CONCEPTO 7289 DE 2003
(Marzo 25)
<Archivo: Superintendencia Bancaria>
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogotá D.C.,
Doctora
MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ REY
Calle 97 No. 16-10 Oficina 103
Ciudad
Referencia: 2003007289-0
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39 Respuesta Final
Sin anexos
Apreciada doctora:
De manera atenta me refiero a su comunicación radicada con el número citado al rubro, mediante la cual formula algunas inquietudes en relación con la figura del leasing habitacional consagrada en el artículo 1o de la Ley 795 de 2003, las cuales se transcriben y responden en el mismo orden en que se plantearon.
“1) Al establecer el artículo 1 de la Ley 795 de 2003 que los Establecimientos Bancarios pueden realizar operaciones de leasing habitacional debe entenderse que esta operación sólo puede realizarse por estos establecimientos o puede ser desarrollada por otras entidades financieras, como las compañías de financiamiento comercial especializadas en leasing o puede instrumentarse a través de negocios fiduciarios?”.
Antes de absolver su inquietud conviene destacar que conforme al inciso segundo del artículo 1o de la Ley 795 de 2003, dicha normativa debe ser objeto de reglamentación por parte del Gobierno Nacional para su aplicación. En tal sentido, se considera oportuno recordar que la potestad reglamentaria es la facultad que tiene el ejecutivo para dictar las normas necesarias para la cumplida ejecución de leyes. Según la doctrina, esta potestad consiste en “(…) dictar normas o actos que desarrollen en sus más mínimos detalles la voluntad del legislador para facilitar de esta manera la ejecución de las leyes. Esta labor se lleva acabo no solo por medio de decretos llamados reglamentarios sino también mediante órdenes y resoluciones. Dada la generalidad de las leyes, se hace necesario a veces para lograr su cumplida ejecución que se dicten por el Gobierno actos que las precisen”[1
(se resalta).
Por ello, en los casos en que la ley expresamente indique que el Gobierno Nacional reglamentará determinada materia, no resulta factible que se desarrollen las actividades de que la misma se ocupa mientras no se haya ejercido dicha facultad por parte del ejecutivo, en la medida en que no se conocen las condiciones y requisitos particulares para facilitar su aplicación conforme a la voluntad del legislador.
Precisado lo anterior y advirtiendo que hasta tanto exista la reglamentación respectiva no puede precisarse el alcance de la norma; no obstante, atendiendo los antecedentes que propiciaron la expedición del artículo en estudio y su tenor literal, a título meramente ilustrativo le manifestamos lo siguiente:
El artículo 1o de la Ley 795 de 2003 -por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones- señala:
“Artículo 1. Adiciónase el numeral 1 del artículo 7 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero con el siguiente literal:
“n) Realizar operaciones de Ieasing habitacional las cuales deben tener por objeto bienes inmuebles destinados a vivienda. Estas operaciones se considerarán leasing operativo para efectos contables y tributarios.
“Para el desarrollo de esta operación los Establecimientos Bancarios deberán dar prioridad a los deudores de créditos de vivienda que hayan entregado en dación de pago el respectivo bien inmueble. Lo anterior siempre y cuando tales personas naturales, cumplan los requisitos legales mínimos relacionados con el respectivo análisis del riesgo crediticio.
“En el reglamento que expida el Gobierno Nacional en desarrollo del presente artículo, adoptará medidas que garanticen la protección de los usuarios o locatarios”.
Como se deduce del anterior texto legal, la ley permitió mediante norma especial la realización de leasing habitacional a los establecimientos bancarios señalando como requisito legal que el mismo tenga como objeto bienes inmuebles destinados a vivienda. Además, en el desarrollo de dichas operaciones, impone la ley la obligación a los citadas instituciones de dar prioridad a los deudores de los créditos de vivienda que hayan entregado en dación en pago el respectivo inmueble[2
En tal sentido, resulta claro que el legislador a través de la norma transcrita amplió las operaciones que en desarrollo del objeto social pueden realizar los establecimientos bancarios permitiendo la celebración de la que ahora nos ocupa bajo las condiciones en mención. No obstante y tal como lo indica el inciso 3 de la norma, la celebración de los contratos se encuentra sujeta a la expedición del correspondiente reglamento por parte del Gobierno Nacional.
Sumado a lo anterior, conviene destacar que a través de los contratos de leasing a que nos referimos, la ley busca dotar a los establecimientos bancarios de un instrumento adicional para la financiación de vivienda[3 y para la realización de los activos improductivos recibidos en dación en pago. Así, se lee en la exposición de motivos del Proyecto de Ley Número 106 de 2001 Cámara y en la ponencia para primer debate del Proyecto de Ley Número 106 de 2001 Cámara, 279 del 2002 Senado, presentada ante la Comisión Tercera del Senado de la República, las cuales se transcriben en su orden a continuación:
“Conscientes de la necesidad de impulsar la construcción y la financiación de vivienda, el proyecto faculta a los establecimientos bancarios para realizar operaciones de leasing habitacional las cuales deben tener por objeto bienes inmuebles destinados a vivienda (...).
“(…)
“La autorización de esta operación a los bancos hipotecarios genera una nueva opción para la financiación de vivienda, introduciendo un mecanismo que ha sido utilizado con éxito en varios países” (negrilla extratextual - Publicado en la Gaceta del Congreso No. 502 del 28 de septiembre de 2001 pág. 14).
“(…)
“Se autoriza a los establecimientos bancarios a realizar operaciones de leasing habitacional. Esta figura se presenta como una forma alternativa de financiación para la adquisición de vivienda diferente al crédito hipotecario tradicional.
“Adicionalmente, esta figura podría ser muy útil para que los bancos le den un uso productivo a los bienes recibidos en dación en pago” (se subraya).
Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de celebración de leasing habitacional por parte de las compañías de financiamiento comercial resulta obvio que en el entendido que tales instituciones se encuentran legalmente autorizadas para “realizar operaciones dé arrendamiento financiero o Ieasing”[4 no necesitan autorización legal adicional o expresa que les habilite el desarrollo del leasing habitacional, pues tal como se desprende del numeral 5 del artículo 2o del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, dicha autorización es general, es decir, incluye cualquier modalidad de leasing o arrendamiento financiero[5
En este punto, debe tenerse en cuenta que el leasing o arrendamiento financiero en sentido amplio es un contrato mediante el cual una parte entrega a la otra un activo productivo para su uso y goce, a cambio de un canon periódico durante un plazo convenido, a cuyo vencimiento el bien se restituye al propietario o se transfiere al locatario, si este último decide ejercer una opción de adquisición que, generalmente, se pacta a su favor.
Así las cosas, de acuerdo con el alcance de los derechos y obligaciones que se establecen a favor de las partes, de la finalidad y la clase de bienes, el leasing puede revestir diferentes modalidades, entre las cuales se encuentra: el leasing financiero, operativo, el lease-back, el inmobiliario, el internacional, el de importación y el sindicado.
Bajo este entendido, es claro que las citadas compañías de financiamiento comercial pueden llevar a cabo cualquier modalidad de leasing, incluido dentro de ellas el leasing habitacional. Así, resulta innecesaria cualquier apreciación adicional que se haga sobre esta materia, pues como lo señaló la ponencia para primer debate del Proyecto de Ley Número 106 de 2001 Cámara, 279 del 2002 Senado- presentada ante la Comisión Tercera del Senado de la República: “Vale la pena precisar que, en todo caso, las compañías de financiamiento comercial, al estar autorizadas a realizar cualquier operación de leasing, pueden también celebrar contratos de leasing habitacional”.
De otra parte, en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo la citada operación a través de negocios fiduciarios, tal como fue consagrado el texto del articulado no permite deducir el desarrollo de dicha operación a través de la celebración de tales contratos a menos que en el reglamento correspondiente el Gobierno Nacional lo autorice expresamente. A este respecto, debe recordarse que las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria de Colombia poseen un objeto social exclusivo y las disposiciones que rigen su actividad son de orden público, y por ende, de obligatorio cumplimiento. En tal virtud, la capacidad de tales instituciones se circunscribe al marco establecido dentro de su objeto social.
Es así como el artículo 3o del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, señala que las sociedades de servicios financieros[6 tienen por función únicamente la realización de las operaciones previstas en su régimen legal, que en el caso de las sociedades fiduciarias se circunscriben a las señaladas en el artículo 29 del citado estatuto, dentro de las cuales no se encuentra la posibilidad de realizar operaciones de leasing en ninguna modalidad.
Sumado a lo anterior, el tercer inciso del subnumeral 1.2., numeral 1o, Capítulo Primero del Título Quinto de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996) proferida por este Organismo, dispone “El negocio fiduciario no podrá servir de instrumento para realizar actos o contratos que no pueda celebrar directamente el fideicomitente de acuerdo con las disposiciones legales”.
Bajo el contexto legal expuesto, se observa que no resulta jurídicamente viable la realización de leasing habitacional por parte de las citadas sociedades a través de negocios fiduciarios, pues tal figura además de infringir el marco legal en estudio, permitiría a las mismas la realización en forma indirecta de operaciones no autorizadas a través de la implementación de ellas en contratos de fiducia mercantil. Así lo ha sostenido esta Entidad en reiteradas oportunidades[7
“2) Puede una compañía extranjera realizar en Colombia actividades de leasing habitacional y en caso afirmativo qué condiciones y requisitos debe cumplir para este fin?”.
Sobre la materia, resulta oportuno manifestar que el contrato de Ieasing o arrendamiento financiero es una operación en virtud del cual la sociedad autorizada incorpora a su patrimonio un bien previamente seleccionado por su cliente adquiriendo la obligación de concederle al usuario su uso y goce por un plazo determinado, usualmente irrevocable. A su vez, el tomador se obliga a pagar como contraprestación a favor de la sociedad una suma de dinero en cuotas periódicas, equivalentes a los cánones de arrendamiento quedando facultado, al final del contrato, para comprar el bien por el valor de la opción de adquisición.
El artículo 2o del Decreto 913 de 1993 define la operación de arrendamiento financiero como: “La entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto, financiando su uso y goce a cambio de cánones que recibirá dentro de un plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final del período una opción de compra.
“En consecuencia, el bien deberá ser de la compañía arrendadora, derecho de dominio que se conservará hasta tanto el arrendatario ejerza la opción de compra. Así mismo debe entenderse que el costo del activo dado en arrendamiento se amortizará durante el término de amortización del contrato, generando la respectiva utilidad”.
Así pues, son elementos esenciales del contrato de leasing financiero: a) la entrega de un bien para su uso y goce, b) el establecimiento de un canon periódico que lleva implícito el precio del derecho a ejercer una opción de adquisición, c) la existencia, en favor del locatario, de una opción de adquisición.
Ahora bien, a la luz de las consideraciones expuestas y aunque el artículo 1o de la Ley 795 de 2003, no señala expresamente que el leasing habitacional tiene la categoría de financiero, se observa que dicha figura reúne las características y requisitos para ser considerada como tal. Sobre este punto, la ponencia para primer debate del Proyecto de Ley Número 106 de 2001 Cámara, 279 del 2002 Senado, presentada ante la Comisión Tercera del Senado de la República señaló: “Este mecanismo permitirá que el potencial usuario o propietario de vivienda que carece de recursos para pagar la cuota inicial, pueda gozar de una vivienda a cambio de un canon periódico con la posibilidad de ejercer una opción de adquisición al final del contrato por un valor residual”.
En igual sentido importa destacar que este tipo de arrendamiento, conforme a lo señalado en el parágrafo del artículo 6o del Decreto 3039 de 1989 y a su vez ratificada por el parágrafo 3o del artículo 12 de la Ley 35 de1993, sólo puede ser desarrollado por las compañías de financiamiento comercial[8
En consecuencia, la actividad del leasing habitacional solamente puede llevarse a cabo legalmente y bajo la vigilancia de la Superintendencia Bancaria de Colombia si se constituye una persona jurídica bajo la categoría de establecimiento bancario o de compañía de financiamiento comercial, previo el lleno de los requisitos exigidos por la Ley y por esta Entidad. Por lo tanto, no resulta jurídicamente viable la celebración de este tipo de operaciones por parte de sociedades extranjeras.
Así las cosas, para la constitución de una de las categorías de establecimientos de crédito citadas, debe adelantarse el procedimiento previsto en el artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - Decreto 663 de 1993- y en el numeral 1 del capítulo 1, Título Primero de la Circular Externa 007 de 1996 -Circular Básica Jurídica-, las cuales puede consultar en nuestra página web: www.superbancaria.gov.co icono: “normatividad”.
“3) Existe para efectos de interpretación de la Ley 795 de 2003 alguna diferencia entre los conceptos de leasing habitacional y leasing inmobiliario?”.
En punto a esta inquietud y debido a que como ya se expresó, el artículo 1o de la Ley 795 de 2003 no ha sido objeto de reglamentación hasta la fecha, resulta imposible absolver su inquietud, pues solamente hasta tanto el Gobierno Nacional expida el reglamento correspondiente podrán establecerse las diferencias entre una y otra categorías de leasing.
De esta forma hemos dado curso a su solicitud, con el alcance a que se refiere el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
ROBERTO HIGUERA RODRIGUEZ
Coordinador Grupo de Consultas Dos (E)
1 Pérez Escobar Jacobo, Derecho Constitucional Colombiano, Editorial Temis, Quinta Edición, pág. 536, Bogotá, 1997.
2 Obviamente bajo el entendido de que tales deudores cumplan con los requisitos legales exigidos para el respectivo análisis de riesgo crediticio, como lo señala la ley.
3 “El leasing habitacional es un instrumento jurídico muy importante para la financiación de vivienda, como lo ha mostrado la experiencia en otros países, particularmente en Chile (...)”. Véase en justificación del artículo 1o en “Cuadro Ponencia Tercer Debate del Proyecto de Ley No. 106-01 Cámara - 279-02 Senado” elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pág. 1.
4 Numeral 5, artículo 2 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
5 De acuerdo con el principio de interpretación de las leyes consagrado en el artículo 27 del Código Civil cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal so pretexto de consultar su espíritu.
6 Las sociedades fiduciarias son sociedades de servicios financieros (art. 3o E.O.S.F.).
7 Ver conceptos Superintendencia Bancaria radicados con los números 2000020332-2 del 14 de julio de 2000 y 2002058805-3 del 23 de julio de 2002.
8 “….en la ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes, además de proponerse que las compañías de financiamiento comercial existentes pudieran realizar operaciones de arrendamiento financiero en la misma proporción en el que las compañías de financiamiento comercial especializadas en leasing quedaran habilitadas para efectuar operaciones propias de las compañías, se propuso que las sociedades de arrendamiento financiero que no optaran por su conversión quedaran disueltas y en proceso de liquidación, con el fin de precisar así la situación en que quedarían tales sociedades. Y como complemento de lo anterior se sugirió consagrar en forma expresa la prohibición de que personas diferentes a las compañías de financiamiento comercial realizaran masivamente operaciones de arrendamiento financiero, con excepción de los productores de los bienes objeto del contrato o sus representantes quienes podrían ofrecer dicho servicio.ò“Esta última propuesta implicaba la derogación tácita del parágrafo del artículo 6o del Decreto 3039 de 1.969<SIC>, en la medida que habilitaba a personas diferentes de las compañías de financiamiento comercial para efectuar operaciones de leasing en calidad de arrendadores siempre que no se realizaran masivamente, es decir, en forma profesional.ò”Después de haber sido ampliamente debatida dicha propuesta al interior de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, ésta fue rechazada, pues se consideró inconveniente la posibilidad de que los productores de bienes objeto del contrato o sus representantes realizaran operaciones de leasing, tal y como consta en la ponencia para segundo debate en la Cámara, quedando así incólume la prohibición contemplada en el parágrafo del artículo 6o del Decreto 3039 de 1989 y a su vez ratificada por el parágrafo 3o del artículo 12 de la Ley 35 de 1993 que dispuso la disolución y consecuente liquidación de las sociedades de arrendamiento financiero que no se convirtieran en compañías de financiamiento comercial, excluyéndose de esta forma la posibilidad de que entidades distintas de las compañías de financiamiento comercial realizarán operaciones de leasing financiero”. (Oficio Superbancaria No. 2000005950-1 del 3 de marzo de 2000- Resaltado fuera de texto).