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CONCEPTO 48101 DE 2020

(enero 15)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

MINISTERIO DE SALUD Y DE PROTECCIÓN SOCIAL

XXXXXXXXXXXXXXX

ASUNTO:Remisión del proyecto de consulta ante la Honorable Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

Respetada Doctora XXXXX.

De manera atenta y en cumplimiento de las instrucciones emitidas por su despacho mediante Circular 06 del 17 de octubre de 2018, me permito remitir para su análisis el proyecto de solicitud de concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en relación con la vigencia de la restricción a la reelección de gerentes de las Empresas Sociales del Estado - ESE, prevista en el segundo inciso del artículo 28 de la Ley 1122 de 2007.

Agradecemos, de antemano, sus comentarios e instrucciones.

Cordiamente,

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

Directora Jurídica

ANEXO

Bogotá D.C

Doctor

XXXXX

Presidente

Sala de Consulta y Servicio Civil

CONSEJO DE ESTADO

Asunto: Solicitud de concepto sobre la vigencia de la restricción a la reelección de gerentes de las Empresas Sociales del Estado - ESE, prevista en el segundo inciso del artículo 28 de la Ley 1122 de 2007.

Honorable Magistrado XXXXX.

XXXXX, en mi calidad de Ministro de Salud y Protección Social encargado, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 3o del artículo 237 de la Constitución Política, el numeral 1o del artículo 38 de la Ley 270 de 1996 y el numeral 1o del artículo 112 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de manera respetuosa me dirijo a esa Corporación con la finalidad de elevar la consulta que adelante formularé, previas las siguientes consideraciones:

I. MARCO NORMATIVO QUE REGULA EL NOMBRAMIENTO DE LOS GERENTES DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y JURISPRUDENCIA APLICABLE.

El artículo 28 de la Ley 1122 de 2007[1] previo el período y la forma cómo debía surtirse el proceso de nombramiento de los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado - ESE, así:

“ARTÍCULO 28. DE LOS GERENTES DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. Los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados por períodos institucionales de cuatro (4) años, mediante concurso de méritos que deberá realizarse dentro de los tres meses, contados desde el inicio del período del Presidente de la República o del Jefe de la Entidad Territorial respectiva, según el caso. Para lo anterior, la Junta Directiva conformará una terna, previo proceso de selección de la cual, el nominador, según estatutos, tendrá que nombrar el respectivo Gerente.

Los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado podrán ser reelegidos por una sola vez, cuando la Junta Directiva así lo proponga al nominador, siempre y cuando cumpla con los indicadores de evaluación conforme lo señale el Reglamento, o previo concurso de méritos.

En caso de vacancia absoluta del gerente deberá adelantarse el mismo proceso de selección y el período del gerente seleccionado culminará al vencimiento del período institucional. Cuando la vacancia se produzca a menos de doce meses de terminar el respectivo período, el Presidente de la República o el jefe de la administración Territorial a la que pertenece la ESE, designará gerente.

(...)

Para el caso de los gerentes de las ESE Departamentales, Distritales o Municipales que a la vigencia de la presente ley hayan sido nombrados por concurso de méritos o reelegidos, continuarán ejerciendo hasta finalizar el período para el cual fueron nombrados o reelegidos, quienes los reemplacen para la culminación del período de cuatro años determinado en esta ley, serán nombrados por concurso de méritos por un período que culminará el 31 de marzo de 2012. Todos los gerentes de las ESE departamentales, distritales o municipales iniciarán períodos iguales el 1o de abril de 2012 y todos los gerentes de las ESE nacionales iniciarán períodos iguales el 7 de noviembre de 2010.” (subrayas fuera de texto)

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016[2] modificó la manera cómo se efectúa el nombramiento de los gerentes de las ESE, así:

''ARTÍCULO 20. NOMBRAMIENTO DE GERENTES O DIRECTORES DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. Los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial serán nombrados por el Jefe de la respectiva Entidad Territorial. En el nivel nacional los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados por el Presidente de la República. Corresponderá al Presidente de la República, a los Gobernadores y los Alcaldes, dentro de los tres (3) meses siguientes a su posesión, adelantar los nombramientos regulados en el presente artículo, previa verificación del cumplimiento de los requisitos del cargo establecidos en las normas correspondientes y evaluación de las competencias que señale el Departamento Administrativo de la Función Pública. Los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados para periodos institucionales de cuatro (4) años, el cual empezará con la posesión y culminará tres (3) meses después del inicio del período institucional del Presidente de la República, del Gobernador o del Alcalde. Dentro de dicho período, solo podrán ser retirados del cargo con fundamento en una evaluación insatisfactoria del plan de gestión, evaluación que se realizará en los términos establecidos en la Ley 1438 de 2011 y las normas reglamentarias, por destitución o por orden judicial.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para el caso de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado que a la entrada en vigencia de la presente ley hayan sido nombrados por concurso de méritos o reelegidos, continuarán ejerciendo el cargo hasta finalizar el período para el cual fueron nombrados o reelegidos.

Los procesos de concurso que al momento de entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren en etapa de convocatoria abierta o en cualquiera de las etapas subsiguientes continuarán hasta su culminación y el nombramiento del Gerente o Director recaerá en el Integrante de la terna que haya obtenido el primer lugar, el nominador deberá proceder al nombramiento en los términos del artículo 72 de la Ley 1438 de 2011. En el evento que el concurso culmine con la declaratoria de desierto o no se integre la terna, el nombramiento se efectuará en los términos señalados en el primer inciso del presente artículo.

Del mismo modo, en los casos en que la entrada en vigencia de la presente ley, no se presente ninguna de las situaciones referidas en el inciso anterior, el jefe de la respectiva Entidad Territorial o el Presidente de la República procederá al nombramiento de los Gerentes o Directores dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, en los términos señalados en el presente artículo. ” (subrayas fuera de texto)

El artículo 28 de la precitada ley señala que la misma rige a partir de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias, así:

“ARTÍCULO 28. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias. ”

La Corte Constitucional en sentencia C-046 de 2018[3], al declarar la exequibilidad del artículo 20 de la Ley 1797 de 2016, indicó que las funciones de un gerente o director de una Empresa Social del Estado corresponden a aquellas para los cargos de libre nombramiento y remoción, lo cual está permitido en la Carta Política como una excepción a la carrera administrativa:

“En tales términos, es evidente que desde el principio las funciones delimitadas para los gerentes o directores de las ESE corresponden a aquellas para los cargos de libre nombramiento y remoción a partir de la perspectiva de los criterios orgánico y subjetivo, toda vez que: (i) están asociadas al diseño y responsabilidad política de la ejecución de la política pública en salud dentro de la entidad territorial de su competencia; pero además, (ii) la presidencia de la Junta Directiva en el orden territorial está a cargo de los gobernadores o alcaldes, lo cual tiene todo el sentido por ser aquellos los últimos responsables de la prestación del servicio de salud. A tal Junta, como órgano de superior dirección y administración, le corresponde “ejercer la orientación de la actividad que le es propia al respectivo ente” y, por ello, de los gerentes o directores, por lo que la relación entre estos y los jefes de las entidades territoriales es de confianza para implementar las políticas planteadas por estos últimos.

De esta manera, la designación del gerente o director de las Empresas Sociales del Estado en los términos del artículo 20 de la Ley 1797 de 2016 responde a un cargo de libre nombramiento y remoción lo cual está permitido por el artículo 125 de la Constitución, como una excepción a la carrera administrativa.

44. En este punto cabe resaltar que no les asiste razón a los demandantes ni a algunos de los intervinientes que sostienen que esta forma de designación elimina el mérito y somete el nombramiento del cargo a consideraciones meramente subjetivas, además de violar la prohibición de filiación política, por permitir tal nombramiento por alguien elegido popularmente.

Las excepciones a la carrera administrativa del artículo 125 y las legales no implican que esas formas de elección o designación en empleos públicos no expresen el mérito o se contrapongan al mismo. En primer lugar, pues el establecimiento de formas diferentes al concurso de méritos no significa que los cargos estén privados de requisitos y que sea posible nombrar a cualquier persona sin que exista una correlación entre su perfil profesional, experiencia y el cargo que deben ejercer. En este aspecto, al igual que le corresponde al Legislador regular las etapas y requisitos de los concursos de méritos también le asiste la misma potestad a ese o su delegado para determinar los requisitos para los cargos. Esa determinación configura los contornos objetivos del mérito en tal nivel. Por ejemplo, se puede establecer que para acceder a un cargo de libre nombramiento y remoción se requieran cinco años de experiencia y una maestría, como también se puede exigir una edad específica o diferentes títulos universitarios o inclusive experiencia profesional particular, como la previa dirección de entidades o instituciones. Esos requisitos fijan un aspecto objetivo, a pesar de que admite otros criterios que, sin lugar a dudas están relacionados con determinaciones subjetivas del nominador, que responden a la confianza, y a la coordinación y coincidencia ideológica en la gestión pública con la cual se debe ejercer el cargo, lo que repercute en la continuidad del servicio y su buena prestación.” (Resaltos fuera de texto)

Por su parte, la Subsección B de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en providencia de segunda instancia de fecha 19 de febrero de 2018[4], frente a los cargos de libre nombramiento y remoción, expresó:

“La regla general en el ejercicio de la función administrativa lo constituye el ingreso mediante el sistema de la carrera administrativa, tal como lo ha previsto el artículo 125 de la Constitución Política. No obstante lo anterior, hay eventos en los que la administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a sus empleados en atención a la trascendencia de las funciones que desempeñan y el grado de confianza que se exige para ello.

En estos casos, ha sido prevista una excepción al sistema de la carrera administrativa para quienes sin haber superado las distintas etapas de un proceso de selección por méritos ingresan al servicio público a desempeñar empleos con funciones de conducción u orientación institucional, de las cuales como quedó visto, se requiere el más alto grado de confianza para su desempeño.

Resulta razonable afirmar que quienes desempeñan este tipo de empleos no tengan que superar todas y cada una de las etapas que integran un proceso de selección por méritos toda vez que, se repite, el factor determinante en la provisión de estos cargos es la confianza que se predica directamente del ejercicio de las funciones de dirección u orientación institucional.

Sobre este particular, vale la pena señalar que es precisamente el grado de confianza que se exige para el desempeño de ese tipo de cargo lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una u otra decisión.” (Resaltos fuera de texto)

II. CRITERIO JURIDICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RESPECTO A LA REELECCIÓN DE LOS GERENTES DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO.

El Departamento Administrativo de la Función Pública en concepto jurídico con radicado 20196000397231 del 20 de diciembre de 2019, relativo a la reelección del Gerente de una Empresa Social del Estado, considera que esta es procedente por una sola vez, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, indicando sobre el particular lo siguiente:

“De conformidad con la modificación parcial efectuada en el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016 al artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, obedeció única y exclusivamente al nombramiento de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado tanto del nivel territorial como del nacional, quienes en vigencia de la anterior norma eran elegidos previo la realización de un concurso de méritos y a partir del momento en que entró a regir la Ley 1797 de 2016, el nombramiento se debe hacer por periodos institucionales.

El nombramiento de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado le corresponde al Presidente de la República, a los Gobernadores y los Alcaldes, según corresponda, dentro de los tres (3) meses siguientes a su posesión, previa verificación del cumplimiento de los requisitos del cargo establecidos en las normas correspondientes y evaluación de las competencias para períodos institucionales de cuatro (4) años.

Ahora bien, el fundamento jurídico de la anterior reforma se soportó en la necesidad de “...afrontar las citadas deficiencias (duplicidad de funciones, falta de control de la oferta de servicios de salud y dificultades con las IPS regionales)...”, igualando los períodos al de su nominador. “ Para lograr estos propósitos, el legislador tomó tres medidas fundamentales: (i) extender el período de los gerentes de las ESE de tres a cuatro años, de acuerdo con lo previsto por el Acto Legislativo 02 de 2002 en relación con los alcaldes y gobernadores; (ii) institucionalizar el período de los gerentes de las ESE y (iii) establecer disposiciones transitorias, para facilitar el cambio del sistema previsto por el artículo 192 de la Ley 100 de 1993 al nuevo sistema”, sin que ese propósito conllevara a que las demás disposiciones contenidas en el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, fueras modificadas.

En consecuencia, el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley 1122 de 2007 se encuentra vigente de conformidad con los fundamentos expuestos, y en aplicación del mismo Los Gerentes de las Empresas Sociales podrán ser reelegidos por una sola vez, cuando la Junta Directiva así lo proponga al nominador, siempre y cuando cumpla con los indicadores de evaluación conforme lo señale el Reglamento.”

III. CRITERIO JURIDICO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL RESPECTO A LA REELECCIÓN DE LOS GERENTES DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado eran nombrados para períodos institucionales de cuatro (4) años, a través de concurso de méritos. El segundo inciso del artículo en comento disponía que los Gerentes de las ESE podrían ser reelegidos por una sola vez, cuando la Junta Directiva así lo proponía, siempre y cuando cumplieran con los indicadores de evaluación, conforme al reglamento o previo concurso de méritos.

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016 modificó el mecanismo de provisión de los empleos de gerentes de las Empresas Sociales del Estado, previsto en el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, y dispuso que estos, en el nivel territorial, serían nombrados por el jefe de la respectiva entidad territorial, y a nivel nacional, por el Presidente de la República, para periodos de cuatro años, previa verificación del cumplimiento de los requisitos del cargo y evaluación de competencias que señale para tal fin el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Es importante señalar que en el acta del segundo debate del Proyecto de Ley No109 de 2015, tramitado en la Cámara de Representantes, la cual consta en la Gaceta No 849 del 6 de octubre de 2016, hoy Ley 1797 de 2016, se evidencia que la intención del legislador era eliminar los concursos de méritos para nombrar los gerentes de las ESE, por considerar que estos no eran transparentes, por lo que estimó pertinente dejar esa responsabilidad en cabeza del ejecutivo. Sobre el particular en la mencionada acta se indicó:

“Con la aprobación de este artículo, Presidente vamos a entregar una herramienta al ordenador, al ejecutivo para que él asuma la responsabilidad, porque todo el mundo sabe es un secreto a voces, que los nombramientos de los famosos concursos para nombrar gerentes o directores de las IPS son una sinvergüenzada, y son como dice nuestro Presidente XXXXX, son tan transparentes que al otro lado se ve quien se va a ganar el concurso, así que con este artículo asume la responsabilidad el gobernador, asume la responsabilidad el alcalde, y si ese gerente no funciona, pues será el pueblo quien defina, y que lo castigue en democracia, y será el pueblo el que defina la permanencia, de esa institución o ese gerente”

Ahora, para esta Cartera Ministerial es posible concluir que la intención del legislador, al prever lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016, fue modificar la forma como se producía el nombramiento de los gerentes de las ESE, suprimiendo el requisito de conformar una terna y efectuar el concurso de méritos que establecía el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, para pasar a una designación directa por parte del Alcalde o Gobernador, de la misma forma que para los cargos de libre nombramiento y remoción, conforme con lo precisado por la Corte Constitucional en sentencia C-046 de 2018.

Es de anotar que, la facultad nominadora del jefe de la entidad territorial o del señor Presidente de la República, consistente en designar directamente al Gerente de una ESE, por tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción, carecería de sentido, si se entendiera vigente el segundo inciso del artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, ya que se estaría limitando dicha potestad nominadora, al considerarse vigente la reelección del gerente cuando la junta directiva así lo proponga al nominador, siempre y cuando cumpla con los indicadores de evaluación conforme lo señale el reglamento.

Por lo tanto, al variar el sistema de designación de los gerentes de las ESE, asimilándose al de los cargos de libre nombramiento y remoción, perdió sentido y, por contera, aplicabilidad de la restricción a la reelección a que hace referencia el segundo inciso del artículo 28 de la Ley 1122 de 2007,y, en consecuencia, en la actualidad dichos gerentes pueden ser nombrados para períodos de cuatro (4) años, sin límite en el número de ocasiones en que puedan serlo, a discreción del jefe de la entidad territorial o del señor Presidente de la República, según el caso.

Es importante resaltar, como lo expresó la Corte Constitucional en sentencia C-046 de 2018 y como lo aclaró el Consejo de Estado frente a los cargos de libre nombramiento y remoción, en la providencia transcrita, que entre el gerente de una Empresa Social del Estado y el jefe de la entidad territorial, existe un grado de confianza para la implementación de las políticas planteadas por este último, lo cual sustenta el hecho de que el cargo de gerente de la ESE actualmente sea de libre nombramiento o remoción. En tal sentido, la posibilidad que tendría un alcalde o gobernador de designar como gerente a alguien de su confianza, se vería limitada si se considera que se encuentra vigente la restricción a la reelección prevista en el segundo inciso del artículo 28 de la Ley 1122 de 2007.

IV. LO QUE SE CONSULTA.

Conforme con los argumentos de orden legal y jurisprudencial expuestos y teniendo en cuenta que actualmente se han presentado divergencias interpretativas entre este Ministerio y el Departamento Administrativo de la Función Pública, frente a la vigencia de la restricción a la reelección que se encuentra prevista en el segundo inciso del artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, se considera pertinente formular la siguiente pregunta:

¿Puede considerarse vigente la restricción a la reelección de los gerentes de las Empresas Sociales del Estado, consagrada en el segundo inciso del artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, teniendo en cuenta la modificación que, frente al nombramiento de estos servidores públicos, estableció el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016?

V. ANEXOS.

Para los efectos de la consulta solicitada, nos permitimos anexar los siguientes documentos:

- Concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública con radicado 20196000397231 del 20 de diciembre de 2019.

Del señor Presidente de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado, con sentimientos de mi mayor consideración.

XXXXX

Ministro de Salud y Protección Social (E)

<NOTAS DE PIE DE PÁGINA>.

1. Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

2. Por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

3. Referencia: Expedientes D-11782 y D-11797 acumulados. Magistrada sustanciadora: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.

4. Rad. No.: 25000-23-42-000-2013-01223-02(4578-16) Consejero Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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