CONCEPTO 6 DE 2026
(enero 19)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ACCION DE REPARACION DIRECTA-Suministro erróneo del medicamento al aplicarle "dipirona", lo que causó paro cardio respiratorio y daño cerebral que llevaron a su muerte
ACCION DE REPARACION DIRECTA-Responsabilidad por falla médica aplican las premisas que sustentan la teoría de la falla del servicio "Es indubitable la responsabilidad de la entidad estatal en este caso, quien no logró acreditar ningún eximente para exonerarla. Por el contrario, está suficientemente comprobada la falla del servicio y que el personal médico y de enfermería no actuó con la debida diligencia y cuidado que la atención requería, pues bastaba con haber revisado la historia clínica para advertir el riesgo al que estaba sometido el señor Manuel XXXXX al aplicarle "dipirona", que finalmente se materializó por cuanto le dio un paro cardio respiratorio que concluyó con su muerte, máxime cuando un mes antes de la cirugía la misma Clínica de Nuestra Señora de Fátima le había diagnosticado una urticaria por alergia a dicho medicamento"
VALOR PROBATORIO-La historia clínica es el medio probatorio por excelencia, porque contiene el registro detallado y cronológico de las condiciones de salud del paciente, los actos médicos, evaluaciones, diagnósticos, tratamientos y evolución
CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO-Considera procedente confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por cuanto se encuentra suficientemente acreditado el daño que se endilga a la parte demandada
CONCEPTO 6 DE 2026
Bogotá D. C., 19 de enero de 2026
| Señores | CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Consejero Ponente, doctor XXXXX |
| Ref: | Proceso: 76001233300020130014602 (72814) Medio de control: Reparación directa Actor: XXXXX y otros Demandados: Nación – Mindefensa – Policía Nacional – Dirección de Sanidad – ANI, Ingeniería y Construcciones de Obras Civiles – MHC y Consorcio Vía al Mar Llamados en garantía: Seguros del Estado S.A. y CCCCC |
El Ministerio Público presenta concepto dentro del proceso de reparación directa de la referencia. En esta oportunidad solicita CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 06 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, con base en los siguientes argumentos.
1. ANTECEDENTES
1.1 DEMANDA[1]. Por intermedio de apoderado judicial, el 8 de febrero de 2013, la señora XXXXX y su grupo familiar formularon demanda de reparación directa contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL VALLE – CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA. Buscan se les declare administrativa y patrimonialmente responsables por los daños causados por la falla en el servicio médico prestado al Capitán XXXXX, que conllevó a su muerte el 23 de diciembre de 2011 en la ciudad de Cali. En consecuencia, se les condene a pagar el valor de $2.188.598.367.000, debidamente actualizado, correspondiente a los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante), morales y daño a la vida de relación a indemnizar.
Manifestó que el señor XXXXX ingresó el 15 de noviembre de 2011 a consulta por el servicio de urgencias en la Clínica Nuestra Señora de Fátima de Cali, por presentar prurito generalizado, sensación de disnea, eritema generalizado, posterior a la ingesta de dipirona vía oral, por lo que fue diagnosticado con urticaria alérgica y manejado con medicamento. Al día siguiente, consultó nuevamente y luego de una ultrasonografía de vías urinarias, resultó con un cálculo renal de 6.8 mm, en colector superior de riñón derecho. El 17 del mismo mes y año, consultó con resultado de UROTAC, en el cual se evidenció "Litiasis renal bilateral", con cálculo ureteral proximal derecho, con dilatación proximal; se dio manejo con analgésicos para el dolor y, finalmente, fue sometido a una cirugía de la que salió satisfactoriamente, pero en el post operatorio le fue suministrada dipirona + hioscina, que le produjo un paro respiratorio, por lo que tuvo que ser trasladado a la Clínica de Occidente de la misma ciudad, por ser de mayor nivel de complejidad, en la que el 19 de diciembre le declararon muerte cerebral y el 23 de diciembre de 2011 falleció, a las 11:10 am.
1.2 CONTESTACIÓN, EXCEPCIONES Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
- LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL VALLE – CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA[2] se opuso a las pretensiones. Consideró que no obra prueba del daño ocasionado o de una falla en el servicio por parte de esa entidad, por acción ni por omisión, pues el hecho generador del daño fue causado por un evento extraordinario que se salía del dominio médico. Los galenos de la Clínica Nuestra Señora de Fátima usaron todos los medios humanos, locativos y logísticos para garantizar la integridad del señor XXXXX, por lo que no es posible hablar de responsabilidad cada vez que no se logre el objetivo. El paciente en ningún momento presentó síntomas alérgicos a medicamento alguno, por ello es inconcebible que cada que una persona desarrolle una patología desfavorable la entidad prestadora de salud deba afectar su patrimonio indemnizando a sus familiares. Enfatizó que en este caso ni el mismo señor XXXXX sabía que era alérgico a la dipirona, tan es así que el 15 de noviembre de 2011 fue dado de alta y así quedó consignado en la historia clínica que diligenció el doctor Mondragón.
Señaló que la jurisprudencia ha sido enfática en manifestar que el daño es requisito indispensable pero no suficiente para que se declare la responsabilidad. Explicó los alcances en la medicina de las definiciones de "error médico", "negligencia", "imprudencia" e "impericia" y de la diferenciación entre "evento adverso" y "complicación", para concluir que, si el acto médico que produjo un resultado no deseado se realizó de acuerdo con las reglas de la ciencia, la ética y la técnica, es decir, conforme a la lex artis, no generará responsabilidad médica.
Afirmó que en el sub examine no se presentó un evento adverso. Los hechos y la supuesta relación de causalidad no son producto de la responsabilidad extracontractual del Estado, sino de causas externas no atribuibles a la Clínica Nuestra Señora de Fátima, no hubo ningún tipo de negligencia médica, al contrario, quedó probado que los galenos actuaron ética y profesionalmente.
Llamó en garantía al personal médico que estuvo involucrado con la atención del señor XXXXX el día de los hechos, a saber: XXXXX, YYYYY, ZZZZZ, LLLLL, EEEEE, CCCCC y a la aseguradora de estos últimos como profesionales: SEGUROS DEL ESTADO S.A., lo cual se resolvió mediante autos de 13 de abril de 2015[3], 15 de mayo de 2017, 23 de mayo de 2024[4]
- SEGUROS DEL ESTADO S.A.[5] solicitó desestimar las pretensiones de la demanda. Se pronunció indicando que, no se observaba falta alguna en la prestación del servicio médico que se le brindó al señor XXXXX, ni que se le haya brindado un tratamiento inadecuado, como lo afirma la parte actora sin allegar soporte probatorio alguno.
Propuso las excepciones de "genérica; ausencia de responsabilidad de parte de los profesionales (…); inexistencia del nexo causal frente a (…); indebida tasación de perjuicios; falta de legitimación en la causa por activa del llamante en garantía; ausencia de cobertura frente a los hechos acontecidos; límite de responsabilidad de las pólizas".
- CCCCC no se hizo presente en la actuación.
1.3 La sentencia de primera instancia[6]. El Tribunal Contencioso Administrativo de Valle del Cauca, Sala de Decisión Oral, mediante providencia de 06 de febrero de 2025, accedió parcialmente a lo solicitado en la demanda.
Luego de exponer el marco jurídico y jurisprudencial de la responsabilidad del Estado y del régimen específico en casos de falla médica, analizó el material probatorio, encontrando acreditada la falla del servicio alegada por la parte demandante. Señaló que la historia clínica y el certificado de defunción confirman el fallecimiento del señor XXXXX ocurrido el 23 de diciembre de 2011. Evidenció que a pesar de constar la alergia a dipirona en la historia clínica, se prescribió y suministró el medicamento, lo que causó paro cardio respiratorio y daño cerebral que llevaron a su muerte.
Después de relacionar las pruebas que soportan su afirmación, precisó que tal circunstancia evidencia una falta de rigurosidad en la lectura y análisis de la correspondiente historia clínica, toda vez que en el informe de auditoría del caso realizado a la Clínica Nuestra Señora de Fátima, se consignó que el 15 de noviembre de 2011, el paciente acudió a consulta por una alergia por la ingesta de dipirona oral por dolor abdominal, es decir un mes antes de realizada la operación, acudió a la Clínica por presentar alergia a dicho medicamento.
Con ocasión del referido descuido, sufrió una reacción anafiláctica (paro cardio-respiratorio) causada por la exposición de la sustancia de la dipirona, lo que obligó al traslado inmediato del paciente a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de Occidente. En la epicrisis elaborada por la mencionada institución se dejó constancia de que el paciente ingresó en malas condiciones generales con máscara laríngea, ruidos cardiacos no audibles, no se palpa pulso y se da inicio a RCP, y luego de 7 minutos se palpa pulso. Como consecuencia de dicha reacción alérgica, la salud del paciente se deterioró de tal manera que, en ningún momento, presentó mejoría a nivel neurológico, por lo que, desafortunadamente, el 23 de diciembre de 2011 se produjo su fallecimiento.
Y concluyó:
"Así pues, para esta Sala no hay lugar a dudas de que la entidad demandada incurrió en una falla del servicio, pues bastaba la simple lectura de la historia clínica del paciente para tener conocimiento de que el señor XXXXX era alérgico a la dipirona, e incluso en la consulta con anestesiología y el día de la operación él mismo manifestó dicha condición.
A propósito de lo anterior, vale la pena recordar que la historia clínica es un documento de carácter privado, obligatorio y reservado, en el cual se registran, de manera cronológica, las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención19. En tal sentido, esta Sala reprocha la conducta de la entidad demandada, que por conducto de uno de sus médicos, omitió la prudente revisión del mencionado documento, que como se indicó en el párrafo anterior, era el instrumento que contenía cada una de las condiciones de salud del paciente, así como, los antecedentes tóxico-alérgicos que ponían en grave riesgo su salud.
En consecuencia, esta Sala encuentra probados los elementos del daño ocasionado; la falla por el acto médico y su nexo causal con el primer elemento.
En ese orden, se procederá al reconocimiento de los perjuicios acreditados dentro del caudal probatorio…".
Con relación a los llamados en garantía, la Sala explicó que, conforme a la historia clínica allegada no se evidencia en ninguna de sus anotaciones que la señora CCCCC fuera la enfermera que le suministró al señor XXXXX el medicamento de Dipirona que conllevó a su posterior muerte, es decir, la demandada no acreditó en el sub judice la conducta desplegada por esta y si su actuar fue con dolo o culpa grave; solo se limitó a indicar que ella fue quien suministró el medicamento sin allegar prueba que lo demostrara, sin arrimar la prueba sumaria que indica el artículo 19 de la Ley 678 de 2001.
"Por lo anterior, no es dable realizar un estudio sobre la responsabilidad de la auxiliar de enfermería por el fallecimiento del señor XXXXX y mucho menos condenar a la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, y hacer efectiva la póliza".
En ese orden, declaró responsable administrativa y patrimonialmente a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL- DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL VALLE- CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA por el daño ocasionado a los actores y los condenó a pagar los perjuicios que se lograron probar a favor de los demandantes. Así mismo, absolvió de toda responsabilidad a la auxiliar de enfermería CCCCC, como llamada en garantía dentro de esta actuación.
1.4 La impugnación[7]. La demandada interpuso recurso de apelación. Argumentó que la atención médica fue adecuada y que no existió negligencia en el manejo clínico del paciente.
Indicó que la historia clínica es una de las formas de registro del acto médico, realizado conforme a la lex artis y que respalda la calidad de la atención médica brindada, cuyas cuatro características principales se encuentran involucradas en su elaboración y son: i) Profesionalidad; ii) Ejecución típica; iii) Objetividad; y iv) Licitud, definiendo cada una de ellas.
Destacó que, con los registros y atenciones de la historia clínica, se podía observar que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional prestó el servicio de salud acorde con las características en calidad, observándose siempre una atención accesible, oportuna, segura, pertinente y continua, teniendo como base jurídica el artículo 3o del Decreto 1011 de 2006, "Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud".
Advirtió que de los registros anotados en eventos de la Historia Clínica para las fechas 15/11/2011 y 16/11/2011 debe inferirse de manera razonable, que en estas atenciones médicas se realizó todos los esfuerzos del personal médico y el empleo de los recursos técnicos a su alcance, sin que permitiera establecer la causa que ocasionara con posterioridad el lamentable fallecimiento del señor XXXXX, ya que ni siquiera el mismo paciente conocía sobre su alergia a la dipirona.
Citó precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado que establecen que la responsabilidad médica no se compromete si el diagnóstico fue realizado con pericia y cuidado, incluso si luego se demuestra que fue erróneo.
Señaló que no puede perderse de vista las dificultades que caracterizan la gestión probatoria en procesos como el que aquí se decide, habida cuenta que la actividad médica entraña conocimientos técnicos y científicos de difícil constatación que, en determinados supuestos, dificultan tener plena certeza sobre el nexo de causalidad existente entre un específico procedimiento médico y el resultado que al mismo se le pretende imputar. Es por lo que es deber del demandante demostrar probatoriamente las presuntas fallas u omisiones que se pretenden hacer valer en la demanda, aspectos que, afirmó, distan por completo en esta actuación y de los alcances del artículo 167 del C.G.P.
En tal virtud, solicitó revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 06 de febrero de 2025 para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda.
2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
2.1. PROBLEMA JURÍDICO
Para el Ministerio Público, el problema jurídico se centra en determinar:
i) Si la parte demandada es administrativa y patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos ocasionados a los accionantes, por la muerte del señor XXXXX debido a la reacción alérgica por la incorrecta aplicación de un medicamento por parte del personal de la demandada o si, por el contrario, se configura alguna eximente de su responsabilidad.
TESIS: Se deberá confirmar la sentencia de primera instancia por encontrarse acreditada la existencia del daño causado por parte de la entidad demandada a los actores, en consecuencia, debe accederse a los perjuicios probados y reconocidos.
2.2. CASO CONCRETO
Luego de verificar que en el sub examine no se presenta caducidad del medio de control ni de causal alguna de nulidad que invalide la presente actuación, se procede a estudiar los argumentos constitutivos del recurso de alzada.
2.2.1 DE LA RESPONSABILIDAD POR FALLA MÉDICA
Frente a la falla en los servicios hospitalarios y asistenciales, actividad que comprende el servicio médico en condiciones de tiempo, oportunidad y disponibilidad, aplican las premisas que sustentan la teoría de la falla del servicio.
En la historia jurisprudencial del Consejo de Estado, especialmente en los periodos de 1990 a 2018 en lo que respecta a la acreditación del elemento de la falla o culpa de la administración para establecer la responsabilidad del Estado por la prestación de los servicios médico asistenciales, se han identificado diferentes periodos en los cuales se han aplicado regímenes probatorios distintos. Actualmente, se utiliza la tesis de la carga dinámica de la prueba para realizar una transición de la falla presunta a la falla probada, por lo cual la parte demandante debe demostrar todos los elementos de la responsabilidad, sin perjuicio de los poderes procesales que le asisten al juez para asignar la prueba de un hecho a la parte contraria cuando se evidencie que se encuentra en mejor situación de acreditación. En ese orden, "al demandante le corresponde probar la intervención de la actuación médica, la existencia de los errores, omisiones o negligencias en esa actuación y, además, que haya sido la causa adecuada del daño alegado"[8].
Sobre el particular, señaló ese Alto Tribunal:
"(…) la Sala ha recogido las reglas jurisprudenciales anteriores, es decir, las de presunción de falla médica, o de la distribución de las cargas probatorias de acuerdo con el juicio sobre la mejor posibilidad de su aporte, para acoger la regla general que señala que en materia de responsabilidad médica deben estar acreditados en el proceso todos los elementos que la configuran, para lo cual se puede echar mano de todos los medios probatorios legalmente aceptados, cobrando particular importancia la prueba indiciaria que pueda construirse con fundamento en las demás pruebas que obren en el proceso, en especial para la demostración del nexo causal entre la actividad médica y el daño.
(…)
En efecto, no debe perderse de vista que el sólo transcurso del tiempo entre el momento en que se presta el servicio y aquél en el que la entidad debe ejercer su defensa, aunado además a la imposibilidad de establecer una relación más estrecha entre los médicos y sus pacientes, hace a veces más difícil para la entidad que para el paciente acreditar las circunstancias en las cuales se prestó el servicio. Por eso, el énfasis debe centrarse en la exigencia institucional de llevar las historias clínicas de manera tan completa y clara que su solo estudio permita al juez, con la ayuda de peritos idóneos si es necesario, establecer si hubo o no responsabilidad estatal en los daños que aduzcan sufrir los pacientes como consecuencia de la prestación del servicio médico".
(…)
La desigualdad que se presume del paciente o sus familiares para aportar la prueba de la falla, por la falta de conocimiento técnicos, o por las dificultades de acceso a la prueba, o su carencia de recursos para la práctica de un dictamen técnico, encuentran su solución en materia de responsabilidad estatal, gracias a una mejor valoración del juez de los medios probatorios que obran en el proceso, en particular de la prueba indiciaria, que en esta materia es sumamente relevante, con la historia clínica y los indicios que pueden construirse de la renuencia de la entidad a aportarla o de sus deficiencias y con los dictámenes que rindan las entidades oficiales que no representan costos para las partes…".
2.2.2 ANÁLISIS PROBATORIO
Al sub examine se allegaron las siguientes pruebas relevantes:
a). Registro civil de defunción del señor XXXXX, en el que consta que falleció el 23 de diciembre de 2011[9].
b). Historia clínica de la atención prestada al señor XXXXX en la Clínica Nuestra Señora de Fátima de la Dirección de Sanidad de la POLICÍA NACIONAL en la ciudad de Cali[10].
c). Historia clínica de la atención prestada al señor Manuel XXXXX en la Clínica de Occidente de la misma ciudad[11].
d). Informe de auditoría realizado el 17 de diciembre de 2011 por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional[12].
Del material probatorio anteriormente relacionado, se desprende que el 15 de diciembre de 2011, el señor XXXXX fue intervenido quirúrgicamente en la Clínica Nuestra Señora de Fátima de Cali, para extraerle un cálculo que presentaba en el riñón derecho. Cirugía que resultó exitosa, por lo que es trasladado a hospitalización, en la que le es aplicado el fármaco "dipirona + hioscina", respecto del cual tiene una reacción alérgica, produciéndole un paro cardio respiratorio, que, en principio, se trató en la misma institución, pero que ante el nivel de complejidad, hubo la necesidad de trasladarlo a la Clínica de Occidente de esa misma ciudad, a la que llegó en malas condiciones generales, le realizan RCP (Reanimación cardio pulmonar) y es atendido durante siete (7) días, sin que pudiese recuperarse, por el contrario, primero le fue declarada muerte cerebral el 19 de diciembre de 2011 y luego fallece el 23 de diciembre siguiente, a las 11:10 am.
De lo anterior dan cuenta el registro civil de defunción, en el que se relacionó como fecha de muerte 23 de diciembre de 2011, y los registros consignados en la historia clínica de la Clínica de Occidente de Cali, en la que en el resumen de la epicrisis relató que con fecha 15 de diciembre de 2011 el paciente ingresa a urgencias remitido de la Clínica de la Policía, en condición muy crítica por paro cardio respiratorio prolongado, con un riesgo muy alto de muerte. Y registró como causa de ingreso: "En la Clínica de la Policía le administran dipirona más bromuro de hioscina por dolor posterior a cirugía urológica y posterior a esto según describen en remisión presentó paro cardiorespiratorio, choque anafiláctico, se intentó intubación múltiples veces extrainstitucional sin éxito… Según remisión es alérgico a la dipirona…".
Según el mismo documento, activaron código azul, realizaron reanimación avanzada en urgencias y lo ingresaron inmediatamente a UCI, donde continuó siendo atendido, recibió tratamiento terapéutico y permaneció hospitalizado hasta el 23 de diciembre del mismo año, cuando fallece, previa declaratoria de muerte cerebral el 19 de diciembre anterior por parte de neurología. Como diagnóstico de egreso señaló: "choque anafiláctico debido a efecto adverso de droga o medicamento correcto admi".
En efecto, el anterior evento tuvo origen en la atención prestada en la Clínica Nuestra Señora de Fátima, a propósito de la cirugía practicada al señor Manuel XXXXX el día 15 de diciembre de 2011, a quien le fue suministrada "dipirona + hioscina" en la etapa postoperatoria, luego que salió del procedimiento.
A raíz del anterior suceso, la Dirección de Sanidad de la Policía realizó una auditoría para evaluar si la atención prestada al señor XXXXX en la Clínica Nuestra Señora de Fátima, cumplió con las características de calidad: Accesibilidad, Oportunidad, Seguridad, Pertinencia y Continuidad - SOGCS. En el respectivo informe que data del 17 de diciembre de 2011, se relacionaron los siguientes antecedentes:
En dicho informe, la médica auditora hizo una transcripción de algunos apartes de la historia clínica, de los que se desprende que entre los años 2006 y 2011, el señor Manuel XXXXX presentó diferentes eventos por los que estuvo medicado con dipirona, el último de ellos el 28 de agosto de 2011, por la fractura de la rótula derecha, sin ninguna reacción adversa. Obra también el registro del 15 de noviembre de 2011, el cual da cuenta de que en esa fecha el señor Manuel XXXXX consultó en la Clínica Nuestra Señora de Fátima por una reacción luego de ingerir la aludida droga, por lo que le fue diagnosticada una "urticaria alérgica".
Es de anotar que los anteriores registros no fue posible corroborarlos con la historia clínica, por cuanto esa parte de dicho documento no fue aportada por la parte demandada, por lo tanto, no se incorporó como prueba a la actuación. Es así como el referido registro del 15 de noviembre de 2011, la médica auditora Astrid Gisella Micolta Torres lo transcribió así:
Conforme algunos registros de la misma historia clínica y lo transcrito de la misma en el citado informe de auditoría, un mes después a esta última fecha, es decir, el 15 de diciembre de 2011, el señor Manuel XXXXX fue sometido a una cirugía para el extraerle un cálculo en el riñón derecho. Del aludido procedimiento salió en buenas condiciones, consciente y orientado.
"- 15/12/2011- DESCRIPCION DEL ACTO QUIRURGICO: Anestesia Raquidea. OPERACIÓN EFECTUADA: ureterolitotomía endoscópica ultrasónica más colocación de catéter JJ derecho. No complicación tolera cateterismo vesical.
"- 15/12/2011 NOTAS DE ENFERMERIA:
- 11:00 am ingresa paciente al quirófano #2 por sus propios medios consciente y orientado, se monitoriza.
- 11:05 am La Dra. Benjumea realiza anestesia raquídea el Dr. Álvarez realiza asepsia y antisepsia con Isodine espuma y solución.
- 11:30 am El Dr. Osorio procedimiento sin complicaciones.
- 12:10 pm Termina procedimiento sin complicaciones, TA 143/90, FC:78, SPO2 98%, paciente se traslada a recuperación bajo los efectos de la anestesia raquídea con LEV permeable.
- 12:10 pm Ingresa paciente al servicio de recuperación de cirugía consciente, orientado en buenas condiciones generales POP ureterolitotomía + colocación de catéter JJ, paciente bajo efectos de sedación raquídea, se deja con LEV permeables y soporte de oxígeno TA 115/79, FC:60, SPO2 99%.
15/12/2011- Sale paciente del servicio de recuperación de cirugía consciente orientado en buenas condiciones generales se traslada a piso POP ureterolitotomía + colocación de catéter JJ paciente con buena mobisensibilidad, se traslada con orden médica, formula, y …. Ilegible.
Luego de su traslado a hospitalización y aunque la historia no registra la hora exacta en que sucedió, le fue suministrado el fármaco "dipirona + hioscina", de acuerdo con las órdenes postquirúrgicas del médico general que asistió al urólogo en la intervención:
"1. Hospitalizar
2. Dieta liquida en 8 horas- control dieta normal
3. SSN 0.9% 1000 cc para 12 horas
4. Cefazolina 1 gr IV C/6 horas
5. Dipirona + hiosina 2.5 grs + 20 amp = 1 amp IV c/8 horas. (Resaltado propio). Diluir en 200 pasar en 10 minutos.
6. Ss Rx simple abdomen
7. CSV-AC"
Cuando se pasó el paciente de la sala de cirugía a servicio de hospitalización, se hizo el siguiente registro en la hoja denominada "Notas de Enfermería", el cual también fue transcrito en el informe de auditoría, así:
Conforme a la fórmula médica, se le suministró la dipirona al señor Manuel XXXXX, según obra en el registro diario de administración de medicamentos del 15 de diciembre de 2011.
También se observa como parte de la historia clínica, una hoja sin membrete o encabezado, sin firma de quien lo diligenció, con el nombre y cédula del señor Manuel XXXXX, que parece corresponder a anotaciones de suministro de los medicamentos ese 15 de diciembre, entre los cuales se relacionó la dipirona + hioscina cada 8 horas 1 ampolla intravenosa a las 8, 16 y 24 horas, con una nota de suspensión en la misma fecha, aunque sin registro de la hora en que se aplicó y se suspendió dicho fármaco.
Luego de lo cual, presentó la reacción adversa al medicamento, de acuerdo con las notas transcritas en el mencionado informe de auditoría:
"- 5:34 pm MEDICINA GENERAL EVOLUCIÓN: SUBJETIVO: paciente alérgico a dipirona quien le aplicaron buscapina compuesta se manda a colocar hidrocortisona IV urgente más hidroxicina IV. DIAGNOSTICOS: otros estados postquirúrgicos especificados.
- 06:04 pm MEDICINA GENERAL EVOLUCIÓN: SUBJETIVO: paciente que hacia las 5:30 esta con dificulta respiratoria se inicia aplicación de adrenalina ambú se revisa y no se encuentra pulso por lo que se inicia RCP con presiones torácicas y ambú. Llega apoyo de urgencias. Paciente vía área difícil de entubar tres intentos sin éxito se da ambú se ordena otra vía venosa aplicación de adrenalina cada 3 min numero 4. No se logra monitorizar al paciente se toma fc:168 x min con pulsooximetro sat o2 82 con ambú se remite de forma urgente a nivel III por no contar con equipo suficiente para reanimación se continua con RCP ambú y adrenalina se comenta con clínica occidente.
- 6:49 pm MEDICINA GENERAL EVOLUCIÓN: SUBJETIVO: revisión historia clínica paciente se traslada Clinica de Occidente después de 15 min de reanimación aun en paro con FC: 168 se pasa mascara laríngea por intento de intubación frustrado. Nota: se pide desfibrilador que enciende, pero no funciona correctamente se pidió urgencias el cual tampoco funciona no hay monitor en el servicio".
No obstante, se desprende de la citada historia clínica que el señor XXXXX informó de su situación alérgica antes de la cirugía y así se consignó en diferentes momentos previos a la misma:
- Anotación del 12/12/2011 realizada por la médica anestesióloga en la hoja de diagnóstico pre-operatorio, en la que se indicó: alergias dipirona + diclofenaco y se señaló con un "ojo".
- En la lista de chequeo de procedimientos quirúrgicos que elaboró la auxiliar de enfermería el día de la cirugía, se encuentra la anotación: "paciente presenta alergias: SI. Dipirona - Diclofenaco.
- Anotación en la hoja denominada "Notas de Enfermería" el mismo 15 de diciembre, al momento del ingreso a la cirugía, en la que se relacionó: alérgico a la Dipirona y Diclofenaco.
En el postoperatorio, ya en hospitalización, lo valora la médica de turno a las 5:00 pm y también deja la anotación del antecedente alérgico del paciente a la dipirona y el diclofenaco, como se puede observar en el siguiente registro.
El material probatorio anteriormente relacionado permite concluir que hubo una inadecuada prestación del servicio, pues es claro que no se acudió a ningún método físico, verbi gracia, una manilla de color que permitiera identificar la situación alérgica del paciente, mucho menos se hizo lectura de la historia clínica para efectos de la atención postoperatoria. Se vio cómo el médico general auxiliar, ni siquiera el cirujano titular, fue quien prescribió el medicamento luego de la intervención, sin verificar el referido documento. De haberlo hecho, se hubiera percatado de que el señor Manuel XXXXX era alérgico a la dipirona. Otro tanto sucedió con el personal de enfermería que lo entregó y el que lo recibió en hospitalización, toda vez que el primero registró en la hoja de entrega que el paciente no presentaba alergias y el segundo, se confió de lo que estaba allí escrito y no revisó la historia que en varias partes contenía tal advertencia, incluyendo la de la médica del tuno de las 5:00 de la tarde, por lo que terminó aplicando el fármaco que generó el evento adverso. El paciente se deterioró de tal manera que en ningún momento presentó mejoría a nivel neurológico, por lo que infortunadamente, el 23 de diciembre de 2011 se produjo su fallecimiento.
Siendo así, es evidente que la actuación del personal médico y de enfermería no se ajustó a los procedimientos médicos, tal como lo precisó la auditora médica en su informe de 17 de diciembre de 2017, el cual concluyó con el siguiente CONCEPTO DESFAVORABLE:
"Se encuentra registrado en la Historia Clínica física y magnética del paciente historia reciente de alergia a Dipirona y Diclofenaco a pesar de lo cual le fue suministrado el medicamento Hioscina + Dipirona, evidenciándose falla de procedimientos sistematizada y omisión por parte de los profesionales médicos y paramédicos del antecedente del paciente con consecuente aplicación del medicamento, igualmente se evidencias falencias en la rotulación del paciente y los procedimientos de entrega y recepción de los postquirúrgicos del servicio de cirugía a hospitalización, aunque se resalta que el procedimiento quirúrgico se llevó a cabo adecuadamente y sin complicaciones propias de la patología quirúrgica del paciente".
Es indubitable la responsabilidad de la entidad estatal en este caso, quien no logró acreditar ningún eximente para exonerarla. Por el contrario, está suficientemente comprobada la falla del servicio y que el personal médico y de enfermería no actuó con la debida diligencia y cuidado que la atención requería, pues bastaba con haber revisado la historia clínica para advertir el riesgo al que estaba sometido el señor Manuel XXXXX al aplicarle "dipirona", que finalmente se materializó por cuanto le dio un paro cardio respiratorio que concluyó con su muerte, máxime cuando un mes antes de la cirugía la misma Clínica de Nuestra Señora de Fátima le había diagnosticado una urticaria por alergia a dicho medicamento.
No en vano el Consejo de Estado ha considerado que, en materia de responsabilidad médica, la historia clínica es el medio probatorio por excelencia, precisamente, porque contiene el registro detallado y cronológico de las condiciones de salud del paciente, los actos médicos, evaluaciones, diagnósticos, tratamientos y evolución del cuadro clínico que interviene en su atención[13], además de obligatorio diligenciamiento por parte del personal médico y de enfermería según lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 23 de 1981 y el artículo 4o de la Resolución 1995 de julio 8 de 1999, proferida por Minsalud, por ser un documento de vital importancia para la prestación de los servicios de salud.
De ahí que también ha precisado la misma Corporación, que la omisión de aportarla al proceso o hacerlo de manera incompleta sea tomada como un indicio en contra de la entidad demandada, lo cual, debe apreciarse en conjunto con las demás probanzas del proceso para determinar la responsabilidad a ella atribuida[14]:
"(…) No es necesario modificar las reglas probatorias señaladas en la ley para hacer efectivas las consecuencias que se derivan de la violación del deber de lealtad de las partes, dado que el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, establece que el juez podrá deducir indicios de su conducta procesal. Así, por ejemplo, de la renuencia a suministrar la historia clínica, o hacerlo de manera incompleta, o no documentar datos relevantes de la prestación médica, puede inferirse el interés de la parte de ocultar un hecho que le resulta adverso a sus intereses; como puede serlo también en contra de la parte demandante, el negarse a la práctica de un examen médico con el fin de establecer la veracidad de las secuelas que hubiera podido derivarse de una intervención, o el ocultar información sobre sus antecedentes congénitos, que por ejemplo, pudieran tener incidencia sobre la causa del daño aparentemente derivado de la intervención médica.
(…)
No debe perderse de vista que el sólo transcurso del tiempo entre el momento en que se presta el servicio y aquél en el que la entidad debe ejercer su defensa, aunado además a la imposibilidad de establecer una relación más estrecha entre los médicos y sus pacientes, hace a veces más difícil para la entidad que para el paciente acreditar las circunstancias en las cuales se prestó el servicio. Por eso, el énfasis debe centrarse en la exigencia institucional de llevar las historias clínicas de manera tan completa y clara que su solo estudio permita al juez, con la ayuda de peritos idóneos si es necesario, establecer si hubo o no responsabilidad estatal en los daños que aduzcan sufrir los pacientes como consecuencia de la prestación del servicio médico. La desigualdad que se presume del paciente o sus familiares para aportar la prueba de la falla, por la falta de conocimiento técnicos, o por las dificultades de acceso a la prueba, o su carencia de recursos para la práctica de un dictamen técnico, encuentran su solución en materia de responsabilidad estatal, gracias a una mejor valoración del juez de los medios probatorios que obran en el proceso, en particular de la prueba indiciaria, que en esta materia es sumamente relevante, con la historia clínica y los indicios que pueden construirse de la renuencia de la entidad a aportarla o de sus deficiencias y con los dictámenes que rindan las entidades oficiales que no representan costos para las partes".
Lo anterior, para significar que la parte accionada insistió a lo largo del proceso y lo hizo igualmente en el recurso de apelación, que ni siquiera el señor Manuel XXXXX conocía de su alergia a la dipirona. Ello, para hacer ver que la reacción que tuvo el día 15 de diciembre de 2011 fue repentina e imprevisible, como un eximente de la responsabilidad que pretende atribuírsele a la Clínica Nuestra Señora de Fátima por tal evento. Y para tal fin aportó la respectiva historia clínica, pero de esa fecha en adelante, inclusive de manera incompleta, puesto que faltan registros importantes que claramente no favorecen a la entidad demandada, pero que, como se vio, aparecen transcritos en el informe de auditoría. Recordemos que entre dichos registros están los de los años 2006 a agosto de 2011, que dan cuenta de que el señor XXXXX había sido tratado con esa droga sin ningún tipo de reacción, pero que el 15 de noviembre de ese mismo año, le fue diagnosticada en esa institución una "urticaria alérgica", ocasionada por el consumo de dipirona.
Con ello queda desvirtuado que el señor XXXXX desconociera su alergia a dicho medicamento, porque las pruebas fueron contundentes en cuanto a la información por él suministrada al equipo médico y de enfermería antes de la cirugía, la cual quedó plenamente consignada en la historia clínica, incluso con un "ojo" por parte de la anestesióloga; también se lo manifestó en el postoperatorio a la médica que lo valoró luego en hospitalización. Sin embargo, ello pasó desapercibido con el desenlace adverso ya conocido. En esa medida, es evidente la falta de diligencia y la negligencia en el manejo clínico que se le dio al paciente.
De ahí que no se entiende que si según afirma el recurrente, "la historia clínica es un documento profesional, objetivo, lícito y elaborado conforme a la lex artis, que respalda la calidad de la atención médica brindada", no se haya tenido en cuenta por el personal médico y de enfermería que intervino en la prestación del servicio postoperatorio del señor XXXXX el día de los hechos, porque está demostrado que pasaron inadvertidas las alertas en ella contenidas respecto a la alergia del paciente al medicamento "dipirona", pues su suministro, sin duda, fue la causa eficiente para que presentara un paro cardio respiratorio y la consecuencia fatal, cual fue su deceso el 23 de diciembre de 2011.
Tampoco es cierta la afirmación del impugnante en cuanto a que la entidad demandada dio cumplimiento al Decreto 1011 de 2006, respecto a las características del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (atención accesible, oportuna, segura, pertinente y continua), pues tal como se relacionó en precedencia, la misma Dirección de Sanidad, en su informe de auditoría de 17 de diciembre de 2011, conceptuó desfavorablemente la atención prestada al señor XXXXX, determinando que no se cumplieron las características de seguridad y pertinencia, sobre las cuales consignó:
Corolario de lo anterior, para este agente del Ministerio Público se encuentra debidamente acreditada la falla del servicio en la atención médico hospitalaria suministrada al señor XXXXX, por lo tanto, la parte demandada está llamada a responder.
CONCLUSIONES
Conforme a lo expuesto, el Ministerio Público considera procedente CONFIRMAR la sentencia de 06 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por cuanto se encuentra suficientemente acreditado el daño que se endilga a la parte demandada, por ende, debe responder administrativa y patrimonialmente, y, en consecuencia, es dable acceder al reconocimiento y pago de los perjuicios que lograron probarse dentro de la actuación.
Atentamente,
SILVANO GÓMEZ STRAUCH
Procurador Delegado con Funciones Mixtas 6: para la Conciliación Administrativa
1. Archivo 090ED_E20130014600 Expediente Tribunal Administrativo del Valle – Cuaderno principal, páginas 1-23.
2. Archivo 090ED_E20130014600 Expediente Tribunal Administrativo del Valle – Cuaderno principal, páginas 67-84.
3. Fls. 543 a 547.
4. Índice 124 de Samai.
5. Archivo 091ED_E20130014600 Expediente Tribunal Administrativo del Valle – Cuaderno principal, páginas 128-141.
6. Archivo 093ED_E20130014600 Expediente Tribunal Administrativo del Valle – Cuaderno principal.
7. Archivo 094 MemorialWeb_Recurso_RECURSODEAPELACIÓN Expediente Tribunal Administrativo del Valle – Cuaderno principal.
8. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 03 de febrero de 2025, Rad. 68001-23-33-000-2016-00649-01 (70704), CP. XXXXX.
9. Archivo 061_ED20130014600 DEMANDA Y ANEXOS REPARACIÓN DIRECTA Expediente TA Valle del Cauca, cuaderno principal.
10. Archivo 090_ED20130014600 Expediente TA Valle del Cauca, cuaderno principal.
11. Archivo 090_ED20130014600 Expediente TA Valle del Cauca, cuaderno principal.
12. Archivo 089_ED20130014600, pag. 165-176 Expediente TA Valle del Cauca, cuaderno principal.
13. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 03 de febrero de 2025, Rad. 68001-23-33-000-2016-00649-01 (70704), CP. XXXXX; ver también Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de junio de 2001, Rad. 12.701.
14. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2006, Rad. 15.772.
