CONCEPTO 5950 DE 2000
(marzo 3)
Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8200
Doctora
LILIANA PARIAS MEMA
Carrera 1 lA No. 94A-23 Oficina 209
Fax 621-3058
Ciudad
Referencia: 2000005950-0
410 Quejas
39 Respuesta Final
Sin Anexos
Apreciada doctora:
Damos respuesta a su comunicación radicada con el número citado en la referencia, en la cual formula varios interrogantes, a título de consulta, dirigidos básicamente a establecer si personas naturales o jurídicas distintas de las compañías de financiamiento comercial especializadas en leasing vigiladas por esta entidad, están facultadas para celebrar el contrato de “arrendamiento financiero-leasing”. Indaga además, por el fundamento legal que prohíbe la realización de este tipo de negocios para dichas personas. Pregunta igualmente, si en este evento no “ (...) sería contraría (sic) a la constitución (sic) la norma con base en la cual se prohíbe la celebración de este tipo de negocios, por crear un privilegio en favor de determinadas personas?”.
Al respecto se observa que conforme a lo establecido en el literal j) del artículo 24 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (modificado por el artículo 17 de la Ley 510 de 1999), concordante con lo preceptuado por el parágrafo del artículo 6º del Decreto 3039 de 1989, reglamentario del artículo 11 de la Ley 74 de 1989, las únicas personas autorizadas para realizar operaciones de leasing financiero en calidad de arrendadores son las compañías de financiamiento comercial cuyo control y vigilancia corresponde a la Superintendencia Bancaria.
En efecto, las disposiciones citadas textualmente preceptúan:
Decreto 663 de 1993:
“Artículo 24. OPERACIONES AUTORIZADAS
Las compañías de financiamiento comercial en desarrollo de su objeto principal podrán:
(...)
j) Modificado. Artículo 17 Ley 510 de 1999. Realizar operaciones de leasing.”
Decreto reglamentario 3039 de 1989:
“Artículo 6. Certificado de autorización.
(…)
PARÁGRAFO: Son ilegales las operaciones de compra de cartera (factoring) y de arrendamiento financiero (leasing) de que trata el artículo 1º del presente Decreto, cuando se realicen por personas naturales o jurídicas sin contar con la previa autorización de la Superintendencia Bancaria. En tales casos, ésta tendrá las facultades que le otorga el literal o) del artículo 3º del Decreto 1939 de 1986.”
La anterior prohibición fue ratificada por la Ley 35 de 1993, cuando en su artículo 12, después de autorizar la conversión de las sociedades de arrendamiento financiero en compañías de financiamiento comercial, estableció en el parágrafo 3º que las sociedades de arrendamiento financiero existentes que no se convirtieran en compañías de financiamiento comercial conforme a los términos contemplados en dicha disposición, quedarían disueltas y deberían liquidarse.
Al respecto los artículos 1º y 2º del Decreto 914 de 1993 regularon la conversión de las sociedades de arrendamiento financiero o leasing de la siguiente manera:
“ART. 1o. En virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 35 de 1993, únicamente podrán optar por su conversión en compañías de financiamiento comercial las sociedades de arrendamiento financiero o leasing que cuenten con certificado de autorización expedido por el Superintendente Bancario. Para tales efectos, la respectiva solicitud deberá presentarse a la Superintendencia Bancaria a más tardar el 2 de noviembre de 1993, con el fin de que pueda darse cumplimiento a todos los trámites señalados para el efecto dentro del término máximo previsto en la mencionada disposición.
ART. 2o. Las sociedades de arrendamiento financiero o leasing que, de conformidad con el parágrafo 3º del artículo 12 de la Ley 35 de 1993, queden disueltas por ministerio de la ley deberán adelantar a partir del 8 de enero de 1994 el correspondiente proceso de liquidación, siguiendo para el efecto el procedimiento previsto en el Código de Comercio”.
Sobre el origen de la prohibición contenida en la Ley 35 de 1993 esta Superintendencia en concepto 1999025345-3 del 6 de junio de 1999 expresó lo siguiente:
“Al estudiar la génesis de la mencionada norma, encontramos que en las ponencias para primer y segundo debate del Senado se propuso la conversión de las sociedades de arrendamiento financiero en compañías de financiamiento comercial como una manera de fomentar la formación de capital de trabajo a través de la captación de recursos del público que se destinarían primordialmente a la realización de operaciones de leasing financiero, toda vez que hasta ese momento a las sociedades de arrendamiento financiero les estaba prohibido captar dinero del público (Decreto 1730 de 1991 Art. 2.1.3.4.1.), estableciendo adicionalmente que las sociedades de leasing que no se convirtieran en compañías quedarían por fuera de la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, reiterando la prohibición de captar recursos del público en forma masiva o habitual.
Sin embargo, en la ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes, además de proponerse que las compañías de financiamiento comercial existentes pudieran realizar operaciones de arrendamiento financiero en la misma proporción en el que las compañías de financiamiento comercial especializadas en leasing quedaran habilitadas para efectuar operaciones propias de las compañías, se propuso que las sociedades de arrendamiento financiero que no optaran por su conversión quedaran disueltas y en proceso de liquidación, con el fin de precisar así la situación en que quedarían tales sociedades. Y como complemento de lo anterior, se sugirió consagrar en forma expresa la prohibición de que personas diferentes a las compañías de financiamiento comercial realizaran masivamente operaciones de arrendamiento financiero, con excepción de los productores de los bienes objeto del contrato o sus representantes quienes podrían ofrecer dicho servicio.
Esta última propuesta implicaba la derogación tácita del parágrafo del artículo 6º del Decreto 3039 de 1989, en la medida que habilitaba a personas diferentes de las compañías de financiamiento comercial para efectuar operaciones de leasing en calidad de arrendadores siempre que no se realizaran masivamente, es decir, en forma profesional.
Después de haber sido ampliamente debatida dicha propuesta al interior de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, ésta fue rechazada, pues se consideró inconveniente la posibilidad de que los productores de bienes objeto del contrato o sus representantes realizaran operaciones de leasing, tal y como consta en la ponencia para segundo debate en la Cámara, quedando así incólume la prohibición contemplada en el parágrafo del artículo 6º del Decreto 3039 de 1989 y a su vez ratificada por el parágrafo 3º del artículo 12 de la Ley 35 de 1993 que dispuso la disolución y consecuente liquidación de las sociedades de arrendamiento financiero que no se convirtieran en compañías de financiamiento comercial, excluyéndose de esta forma la posibilidad de que entidades distintas a las compañías de financiamiento comercial realizaran operaciones de leasing financiero.”
Es claro, entonces, que conforme a las disposiciones citadas está actualmente prohibido a toda persona natural o jurídica realizar operaciones de leasing o arrendamiento financiero en calidad de arrendadores sin contar con la debida autorización de este Organismo, evento en el cual de hacerlo tales contratos serán ilegales y la persona quedará sujeta a las medidas cautelares(1) previstas en el artículo 108 numeral 1º del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
No sobra precisar que la operación de leasing o de arrendamiento financiero se define en el artículo 2º del Decreto 913 de 1993, en los siguientes términos:
“Entiéndese por operación de arrendamiento financiero la entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto, financiando su uso y goce a cambio del pago de cánones que recibirá durante un plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final del período una opción de compra.
En consecuencia, el bien deberá ser de la compañía arrendadora, derecho de dominio que conservará hasta tanto el arrendatario ejerza la opción de compra. Así mismo, debe entenderse que el costo del activo dado en arrendamiento se amortizará durante el término de duración del contrato, generando la respectiva utilidad.”
Dado lo expuesto toda operación que se enmarque dentro de la hipótesis normativa reseñada necesariamente deberá calificarse como de arrendamiento financiero y como tal sólo podrá ser desarrollada en calidad de arrendador por las compañías de financiamiento comercial en las condiciones establecidas por la normatividad vigente, especialmente prevista, entre otras, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Ley 510 de 1999, y los Decretos 913 de 1993 y 1799 de 1994, de cuyos textos podemos resaltar los siguientes apartes:
“Decreto 913 de 1993, Artículo 3o. Con el fin de que las operaciones de arrendamiento se realicen de acuerdo con su propia naturaleza, las compañías de financiamiento comercial, inclusive las especializadas en leasing, se sujetarán a las siguientes reglas:
a) Los bienes que entreguen en arrendamiento deberán ser de propiedad de la compañía arrendadora. Lo anterior, sin perjuicio de que varias compañías de financiamiento comercial arrienden conjuntamente bienes de propiedad de una de ellas, mediante la modalidad de arrendamiento sindicado. En consecuencia, las compañías de financiamiento comercial no podrán celebrar contratos de arrendamiento en los cuales intervengan terceros que actúen como copropietarios del bien o bienes destinados a ser entregados a tal título;
b) No podrán asumir el mantenimiento de los bienes entregados en arrendamiento financiero, ni fabricar o construir bienes muebles o inmuebles;
c) El contrato de lease back o retroarriendo sólo podrá versar sobre activos fijos productivos, equipos de cómputo, maquinaria o vehículos de carga o de transporte público o sobre bienes inmuebles; el valor de compra del bien objeto del contrato deberá cancelarse de contado, y
d) El arrendamiento no podrá versar sobre documentos de contenido crediticio, patrimonial, de participación o representativos de mercaderías, tengan éstos o no el carácter de títulos valores.
Decreto 913 de 1993, Artículo 4o. Las compañías de financiamiento comercial también podrán actuar como corredoras en operaciones de arrendamiento financiero que versen sobre bienes que sociedades del mismo género, constituidas conforme a la ley de otro país y con domicilio principal en el exterior, exporten para ser entregados en arrendamiento a personas residentes en Colombia. En todo caso, la actuación como corredoras no podrá dar lugar a responsabilidad alguna para las compañías de financiamiento comercial y en desarrollo de la misma no podrán actuar como representantes en negocios jurídicos de esta naturaleza, en nombre de cualquiera de las partes intervinientes, tomar posición propia o proveer de financiación a los intervinientes en tales operaciones.
PARÁGRAFO.- Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de que residentes en el país celebren en el exterior contratos de arrendamiento con sociedades constituidas conforme a la ley extranjera, con sujeción al régimen de cambios internacionales.
Decreto 913 de 1993, Artículo 5o. Las compañías de financiamiento comercial podrán, igualmente, celebrar contratos de arrendamiento sin opción de compra, los cuales se sujetarán a las disposiciones comunes sobre el particular.”
“Decreto 1799 de 1994, Artículo 1o. Actividades en operaciones de leasing internacional. En las operaciones de leasing internacional las compañías de financiamiento comercial podrán efectuar la revisión de los documentos referentes a la celebración de los contratos de leasing, la gestión de la cartera proveniente de dichos contratos, y la canalización de la información requerida para el desarrollo de los mismos.
Decreto 1799 de 1994, Artículo 2o. Operaciones de leasing internacional. Autorizase a las compañías de financiamiento comercial a participar, en calidad de copropietario con compañías de leasing extranjeras en operaciones de leasing internacional realizadas entre un locatario nacional y la compañía de leasing extranjera, hasta un quince por ciento (15%) del costo del bien.
Decreto 1799 de 1994, Artículo 3o. Leasing de exportación. Las compañías de financiamiento comercial podrán realizar operaciones de leasing en las cuales el bien sea exportado, sujetándose al régimen de cambios internacionales. Los riesgos provenientes de dichas operaciones tendrán el carácter de exportación de bienes y servicios para todos los efectos legales.
La exportación a que se refiere el inciso anterior, se realizará bajo la modalidad de exportación temporal para reimportación en el mismo estado cuando no se ejerza la opción de compra. En este caso la reimportación deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes al finalizar la operación de leasing internacional.
Decreto 1799 de 1994, Artículo 4o. Subarrendamiento financiero (sub-leasing). Las compañías de financiamiento comercial podrán recibir de las sociedades de leasing extranjeras, bienes en leasing para ser entregados en calidad de subarrendamiento financiero, a personas domiciliadas o residentes en Colombia. En este evento, la compañía de financiamiento comercial deberá estar expresamente autorizada por la sociedad de leasing extranjera para entregar el bien en subarriendo.
Decreto 1799 de 1994, Artículo 5o. Leasing en copropiedad. Varias compañías de financiamiento comercial podrán entregar conjuntamente en arrendamiento financiero, bienes respecto de los cuales sean copropietarios.”
Ahora bien, en cuanto hace a su último interrogante este Despacho considera que no existe privilegio alguno en favor de las compañías de financiamiento comercial para desarrollar la operación leasing en la medida en que dicha actividad, por ser de interés público, solo puede ser ejercida previa autorización del Estado estando sujeta a la intervención gubernamental conforme a la ley.
En efecto, preceptúa el artículo 335 de la Constitución Política:
“Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito.”
En este sentido, el que el legislador haya consagrado en cabeza de las compañías de financiamiento comercial la posibilidad de desarrollar en forma exclusiva las operaciones leasing tampoco resultaría contrario a la libertad en materia de la actividad económica y la iniciativa privada (artículo 333 ibídem), por cuanto en la medida en que está de por medio el interés social o público, como en este caso, el Estado en su condición de director general de la economía se encuentra facultado para intervenir por mandato de la ley en los términos anteriormente mencionados.
De esta forma hemos dado curso a su petición, pronunciamiento que se efectúa con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
ROY GONZALO RIOS CHACON
Subdirector de Regulación y Consulta (E)
1. Artículo 108.- PRINCIPIOS GENERALES
1. Medidas cautelares. Corresponde a la Superintendencia Bancaria imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades exclusivas de las instituciones vigiladas sin contar con la debida autorización:
a) La suspensión inmediata de tales actividades, bajo apremio de multas sucesivas hasta por un millón de pesos ($1'000.000) cada una;
b) La disolución de la persona jurídica, y
c). La liquidación rápida y progresiva de las operaciones realizadas ilegalmente, para lo cual se seguirán en lo pertinente los procedimientos administrativos que señala el presente Estatuto para los casos de toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de las instituciones financieras.
Parágrafo 1º.- La Superintendencia Bancaria entablará, en estos casos, las acciones cautelares para asegurar eficazmente los derechos de terceros de buena fe y, bajo su responsabilidad, procederá de inmediato a tomar las medidas necesarias para informar al público.
Parágrafo 2º.- La Superintendencia Bancaria podrá imponer las sanciones previstas en los artículos 209 y 211 a cualquier persona que obstruya o impida el desarrollo de las actuaciones administrativas que se adelanten para establecer la existencia de un eventual ejercicio ilegal de actividades exclusivas de las entidades vigiladas, así como a aquellas personas que le suministren información falsa o Inexacta.