CONCEPTO 31063 DE 2002
(junio 12)
Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8201
Bogotá, D. C.,
Doctor
JAIME ENRIQUE LOZANO
Carrera 29 No. 18-45 Oficina 401 B
Paloquemao
Ciudad
Referencia: 2002031063-0
115 - Consultas
39 - Respuesta Final
Sin anexos
Apreciado doctor Lozano:
De manera atenta damos respuesta a su comunicación radicada en esta Superintendencia bajo el número citado en la referencia, mediante la cual efectúa una consulta relacionada con el cobro de honorarios de abogado a los clientes por parte de las entidades financieras.
Al respecto, se procede a dar respuesta a los puntos de su consulta en el siguiente orden:
1. Si existe alguna norma legal similar al artículo 16 del Decreto 2331 de 1998, el cual establece que los gastos de cobranza de créditos hipotecarios correrán por cuenta de la institución financiera cuando no medie proceso judicial, que se aplique a la cartera corriente.
Al respecto, le informo que no existe precepto alguno que consagre este tipo de situación para créditos diferentes a los hipotecarios de vivienda, esto es, a los créditos ordinarios y de consumo; por lo tanto, tal aspecto es regido por las estipulaciones pactadas en los contratos celebrados entre la entidad financiera y su cliente.
Así pues, en desarrollo de dichos convenios se contemplan eventos como el que nos ocupa, esto es, señalar la forma o procedimiento a utilizarse para efectos de fijar o determinar el monto o porcentaje de los honorarios profesionales que eventualmente lleguen a causarse con ocasión del cobro, prejudicial o judicial, derivado de la mora en que incurra el deudor.
“2. (...) ¿ha dado la Superintendencia Bancaria a las entidades financieras, instrucciones en sentido similar al de la norma transcrita y en relación con préstamos bancarios comunes, específicamente en los eventos en que no ha mediado proceso judicial alguno?”
“3 Existe la posibilidad de que a corto plazo la Superintendencia Bancaria, expida alguna normatividad reglamentaria (Circular, etc.) en sentido análogo al artículo 16 del Decreto 2331 de 1998, para el cobro de cartera no hipotecaria y en precisa relación a los cobros 'prejudicales' por parte de los propios bancos cuando no ha intervenido un Juez de la República“.
Sobre el particular, cabe recordar que el Decreto 2331 de 1998, expedido por el Gobierno Nacional, tuvo como propósito, entre otros aspectos, aliviar la situación de los deudores por créditos de vivienda a fin de contribuir a hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda digna; por consiguiente, la prohibición de que los honorarios en la etapa prejurídica sean de cargo del deudor no se ha hecho extensiva a aquellos créditos cuyo propósito es el lucro o la inversión, dadas las características que corresponden a cada una de las líneas de crédito, de ahí que este Ente de Control no haya expedido ni pretenda expedir instructivo alguno en ese sentido.
Además, porque si bien es cierto a esta Agencia Gubernamental le corresponde, de conformidad con lo señalado en numeral 4 del artículo 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, vigilar que las instituciones sometidas a su control se abstengan de pactar cláusulas exorbitantes, también lo es que tal atribución no alcanza para ordenarles a las sociedades sometidas a su control que los gastos de cobranza en la etapa prejurídica sean de su cargo, como sucede con el precepto en comento, máxime cuando quien ha sido el causante de la situación que motiva dichos gastos es el deudor moroso.
Sin embargo, tal como se verá más adelante, se requiere que el cobro de honorarios profesionales debe corresponder a una labor efectivamente desplegada que sirva de causa a esa erogación.
“4 (...) es lícito y ético que las entidades financieras cobren 'honorarios de abogado', cuando no ha mediado proceso judicial alguno y son ellas mismas las que realizan el denominado 'cobro prejurídico'? ¿Es ético y lícito que los Bancos cobren 'honorarios de abogado' cuando ni ha existido proceso judicial alguno, se ha limitado a enviar comunicaciones al deudores (llamadas telefónicas o telegramas) y son sus propios empleados o Abogados contratados libremente por ellos, los que realizan tales cobros?”
A este respecto valga la pena mencionar la posición que ha sostenido esta Entidad en relación con el tema del cobro de honorarios por parte de las instituciones financieras en el siguiente sentido:
“En primer término, resulta necesario manifestar que una de las obligaciones que se deriva del contrato de mutuo celebrado entre una institución financiera y el usuario de crédito y que debe cumplir este último, es la de pagar cumplidamente la obligación. Por tanto, la mora o retardo en la atención de la misma legitima a la entidad prestamista para hacer efectivo el pago a través de los medios establecidos por la ley para el efecto, tales como el cobro prejurídico o la iniciación del proceso judicial correspondiente.
“En ese orden de ideas, 'los honorarios profesionales que se pagan a los abogados o sociedades de cobranza tienen como causa directa el incumplimiento del crédito otorgado ya que tal circunstancia ha obligado a la entidad acreedora a trasladar dicho crédito a cobro jurídico o prejurídico. Los costos en que se incurre por la cobranza, desde luego han de estar a cargo del deudor, como quiera que su conducta ocasionó el incumplimiento de la obligación y por consiguiente, los gastos que su cobranza representa.
“'Es claro además, que el incumplimiento en la obligación ocasiona mora, situación que implica para el deudor el resarcimiento o la indemnización de perjuicios frente al acreedor, ya que su deber de acuerdo con los términos de la obligación, es reparar el daño causado por efecto del retraso en el pago.
“Las anteriores consideraciones han llevado a este Despacho a concluir que los honorarios procesales y extraprocesales, así como las costas y gastos del proceso pueden ser de cargo del deudor. No obstante, debe advertirse que frente a la disposición que sobre intereses establece la Ley 45 de 1990 los mismos no deben tenerse en cuenta y computarse a efectos de liquidar la tasa de interés que se cobra a éste por concepto de la mora, se considera que estas sumas no suponen un retribución para las entidades otorgantes del crédito, sino que, por el contrario, han significado una carga producto del comportamiento irregular del deudor(1).
“En tal sentido, el inciso segundo del artículo 65 de la Ley 45 de 1990 establece que 'Toda suma que se cobre al deudor como sanción por el simple retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dineraria se tendrá como interés de mora, cualquiera sea su denominación'.
“Bajo el anterior contexto, con el propósito de determinar si las sumas que por concepto de 'honorarios profesionales de abogado' debe pagar el deudor incumplido de un crédito adquirido con una institución financiera constituyen o no intereses, resulta pertinente hacer referencia al pronunciamiento(2) que sobre el particular ha efectuado esta Superintendencia en varias oportunidades, diferenciándose dos situaciones:
'a. Si el profesional del derecho a quien se le encomienda la gestión de recaudo del valor de la obligación incumplida se halla subordinado laboralmente a la respectiva institución financiera, en caso de arreglo directo o pago en la etapa prejudicial, (...) las sumas de dinero que se cobren y pague el deudor por concepto de 'honorarios profesionales' se reputarán como intereses, pues al ostentar la institución la calidad de patrono está obligada a pagar a su dependiente -abogado- un salario como retribución por sus servicios, siendo evidente que en este caso tales honorarios no tendrían contraprestación distinta al crédito otorgado.
“b. 'Si por el contrario, no existe subordinación laboral entre el profesional del derecho y la institución financiera, los honorarios que debe pagar el deudor no se incluirán dentro del concepto de intereses, como quiera que las sumas por tal concepto no las recibe el acreedor amen de que se causan por razones distintas al otorgamiento del crédito, como lo es el incumplimiento de la obligación'.
“Así mismo, 'consideramos de importancia precisar que el cobro de honorarios debidos como consecuencia de haberse tenido que acudir a una o ambas instancias en precedencia para el cobro de una suma dinero adeudada, a juicio de esta Superintendencia debe obedecer al real despliegue de una actividad por parte del acreedor o su apoderado encaminada a tales fines.
“'En efecto, en concepto de este Despacho la causación y exigibilidad de una suma de dinero a titulo de honorarios profesionales como consecuencia de un cobro prejurídico derivado de la morosidad, no debe obedecer a su sola y objetiva previsión contractual, ni al hecho de encontrarse per se en tal situación de anormalidad, sino que es necesario que el acreedor haya desplegado alguna actividad orientada a su cobro(3) (subrayado textual).
“Con fundamento en lo expuesto, es claro que el cobro de honorarios profesionales debe corresponder a una labor efectivamente desplegada, ya sea dentro de un proceso judicial o fuera de él, que sirva de causa a esa erogación. Al efecto debe distinguirse, si la gestión fue desarrollada por personas vinculadas laboralmente a la entidad financiera lo cual se considera intereses en los términos del artículo 65 de la Ley 45 de 1990 y por ende debe sujetarse a los límites legales, a cuando fue efectuada por profesionales independientes lo cual constituye un cobro diferente al servicio del crédito, el cual se denomina gastos de cobranza(4).
De esta manera dejamos atendido el objeto de su petición, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
JEANNETTE SANTACRUZ DE LA ROSA
Coordinadora Grupo de Consultas Uno
1. Superintendencia Bancaria. Concepto No. 91012688-2 del 14 de agosto de 1991.
2. Superintendencia Bancaria. Concepto No. 91016043 del 10 de septiembre de 1991.
3. Superintendencia Bancaria. Concepto radicación No. 97041752-1 del 16 de octubre de 1997
4. Superintendencia Bancaria. Concepto radicación No. 2002018748-0 del 22 de mayo del 2002.