CONCEPTO 564491 DE 2019
(mayo 13)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
MINISTERIO DE SALUD Y DE PROTECCIÓN SOCIAL
Bogotá D.C.,
XXXXXXXXXXXXXXX
Asunto: Radicado Minsalud No. 201942300087852
Respetado doctor XXXXX:
Hemos recibido la comunicación del asunto, mediante la cual solicita "(...) concepto relacionado con la viabilidad y factibilidad jurídica, técnica y presupuestal de que una Empresa Social del Estado - ESE - del nivel territorial conforme o haga parte de Entidades Promotoras de Salud - EPS- aunado a lo anterior, en caso de emitirse pronunciamiento afirmativo, solicito relacionar los requisitos de orden legal que deberán acreditarse para tal efecto".
Al respecto, y con el fin de dar respuesta a lo consultado, el pronunciamiento se emitirá, conforme con la siguiente estructura:
I. NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA APLICABLE
El régimen legal de las Empresas Sociales del Estado - ESE fue desarrollado por la Ley 100 de 1993,[1] en los artículos 194 y 195, el primero de los cuales dispuso que estas constituyen una categoría especial de entidades públicas descentralizadas, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, que su creación, según el caso, corresponde a la ley, las asambleas o los concejos, y el segundo, que su régimen presupuestal será el que se prevea, en función de su especialidad, en la ley orgánica de presupuesto, de forma tal que se adopte un régimen de presupuestación, con base en el sistema de reembolso contra prestación de servicios, entre otros.
Respecto de la forma de creación, el artículo 83 de la Ley 489 de 1998,[2] establece que las ESE están sujetas al régimen previsto en las Leyes 100 de 1993 y 344 de 1996,[3] y que en los aspectos no regulados allí, se rigen por la Ley 489 de 1998.
Por su parte, el Decreto 111 de 1996,[4] en el artículo 109, señaló que: “Las entidades territoriales al expedir las normas orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y condiciones de cada entidad territorial. Mientras se expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del Presupuesto en lo que fuere pertinente".
Ahora bien, los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, fueron reglamentados por el Decreto 1876 de 1994,[5] compilado actualmente en el Decreto 780 de 2016,[6], que establece:
“Artículo 2.5.3.8.4.3.4 Régimen presupuestal. De conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el régimen presupuestal será el que se prevea en la ley orgánica de presupuesto, de forma tal que se adopte un régimen con base en un sistema de anticipos y reembolsos contra prestación de servicios (...)".
"Artículo 2.5.3.8.4.3.5 Asociación de Empresas Sociales del Estado. Conforme a la ley que las autorice o a los actos de las corporaciones administrativas de las entidades territoriales, las Empresas Sociales del Estado podrán asociarse con el fin de:
1. Contratar la compra de insumos y servicios.
2. Vender servicios o paquetes de servicios de salud, y
3. Conformar o hacer parte de Entidades Promotoras de Salud". (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Posteriormente, la Ley 1122 de 2007,[7] en el artículo 27, facultó al Gobierno Nacional para reglamentar aspectos relacionados con las ESE, a saber:
"a. Los requisitos para la creación, transformación, categorización, organización, y operación de las Empresas Sociales del Estado, teniendo en cuenta los siguientes criterios: (...). b. La forma de constituir Empresas Sociales del Estado cuando se trata de empresas de propiedad de varias entidades territoriales que se asocian, c. Las condiciones y requisitos para que la Nación y las entidades territoriales puedan transferir a las Empresas Sociales del Estado (ESE'S), recursos cuando por las condiciones del mercado las ESE.S), en condiciones de eficiencia, no sean sostenibles. d. Los mecanismos de conformación, las funciones y funcionamiento de las juntas directivas del nivel nacional, departamental, distrital y municipal. (...)
d. Los mecanismos de conformación, las funciones y funcionamiento de las juntas directivas del nivel nacional, departamental, distrital y municipal. En todo caso éstas deberán estar integradas en forma tal que un tercio de sus integrantes estén designados por la comunidad, un tercio represente el sector científico de la salud y un tercio al sector político-administrativo.
Parágrafo 1o. Mientras el Gobierno Nacional reglamente el presente artículo, y a partir de la vigencia de la presente ley, cualquier creación o transformación de una nueva Empresa Social del Estado (ESE) deberá tener previamente, el visto bueno del Ministerio de la Protección Social.
Sin embargo, los literales b) y d), y el parágrafo antes transcritos, fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-953 de 2007, al considerar que:
"(...) la declaratoria de inexequibilidad de este literal b) se funda exclusivamente en la garantía de la autonomía territorial. Por ello no puede concluirse que dicha inexequibilidad impide que las entidades territoriales se asocien para constituir una ESE. Por el contrario, "la forma" en que podrán asociarse será determinada por cada entidad territorial en ejercicio de su autonomía y atendiendo a sus necesidades con miras a facilitar dicha asociación y ajustándose a lo establecido en las normas superiores.
(...)
En efecto, el visto bueno del Ministerio de la Protección Social para la creación de una ESE, es una restricción inconstitucional, porque implica una intromisión del Ejecutivo en las potestades del legislador, en el plano nacional, y especialmente en aquellas de las entidades territoriales, en un aspecto como la definición de la estructura de la administración departamental, distrital y municipal, que es de su competencia constitucional.
(...)
Por otra parte, y en tercer lugar, a nivel territorial, dado que Colombia se organiza en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, conforme al artículo 1o de la Constitución, la creación de las empresas prestadoras del servicio de salud a cargo del Estado compete al órgano de representación popular en cada nivel territorial, como lo indican los artículos 150-7, 300-7 y 313-6 de la Carta, ya que a los departamentos y municipios corresponde, en ejercicio de su autonomía, la prestación del servicio público de salud en los términos que establezca la Constitución y la ley (Art. 298, 300-10, 311 y 313-10). (...)". (Negrillas fuera de texto)
II. CONCEPTO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN PRIMARIA.
Frente al tema objeto de estudio, se solicitó concepto técnico a la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria de este Ministerio, quien después de analizar la normativa aplicable, mediante escrito con radicado No. 201923000072023 del pasado 11 de abril, concluyó:
"(...)
En consideración al marco legal antes enunciado, las entidades territoriales deben expedir las normas orgánicas de presupuesto que le sean aplicables al nivel central y a sus descentralizadas, razón por la cual y teniendo en cuenta que la consulta hace referencia a decisiones que afectan los presupuestos de la ESE y compromete el patrimonio de dicha entidad, la consulta por competencia debe ser resuelta por el Departamento, Distrito o Municipio, que haya creado la Empresa Social del Estado".
III. ANALISIS JURIDICO
De acuerdo con el régimen legal de las ESE, establecido por los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, la creación de estas entidades, según el caso, corresponde a la ley, las asambleas o los concejos, lo que encuentra concordancia con la autonomía de las entidades territoriales, prevista por el artículo 287 de la Constitución Política.
Esta autonomía fue recogida en el Decreto 1876 de 1994, reglamentario de las precitadas disposiciones legales, como quiera que en su artículo 19, compilado en el artículo 2.5.3.8.4.3.5 del Decreto 780 de 2016, se estableció que la decisión de una ESE, de asociarse con una EPS, está supeditada a lo que establezca sobre el particular el acto que la haya creado o autorizado.
En ese orden, la factibilidad jurídica de que una ESE del nivel territorial, conforme o haga parte de Entidades Promotoras de Salud - EPS, se encuentra sujeta a lo que en particular haya determinado el acto que las creó, sin desconocer que cualquier decisión que se tome al respecto estará llamada a comprometer su patrimonio, por lo que el departamento, distrito o municipio que la haya creado, debe evaluar la viabilidad técnica y presupuestal de adoptar una decisión en tal sentido.
El presente concepto tiene los efectos determinados en el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.[8]
Cordialmente,
NILSON ARMANDO FILIGRANA VILLEGAS
Subdirector de Asuntos Normativos
Dirección jurídica
1. Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones.
2. Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
3. Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
4. Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
5. Por el cual se reglamentan los artículos 96, 97 y 98 del Decreto-ley 1298 de 1994, en lo relacionado con las Empresas Sociales del Estado, en el sentido que este acto administrativo reglamenta los artículos 194. 195 y 197 de la Ley 100 de 1993.
6. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.
7. por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
8. Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el Título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.