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CONCEPTO 2858022 DE 2026

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Asunto:Consulta relacionada con presunto uso indebido de datos personales de víctimas de accidentes de tránsito y actuaciones de aseguradoras que operan el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT. Radicado: 2026423002858022 ID: 2165460

Respetada señora:

Hemos recibido su comunicación, mediante la cual presenta derecho de petición y pone en conocimiento de este Ministerio situaciones relacionadas con el presunto tratamiento indebido de datos personales de pacientes víctimas de accidentes de tránsito, así como con eventuales contactos, solicitudes de información y actuaciones atribuidas a aseguradoras que operan el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT.

En su escrito se formulan cinco interrogantes relacionados con la posibilidad de que las aseguradoras contacten directamente a pacientes víctimas de accidentes de tránsito, la transferencia de datos personales, el tratamiento de datos sensibles, las actuaciones de verificación o investigación que podrían adelantar dichas entidades y los posibles motivos de objeción frente a reclamaciones derivadas de la atención en salud de víctimas de accidentes de tránsito. La consulta fue planteada en los siguientes términos:

"(...)

Debido a que existen algunas quejas de pacientes víctimas de accidentes de tránsito que manifiestan que se estarían filtrando datos personales e información personal y se estarían quejando de que la filtración presuntamente estaría dándose por parte de la aseguradora. Se estarían dando hechos delicados que ponen en riesgo la seguridad de los pacientes y se estarían dando las siguientes presuntas situaciones denunciadas por algunos pacientes quienes insinúan que podría ser por parte de las aseguradoras que operan el SOAT:

1. Que los estarían llamando, pidiéndoles dinero para brindarles atención en salud

2. Que los estarían llamando para pedirles información referente a situaciones de orden personal y experiencias y otros datos personales en nombre y representación de la aseguradora.

3. Que presuntamente los estarían llamando mediante amenazas, amedrentamiento y acoso, insinuando la realización de acciones indebidas y la comisión de presuntos delitos, así como la coacción para manifestar mentiras contra los prestadores de servicios de salud que le prestaron servicios o insinuando que deben confirmar cosas que no son ciertas.

(...)"

- FUNDAMENTOS NORMATIVOS

Para resolver la consulta planteada, se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones legales:

1. Ley Estatutaria 1581 de 2012[1]

El artículo 1o. de la Ley 1581 de 2012 dispone:

"Artículo 1o. Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma."

Así mismo, el artículo 2o. ibidem establece el ámbito de aplicación de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, en los siguientes términos:

"Artículo 2o. Ámbito de aplicación. Los principios y disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada.

La presente ley aplicará al tratamiento de datos personales efectuado en territorio colombiano o cuando al Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento no establecido en territorio nacional le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales.

El régimen de protección de datos personales que se establece en la presente ley no será de aplicación:

a) A las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico.

Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, de manera previa, informar al Titular y solicitar su autorización. En este caso los Responsables y Encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a las disposiciones contenidas en la presente ley;

(...)"

De igual manera, el artículo 3o. de la ley en comento contiene definiciones relevantes para el tema objeto de consulta, particularmente en lo relacionado con la autorización del titular, el concepto de dato personal y el tratamiento de datos personales:

"Artículo 3o. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por:

a) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento de datos personales;

b) Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento;

c) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables;

d) Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento;

e) Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos;

f) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento;

g) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión."

Por su parte, el artículo 4o. de la Ley 1581 de 2012 consagra los principios que rigen el tratamiento de datos personales. Para el caso objeto de análisis resultan especialmente relevantes los principios de legalidad, finalidad, libertad, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad, así:

"Artículo 4o. Principios para el Tratamiento de datos personales. En el desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley, se aplicarán, de manera armónica e integral, los siguientes principios:

a) Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que se refiere la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen;

b) Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular;

c) Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento;

(...)

f) Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la presente ley;

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley;

g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;

h) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma.".

A su vez, el artículo 5o. ibidem define los datos sensibles, categoría dentro de la cual se encuentra la información relativa a la salud, así:

"Artículo 5o. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

En relación con el tratamiento de datos sensibles, el artículo 6o. de la ley en cita prevé:

"Artículo 6o. Tratamiento de datos sensibles. Se prohíbe el Tratamiento de datos sensibles, excepto cuando:

a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización;

b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán otorgar su autorización;

c) El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la autorización del Titular;

d) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial;

e) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los Titulares.".

Igualmente, el artículo 8o. de la Ley 1581 de 2012 reconoce los derechos de los titulares de los datos personales. Para la consulta formulada, resulta pertinente referenciar los derechos a solicitar prueba de la autorización otorgada, ser informado sobre el uso dado a los datos personales y presentar quejas ante la autoridad competente. Para el efecto, la norma dispone:

"Artículo 8o. Derechos de los Titulares. El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos:

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado;

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley;

c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales;

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen;

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución;

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

El artículo 9o. ibidem la regla general de autorización previa e informada del titular:

"Artículo 9o. Autorización del Titular. Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior."

No obstante, el artículo 10 de la ley en comento señala los eventos en los cuales no se requiere autorización del titular, sin que ello releve al responsable o encargado del cumplimiento de las demás disposiciones de la ley:

"Artículo 10. Casos en que no es necesaria la autorización. La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de:

a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial;

b) Datos de naturaleza pública;

c) Casos de urgencia médica o sanitaria;

d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos;

e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.

Quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en todo caso cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley.".

Finalmente, el artículo 13 de la Ley 1581 de 2012 establece las personas a quienes puede suministrarse la información:

"Artículo 13. Personas a quienes se les puede suministrar la información. La información que reúna las condiciones establecidas en la presente ley podrá suministrarse a las siguientes personas:

a) A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales;

b) A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial;

c) A los terceros autorizados por el Titular o por la ley."

De las disposiciones transcritas se advierte que la recolección, uso, circulación, transferencia, suministro o cualquier otra operación sobre datos personales de pacientes víctimas de accidentes de tránsito debe sujetarse al régimen general de protección de datos personales. En particular, cuando la información corresponda a datos relativos a la salud, se trata de datos sensibles, razón por la cual su tratamiento exige una protección reforzada y sólo procede en los eventos autorizados por la Ley Estatutaria 1581 de 2012.

2. Resolución 1236 de 2023[2]

La Resolución 1236 de 2023, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, define los requisitos, criterios y condiciones para la presentación de reclamaciones, la realización de la auditoría integral y el pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de las víctimas de accidentes de tránsito, eventos terroristas y eventos catastróficos de origen natural, presentados ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES.

El artículo 1o. establece el objeto de la resolución en cita, así:

"Artículo 1o. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer el procedimiento que contenga los requisitos, criterios y condiciones para el trámite de las reclamaciones y el pago, a cargo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), por concepto de servicios de salud y prestaciones económicas derivadas de los eventos establecidos en el artículo 167 de la Ley 100 de 1993, así como la realización de la auditoría integral."

El artículo 2o. ibidem señala su ámbito de aplicación en los siguientes términos:

"Artículo 2o. Ámbito de aplicación. El presente acto administrativo aplica a la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (ADRES), a las personas naturales y jurídicas legitimadas para reclamar ante la ADRES, el reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos previstos en el artículo 167 de la Ley 100 de 1993, y a las aseguradoras autorizadas para operar el SOAT, cuando así lo señale el presente acto." ( resaltos fuera de texto)

A su vez, el artículo 5o. de la Resolución 1236 de 2023 define los soportes de la prestación de servicios de salud que deben acreditarse por parte del reclamante ante la ADRES o a las Administradoras del SOAT, así:

"Artículo 5o. Soportes de la prestación de los servicios de salud. Las condiciones y documentos que deben acreditarse por parte del reclamante ante la ADRES o las aseguradoras, según corresponda, son:

5.1. Resumen de atención cuando no sea obligatorio el diligenciamiento de la epicrisis. Serán válidos como resumen de atención, uno o varios de los siguientes documentos: la hoja de traslado de la víctima, la hoja de evolución, la hoja de referencia y contrarreferencia, la hoja de administración de medicamentos, la hoja de atención de urgencias, la historia clínica, el registro de anestesia, la fórmula médica, el soporte de lectura o interpretación de paraclínicos y las imágenes diagnósticas realizadas al momento del ingreso y egreso, así como el soporte de lectura.

5.2. Factura electrónica de venta y/o documento equivalente del reclamante y certificación de pago de quien prestó el servicio, cuando el mismo ha sido prestado a través de un tercero.

5.3. Cuando se reclame el valor del material de osteosíntesis, copia de la factura electrónica de venta y/o equivalente, expedida por el proveedor, ya que esta soportará las tarifas máximas a reconocer.

5.4. Cuando se trate de eventos catastróficos de origen natural, o eventos terroristas, además de los documentos anteriormente descritos, será preciso adjuntar el certificado emitido por el consejo municipal de gestión del riesgo, en el que conste que la persona es o fue víctima de uno de los eventos mencionados, conforme con lo establecido en el artículo 2.6.1.4.3.9 del Decreto número 780 del 2016.

En todo caso, los soportes de que trata el presente artículo deberán guardar relación entre los servicios prestados y el evento que origina la reclamación."

En consecuencia, con las normas mencionadas, el trámite de reclamaciones y la auditoría integral tienen por finalidad verificar el cumplimiento de requisitos, criterios y condiciones para el reconocimiento y pago de los servicios de salud y prestaciones económicas derivadas, entre otros eventos, de accidentes de tránsito. No obstante, tales actuaciones deben desarrollarse de manera armónica con el régimen de protección de datos personales, especialmente cuando se trate de información relacionada con la salud de las víctimas, por tratarse de datos sensibles.

3. Decreto 780 de 2016[3]

El Decreto 780 de 2016, compila disposiciones relacionadas con el reconocimiento y pago de servicios de salud, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas y otros eventos aprobados.

Para el presente asunto resulta pertinente citar el artículo 2.6.1.4.3, en cuanto contiene definiciones aplicables al régimen de reclamaciones por accidentes de tránsito. En lo pertinente, la norma dispone:

"Artículo 2.6.1.4.3. Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente Capítulo, adóptense las siguientes definiciones:

1. Accidente de tránsito. Suceso ocurrido dentro del territorio nacional, en el que se cause daño en la integridad física o mental de una o varias personas, como consecuencia del uso de la vía por al menos un vehículo automotor.

No se entenderá como accidente de tránsito para los efectos de este Capítulo, aquel producido por la participación del vehículo automotor en espectáculos o actividades deportivas.

2. Beneficiario. Es la persona que acredite tener derecho a los servicios médicos, indemnizaciones y/o gastos de que tratan los artículos 2.6.1.4.1.3 a 2.6.1.4.2.19 del presente decreto, de acuerdo con las coberturas allí señaladas.

(...)

8. Víctima. Es toda persona que ha sufrido daño en su salud como consecuencia de un accidente de tránsito, de un evento catastrófico de origen natural, de un evento terrorista o de otro evento aprobado."

Las anteriores definiciones permiten ubicar el marco general dentro del cual se inscribe la consulta, esto es, el tratamiento de información de personas que han sufrido daño en su salud como consecuencia de un accidente de tránsito. Sin embargo, las reglas sobre reclamaciones, auditoría o reconocimiento de pagos no pueden entenderse como una autorización para desconocer el régimen de protección de datos personales previsto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012.

- RESPUESTA A LOS INTERROGANTES PLANTEADOS

De conformidad con el marco normativo que regula la estructura y funciones del Ministerio de Salud y Protección Social, particularmente el Decreto 120 de 2026[4], a esta entidad le corresponde formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud, salud pública y promoción social en salud, así como orientar el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el marco de sus competencias.

En ese contexto, el presente pronunciamiento se emite con alcance general y orientador, a partir de las disposiciones que regulan el tratamiento de datos personales, los datos sensibles, las reclamaciones asociadas al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT y las competencias de las autoridades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control. En consecuencia, las consideraciones que se exponen a continuación no tienen por objeto resolver casos particulares, verificar la ocurrencia de los hechos narrados en la petición, valorar pruebas, calificar conductas presuntamente irregulares o punibles, determinar responsabilidades individuales ni imponer sanciones.

Así, aunque en el escrito se refieren situaciones concretas relacionadas con presuntas llamadas, solicitudes de información, requerimientos de dinero, amenazas, acoso, constreñimiento o uso indebido de datos personales de pacientes víctimas de accidentes de tránsito, este Ministerio no es la autoridad competente para evaluar dichas circunstancias. Por tanto, tales hechos, de considerarlo procedente la peticionaria y de acuerdo con la documentación o soportes con que cuente, deberán ser puestos en conocimiento de las autoridades competentes, según la materia de que se trate.

Ahora bien, desde el punto de vista general, cualquier actuación relacionada con la recolección, uso, circulación, transferencia, suministro o, en general, tratamiento de datos personales de pacientes víctimas de accidentes de tránsito debe sujetarse al régimen de protección de datos personales previsto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012. En particular, cuando la información corresponda a datos relativos a la salud, esta tiene la naturaleza de dato sensible, razón por la cual su tratamiento exige una protección reforzada y sólo puede realizarse en los eventos autorizados por la ley.

Bajo ese entendido, las actuaciones de verificación, auditoría o trámite de reclamaciones asociadas al SOAT no pueden interpretarse como una autorización para desconocer los principios de legalidad, finalidad, libertad, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad, ni los derechos de los titulares de la información.

Con fundamento en lo anterior, se procede a resolver los interrogantes planteados, previa transcripción de cada uno de ellos, en los siguientes términos:

"1. ¿Ustedes dentro de las funciones y derechos otorgados a las aseguradoras, autorizan a las aseguradoras a realizar llamadas directamente a los pacientes víctimas de accidentes de tránsito?"

Este Ministerio no autoriza de manera particular o individual las comunicaciones que puedan realizar las aseguradoras con pacientes víctimas de accidentes de tránsito. No obstante, cualquier contacto que implique recolección, uso, circulación, transferencia o, en general, tratamiento de datos personales deberá realizarse con estricta sujeción al régimen de protección de datos personales previsto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012.

En especial, cuando la información objeto de tratamiento corresponda a datos relativos a la salud, debe tenerse en cuenta que esta tiene la naturaleza de dato sensible, conforme al artículo 5o. de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, razón por la cual su tratamiento se encuentra sometido a reglas reforzadas de protección.

"2. ¿Ustedes dentro de las funciones y derechos otorgados a las aseguradoras, autorizan a las aseguradoras a hacer transferencias de datos no autorizadas por las víctimas de accidentes de tránsito para que las aseguradoras los acosen y los constriñen?"

Este Ministerio no autoriza transferencias de datos personales o sensibles. Conforme a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el tratamiento de datos personales debe sujetarse, entre otros, a los principios de legalidad, finalidad, libertad, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad.

En virtud del principio de libertad, los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin autorización previa, salvo que exista mandato legal o judicial que releve dicho consentimiento. Así mismo, el artículo 13 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 prevé que la información puede suministrarse a los titulares, sus causahabientes o representantes legales; a las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; y a terceros autorizados por el titular o por la ley.

Ahora bien, frente a las presuntas conductas de acoso, amenazas o constreñimiento referidas en la comunicación, este Ministerio no es competente para calificarlas ni investigarlas, sin perjuicio de que la peticionaria acuda ante las autoridades competentes con los elementos probatorios que considere pertinentes para formular las respectivas quejas o denuncias.

"3. En el proceso de competencias, funciones y derechos otorgados a las aseguradoras, ¿incluyen la omisión del debido proceso de autorización de uso de datos personales previamente a los pacientes víctimas de accidentes de tránsito y también para difundir datos personales y sensibles a terceras personas con argumento de investigación?"

Las funciones o actuaciones que puedan adelantar las aseguradoras en relación con reclamaciones derivadas del SOAT no pueden entenderse como una autorización para omitir el régimen de protección de datos personales. Por el contrario, toda recolección, uso, circulación, transferencia o difusión de datos personales deberá sujetarse a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, especialmente cuando se trate de datos sensibles relativos a la salud.

El artículo 6o. de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 prohíbe el tratamiento de datos sensibles, salvo en los eventos expresamente señalados en dicha disposición. Por tanto, el tratamiento de información de salud exige verificar si existe autorización explícita del titular, una habilitación legal, una orden judicial o alguna de las excepciones previstas en la ley.

En ese sentido, las eventuales actuaciones de verificación, revisión o auditoría relacionadas con reclamaciones asociadas al SOAT deben desarrollarse dentro del marco legal aplicable, sin desconocer los derechos de los titulares de los datos personales ni las reglas especiales de protección de datos sensibles.

"4. ¿Cómo es el proceso de investigación que está autorizado por el Estado que puede realizar la aseguradora? Favor describirlo y explicar el fundamento normativo. "

En relación con este interrogante, debe precisarse que el ordenamiento jurídico regula actuaciones de presentación de reclamaciones, verificación, auditoría integral y pago de servicios de salud y prestaciones económicas derivadas de accidentes de tránsito, entre otros eventos. La Resolución 1236 de 2023 establece el procedimiento que contiene los requisitos, criterios y condiciones para el trámite de reclamaciones y el pago a cargo de la ADRES y aseguradoras del SOAT, así como la realización de la auditoría integral.

De acuerdo con el artículo 3o. de dicha resolución, la auditoría integral es el proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de los requisitos, criterios y condiciones establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para el reconocimiento y pago de las reclamaciones radicadas ante la ADRES, respecto de los eventos señalados en el artículo 167 de la Ley 100 de 1993.

No obstante, debe aclararse que tales actuaciones de verificación o auditoría no constituyen autorización para realizar tratamientos de datos personales por fuera de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, ni para afectar derechos fundamentales de los titulares de la información. En consecuencia, toda actuación relacionada con información personal o sensible deberá sujetarse a las finalidades legalmente permitidas y a las reglas de autorización, circulación restringida, seguridad y confidencialidad previstas en el régimen general de protección de datos personales.

"5. ¿Cuáles serían los actos propios de responsabilidad del prestador de servicios de salud que podrían constituirse en un motivo de objeción, dentro del debido proceso de investigación que sea propio de una responsabilidad del prestador de servicios de salud en ocasión de la atención de una víctima de accidente de tránsito debidamente asegurada?"

La determinación de responsabilidades concretas de un prestador de servicios de salud, así como la definición de motivos particulares de objeción en una reclamación específica, exige el análisis del caso concreto y de los soportes asistenciales, administrativos, financieros y de auditoría correspondientes. Por tanto, este Ministerio no puede, mediante concepto general, declarar la responsabilidad de un prestador ni definir la procedencia o improcedencia de una objeción particular.

En ese sentido, las inconsistencias o incumplimientos asociados a la información, soportes, veracidad, completitud o relación entre los servicios prestados y el evento que origina la reclamación deberán ser valorados por la autoridad o entidad competente dentro del trámite respectivo, conforme al marco normativo aplicable y con observancia del debido proceso.

- ORIENTACIÓN SOBRE AUTORIDADES COMPETENTES

Sin perjuicio de las respuestas anteriores, y teniendo en cuenta que este Ministerio no es competente para verificar, investigar, calificar jurídicamente o sancionar los hechos particulares descritos en la comunicación, corresponderá a la peticionaria, según el análisis que realice de los hechos narrados, los soportes con que cuente y la materia involucrada, acudir ante las autoridades competentes para formular las quejas o denuncias correspondientes.

En ese sentido, si considera que los hechos se relacionan con el presunto tratamiento indebido de datos personales o datos sensibles, tales como la recolección, uso, circulación, transferencia, suministro o divulgación de información personal sin autorización o por fuera de los eventos permitidos por la ley, podrá acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el literal d) del artículo 8o. de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que reconoce a los titulares el derecho a presentar ante dicha Superintendencia quejas por infracciones al régimen de protección de datos personales.

Así mismo, deberá tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 16 [5] de la misma ley, conforme al cual el titular o causahabiente sólo podrá elevar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante el responsable o encargado del tratamiento, cuando ello resulte exigible conforme al caso.

Si los hechos involucran actuaciones atribuibles a entidades aseguradoras autorizadas para operar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT, la peticionaria podrá ponerlos en conocimiento de la Superintendencia Financiera de Colombia, en el marco de sus competencias respecto de las entidades vigiladas del sector financiero y asegurador. Al respecto, el Decreto 2555 de 2010 [6] recoge y reexpide normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores, y en su artículo 1.1.1.1.1 [7] identifica como entidades aseguradoras a las compañías y cooperativas de seguros y de reaseguros.

Así mismo, si las situaciones descritas se relacionan con la prestación efectiva, oportuna y continua de los servicios de salud, o con actuaciones de prestadores de servicios de salud u otros actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la peticionaria podrá acudir ante la Superintendencia Nacional de Salud, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control. Sobre el particular, los artículos 36 [8] y 37 [9] de la Ley 1122 de 2007[10] regulan el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los ejes bajo los cuales la Superintendencia Nacional de Salud ejerce dichas funciones. De igual forma, el artículo 121 [11] de la Ley 1438 de 2011 [12] identifica los sujetos sometidos a inspección, vigilancia y control de dicha Superintendencia.

Finalmente, si del análisis de los hechos la peticionaria considera que las conductas descritas podrían tener relevancia penal, podrá ponerlas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, para que dicha autoridad determine, en el marco de sus competencias, si los hechos relatados revisten o no las características de una conducta punible. Lo anterior, de conformidad con el artículo 250 [13] de la Constitución Política, según el cual la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de delito y lleguen a su conocimiento por denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre que medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo.

El presente pronunciamiento tiene el efecto determinado en el artículo 28 del Código del procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su Título II, por el artículo 1o. de la Ley 1755 de 2015 [14], el cual establece que: "Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución".

Cordialmente,

<NOTAS DE PIE DE PÁGINA>.

1. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

2. Por la cual se definen los requisitos, criterios y condiciones para la presentación de las reclamaciones, la realización de la auditoría integral y el pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de las víctimas de accidentes de tránsito, eventos terroristas y eventos catastróficos de origen natural presentados ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

3. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social

4. por el cual se establece la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social.

5. Artículo 16. Requisito de procedibilidad. El Titular o causahabiente sólo podrá elevar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante el Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento.

6. por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones.

7. Artículo 1.1.1.1.1 Definiciones. Para los efectos del presente decreto, las siguientes expresiones tendrán el significado que para cada una de ellas se indica:

(...)

Intermediarios de seguros: los corredores, las agencias y los agentes de seguros.

Intermediarios de reaseguros: los corredores de reaseguros.

(...).

8. Artículo 36. Sistema de Inspección, Vigilancia y Control. Créase el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud como un conjunto de normas, agentes, y procesos articulados entre sí, el cual estará en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud de acuerdo con sus competencias constitucionales y legales, sin perjuicio de las facultades asignadas al Instituto Nacional de Salud y al Invima.

9. Artículo 37. Ejes del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia Nacional de Salud. Para cumplir con las funciones de inspección, vigilancia y control la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá sus funciones teniendo como base los siguientes ejes:

1. Financiamiento. Su objetivo es vigilar por la eficiencia, eficacia y efectividad en la generación, flujo, administración y aplicación de los recursos del sector salud.

2. Aseguramiento. Su objetivo es vigilar el cumplimiento de los derechos derivados de la afiliación o vinculación de la población a un plan de beneficios de salud.

3. Prestación de servicios de atención en salud pública. Su objetivo es vigilar que la prestación de los servicios de atención en salud individual y colectiva se haga en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad, en las fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

4. Atención al usuario y participación social. Su objetivo es garantizar el cumplimiento de los derechos de los usuarios en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como los deberes por parte de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud; de igual forma promocionar y desarrollar los mecanismos de participación ciudadana y de protección al usuario del servicio de salud.

5. Eje de acciones y medidas especiales. Su objetivo es adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplen funciones de Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza y monopolios rentísticos cedidos al sector salud no asignados a otra entidad, así como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud. Tratándose de liquidaciones voluntarias, la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá inspección, vigilancia y control sobre los derechos de los afiliados y los recursos del sector salud. En casos en que la Superintendencia Nacional de Salud revoque el certificado de autorización o funcionamiento que le otorgue a las Entidades Promotoras de Salud o Instituciones Prestadoras de Salud, deberá decidir sobre su liquidación.

6. Información. Vigilar que los actores del Sistema garanticen la producción de los datos con calidad, cobertura, pertinencia, oportunidad, fluidez y transparencia.

7. Focalización de los subsidios en salud. Vigilar que se cumplan los criterios para la determinación, identificación y selección de beneficiarios y la aplicación del gasto social en salud por parte de las entidades territoriales.

10. por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

11. Artículo 121. Sujetos de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud. Serán sujetos de inspección, vigilancia y control integral de la Superintendencia Nacional de Salud:

121.1 Las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, las Empresas Solidarias, las Asociaciones Mutuales en sus actividades de Salud, las Cajas de Compensación Familiar en sus actividades de salud, las actividades de salud que realizan las aseguradoras, las Entidades que administren planes adicionales de salud, las entidades obligadas a compensar, las entidades adaptadas de Salud, las administradoras de riesgos profesionales en sus actividades de salud. Las entidades pertenecientes al régimen de excepción de salud y las universidades en sus actividades de salud, sin perjuicio de las competencias de la Superintendencia de Subsidio Familiar.

(...)

121.3 Los prestadores de servicios de salud públicos, privados o mixtos.

(...).

12. por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

13. Artículo 250. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. (...).

14. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

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