CONCEPTO 58 DE 2026
(abril 24)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
PROCURADURÍA DELEGADA DE INTERVENCIÓN 6.
PRIMERA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
CONCEPTO 58 DE 2026
Bogotá D.C 24 de abril de 2026
| SEÑORES: | CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B CONSEJERO PONENTE DR. DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA |
| Expediente: | 05001-23-33-000-2021-00616-01 (73999) |
| Demandantes: | Municipio de Medellín |
| Demandado: | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU |
| Medio de control: | Controversias contractuales – Ley 1437 de 2011 |
El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia,
I. ANTECEDENTES
1.1. Síntesis de la demanda[1]
En síntesis, la parte demandante señaló, que el 10 de noviembre de 2017 el municipio de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano EDU suscribieron contrato interadministrativo 4600072902 con el objeto de: "Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la puesta en funcionamiento del Centro de Desarrollo Social Comuna 11". Con un plazo de 10 meses y un valor de $799.218.862. Fecha de inicio de ejecución 21 de noviembre de 2017 y terminación 21 de septiembre de 2018.
El 06 de agosto de 2018 las partes realizaron modificación No.1 al contrato interadministrativo que consistió en una adición por valor de $149.999.999 y un nuevo plazo de finalización para el 21 de enero de 2019. Además, afirmó el demandante que, dentro de las modificaciones se dio alcance a la cláusula segunda en cuanto a las actividades a desarrollar, introduciendo la demolición, excavación y lleno, entre otras y como objetivo general del mandato, el ajuste a los diseños, actualización del presupuesto y puesta en funcionamiento.
Afirmó el demandante que, en el mes de septiembre de 2018, la Empresa de Desarrollo Urbano envió por medio de correo electrónico la presentación de anteproyecto arquitectónico de cómo quedaría el proyecto del Centro de Desarrollo Social, el cual fue aprobado por la Secretaría de Participación Ciudadana, pero no se envió los diseños.
Que posteriormente, el 23 de octubre de 2018 la Empresa de Desarrollo Urbano envió por medio de correo electrónico, propuesta de presupuesto por valor de $1.012.676.351, con la finalidad de terminar el proyecto. Esta petición fue estudiada por el supervisor del contrato y mediante oficio de 15 de noviembre de 2018 le comunicó a la Empresa de Desarrollo Urbano, que el valor sobrepasaba el recurso del contrato, por lo que debía ser ajustado.
El 06 de diciembre de 2018, el supervisor del contrato dirigió petición al comité interno de Planeación de la Secretaría de suministros y servicios del municipio de Medellín, con el fin de que se modifique, adicione o amplie el contrato.
El 19 de diciembre de 2018, las partes suscribieron la modificación No. 2 al contrato interadministrativo, por valor de $249.609.432, con ampliación de 5 meses contados desde el 22 de enero hasta el 21 de junio de 2019, la cual se sustentó en lo siguiente: "una vez realizada la actualización de los diseños por parte de la EDU el componente de obra e interventoría requiere mayor presupuesto al inicialmente estipulado, con la finalidad de garantizar la viabilidad y puesta en funcionamiento del proyecto Centro de Desarrollo Social Laureles". Es de anotar que con la adición de recursos antes solicitado, la EDU se comprometió a poner en funcionamiento el Centro, lo cual quedó consagrado en la solicitud de modificación suscrita por la EDU…".
En enero de 2019, la Empresa de Desarrollo Urbano inició proceso de selección para contratar la construcción de obra e interventoría. El contrato fue adjudicado a la empresa HAG S.A y la interventoría fue adjudicada a la empresa Construobras C&M SAS. Los dos contratos iniciaron ejecución de 5 de marzo de 2019.
A pesar de las dos adiciones por valor de $399.609.943, la Empresa de Desarrollo Urbano solicitó adición de más recursos, con el fin de poder ejecutar el mandato otorgado, para la construcción de la obra Centro de Desarrollo Social Comuna 11. En reunión sostenida el 12 de abril de 2012, se proyectó un valor adicional de $358.046.304 para consideración del contratante.
El mismo 12 de abril de 2012, la Empresa de Desarrollo Urbano envió correo electrónico con la proyección de los recursos que requería y el acta de reunión. Mediante nuevo correo de 20 de mayo d 2019, la Empresa de Desarrollo Urbano, realizó una nueva proyección, esta vez por valor de $ 421.114.893, en la cual indicó:
"Independiente a la propuesta que les acabo de enviar, el proyecto requiere de una adición para poder ser puesta en funcionamiento. estos (sic) sería vía nuevo contrato interadministrativo, el cual debería ser legalizado en el mes de junio de 2019 para poder aprovechar al contratista actual y realizarse la adición derivada a el.
Estos recursos deberán ser gestionados de manera prioritaria y urgente; o de lo contrario informar a la EDU para determinar en que estado se les entregaría la obra"
Afirmó, la parte demandante, que el 22 de mayo de 2019, por medio de correo electrónico se dio respuesta a la propuesta de adición y se le explicó a la Empresa de Desarrollo Urbano que el monto superaba el valor permitido por ley y por consiguiente pide adicionar el contrato solo en $23.000.000.
En reunión de 24 de mayo de 2019, la Empresa de Desarrollo Urbano, presentó informe de avance físico de la obra del 35% contra uno programado de 89% con retraso de 75 días e indicó que se realizaron cambios significativos desde la planeación del proyecto y que gestionaría los recursos faltantes.
Mediante correo de 14 de junio de 2019, la Empresa de Desarrollo Urbano solicitó de nuevo recursos por valor de $ 571.298.060. El 20 de junio de 2019 solo se aprobó por el municipio de Medellín, una ampliación de 50 días a partir del 22 de junio hasta el 10 de agosto de 2019 y una redistribución de recursos, que se sustentó en factores ambientales e imprevistos operativos, pero no se aprobó adición presupuestal, bajo estos criterios se suscribió la modificación No. 4 al contrato.
Afirmó el demandante, que se presentaron posteriores solicitudes de adición del contrato, pero que no se concedieron por superar el límite legal del 50% previsto en el artículo 40 de la ley 80 de 1993.
Que el plazo contractual venció el 10 de agosto de 2019, sin que la Empresa de Desarrollo Urbano cumpliera con el objeto contratado, la obra del Centro de Desarrollo Social presentaba un avance físico del 71% permaneciendo en obra negra e inhabitable.
La interventoría en junio de 2019 presentó el informe que evidenció las deficiencias relacionadas con la entrega oportuna de diseños, ausencia de ingeniería de detalle, deficiencia en componentes estructurales y de fachada, falta de planos actualizados y omisiones presupuestales.
Finalmente, señaló que el contrato no fue liquidado y ante la imposibilidad de dejar inconclusa la obra, el municipio de Medellín celebró un nuevo contrato interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Urbano, el 20 de diciembre de 2019 por valor de $607.619.889, para terminar y poner en funcionamiento el Centro de Desarrollo Social Comuna 11.
1.2. Síntesis de la contestación parte demandada
La Empresa de Desarrollo Urbano -EDU[2] se opuso a las pretensiones de la demanda, en síntesis, indicó que el contrato interadministrativo tenía el objeto de mandato para la gerencia y coordinación del estudio de la vulnerabilidad sísmica, repotenciación estructural, adecuación y puesta en funcionamiento de la primera fase del Centro de Desarrollo Social -CDS.
El demandado, explicó, que el contrato suscrito corresponde a un contrato de mandato y no de obra, de esta manera, las obligaciones son de medio y no de resultado. Afirmó que el cumplimiento de las obligaciones del EDU estaba limitadas al monto de recursos asignados, siendo un problema para la ejecución la falta de financiación imputable al municipio de Medellín, situación que rompe el nexo causal porque el municipio negó la tramitación de la adición presupuestal necesaria, bajo un argumento jurídico que no aplica al caso y superar el 50% la adición aplicando la ley 80 de 1993, norma no aplicable al tratarse de un contrato que se rige por el derecho privado por la naturaleza jurídica de EDU.
Dejando el objeto del contrato sin recursos, porque se cambió el proyecto pasando de repotenciación a demolición por decisión del municipio, lo que implicó alterar costos, diseños y tiempos, hecho que no es imputable al EDU. Así un mayor costo de la obra corresponde al valor real y no a un incumplimiento.
1.3. Síntesis de la sentencia de primera instancia[3]
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, el 28 de noviembre de 2015 profirió sentencia de primera instancia mediante la cual negó las pretensiones y condenó en costas a la parte demandante.
Para el Tribunal Administrativo, la parte actora no logró desvirtuar la presunción de cumplimiento del contrato y demostrar, con el rigor probatorio exigido los incumplimientos específicos que atribuye a la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU.
El Tribunal adujo insuficiencia y contradicciones en la prueba documental relacionada con los informes de supervisión: "…Así, los informes emitidos por la supervisión, a cargo de la propia entidad demandante, presentan un carácter ambiguo y contradictorio. Mientras los primeros informes no señalan reparos significativos, los informes finales (10 y 11) aluden a un "retraso significativo", pero simultáneamente afirman que "no se han presentado incumplimientos reales" (folio 731). El informe final (No. 12) concluye abruptamente que existe un incumplimiento por la no finalización de la obra. Esta evolución contradictoria, que pasa de la ausencia de incumplimientos reales a un incumplimiento consumado sin un análisis causal claro y documentado, resta fuerza probatoria a sus conclusiones y sugiere una apreciación subjetiva post-facto".
Respecto de los informes de interventoría determinó que no se evidencia que refiera a incumplimientos, no contienen reproche sobre la calidad o entrega oportuna de los diseños por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU. En el oficio de 18 de junio de 2019 se limitó a conceptuar a favor de la adición de recursos y plazos para garantizar la estabilidad de la obra.
Indicó que los testimonios de XXXXX y XXXXX carecen de imparcialidad necesaria, sus declaraciones no logran reemplazar la prueba técnica pericial que era necesaria para demostrar los retrasos y sobrecostos que se originaron de manera directa y exclusiva. Señaló que, la prueba testimonial es un complemento, no un sustituto de la evidencia objetiva y experta.
Para el Tribunal Administrativo es un hecho relevante que soporta su tesis, el actuar del municipio de Medellín, cuando suscribe un nuevo contrato con la misma demandada para ejecutar la segunda fase del mismo proyecto: "…Este acto es jurídicamente trascendental. Al proceder de esta manera, el Municipio de Medellín emitió una manifestación de voluntad inequívoca que resulta incompatible con su reclamación actual. Si el incumplimiento de la EDU en la primera fase hubiese sido de la magnitud y gravedad que se alega en la demanda, la consecuencia lógica y esperable, en virtud del deber de buena fe y correcta administración, habría sido liquidar el contrato, hacer efectivas las garantías (de haberlas pactado) e iniciar las acciones legales pertinentes, pero no volver a contratar al supuesto contratista incumplido para continuar el mismo proyecto".
1.4. Síntesis del recurso de apelación[4]
El 15 de diciembre de 2025, la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, solicitó revocar la sentencia y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda. En síntesis, señaló que los informes de supervisión son para probar que la obra no fue entregada en su totalidad al vencimiento del plazo convenido, el incumplimiento se materializó al finalizar el plazo, por eso no se alertó con anterioridad en los informes, por lo que no existe tal contrariedad que advierte el Tribunal.
Frente a la interventoría destacó el informe de junio de 2019 realizado por parte del contratista Construobras C&M S.A.S, esta adujo que se evidencia la falta de compromiso y planeación por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU.
Para el recurrente hay dos decisiones concordantes en cuanto a la no realización de los diseños, que llevó a que no se entregara la obra al finalizar el plazo del contrato interadministrativo, pasando por alto esta circunstancia. Cuando la obligación de la entrega de los diseños estaba en cabeza de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU conforme lo estipulado en el contrato y en la modificación No.1
No está de acuerdo con la valoración del Tribunal Administrativo a los testimonios, al calificarlos de imparciales, debido a que no se indicó que manifestación llevó a esta conclusión, para el recurrente no basta con indicar que son servidores públicos. Para el recurrente los testigos son técnicos y dieron a conocer la realidad contractual al Juez, que no se presentó otra prueba que desvirtuara lo indicado en los testimonios, además que el testimonio de XXXXX reconoció las falencias en la actividad de diseño desplegada por el IDU, testigo de la parte demandada. Para el recurrente, no hay tarifa legal para la demostración del incumplimiento contractual, por esta razón no está de acuerdo con la posición del Tribunal para tener que probarse con dictamen pericial, cuando se acreditó con los testigos técnicos.
Las deficiencias en los diseños por el EDU llevaron que a la fecha de terminación del contrato interadministrativo estuvieran en un 71% de ejecución. Inexistencia de los diseños de los muros de contención para llenos; inexistencia de la viga canoa entre techo y la pérgola; inexistencia de planos definitivos, falta de claridad sobre la fachada y su estructura por ausencia de elementos de soporte; ausencia de rampas de acceso; ausencia de licencia de construcción adecuada al proyecto. "Para el 30 de junio de 2019 las obras tenían ya un avance físico del 59% (ver página 23 del informe de interventoría No. 4 de junio de 219) y para agosto de 2019 la EDU pide adición al contrato interadministrativo por valor de $450.000.000 para terminar una obra que ya contaba con falencias en diseños y presupuesto, en una total violación al principio de planeación contractual"
2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
El problema jurídico
De acuerdo con la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación interpuesto, para esta Delegada del Ministerio Público el problema jurídico consiste en determinar si se acreditó el incumplimiento contractual alegado en el contrato interadministrativo 4600072902 de 2017 imputable a la Empresa Desarrollo Urbano – EDU, conforme las reglas de la carga de la prueba.
Para resolver el asunto se estudiará: el incumplimiento contractual y el caso en concreto.
2.1. Incumplimiento contractual
Conforme la jurisprudencia del Consejo de Estado[5] la pretensión de declaratoria de incumplimiento del contrato por una de las partes impone la carga de acreditar que cumplió a cabalidad las obligaciones a su cargo o que, estando dispuesto a satisfacer las obligaciones, no fue posible ejecutar estas por causas imputables a la contraparte.
El incumplimiento se constatará cuando la prestación, no satisface en la forma, oportunidad y es imputable al deudor de esa prestación, lo que lleva a la responsabilidad civil contractual.
"El incumplimiento, entendido como la inejecución por parte del deudor de las prestaciones a su cargo por causas que le son imputables a él, puede dar lugar al deber de indemnizar perjuicios si es que esa inejecución le ha causado un daño al acreedor.
En efecto, como toda responsabilidad civil persigue la reparación del daño y este puede consistir en una merma patrimonial, en ventajas que se dejan de percibir o en la congoja o pena que se sufre, es evidente que en sede de responsabilidad contractual un incumplimiento puede causar, o no, una lesión de ésta naturaleza y es por esto que no puede afirmarse que todo incumplimiento irremediablemente produce una merma patrimonial, impide la consecución de una ventaja o produce un daño moral, máxime si se tiene en cuenta que dos cosas diferentes son el daño y la prestación como objeto de la obligación.
Causar un daño genera la obligación de reparar el perjuicio causado con él pero si el acreedor pretende que el juez declare la existencia de esa obligación y que por consiguiente el deudor sea condenado al pago de la indemnización, aquel tiene la carga de demostrar su existencia y su cuantía". (negrilla fuera del texto original).
En consecuencia, se aplica la carga de la prueba establecida en el primer inciso del artículo 167 de la Ley 1564 de 2012: incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (…)
En el caso concreto, para esta Delegada del Ministerio Público está probado el contrato interadministrativo No. 4600072902 de 10 de noviembre de 2017[6] suscrito entre el municipio de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano- EDU con el objeto de: "contrato interadministrativo de mandato sin representación para la puesta en funcionamiento del centro de desarrollo social Comuna 11 Laureles", por un término de 10 meses contados desde la suscripción del acta de inicio.
En la cláusula segunda se estableció el alcance: "El presente contrato contempla como alcance el mandato para ejecutar el estudio de vulnerabilidad sísmica, repotenciación estructural, adecuación y puesta en funcionamiento primera fase del Centro de Desarrollo Social- CDS- Comuna 11 Laureles de la ciudad de Medellín, el cual estaría enmarcado, entre otras por la siguientes actividades: estudio de vulnerabilidad sísmica, repotenciación estructural, excavaciones y llenos, demoliciones, concretos, aceros de refuerzo, impermeabilizaciones y filtros, mampostería, cubierta y cielos, revoques y forros, pintura y acabados finales, aseos remates"
En el parágrafo 1, se pactó: "se hace claridad que en la intervención en cuanto a estudios y diseños que se propone realizar, se podrá ampliar el alcance y las áreas a intervenir debido a que estas son estimadas y podrán variar en función de los estudios y diseños con las prioridades detectadas al momento del desarrollo del contrato, y también dependerá de las aprobaciones de las Secretarías o entidades asociadas al proyecto (Secretaría de Participación Ciudadana)".
En el parágrafo 2, se acordó una limitante frente a la ejecución del contrato, veamos: "Los recursos destinados para la ejecución de obras e interventoría, tendrán un alcance limitado obedeciendo a los resultados de las necesidades técnicas suministradas por el contratante y los ajustes realizados por la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU y sólo se podrá ejecutar de acuerdo a los recursos asignados, por lo tanto, en caso que las partes, previo concepto del comité de seguimiento del contrato, determine que se requieran traslado de recursos, actividades, obras o recursos adicionales, la entidad contratante valorará, evaluará y gestionará la posible adición de recursos suficiente y a modificación del alcance para ejecutar adecuadamente las obras". (resaltado fuera del texto original).
(…)
A continuación, se destaca de manera textual el contenido de las obligaciones pactadas:
"Cláusula tercera. Obligaciones de las partes
(…)
Obligaciones de la EDU:
1. Estructurar y adelantar los procesos de selección que permitan el desarrollo del objeto del contrato de mandato. Los procesos de contratación que adelante la EDU se realizarán de conformidad con el Manual de Contratación EDU, quien cuenta con un régimen especial de contratación exceptuado del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
20. En atención a que el presente contrato interadministrativo es de mandato, las obligaciones que asume la EDU se limitan a lo que social, jurídica, administrativa, financiera y técnicamente sea viable ejecutar dentro del plazo pactado o hasta el monto de los recursos entregados para la ejecución del proyecto, es decir las obligaciones adquiridas por la EDU están limitadas por estas variables.
CUARTA. Valor del contrato
(…)
PARÁGRAFO 1. El valor relacionado para el contrato cumple con la función de realizar un cálculo estimado del costo probable, esto es, un estimativo necesario para elaborar presupuesto o para fines fiscales; pero el valor del contrato que genera obligaciones mutuas solo se determinará cuando se ejecute el objeto del contrato y se aplique el procedimiento establecido que determine el costo.
VIGÉSIMA SEGUNDA. NATURALEZA JURÍDICA: El presente acto es un Contrato Interadministrativo de mandato sin representación por el sistema de administración delegada, que se rige por la Ley 489 de 1998, ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007 (…)"
El 21 de noviembre de 2017, se suscribió el acta de inicio del contrato interadministrativo No. 4600072902, por el supervisor del contrato y la Empresa de Desarrollo Urbano[7] y se estableció con fecha de terminación el 21 de septiembre de 2018.
El 29 de junio de 2018 la Subgerencia de planeación estratégica dirigió petición a la Supervisión del contrato con el objeto de propuesta técnico – económica de modificación, adición y ampliación No. 1 contrato 4600072902 de 2017[8].
En junio de 2018, la Empresa de Desarrollo Urbano[9] presentó propuesta técnico-económica de modificación, adición y ampliación, en la cual señaló que para diciembre de 2017 se dio inicio a las actividades correspondientes para la selección del contratista tanto de obra como de interventoría para el estudio de vulnerabilidad sísmica y diseño para la repotenciación estructural del centro de desarrollo social comuna 11 y que en reunión con el equipo de la Secretaría se socializó la dificultad de realizar el proceso de contratación con la información suministrada, toda vez que elementos como la licencia de construcción entregada hacía referencia a la demolición y construcción de una casa de música, ante lo cual no se hacía posible su utilización para repotenciar la construcción existente.
Mediante documento fechado el 18 de julio de 2018, el supervisor del contrato[10] aceptó la propuesta, en los siguientes términos:
- Adición No. 1 por valor de $149.999.999
- Ampliación No. 1 por cuatro meses
- Otro sí No. 1 modificación de alcance del objeto y la forma de pago de los honorarios, los cuales quedaron así.
Cabe resaltar que, dentro de las consideraciones realizadas, está la afirmación de que, a la fecha, el EDU "ha cumplido de manera satisfactoria las obligaciones acordadas"[11].
El 06 de agosto de 2018 el municipio de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano suscribieron la modificación No. 1 al contrato[12], en el cual, se adicionó el contrato en un valor de $149.999.999 y el plazo quedó para finalizar el 21 de enero de 2019. En esta modificación, se le dio alcance al objeto contractual contenido en la cláusula segunda del contrato que, en síntesis, consistió en que no se repotenciara la construcción, sino que se demoliera y se construyera una nueva, veamos:
"Clausula segunda alcance: El presente contrato contempla como alcance el mandato para ejecutar el ajuste de diseños para un solo nivel con un área estimada de 300m2 correspondientes a los componentes estructurales, arquitectónico, eléctrico, hidrosanitario y presupuestal de los diseños actualmente aprobados para ejecutarse en la dirección (…) Ajuste a los diseños estructurales, arquitectónicos, eléctricos, hidrosanitarios y presupuestales acorde a las necesidades planteadas. Demoliciones, Excavaciones y llenos, concretos, aceros de esfuerzo, impermeabilizaciones y filtros, mampostería, cubierta y cielos, revoques y forros, redes eléctricas e hidrosanitarias, pintura y acabados finales, aseos y remantes.
OBJETIVO GENERAL DEL MANDATO
Ajuste a los diseños actualizados de presupuesto y apuesta en funcionamiento (…)
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL MANDATO
Gerenciar y coordinar la realización de la actualización estructural, la adecuación del espacio para ser utilizado por la comunidad como CDS.
Gerenciar y coordinar la ejecución de las obras de conformidad con los planos finales y las especificaciones a realizar para que la comunidad se apropie y puede disfrutar de la edificación.
También, se encuentra probado, los siguientes informes de supervisión:
· Informe parcial de supervisión de 01 de enero a 31 agosto de 2018 indicando que hay un cumplimiento de los productos por parte de los contratantes.
· Informe parcial de 1 de septiembre a 31 de octubre de 2018, indicó que el contratista cumplió con el cronograma de trabajo, plan de inversión del recurso administrar y certificado de pago de aportes de la seguridad social[13].
· Informe parcial de 1 de noviembre a 19 de diciembre de 2018 señaló que el contratista cumplió con el cronograma de trabajo, plan de inversión del recurso administrar y certificado de pago de aportes de la seguridad social[14].
El 5 de diciembre de 2018, el supervisor propuso ante la Subgerencia de Planeación Estratégica de Empresa de Desarrollo Urbano EDU, la modificación No. 2 del contrato interadministrativo No. 4600072902, por valor de $249.609.432 y una ampliación de cinco meses, contados desde el 22 de enero de 2019 hasta el 21 de junio de 2019[15]. El día 18 de diciembre de 2018, se firmó la modificación No. 2 al contrato interadministrativo por el municipio de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano en los términos solicitados por el supervisor.
Está probado, con los informes parciales de supervisión, presentados desde el 19 de diciembre de 2018 a 31 de mayo de 2019[16] que la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU venía cumplimiento las obligaciones contractuales sin que se presentara novedad alguna por el supervisor.
En el informe parcial de supervisión del 31 de julio de 2019 se señaló que "a la fecha, se han presentado retrasos significativos por parte del contratista en la ejecución de la obra. Lo anterior pone en riesgo el real y efectivo cumplimiento del objeto contractual".
Así mismo, en el informe de 01 al 10 de agosto de 2019 el supervisor destacó que el contratista no cumplió con el objeto del contrato, porque el estado actual de la obra no permite el funcionamiento en plenas condiciones para el público objetivo de esta edificación[17].
Para esta Delegada del Ministerio Público, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente se acreditó, el incumplimiento contractual por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU dentro del Contrato Interadministrativo No. 4600072902 de 2017 al no cumplir con la entrega y puesta en funcionamiento del Centro de Desarrollo Social Comuna 11 Laureles dentro del plazo convenido, esto es el 10 de agosto de 2019 y bajos las condiciones pactadas.
De acuerdo con la modificación No. 1 al mandato, suscrita el 06 de agosto de 2018, el objetivo general, que debía cumplir la Empresa de Desarrollo Urbano consistía en ajustar los diseños, la actualización de presupuesto y la puesta en funcionamiento del inmueble y como objetivos específicos se comprometió a, "gerenciar y coordinar la realización de la actualización estructural, la adecuación del espacio para ser utilizado por la comunidad como CDS; gerenciar y coordinar la ejecución de las obras de conformidad con los planos finales y las especificaciones a realizar para que la comunidad se apropie y pueda disfrutar de la edificación", sin embargo, terminado el plazo contractual, esta obligaciones no se cumplieron, pese a que se amplió el plazo en repetidas oportunidades y se adicionó el presupuesto.
Los informes de supervisión soportan la tesis de incumplimiento, concretamente en el informe del periodo de 1 a 10 de agosto de 2019, en el cual se reportó que, a la culminación del plazo del contractual, el estado de la obra no permite el funcionamiento en plenas condiciones. Así mismo, señaló que el avance de construcción fue del 71% y que la Empresa de Desarrollo Urbano no actualizó los diseños estructurales, arquitectónicos, eléctricos, hidrosanitarios, ni presupuestales, no entregó información técnica al contratista de la obra, los planos y detalles constructivos finales[18].
De igual manera, las pruebas permiten evidenciar que, la Empresa de Desarrollo Urbano incumplió en la planeación presupuestal, de acuerdo con las varias solicitudes de adición que presentó al municipio, la cuales se referencian a continuación: el 12 de abril de 2019 por valor de $358.046.304; el 20 de mayo de 2019 por valor de $421.114.893, en el mismo mes por valor de $23.000.000; el 29 de mayo de 2019 por valor de $ 489.241.542, en junio por valor de $489.241.542; el 13 de junio de 2019 por $489.241.542. El 14 de junio de 2019 por $571.298.060 y la propuesta técnica económica presentada en julio de 2019 por valor de $450.000.000[19], circunstancias que advierten la falta de claridad técnica suficiente sobre el verdadero valor de la obra.
Por todo lo anterior, esta Delegada del Ministerio Público encuentra demostrado que la Empresa de Desarrollo Urbano incumplió las obligaciones contractuales asumidas, como planeación, actualización de los diseños, gestión técnica y presupuestal para la entrega en funcionamiento del Centro Desarrollo Social Comuna 11 Laureles, razón por la cual, pondrá en consideración de la Sala la posición de revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar declarar el incumplimiento del contrato.
3. CONCLUSIÓN
En virtud de lo anterior, el Ministerio Público pone en consideración a la H. Subsección B, de la Sección Tercera del Consejo de Estado la posición de REVOCAR, el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, conforme lo expuesto en la parte motiva
Del Honorable Consejo de Estado,
XXXXX
Procuradora delegada de Intervención 6. Primera ante el Consejo de Estado
1. SAMAI ÍNDICE 2 4ED_001Demanda(.pdf) NroActua 2
2. SAMAI ÍNDICE 2 21ED_018ContestacionDeman(.pdf) NroActua 2
3. SAMAI Índice 56 PRIMERA INSTANCIA.
4. SAMAI ÍNDICE 59 PRIMERA INSTANCIA.
5. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, radicación 73001-23-31-000-1997-14722-01(25131) de 24 de julio de 2013.
6. SAMAI ÍNDICE 2 4ED_001Demanda(.pdf) NroActua 2 página 157- 170.
7. SAMAI ÍNDICE 2 4ED_001Demanda(.pdf) NroActua 2 página 175-176.
8. SAMAI ÍNDICE 2 4ED_001Demanda(.pdf) NroActua 2 página 189.
9. SAMAI ÍNDICE 2 4ED_001Demanda(.pdf) NroActua 2 página 199-205.
10. SAMAI ÍNDICE 2 4ED_001Demanda(.pdf) NroActua 2 página 190.
11. SAMAI ÍNDICE 2 4ED_001Demanda(.pdf) NroActua 2 página 192.
12. SAMAI ÍNDICE 2 4ED_001Demanda(.pdf) NroActua 2 página 210-216.
13. SAMAI ÍNDICE 2 4ED_001Demanda(.pdf) NroActua 2 página 331 - 349
14. SAMAI ÍNDICE 2 4ED_001Demanda(.pdf) NroActua 2 página 351 – 373.
15. SAMAI ÍNDICE 2 4ED_001Demanda(.pdf) NroActua 2 página 382.
16. SAMAI ÍNDICE 2 4ED_001Demanda(.pdf) NroActua 2 página 524 -552.
17. SAMAI ÍNDICE 2 4ED_001Demanda(.pdf) NroActua 2 página 793- 820.
18. SAMAI ÍNDICE 2 4ED_001Demanda(.pdf) NroActua 2 página 796.
19. SAMAI ÍNDICE 2 4ED_001Demanda(.pdf) NroActua 2 página 797
