0383 del 25 de abril de 2025, la suscrita fue nombrada Procuradora Delegada para Asuntos Electorales y Participación Democrática; cargo del cual tomé posesión el 12 de mayo de 2025. Asimismo, Mediante Decreto No. 0471 del 12 de mayo de 2025, me fueron asignadas las funciones de la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, mientras se posesiona su titular o hasta que las necesidades del servicio lo determinen.

4. Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Rocío Araújo Oñate, Rad No. 44001-23-33- 000-2020-00022-01, Auto del 26 de noviembre de 2020.

5. Ibídem.

6. Consejo de Estado, Sección Quinta C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-28-000-2021-00009-00, Sentencia del 4 de marzo de 2021.

7. Consejo de Estado, Sección Quinta, CP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. No. 13001- 23-33-000-2016-00070-01, Sentencia del 3 de junio de 2016. Reiterado, recientemente, en Consejo de Estado, Sección Quinta CP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. No. 11001-03-28-000-2021-00009-00, Sentencia del 4 de marzo de 2021.

8. Consejo de Estado, Sección Quinta, CP Alberto Yepes Barreiro, Rad. No. 19001-23-33-000-2015-00044-01. Auto de 09 de abril de 2015.

9. Consejo de Estado, Sección Quinta, CP Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. No. 17001-23-33-000-2019-00551-01, Sentencia del 27 de febrero de 2020.

10. Corte Constitucional. Sentencia C-334 de 2014.

11. Corte Constitucional. Sentencia C-303 de 2010.

12. Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 25 de julio de 2013, expediente: 050012331000-2011-01918, demandantes: Mónica María Dávila Trujillo; demandado: Ángela María Ríos Castaño; Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro; sentencia de 25 de abril de 2019, expediente: 13001-23- 33-000-2016-00112-01; demandante: Enrique Luis Cervantes Vargas; demandado: Ronald José Fortich Rodelo – Concejal de Cartagena; Magistrada Ponente: Rocío Araújo Oñate.

13. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, expedientes: 11001-03-28-000-2020-00016-00 y 11001-03-28-000-2020-00017-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

14. Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 30 de abril de 2026, expedientes: 11001-03-28-000-2026-00045-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.