CONCEPTO 1689871 DE 2019
(diciembre 16)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
MINISTERIO DE SALUD Y DE PROTECCIÓN SOCIAL
XXXXXXXXXXXXXXX
| Asunto. | Solicitud de concepto sobre operación de las Empresas Sociales del Estado- E.S.E mediante Asociaciones Público Privadas- APP o Contratos de Concesión. Radicado. 201942301638632 |
Respetada Doctora XXXXX.
Procedo a dar respuesta a la comunicación del asunto, por medio de la cual solicita concepto jurídico con relación a la posibilidad de entregar a largo plazo la operación de los servicios de salud de las Empresas Sociales del Estado a terceros mediante la suscripción de asociaciones público privadas- APP o contratos de concesión, en especial las actividades de administración y de apoyo de las ESE.
I. ANTECEDENTES.
La consulta se plantea en los siguientes términos:
“Al interior de la Superintendencia Nacional de Salud se dan presentado consultas sobre la posibilidad de que algunas Empresas Sociales del Estado entreguen a terceros la operación y prestación de los servicios asistenciales de salud de alta, mediana y baja complejidad, así como la realización de todas las actividades administrativas, de apoyo, logísticas, financieras, de inversión y asistenciales, bajo su cuenta y riesgo, con personal propio y con plena autonomía administrativa, técnica y financiera, en las instalaciones y con los equipos y muebles que la ESE, teniendo en cuenta los efectos de la Sentencia C- 171/ que declaró condicionalmente exequible el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011.
Dicha norma dispone que las Empresas Sociales del Estado "podrán desarrollar sus funciones mediante contratación con terceros, Empresas Sociales del Estado de mayor nivel de complejidad, entidades privadas o con operadores externos, previa verificación de las condiciones de habilitación conforme al sistema obligatorio de garantía en calidad". No obstante, la Corte Constitucional, en la Sentencia C - 171 de 2012, condicionó la exequibilidad de este artículo argumentando lo siguiente:
"La norma acusada, tal y como está enunciada, se encuentra en contravía de la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente de las entidades estatales, funciones para cuyo cumplimiento se requiere la creación de los empleos o cargos públicos correspondientes. Así las cosas, la Corte concluye que. tal y como se encuentra redactada la norma, da lugar a una interpretación abiertamente inconstitucional, de manera que en principio procedería una declaratoria de inexequibilidad de la misma. No obstante lo anterior, la Corte ha validado en innumerables oportunidades la posibilidad de dictar sentencias moduladas, en las que se declare una exquibilidad condicionada, en aquel/os eventos en los que sea posible conservar el precepto normativo en el ordenamiento jurídico, dando aplicación al principio pro legislatore, y siempre y cuando exista una interpretación de la norma que al incorporarla al alcance normativo del precepto o al entendimiento del enunciado normativo, subsane la posible vulneración de la Carta Política y la torne en constitucional. Por consiguiente, la Sala evidencia en este caso, la necesidad de incorporar al entendimiento de la norma acusada, la única interpretación constitucional posible de la misma, de conformidad con la Constitución y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, según la cual, la potestad de contratación otorgada por el precepto demandado a las Empresas Sociales del Estado para operar mediante terceros, solo podrá llevarse a cabo siempre y cuando no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, cuando estas funciones no puedan llevarse a cabo por parte del personal de planta de la entidad o cuando se requieran conocimientos especializado".
Con el fin de dilucidar las dudas que puedan surgir sobre el asunto que nos ocupa debe recordarse que la Superintendencia Nacional de Salud, en las Circulares Externas 066 y 067 de 2010, señaló que los prestadores de servicios de salud pueden, en forma individual, prestar los servicios de salud que oferten o hacerlo con terceros, mediante las figuras de asociación o alianza estratégica con otros operadores privados o públicos
(...)
Así las cosas, si un prestador de servicios de salud desea realizar asociaciones y/o alianzas estratégicas para la efectiva prestación de los servicios de salud que oferta, debe cumplir los lineamientos establecidos en las Circulares Externas 066 y 067 de 2010 además de cumplir con los requisitos de habilitación exigidos en el Decreto 780 de 2016 y en la Resolución 2003 de 2014 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
A partir de lo expuesto podría decirse que si bien las Empresas Sociales del estado gozan de libertad para entregar la prestación de servicios a particulares mediante la modalidad de tercerización, externalización u outsourcing, existe un limite a dicha libertad, pues, como lo ha dicho la Corte, la operación a través de terceros únicamente podrá darse "cuando no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, cuando estas funciones no puedan llevarse a cabo por parte del personal de planta de la entidad o cuando se requieran conocimientos especializados".
Ahora bien, ante la posibilidad de entregar, a largo plazo, la operación de los servicios de salud de las Empresas Sociales del Estado a terceros mediante la suscripción de asociaciones público privadas o contratos de concesión, persisten las dudas en relación con las actividades de administración y de apoyo de la ESE, bajo el entendido de que estas funciones permanentes no pueden ser objeto de tercerización.
(…)”
II. PROBLEMA JURÍDICO.
Se requiere determinar si es posible entregar las actividades de administración y de apoyo de las Empresas Sociales del Estado a largo plazo a terceros, mediante la suscripción de asociaciones públicos privadas o contratos de concesión.
III. MARCO NORMATIVO, JURISPRUDENCIAL Y CONCEPTUAL APLICABLE AL CASO OBJETO DE ESTUDIO.
En primer lugar, el artículo 48 de la Carta Política señala:
“ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
(...)” (Negrillas fuera del texto.)
A su vez, el artículo 365 de la Constitución Política indicó que los servicios públicos podrán ser prestados por el Estado directa o indirectamente, así:
“ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.” (Negrillas fuera del texto)
Es de precisar, que el artículo 194 de la Ley 100 de 1993[1] indicó que la prestación de servicios de salud en forma directa por la nación o por las entidades territoriales se realizará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado:
“ARTÍCULO 194. NATURALEZA. La prestación de servicios de salud en forma directa por la nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o portas asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo.”
Así mismo el artículo 2 del Decreto 1876 de 1994, compilado en el artículo 2.5.3.8.4.1.2 del Decreto 780 de 2016[2], señaló cual es el objeto de las Empresas Sociales del Estado:
ARTÍCULO 2.5.3.8.4.1.2. OBJETO. El objeto de las Empresas Sociales del Estado será la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud. ”
Por su parte, el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011[3] dispone que las Empresas Sociales del Estado podrán desarrollar sus funciones mediante la contratación con terceros:
"ARTÍCULO 59. OPERACIÓN CON TERCEROS. Las Empresas Sociales del Estado podrán desarrollar sus funciones mediante contratación con terceros, Empresas Sociales del Estado de mayor nivel de complejidad, entidades privadas o con operadores externos, previa verificación de las condiciones de habilitación conforme al sistema obligatorio de garantía en calidad. ”
Mediante sentencia C-171 de 2012[4], la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo en comento, por las siguientes razones:
“Sin embargo, la Corte constata, de otro lado, que si bien existe un fundamento constitucional parcial para la norma demandada, siendo la contratación de servicios una figura válida desde el punto de vista constitucional y legal, el precepto acusado, tal y como se encuentra redactado, al consagrar de manera amplia y general una autorización o facultad a las Empresas Sociales del Estado, sin ningún tipo de limites o restricciones, para que puedan contratar con terceros, con Empresas Sociales del Estado de mayor nivel de complejidad, con entidades privadas o con operadores externos, el desarrollo de sus funciones; se encuentra en clara contravía de la Constitución en sus artículos 25, 53, 123 y 125 Superiores, y de la jurisprudencia de esta Corte, tal y como quedó reseñado en la parte considerativa de esta sentencia y sintetizado en el apartado anterior, al desconocer la prohibición constitucional de contratar las funciones propias o permanentes de las entidades estatales a través de la figura de contratos de prestación de servicios. De esta manera, la Sala observa, que el enunciado normativo demandado, al autorizarla contratación de manera ilimitada de funciones de las Empresas Sociales del Estado con terceros, se encuentra vulnerando la mencionada prohibición constitucional, por cuanto el precepto permite la posible contratación de funciones permanentes o propias de las Empresas Sociales del Estado, de funciones que puedan ser desarrolladas por el personal de planta de la entidad o que no requieran conocimientos especializados, lo cual da lugar a la afectación del derecho al trabajo, de los derechos de los servidores públicos y de los fines propios de la administración pública, como quedó expuesto en detalle en esta providencia.
En este sentido, esta Corporación coincide con el concepto vertido por el Procurador General de la Nación en cuanto a que (i) la posibilidad ilimitada de contratar con terceros tareas que correspondan a funciones propias o permanentes de las Empresas Sociales del Estado, vulnera el derecho al trabajo, el derecho a acceder a la carrera administrativa, y pone en grave riesgo tanto la continuidad como la permanencia del servicio público; (ii) las Empresas Sociales del Estado deben contar con una planta de personal propia, idónea, adecuada y suficiente para atender y desarrollar sus funciones de carácter permanente, que son su responsabilidad; (iii) la garantía de eficiencia no debe implicarla contratación de servicios de las funciones permanentes de las Empresas Sociales del Estado; y (v) por tanto, la posibilidad ilimitada de contratación de la prestación de las funciones propias de las Empresas Sociales del Estado con terceros, como lo establece la norma demandada, no puede ser la regla, pues contraría la Carta Política.
En consecuencia, la Sala reitera que la norma acusada, tal y como está enunciada, se encuentra en contravía de la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente de las entidades estatales, funciones para cuyo cumplimiento se requiere la creación de los empleos o cargos públicos correspondientes.
Así las cosas, la Corte concluye que, tal y como se encuentra redactada la norma, da lugar a una interpretación abiertamente inconstitucional, de manera que en principio procedería una declaratoria de inexequibilidad de la misma. No obstante lo anterior, la Corte ha validado en innumerables oportunidades la posibilidad de dictar sentencias moduladas, en las que se declare una exequibilidad condicionada, en aquellos eventos en los que sea posible conservar el precepto normativo en el ordenamiento jurídico, dando aplicación al principio pro legislatore, y siempre y cuando exista una interpretación de la norma que al incorporarla al alcance normativo del precepto o al entendimiento del enunciado normativo, subsane la posible vulneración de la Carta Política y la torne en constitucional.
Por consiguiente, la Sala evidencia en este caso, la necesidad de incorporar al entendimiento de la norma acusada, la única interpretación constitucional posible de la misma, de conformidad con la Constitución y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, según la cual, la potestad de contratación otorgada por el precepto demandado a las Empresas Sociales del Estado para operar mediante terceros, solo podrá llevarse a cabo siempre y cuando no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, cuando estas funciones no puedan llevarse a cabo por parte del personal de planta de la entidad o cuando se requieran conocimientos especializados. Por lo tanto, la Corte declarará en la parte resolutiva de esta sentencia, la exequibilidad condicionada del artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, en el sentido anunciado”. (Negrilla fuera del texto)
En la precitada sentencia la Corte Constitucional reiteró los criterios para determinar qué constituye una función de carácter permanente:
“Acerca del esclarecimiento de qué constituye una función permanente, la jurisprudencia constitucional ha precisado los criterios para determinarla, los cuales se refieren (i) al criterio funcional, que hace alusión a “la ejecución de funciones que se refieren al ejercicio ordinario de las labores constitucional y legalmente asignadas a la entidad pública (artículo 121 de la Constitución)” [40]; (ii) al criterio de igualdad, esto es, cuando “las labores desarrolladas son las mismas que las de los servidores públicos vinculados en planta de personal de la entidad y, además se cumplen los tres elementos de la relación laboral": (iii) al criterio temporal o de habitualidad, si “las funciones contratadas se asemejan a la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de trabajo o la realización frecuente de la labor, surge una relación laboral y no contractual”; (iv) al criterio de excepcionalidad. si “la tarea acordada corresponde a “actividades nuevas” y éstas no pueden ser desarrolladas con el personal de planta o se requieren conocimientos especializados o de actividades que, de manera transitoria, resulte necesario redistribuir por excesivo recargo laboral para el personal de planta”; y (v) al criterio de continuidad, si "la vinculación se realizó mediante contratos sucesivos de prestación de servicios pero para desempeñar funciones del giro ordinario de la administración, en otras palabras, para desempeñar funciones de carácter permanente, la verdadera relación existente es de tipo laboral”
Por otro lado, el artículo 1 de la Ley 1508 de 2012[5] define qué se entiende por asociaciones público privadas, de la siguiente manera:
“Artículo 1o.Definición. Las Asociaciones Público Privadas son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio. ”
Así mismo, el artículo 2 ibídem señaló que las concesiones se encuentran comprendidas dentro de los esquemas de asociación público privada, precepto que se transcribe a continuación:
"Artículo 2o.Concesiones. Las concesiones de que trata el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se encuentran comprendidas dentro de los esquemas de Asociación Público Privadas. Las concesiones vigentes al momento de la promulgación de la presente ley se seguirán rigiendo por ¡as normas vigentes al momento de su celebración. ”
El artículo 3 de la ley en comento señala el ámbito de aplicación de las asociaciones publico privadas, así:
"ARTÍCULO 3o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente ley es aplicable a todos aquellos contratos en los cuales las entidades estatales encarguen a un inversionista privado el diseño y construcción de una infraestructura y sus servicios asociados, o su construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento, actividades todas estas que deberán involucrar la operación y mantenimiento de dicha infraestructura.
También podrán versar sobre infraestructura para la prestación de servicios públicos.
En estos contratos se retribuirá la actividad con el derecho a la explotación económica de esa infraestructura o servicio, en las condiciones que se pacte, por el tiempo que se acuerde, con aportes del Estado cuando la naturaleza del proyecto lo requiera.
Los procesos de selección y las reglas para la celebración y ejecución de los contratos que incluyan esquemas de Asociación Público Privada se regirán por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, salvo en las materias particularmente reguladas en la presente ley.
PARÁGRAFO 1o. Sólo se podrán realizar proyectos bajo esquemas de Asociación Público Privada cuyo monto de inversión sea superior a seis mil (6.000) smmlv.
PARÁGRAFO 2o. Aquellos sectores y entidades para las cuales existan normas especiales que regulen la vinculación de capital privado para el desarrollo de proyectos, continuarán rigiéndose por dichas normas o darán cumplimiento a lo previsto en la presente ley, una vez se encuentren reglamentadas las particularidades aplicadas en dichos sectores.
PARÁGRAFO 3o. El Gobierno Nacional podrá reglamentar las condiciones para el cumplimiento de la disponibilidad, los niveles de servicio, estándares de calidad, garantía de continuidad del servicio y más elementos que se consideren necesarios para el desarrollo de los esquemas de Asociación Pública Privada a que se refiere la presente ley, pudiendo aplicar criterios diferenciales por sectores. ”
De otro lado, es del caso mencionar que el artículo 103 de la Ley 1438 de 2011[6] señaló lo relativo a la contratación del personal misional permanente de las Instituciones Publicas Prestadoras de Salud:
“ARTÍCULO 103. CONTRATACIÓN DEL PERSONAL MISIONAL PERMANENTE. El personal misional permanente de las Instituciones públicas Prestadoras de Salud no podrá estar vinculado mediante la modalidad de cooperativas de trabajo asociado que hagan intermediación laboral, o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte sus derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes.”
A su vez el artículo 2 del Decreto Ley 2400 de 1968[7], modificado por el artículo 1 del Decreto 3074[8] del mismo año, consagró que, para el ejercicio de funciones de carácter permanente, se crearán los empleos correspondientes:
“ARTICULO 2o. Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo.
Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el Servicio Civil de la República.
Quienes presten al Estado servicios ocasionales, como los peritos; obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la administración pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.
Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y, en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones”
Por su parte el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Circular Conjunta No 042578 del 22 de marzo de 2012, destinada a los Gobernadores, Alcaldes y Gerentes de las Empresas Sociales del Estado, señalaron los lineamientos del Talento Humano, precisando que las entidades del sector salud, dependiendo del carácter público o privado, podrán utilizar, entre otras, formas de vinculación, el contrato de asociación público privada, cuyo objeto será el mejoramiento o equipamiento de la infraestructura o parte de ella con servicios conexos, mantenimiento y operación, de conformidad a la Ley 1508 de 2012, así:
“Hasta tanto se realicen los estudios y análisis mencionados y se adelante su implementación progresiva, en aras de garantizar la prestación del servicio de salud a la población, las mencionadas entidades deben evaluar las necesidades para la gestión del talento humano y adoptar las medidas transitorias correspondientes, sin desconocer los lineamientos de la Corte Constitucional contenidos en la Sentencia C-614 de 2009. En consecuencia, las entidades, del sector salud, dependiendo del carácter público o privado, podrán utilizarlas siguientes formas de vinculación:
(...)
f) Contratos de Asociación Público Privada, cuyo objeto sea el mejoramiento o equipamiento de la infraestructura o parte de ella con los servicios conexos, mantenimiento y operación, de acuerdo a la Ley 1508 de 2012
(...)
En los casos de afectación de los principios y derechos constitucionales, legales y prestacionales, los organismos competentes adelantarán las investigaciones y, si es del caso, aplicarán las sanciones correspondientes, sin perjuicio de que se proceda a corregir de manera inmediata la situación anómala.
Finalmente, se informa que a efecto de protegerlos derechos de los trabajadores en el Sector Salud, la guía de la Política será el concepto de trabajo digno y decente en los términos definidos por la OIT, el cual puede ser sintetizado en cuatro objetivos estratégicos: principios y derechos fundamentales en el trabajo y normas laborales internacionales; oportunidades de empleo e ingresos; protección y seguridad social, y diálogo social. Estos objetivos tienen validez para todas las personas que prestan sus servicios en el sector.”
Igualmente, a través del documento[9] oficial denominado asociaciones público privadas en el Sector Salud, emitido por la Dirección de Prestación de Servicios de Salud y Atención Primaria del Ministerio de Salud y Protección Social, indicó los principales aspectos a considerar en la estructuración y desarrollo de las referidas asociaciones, en el marco de lo establecido en la Ley 1508 de 2012 y demás normas concordantes. Específicamente, respecto a los Proyectos de Salud a desarrollar bajo el esquema de APP, señaló lo siguiente:
“Proyectos de Salud a desarrollar bajo el Esquema de APP.
(...)
En el caso del Sector Salud, en los proyectos a desarrollar bajo el esquema de APP, la entidad estatal competente correspondería a un Departamento, Distrito, Municipio certificado, o a la Nación en lo de su competencia (como en el caso de Empresas Sociales del Estado del nivel nacional u otras infraestructuras de salud que le conciernan).
Con relación a las Empresas Sociales del Estado - ESE, el artículo 28 de la Ley 1508 de 2016 señala que "Las Empresas Sociales del Estado que en desarrollo de la presente ley celebren contratos bajo esquemas de Asociaciones Público Privadas, elaborarán sus presupuestos anuales con base en el recaudo efectivo realizado en el año inmediatamente anterior al que elabora el presupuesto actualizado de acuerdo con la inflación esperada de ese año y hasta el 20% de la cartera pendiente por recaudar de vigencias anteriores”.
Cuando la ESE celebre un contrato de APP que involucre la prestación de servicios de salud, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, solo se podrá encargar al privado dicha prestación, cuando: i) no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, ii) ésta no se pueda realizar por personal de planta de la ESE, o iii) se requieran conocimientos especializados. Así mismo, se deberá tomar en consideración lo establecido por el artículo 103 de la Ley 1438 de 2011 con relación a la contratación de personal misional permanente.” (Negrilla fuera del texto)
En igual sentido, el documento en cita se pronunció respecto a los modelos de infraestructura de las asociaciones público privadas, como son el de Infraestructura en Salud y el Modelo integral en Salud, así:
"2.1 Modelo de APP de Infraestructura de Salud.
En este tipo de Modelo, la entidad estatal competente le puede encargar al contratista privado el diseño, construcción, mejoramiento o reparación de la infraestructura y su operación y mantenimiento, así como la provisión de la dotación hospitalaria y su mantenimiento. De igual forma, también le podrá encomendar la operación de servicios de apoyo no clínico y explotación de áreas, en función de las especificidades del proyecto (DNP- KPGM, 2015).
Para efectos de lo anterior, se incluyen los siguientes alcances:
- Construcción de obra nueva: se refiere a proyectos para la construcción de infraestructura física que se adelante en terrenos no intervenidos o en aquellos en los que se reponga parcial o totalmente la edificación existente.
-Reparación o mejoramiento: corresponde a proyectos para la rehabilitación o mejora de las condiciones de la infraestructura de salud existente (sin ampliación del área construida) para su adecuación a requerimientos de espacio, uso y nuevas tecnologías. Cuando los proyectos incluyan incremento del área física construida de una edificación existente, corresponderán a proyectos de ampliación. Este tipo de proyecto debe incluir dentro de su alcance, el componente de reforzamiento estructural con los requisitos establecidos para este tipo de proyectos de la infraestructura existente.
- Equipamiento: cuando se refieren a dotación en infraestructura corresponden a la adquisición de equipos industriales de uso hospitalario, de apoyo a los servicios asistenciales como plantas eléctricas, equipos de lavandería y cocina, de seguridad, calderas, esterilizadores, refrigeración, ascensores, entre otros. En el caso de dotación de equipos biomédicos. se refieren a la adquisición de cualquier equipo de este tipo, utilizado solo o en combinación, con sus respectivos componentes, accesorios y programas informáticos, fabricado, vendido o recomendado para uso en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. La reposición por su parte hace referencia al reemplazo de equipos biomédicos por daño o por modernización de los mismos (MSPS - Findeter, 2013).
2.2 Modelo de APP Integral de Salud En los contratos de APP de salud, las entidades estatales contratantes, además de lo señalado en el Modelo de APP de Infraestructura, pueden encargar al contratista privado la prestación de los servicios de salud con niveles y estándares de calidad definidos, es decir, pueden desarrollar un Modelo Integral de APP en Salud.
En tal sentido, al contratista privado le correspondería:
- El diseño, construcción y/o mejoramiento y/o reparación de la infraestructura y su operación y mantenimiento durante el contrato de APP.
- La dotación hospitalaria y su mantenimiento durante el periodo del contrato de APP. - La dotación del equipo biomédico para la provisión de los servicios de salud y su mantenimiento durante el contrato de APP.
- La operación de servicios de apoyo no clínico y la explotación de áreas comerciales durante el contrato de APP. - La prestación de los servicios de salud (clínicos) durante el contrato de APP (DNP - KPGM. 2015.”
Desde el punto de vista conceptual es pertinente señalar que, mediante el pronunciamiento con radicado 20156000067931 del 23 de abril de 2015, la Dirección Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública indicó qué se entiende por actividades de apoyo, así:
"Las actividades que conforman los "servicios generales", tienen la connotación de servir de apoyo a la entidad, como un todo, para su correcto funcionamiento. Dichos servicios no benefician a una Área o dependencia específica, sino que facilitan la operatividad de toda organización y se caracterizan por el predominio de actividades de simple ejecución y de índole manual. Dentro de éstos podemos precisar los suministros, el transporte, la correspondencia y archivo, la vigilancia, cafetería, aseo, jardinería, mantenimiento, etc. ”
Así mismo, por medio del concepto con radicado 20196000042011 del 13 de febrero de 2019, la Dirección Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública, invocó el concepto con No 951 de 1997, de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el cual se señaló que las actividades de apoyo son aquellas que no corresponden al objeto principal de la entidad, es decir, las que se encuentran dentro del ámbito de las actividades complementarías, así:
"De otra parte, respecto a la contratación de los servicios de vigilancia, el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, mediante concepto radicado con el No. 951 de 1997, expresó lo siguiente:
(...)
Desde otra perspectiva de análisis, la sala considera que por fuera del ejercicio propiamente de funciones públicas y que por tanto no corresponden al objeto principal de la entidad, es decir dentro del ámbito de las actividades complementarias -de apoyo a la función administrativa- es procedente la contratación con particulares: para tales eventos, el contrato pertinente es el de suministro.
Mediante el contrato de suministro es viable entonces que la administración pública cumpla actividades de apoyo o complementación de la función administrativa, tal como ocurre en los casos específicos de atención de los servicios de aseo, mantenimiento, cafetería y vigilancia, siempre que se obre con sujeción a los principios orientadores de la función administrativa: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad y dentro del marco estatutario previsto en la ley 80 de 1993.o
Es de anotar que, en el documento[10] cuya fuente es el Departamento Nacional de Planeación- DNP - KPMG 2015, denominado Consultoría para realizar un análisis de las asociaciones público privadas (APP) previsto en la Ley 1508 de 2012 en el sector salud en Colombia, se indicó lo referente a las actividades administrativas y las actividades de apoyo, como se cita a continuación:
“Prestación de servicios clínicos (bata blanca): De acuerdo con la Resolución 2003 de 2014 “se entiende por servicios de salud el conjunto de recursos, insumos, procesos y procedimientos organizados y autorizados con el objeto de prevenir las enfermedades, promover, mantener, recuperar y/o rehabilitar la salud de las personas”.
10 Prestación de servicios de apoyo clínico (bata verde): Son aquellas con una gran capacidad instalada que requieren tecnología avanzada o de punta, las cuales por lo general generan altos costos en su adquisición, actualización y mantenimiento como: unidades de cuidado intensivo neonatal, pediátrico y adulto; servicios integrales de imagenología, laboratorio clínico, servicios de hemodinámica: cardiovascular y unidad renal principalmente.
11 Actividades Administrativas (bata gris): se concentran fundamentalmente en los servicios de facturación, servicios de Cali Center, manejo de desechos patógenos y suministros de medicamentos. Actividades de Apoyo Logísticos (bata gris): incluyen principalmente los servicios de aseo, cafetería, vigilancia, transporte y lavandería”
Ahora bien, es del caso precisar que la Resolución 2003 de 2014 fue derogada por la Resolución 3100 de 2019[11], la cual, en el numeral 1.2 del anexo técnico, relativo a la Estructura de los Servicios de Salud, señaló qué se entiende por servicio de salud:
“1.2. SERVICIO DE SALUD. Para efectos del presente manual, el servicio de salud es la unidad básica habilitable del Sistema Único de Habilitación, conformado por procesos, procedimientos, actividades, recursos humanos, físicos, tecnológicos y de información con un alcance definida, que tiene por objeto satisfacer las necesidades en salud en el marco de la segundad del paciente, y en cualquiera de las fases de la atención en salud (promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación de la enfermedad). Su alcance no incluye los servicios de educación, vivienda, protección, alimentación ni apoyo a la justicia.
En consecuencia, los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores y de habilitación establecidos en el presente manual se encuentran estructurados sobre la organización de los servicios de salud. ”
El documento denominado Consultoría para realizar un análisis de las asociaciones público privadas (APP) en su Capítulo 5 “Aspectos Técnicos, Financieros, legales e Institucionales” en términos generales, estableció que sería recomendable fragmentar los servicios administrativos y de apoyo logístico, los cuales, a su criterio, no se encuentran relacionados con lo misional:
“En términos generales, para ambos tipos de esquemas se debe tener en cuenta que el operador tiene la posibilidad de asumir actividades operativas médicas, administrativas y de apoyo logístico. Se debe definir las que éste efectivamente debería asumir, de acuerdo con la conveniencia para los usuarios finales, el equilibrio económico de las partes del contrato y la no pérdida del control del ente público, lo cual se definirá de acuerdo con las características de cada proyecto. La asignación de funciones, en medio de la asignación de servicios, debe garantizar que no se pierda el control, esto es, que no se fraccione la prestación de servicios, que por interdependencia, deben estar bien coordinados y bajo el mismo prestador. En general no se recomienda fragmentar la operación de los servicios de bata blanca y verde, sin embargo, se podría considerar tercerizar los servicios de bata gris los cuales no se encuentran íntimamente relacionados con lo misional. ”
IV. CONCEPTO JURÍDICO.
Ei artículo 49 de la Constitución Política consagró que la Seguridad Social es un servicio público. Por su parte, el artículo 365 ibídem dispone que los servicios públicos podrán ser prestados por el Estado directa o indirectamente, para lo cual este mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.
A la luz del artículo 1 de la Ley 1508 de 2012, las asociaciones público privadas son un instrumento de vinculación de capital privado que se materializa en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y sus servicios relacionados. A su vez, el artículo 2 de la ley en comento precisó que las concesiones previstas en el numeral 4o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 se encuentran comprendidas dentro de los esquemas de APP. Por su parte, el artículo 3 de Ley 1508 de 2012, dispuso que la misma será aplicable a los contratos en los cuales las entidades estatales encarguen a un inversionista privado, entre otras, el diseño y construcción de una infraestructura y sus servicios asociados, y previo que dichos contratos pueden versar sobre infraestructura, para la prestación de servicios públicos.
Precisado lo anterior, deberá indicarse que esta Cartera Ministerial, a través del documento oficial denominado asociaciones público privadas en el sector salud, emitido por la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria, indicó cuáles son los principales aspectos a considerar en la estructuración y desarrollo de las referidas asociaciones, en el marco de lo establecido en la Ley 1508 de 2012 y demás normas concordantes, precisando, además, las dos clases de modelos de asociaciones público privadas: (i) el Modelo APP de Infraestructura en Salud, por medio del cual se le puede encargar al privado el diseño, construcción, la operación de servicios de apoyo no clínico y explotación de áreas, en función de las especificidades del proyecto, (ii) el modelo de APP Integral en Salud, en el que, además de lo dispuesto para el modelo de APP de Infraestructura, pueden encargar al contratista privado la prestación de los servicios de salud.
Es importante señalar que las Empresas Sociales del Estado tienen como objeto misional la prestación de forma directa de los servicios en salud, de conformidad a lo previsto en el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 780 de 2016.
Es preciso indicar que el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011 facultó a las Empresas Sociales del Estado para desarrollar sus funciones mediante la contratación con terceros. No obstante, en sentencia C-171 de 2012, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de dicha norma, precisando que la facultad de contratación que esta consagra solo puede ejercerse cuando: (i) no se trate de funciones de carácter permanente o propias de la entidad, (ii) estas funciones no pueden llevarse a cabo por el personal de planta de la misma o (iii) se requiera de conocimientos especializados.
De acuerdo con el primer condicionante señalado por la Corte Constitucional, solo aquellas actividades que no hacen parte de la función misional de la entidad, esto es, que constituyan actividades complementarias, pueden ser entregadas a terceros.
En la misma sentencia, la Corte estableció los criterios para determinar qué constituye una función de carácter permanente: (i) el criterio funcional, (ii) el de igualdad, (iii) el temporal o de habitualidad (iv) el de excepcionalidad y (v) el de continuidad.
Por su parte, el artículo 103 de la Ley 1438 de 2011 indicó que el personal misional permanente de las Instituciones Publicas Prestadoras de Salud no podrá estar vinculado bajo ninguna modalidad que afecte sus derechos constitucionales, legales y prestacionales, previstos en la normativa laboral vigente. En concordancia con lo anterior, el artículo 2 del Decreto Ley 2400 de 1968, modificado por el artículo 1 del Decreto 3074 del mismo año, determinó que, para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes.
Entonces, teniendo en cuenta que, por mandato legal, el objeto misional de las Empresas Sociales del Estado es la prestación directa de los servicios de salud, es claro que la facultad de contratación con terceros, que les confiere el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, solo podrían ejercerla respecto de esa función, mediante la celebración de contratos de asociación público privada o de concesión, cuando: (i) se requiera de conocimientos especializados o (ii) no se pueda realizar por el personal de planta de la entidad.
En este orden, es posible concluir que las actividades de apoyo y administrativas, denominadas bata gris, esto es, las que, de conformidad con lo indicado en el documento Consultoría para realizar un análisis de las asociaciones público privadas (APP), cuya fuente es el DNP. “se concentran fundamentalmente en los servicios de facturación, servicios de Call Center, manejo de desechos patógenos y suministros de medicamentos. Actividades de Apoyo Logísticos (bata gris): incluyen principalmente los servicios de aseo, cafetería, vigilancia, transporte y lavandería", pueden ser contratadas con terceros, a no ser que tengan un vínculo directo con la función misional de la entidad, es decir, con la prestación de servicios de salud, caso en el cual la contratación solo sería procedente si se cumplen las dos condiciones señaladas en el párrafo precedente.
Por lo tanto, la posibilidad de entregar a terceros las actividades de administración y de apoyo de las Empresas Sociales del Estado, mediante la suscripción de asociaciones público privadas o contratos de concesión, tendrá que resolverse en cada caso concreto, determinando si las labores a contratar tienen el carácter de misional y/o permanente, dando aplicación a las reglas establecidas en la ley y la jurisprudencia analizadas con anterioridad.
El presente concepto tiene los efectos determinados en el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015[12]
Cordialmente,
ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
Directora Jurídica
1. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
2. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
3. Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
4. Sentencia C-171/12. Referencia: expediente D-8666. Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
5. Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones.
6. Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones
7. Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones
8. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 2400 de 1968
9. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/Asociaciones-publico-privadas-salud.pdf
10.https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Participacin%20privada%20en%20proyectos%20de%20infraestructu/01092015_Resumen%20Ejecutivo%20-Salud%20APP%20v.1.pdf
11. Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud"
12. Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el Titulo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.