CONCEPTO 571351 DE 2019
(marzo 14)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
MINISTERIO DE SALUD Y DE PROTECCIÓN SOCIAL
Bogotá D.C.,
XXXXXXXXXXXXXXX
Asunto: Radicado No. 201942400302792 - Acceso Historia clínica DIAN
Hemos Recibido su comunicación donde pregunta:
“...funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, podrán solicitar los prestadores de servicios de salud los registros asistenciales de los pacientes y tener acceso a los mismos?"
Al respecto nos permitimos señalar lo siguiente:
La Constitución Política en su Artículo 15, señala: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar (...)”
La Ley 23 de 1981 por la cual se dictan normas en materia de ética médica, define en el artículo 34: “La historia Clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado, sometido a reserva, que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la Ley".
Se define, además, en la citada ley el concepto del secreto profesional, entendido como aquello que no es ético o licito revelar sin justa causa, pues pertenece al fuero íntimo de su titular, por lo que su revelación solo podrá realizarse en los casos previstos en la norma y advierte que habrá de tenerse en cuenta los consejos que dicten la prudencia para su revelación, señalando, específicamente, los casos en los que será procedente la revelación del secreto profesional en los siguientes caso (artículo 38):
“a) Al enfermo, en aquello que estrictamente le concierne y convenga:
b) A los familiares del enfermo, si la revelación es útil al tratamiento:
c) A los responsables del paciente, cuando se trate de menores de edad o de personas mentalmente incapaces:
d) A las autoridades judiciales o de higiene y salud, en los casos previstos por la Ley:
e) A los interesados, cuando por defectos físicos irremediables o enfermedad graves infecto contagiosas o hereditarias, se ponga en peligro la vida del cónyuge o de su descendencia."
La Ley 1751 de 2015 [1] en su artículo 10 preceptúa:
"Las personas tienen los siguientes derechos relacionados con la prestación del servicio de salud:
(...)
g) A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y que únicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorización del paciente o en los casos previstos en la ley, y a poder consultar la totalidad de su historia clínica en forma gratuita y a obtener copia de la misma;
La Ley 1755 de 2015,[2] determina
'Artículo 24. Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial:
(...)
3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensiónales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica. (...)
(…)
Artículo 27. Inaplicabilidad de las excepciones. El carácter reservado de una información o de determinados documentos, no será oponible a las autoridades judiciales, legislativas, ni a las autoridades administrativas que siendo constitucional o legalmente competentes para ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en este artículo.” (Resaltos fuera de texto)
La Ley 1581 de 2012- Ley Estatutaria de Habeas Data,[3] preceptúa:
Artículo 5. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. (...)
(…)
Artículo 10. Casos en que no es necesaria la autorización. La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de:
a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial: (...)"
(...)
Artículo 11. Suministro de la información. La información solicitada podrá ser suministrada por cualquier medio, incluyendo los electrónicos, según lo requiera el Titular. La información deberá ser de fácil lectura, sin barreras técnicas que impidan su acceso y deberá corresponder en un todo a aquella que repose en la base de datos. (...)
(...)
Artículo 13. Personas a quienes se les puede suministrar la información. La información que reúna las condiciones establecidas en la presente ley podrá suministrarse a las siguientes personas:(...)
b) A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial;
(...)" (resaltos fuera de texto)
Así mismo, el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011,[4] modificada por la Ley 1755 de 2015,[5] contempló que tendrán carácter reservado las informaciones y documentos que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensiónales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica, salvo que sean solicitados por los propios interesados o por sus apoderados con facultad expresa para acceder a esa información.
De otro lado, la resolución 1995 de 1999,[6] dispone:
ARTÍCULO 14. ACCESO A LA HISTORIA CLÍNICA.
Podrán acceder a la información contenida en la historia clínica, en los términos previstos en la Ley:
1. El usuario.
2. El Equipo de Salud.
3. Las autoridades judiciales y de Salud en los casos previstos en la Ley. (Subrayado fuera del texto)
4. Las demás personas determinadas en la ley.
PARAGRAFO. El acceso a la historia clínica, se entiende en todos los casos, única y exclusivamente para los fines que de acuerdo con la ley resulten procedentes, debiendo en todo caso, mantenerse la reserva legal.
Desde el punto de vista de la jurisprudencia, encontramos la Sentencia C - 313 de 2014, proferida por la Honorable Corte Constitucional, magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en la cual se realiza el análisis previo de constitucionalidad, a la hoy Ley Estatutaria 1751 de 2015, y en donde particularmente frente al literal g de su artículo 10, expresó:
"5.2.10.3.5. Literal g) del inciso 1° del artículo 10
El literal g) del inciso 1o del artículo 10 del proyecto, se refiere al trato confidencial y reservado de la historia clínica, cuyo conocimiento por terceros se puede dar por virtud de la ley o previa autorización del paciente. Además, implica el derecho a la consulta gratuita de la totalidad del documento y a obtener copia de la misma.
Este derecho no tiene reparo de constitucionalidad, pues, obedece, de un lado, a la autonomía del sujeto y, del otro, a la intimidad del mismo, contenidos ambos reconocidos por la Constitución. El primero de ellos, en la cláusula general de libertad contenida en el artículo 16 de la Carta y, el segundo, por disposición expresa del artículo 15 del mismo cuerpo normativo. Este derecho también ha sido objeto de pronunciamientos por parte de esta Corporación y en sede de revisión se ha dicho:
"(...) aunque en principio el paciente es el único que puede tener acceso a la información contenida en la historia clínica y es él quien puede autorizar a terceros su conocimiento, la ley autoriza expresamente a ciertas personas para acceder a ella, por ejemplo, al equipo de salud y a las autoridades judiciales. De este modo, la definición legal de las personas que pueden conocerla información contenida en la historia clínica obedece a la estrecha vinculación que tiene dicho documento con el derecho a la intimidad de su titular, pues contiene datos determinados por la confidencialidad (Sentencia T- 595 de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).” (resaltos fuera de texto)
Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia T -114 de 2009, con ponencia del Magistrado Nilson Pinilla Pinilla, al conocer la acción de tutela interpuesta por un ciudadano contra una institución hospitalaria, en uno de sus apartes expresó:
“(...) Con todo, ha de tomarse en consideración que la historia clínica que reposa en la entidad demandada constituye, en principio, no sólo un documento privado sometido reserva, que únicamente puede ser conocido por el paciente y la institución, y excepcionalmente por un tercero con autorización de dicho paciente u orden de autoridad competente, sino que constituye el único archivo o fuente de información donde lícitamente reposan todas las evaluaciones, pruebas, diagnósticos e intervenciones, realizadas al paciente, al igual que los procedimientos y medicamentos que le fueron suministrados.” (resaltos fuera de texto).
Así mismo, en Sentencia T -158 A de 2008, el máximo Tribunal Constitucional sostiene que el fundamento que le da carácter reservado a la historia clínica, es el derecho a la intimidad de que goza todo individuo, así:
“El carácter reservado de la historia clínica, entonces, se funda en la necesidad de proteger el derecho a la intimidad del individuo sobre una información que, en principio, únicamente le concierne a él y que, por tanto, debe ser excluida del ámbito de conocimiento público. A partir de tal consideración, en nuestro ordenamiento jurídico existen distintas disposiciones a través de las cuales se establece la naturaleza reservada de este documentos y se determina quienes están autorizados para acceder a su contenido" (resaltos fuera de texto)
Teniendo en cuenta la normativa reseñada, tenemos que la Historia Clínica es un documento de carácter confidencial y privado, sometido a reserva, la regla general es que terceras personas no pueden tener acceso a la misma excepto que el paciente o persona titular lo autorice, o en los casos previstos por la ley, según lo señalado en el artículo 38 de la Ley 23 de 1981, reiterado en la Resolución 1995 de 1999, la cual en su artículo 14 señala expresamente las personas que pueden acceder a este documento y sus anexos, como son: el usuario; el equipo de salud, entendido como los profesionales, técnicos y auxiliares que realizan atención clínico asistencial directa al usuario; las EAPB, dentro de la labor de auditoria que le corresponde adelantar, en armonía con las disposiciones generales que se determinen en materia de facturación según lo estipulado por el artículo 2.5.3.4.11 del decreto 780 de 2016; los auditores médicos de las prestadoras responsables de la evaluación de la calidad del servicio brindado; las autoridades judiciales y de salud en los casos previstos por la ley, y las demás personas indicadas en ésta.
A la luz de lo establecido en la Ley 1581 de 2012, toda la información que representa datos relativos a la salud de las personas, la cual para el caso que nos ocupa reposa en la historia clínica, tiene el carácter de: “Datos Sensibles", por tanto, esa información debe ser tratada de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Habeas Data, es decir, con todas las garantías relativas a su protección y reserva.
De acuerdo a lo anterior, tenemos que, si bien los datos sensibles de salud se caracterizan generalmente por ser reservados, de las normas transcritas, en especial, los artículos 10 y 13 de la Ley 1581 de 2012 y el artículo 27 de la Ley 1755 de 2015, también se observa que existe una excepción legal, consagrada en favor de las autoridades administrativas para que puedan acceder a ellos cuando se encuentren en ejercicio de sus funciones.
En consecuencia, en el caso concreto la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN,, puede solicitar acceso y/o copias de la información de salud o historia clínica, si lo requiere en el ámbito del desarrollo de sus competencias, dado que esta potestad se encuentra dentro de la excepción analizada en lo precedente, luego, debe entenderse, que lo establecido en el numeral 4 del artículo 14 de la Resolución 1995 de 1999, hace referencia, entre otros, a autoridades administrativas tales como la consultada.
Por último, debe resaltarse que si bien una autoridad administrativa en el ejercicio de sus funciones, puede acceder a información reservada, en virtud de lo ya aclarado, esta autoridad debe darle el tratamiento que ordena la Ley 1581 de 2012 a los datos sensibles sobre los cuales ha tenido acceso, es decir, debe garantizar la protección, reserva, seguridad, confidencialidad, acceso y circulación restringida a ellos, en todas las operaciones que realice sobre esa información, ya sea en su recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión, a tenor de lo establecido, en especial, en los artículos 4, 17 y 18 ibídem.
De igual forma, cabe resaltar que es obligación de todo servidor público garantizar la confidencialidad de la información reservada a la que tenga acceso en ejercicio de su función, de acuerdo con lo previsto en la Ley 734 de 2002, contentiva del Código Disciplinario Único.[7]
El anterior concepto tiene los efectos determinados en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015.[8]
Cordialmente,
ANA MILENA MONTES CRUZ
Subdirectora de Prestación de Servicios (e)
1. Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones
2. "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
3. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”
4. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".
5. "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
6. Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica.
7. “Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: (...)
4. Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos. (...)
Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: (...)
47. Violar la reserva de la investigación y de las demás actuaciones sometidas a la misma restricción. (...)"
8. "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"