CONCEPTO 20404 DE 2003
(Mayo 23)
<Archivo: Superintendencia Bancaria>
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogota, D. C.,
Señor
JHON JAIRO RESTREPO TABARES
Vicepresidente Junta de Acción Comunal
Villa Carolina 1 Etapa
Barrio Villa Carolina I Etapa Mz G No. 21
Armenia-Quindío
Referencia: 2003020404-0
454 – Solicitud de Información Esp.
39 – Respuesta Final
Sin anexos
Apreciado señor:
En atención a su comunicación del 6 de septiembre del 2002, trasladada por la Presidencia de la República y radicada en esta Superintendencia el 21 de abril del año en curso con el número indicado al rubro, mediante la cual solicita “... se estudien los motivos por los cuales nos fue negado el subsidio de vivienda solicitado por nosotros, y sea reconsiderada dicha decisión, así mismo requerimos de su mediación para que las entidades bancarias propongan mecanismos de solución que permita a los deudores ponerse al día en los pagos y continuar pagando sus viviendas”, me permito efectuar los siguientes comentarios:
Mediante Decreto 554 del 2003, se ordenó la supresión y liquidación del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana INURBE. Así mismo, mediante Decreto 555 del mismo año se creó el Fondo Nacional de Vivienda, entidad que en adelante atenderá lo relacionado con el subsidio de vivienda, de acuerdo con los objetivos y funciones determinados en el mencionado decreto.
En consecuencia, le sugiero dirigirse a la entidad citada que está ubicada en la Calle 53 No. 13 - 27 de Bogotá y el teléfono es 3437850, para lo de su competencia.
En cuanto al segundo aspecto, se precisa que la calidad de deudor que adquiere una persona con respecto a una institución financiera constituye un hecho definido plenamente por la ley comercial y civil, fruto de la realización de algún acto jurídico o contrato que se regula por el acuerdo entre las partes, acto que normalmente se relaciona con una operación crediticia.
Una vez adquirida dicha condición, en los términos debidamente pactados contenidos en el documento que lo instrumenta, la actividad primaria del obligado se debe dirigir a la total satisfacción del crédito mediante el pago efectivo, constituyéndose ésta en la forma natural y directa por la cual se extingue una obligación pecuniaria.
Ahora bien, la mora en el pago de la obligación legitima a la entidad para hacerlo efectivo a través de los medios establecidos por la ley para el efecto, tales como los cobros prejudiciales o la iniciación del proceso judicial correspondiente.
Sin embargo, existen algunas posibilidades a las cuales puede acceder el deudor, cuando por alguna circunstancia le es imposible satisfacer la obligación de la manera prevista inicialmente en el contrato celebrado, que igualmente se encuentran sujetas al acuerdo que realice con su acreedor y a la aceptación por parte de éste, tales como la reestructuración del crédito, respecto de la cual proceden los siguientes comentarios:
Se entiende por reestructuración del crédito “... cualquier mecanismo, instrumentado mediante la celebración de cualquier negocio jurídico, que tenga por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor/a atención adecuada de su obligación....“ (Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera -Circular Externa 100 de 1995).
Así, el deudor podrá pactar con la entidad financiera acreedora una reestructuración del crédito, modificando las condiciones inicialmente pactadas, figura que puede solicitarse y acordarse en cualquier momento durante la vida del mismo.
Una variante a la anterior se encuentra en la reestructuración de la obligación hipotecaria de vivienda, prevista en el artículo 20 de la Ley 546 de 1999 que consagró esa alternativa como una forma de ayudar a los deudores para que de conformidad con la información que remite el establecimiento de crédito acreedor del comportamiento de su obligación, solicite ajustes al plan de amortización pactado, atendiendo las condiciones particulares de cada uno.
En efecto, el mencionado artículo 20 establece la reestructuración de créditos de vivienda a largo plazo, en los siguientes términos:”(…)
“Durante el primer mes de cada año calendario, los establecimientos de crédito enviarán a todos sus deudores de créditos individuales hipotecarios para vivienda una información clara y comprensible, que incluya como mínimo una proyección de lo que serían los intereses a pagar en el próximo año y los que se cobrarán con las cuotas mensuales en el mismo período, todo ello de conformidad con las instrucciones que anualmente imparta la Superintendencia Bancaria. Dicha proyección se acompañará de los supuestos que se tuvieron en cuenta para efectuarla y en ella se indicará de manera expresa, que los cambios en tales supuestos, implicarán necesariamente modificaciones en los montos proyectados. Con base en dicha información los deudores podrán solicitar a los establecimientos de crédito acreedores, durante los dos primeros meses de cada año calendario, la reestructuración de sus créditos para ajustar el plan de amortización a su real capacidad de pago, pudiéndose, de ser necesario, ampliar el plazo inicialmente previsto para su cancelación total” (se subraya).
En desarrollo de esta disposición, la Superintendencia Bancaria de Colombia en el numeral 12 del Capítulo Cuarto del Título Tercero de la Circular Básica Jurídica, instruyó respecto de unas condiciones que deberán ser objeto de verificación por parte de la institución financiera al momento de estudiar la solicitud de reestructuración antes comentada, las cuales se relacionan a continuación:
“a) Que la primera cuota del crédito una vez reestructurado, que esté dispuesto a pagar el deudor, en ningún caso represente más del treinta por ciento (30%) de los ingresos familiares, de conformidad con el Decreto 145 de 2000.
“b) Que el saldo de la obligación a la fecha de solicitud de la reestructuración no exceda el setenta por ciento (70%) del valor del inmueble o el ochenta por ciento (80%) tratándose de vivienda de interés social.
El valor del inmueble se establecerá mediante avalúo técnico realizado por profesionales, personas naturales o jurídicas, inscritos en el Registro Nacional de Avaluadores conformado por la lista de las entidades autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con Decreto 422 de 2000.
“c) Que el plazo contemplado para reestructurar la obligación no supere treinta (30) años, contados a partir de la fecha del desembolso del crédito.“(…)[1
“e) Que la entidad no haya presentado demanda ejecutiva en contra del deudor por la obligación respecto de la cual se solicita la reestructuración.
“f) Que no existan embargos sobre la garantía a la fecha de solicitud de la reestructuración.
“g) Que el deudor no se encuentre tramitando un proceso concursal.
“h) Que la solicitud de reestructuración del crédito sea presentada dentro de los dos primeros meses de cada año calendario y sea suscrita por todos los obligados, así como los documentos a través de los cuales se instrumente la obligación.
“Lo anterior, debe entenderse sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad acreedora de acordar con sus deudores reestructuraciones de un crédito en cualquier momento, de acuerdo con la percepción de riesgo que en cada caso se tenga”.
Bajo tal escenario, se podrá solicitar a la entidad financiera la reestructuración del crédito, la cual analizará las condiciones individuales de cada deudor bajo las instrucciones señaladas en el mencionado instructivo, y sólo en caso de presentarse controversia entre el deudor y el acreedor esta Superintendencia se encontraría facultada para establecer si se presentan condiciones objetivas que hagan necesaria la reestructuración del mismo, según el fallo de la Honorable Corte Constitucional C-955 de 2000[2, cuyo aparte pertinente señaló:
“Es justamente ese último propósito el que aparece claramente complementado por la posibilidad, destacada en el artículo, de que, debidamente informados, los deudores puedan solicitar y obtener la reestructuración de sus créditos para ajustar el plan de amortización a su real capacidad de pago.
“Eso significa, por una parte, que los planes de amortización no son inmodificables durante la vida del crédito, y, por la otra, que la oportunidad de reestructuración, llamada a hacer posible y efectivo el pago de la obligación, se tendrá periódicamente -dentro de los dos primeros meses de cada año calendario-, evitando situaciones insalvables e irreversibles desde el punto de vista financiero, que conduzcan a las circunstancias de incumplimiento forzado, que constituyeron una de las causas primordiales de la crisis que mediante la Ley 546 de 1999 se ha pretendido conjurar.
“La Corte encuentra también exequible el aludido aparte del artículo, aunque considera necesario condicionar su exequibilidad a que, conocidas por la institución financiera las condiciones objetivas, acepte y efectúe la reestructuración solicitada. Desde luego -como ya se dijo-, la controversia en torno a si existen o no esas situaciones objetivas debe ser solucionada por la Superintendencia Bancaria, en ejercicio de sus funciones”.
En conclusión, la reestructuración puede solicitarse y acordarse en cualquier momento durante la vida del crédito, pero puede ser obligatoria para la entidad acreedora si se requiere en virtud del artículo 20 de la Ley 546 de 1999, siempre y cuando se verifiquen ¡os parámetros contenidos en el Capítulo Cuarto, Título Tercero de la Circular Básica Jurídica y se solicite con el propósito de ajustar el sistema de amortización acordado a la actual capacidad de pago del deudor.
En estos términos dejamos atendida su petición, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
ROBERTO HIGUERA RODRÍGUEZ
Coordinador Grupo de Consultas Dos (E)
1 El literal d) que originalmente estaba contemplado en el numeral 13, subnumeral 5 de la Circular 085 del 2000, sustituido por el numeral 12, literal e) de la Circular Externa 002 del 2001 y posteriormente incorporado a la Circular Básica Jurídica fue declarado nulo, Sentencia del consejo de Estado del 27 de noviembre del 2002, Consejero Ponente: Ligia López Díaz.
2 Sentencia C-995 del 26 de julio del 2000, Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo, Expedientes D-2823 y D-2828.