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CONCEPTO 42984 DE 2003

(Octubre 31)

<Archivo: Superintendencia Bancaria>

 SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8202

Bogotá D. C.,

Señor

JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ GÓMEZ

jricardohernandez@yahoo.com

Carrera 7 No. 13 –84 Oficina 805

Ciudad

Referencia: 2003042984-0

115 Consultas.

39 Respuesta Final

Sin anexos


Apreciado señor:


De manera atenta me refiero a su comunicación radicada en esta Superintendencia con el número de la referencia, mediante la cual formula algunas inquietudes en relación con la reglamentación expedida en materia de créditos de vivienda.


Antes de absolver su consulta, resulta importante aclarar que dentro de las funciones y facultades que tiene este Organismo de Control se encuentra la consagrada en el literal a) del numeral 3 del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero [1 el cual otorga a esta Entidad la función de instrucción en los siguientes términos.


“a) Instruir a las instituciones vigiladas sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulan su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación” (se subraya).


Bajo el anterior contexto legal, es claro señalar que las instrucciones que emite la Superintendencia Bancaria son actos administrativos orientadores del cumplimiento de la ley, los cuales tienen la finalidad señalada por el legislador, esto es, indicar a las entidades vigiladas la forma como deben cumplir la normatividad que regula su actividad o fijar criterios o procedimientos que faciliten su acatamiento, lo cual se traduce en que cuando dicha facultad se ejerce tiene siempre un fundamento legal.


Así las cosas, tal como lo ha sostenido el Consejo de Estado en sentencia del 18 de agosto de 1989 “...las 'circulares' que expide el Superintendente Bancario no constituyen ejercicio de la facultad presidencial conferida por el ordinal 3o del artículo 120 de la Constitución Nacional, sino actos administrativos que contienen mandatos, orientaciones e instrucciones (...) Son externas cuando van dirigidas al público en general o a las entidades vigiladas con el objetivo principal de divulgar el conocimiento de la ley y prevenir su oportuno cumplimiento por parte de ellas. Su fundamento esta en la propia ley, reglamento o norma superior que divulga para su cabal observancia, en desarrollo de la competencia que le asignan sus normas orgánicas.


“En cuanto la circular se limita a recordar una obligación legal a cargo de los destinatarios, no existe ningún desbordamiento de facultades sino elemental cumplimiento del deber de divulgación de las normas a las cuales están sujetas las entidades vigiladas”
(se resalta).


En consecuencia, el ejercicio por parte de esta Superintendencia de la facultad de instrucción a través de la expedición de las circulares externas que estima necesarias, no puede asimilarse al ejercicio de la facultad reglamentaria otorgada al Presidente de la República en el numeral 11 del artículo 189 de nuestra Carta Política, sino que, como ya se expresó, estamos frente a actos administrativos dirigidos a nuestras entidades vigiladas para facilitar el cumplimiento de una norma.


Igualmente, le aclaro que del contenido de las normas que cita en su petición, se observa que en el caso del parágrafo primero del artículo 64 de la Ley 45 de 1990 correspondía exclusivamente la reglamentación a la Junta Monetaria para la época de expedición de la norma, facultad que posteriormente se atribuyó al Gobierno Nacional en virtud del artículo 33 de la Ley 35 de 1993.


Efectuadas las anteriores precisiones y frente a las inquietudes señaladas en su petición a continuación se citan las disposiciones que se referían a los sistemas de financiación para los créditos de vivienda de interés social advirtiendo que las Resoluciones de la Junta Monetaria, los Estatutos Orgánicos del Sistema Financiero y tas Circulares Externas proferidas por esta Entidad se refieren a toda clase de vivienda.


Desde la expedición del Decreto Reglamentario 1454 de 1989 y para cualquier tipo de obligaciones, el legislador señaló que no se encontraba prohibido el uso de sistemas de papo que contemplaran la capitalización de intereses, en los términos señalados en la citada normativa. No obstante, dicha figura fue expresamente prohibida por la Corte Constitucional en los créditos otorgados para la financiación de vivienda a largo plazo al declarar inexequible la expresión “que contemplen capitalización de intereses” del numeral 1o del artículo 121 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993 con sus modificaciones y adiciones) mediante Sentencia C-747 de 1999. Dicha decisión fue acogida en la Ley 546 de 1999 -Ley marco para la financiación de vivienda a largo plazo- en la cual se prohíbe la capitalización de intereses en este tipo de obligaciones.


Ahora bien, teniendo en cuenta las innumerables y continúas reglamentaciones expedidas frente a los sistemas de amortización, para su ilustración a continuación se efectúa un recuento de las disposiciones así como de su vigencia aplicables a los temas objeto de su consulta:


El artículo 44 de la Ley 9 de 1989, al referirse a sistemas de amortización para vivienda de interés social señaló:

“(…)


“Entiéndese por sistema de financiación de vivienda de interés social aquel cuya tasa de interés anual no exceda el porcentaje del último reajuste del salario mínimo y su incremento anual de cuotas de amortización no supere el cincuenta por ciento (50%) del mismo índice de reajuste”.

 
Por su parte, el artículo 59 de la misma ley previó que los créditos que se otorguen para la compra, mejora, construcción o subdivisión de vivienda de interés social “...deberán reunir las condiciones previstas en el artículo 44 de la presente ley sobre sistema de financiación de vivienda de interés social”.

 
En concordancia con las disposiciones citadas, el artículo 1o del Decreto 839 de 1989 señala que para los efectos de los artículos 44 y 59 de la Ley 9ª de 1989, los créditos de largo plazo que se otorguen para la adquisición de vivienda de interés social tendrán, entre otras características:


“c) Los sistemas de pago gradual en estos créditos deberán diseñarse de tal manera que el flujo de pagos mensuales por capital e intereses de los préstamos, descontados por la tasa mensual de interés definida en el literal b) de este artículo, más el valor actual del saldo del préstamo, descontado en la misma forma, sea igual o menor en todo momento al valor original del crédito.

“(…)

PARÁGRAFO. Cuando se trate de créditos que otorguen instituciones financieras, los sistemas de pago gradual que se diseñen conforme a lo dispuesto en el presente artículo deberán ser aprobados previamente por la Superintendencia Bancaria”.

 
Dicha norma estableció también las condiciones de plazo, tasa de interés y posibilidad de conceder préstamos dentro del sistema de valor constante a los constructores siempre que se garantice que el adquirente final de la vivienda de interés social no se subrogará en la deuda de valor constante, sino que los créditos respectivos se ajustarán a las normas contenidas en este Decreto.


El Decreto 163 de 1990, por otro lado, estableció las condiciones que debían contener los sistemas de pago gradual en esta modalidad de obligaciones, además de reiterar lo dispuesto en el Decreto 839 ya mencionado, en el sentido que “...las corporaciones de ahorro y vivienda podrán utilizar cualquier sistema de pago aprobado por la Superintendencia Bancaria….”


A su turno, el artículo 5o del citado decreto consagró la facultad para que las corporaciones de ahorro y vivienda otorgaran créditos por el sistema de capitalización de intereses para financiar construcción o adquisición de vivienda de interés social redescontables en el Banco Central Hipotecario en desarrollo del artículo 119 de la Ley 9ª de 1989 y con sujeción a las condiciones que fijara para tal efecto la Junta Monetaria.


En desarrollo de lo anterior y como parte de la política de vivienda de interés social del momento, la Resolución 4 de 1990 de la Junta Monetaria, en su artículo 2o previó que los préstamos para adquisición de este tipo de vivienda tendrían las siguientes condiciones:


“a) Se capitalizarán los intereses que correspondan hasta un máximo del 70% de los que se liquiden sobre el saldo total de la obligación al vencimiento de cada período mensual. Los intereses capitalizados solamente serán exigibles para su pago junto con la amortización del crédito.


“b) El pago del principal del préstamo, adicionado con los intereses capitalizados,
se efectuará al vencimiento de cada período mensual, en cuotas equivalentes al saldo total vigente dividido por el número de cuotas pendientes de pago.


“c) La cuota de pago mensual por concepto de capital e intereses no podrá exceder, durante el primer año del crédito, de la cuantía que señale periódicamente la Junta Monetaria. Inicialmente esta tasa se fija en el 1.4% del valor del crédito”.

En ese orden de ideas y de acuerdo con lo dispuesto en el mencionado Decreto 163 de 1990 y la Resolución 4 de 1990 de la Junta Monetaria, se expidió la Circular Externa No. 003 de 1990 de esta Superintendencia, mediante la cual se señalaron los mecanismos de financiación de la vivienda de interés social otorgando a las corporaciones de ahorro y vivienda la posibilidad de utilizar sistemas de amortización, tales como:


“1.1 Sistema de financiación con período de gracia (artículos 2o, 3o y 4o del decreto 163 de 1990).


“De acuerdo con
este sistema los beneficiarios de los créditos para adquisición de vivienda de interés social que otorguen las corporaciones de ahorro y vivienda contarán con condiciones de pago en las cuales la amortización del crédito sea, en términos reales, menos acelerada que la resultante de aplicar los sistemas tradicionales de financiación, donde los intereses se cobran sobre saldos y se pagan plenamente, transcurrido el período de causación de los mismos.

 
”Para estos efectos, el sistema de pago gradual de los créditos debe reunir las condiciones generales y particulares señaladas en el artículo 3o del decreto 163 de 1990, en las cuales se destaca un período de gracia amplio y cuotas de capital crecientes durante los últimos años.


”1.1.1. Utilización de sistemas de pago autorizados por la Superintendencia Bancaria

 
“De conformidad con el tenor del artículo 4o del decreto 163 de 1990, para efectos de facilitar la aplicación del mecanismo de financiación que se viene comentando, las corporaciones de ahorro
y vivienda podrán utilizar cualquier sistema de pago aprobado por la Superintendencia Bancaria conforme al parágrafo del artículo 1o del decreto 839 de 1989.

 
“Sobre este particular cabe advertir que en la actualidad se encuentra autorizado por este Despacho un sistema al cual pueden acogerse las corporaciones en ejercicio de esta facultad.


“1.2. Sistema de capitalización de intereses.


“En desarrollo del artículo
5o del citado decreto 163, las corporaciones de ahorro y vivienda están facultadas para otorgar créditos mediante este sistema para financiar la construcción o adquisición de vivienda de interés social, los cuales serán redescontables en el Banco Central Hipotecario, con sujeción a las previsiones señaladas por la Junta Monetaria.


”1.2.1 Condiciones de los créditos redescontables en el Banco Central Hipotecario.


”Mediante la Resolución 4 de 1990, emanada de la Junta Monetaria, se establecieron los requisitos de los créditos redescontables en el Banco Central Hipotecario por las corporaciones de ahorro y vivienda para financiar la vivienda de interés social, conforme lo dispuesto en el artículo 119 de la ley 9ª de 1989.

“(…)


“1.2.3. Aplicación inmediata


”Tomando en consideración que las condiciones financieras de los créditos y los demás aspectos relativos a la operación de este sistema
se encuentran debidamente regulados en los preceptos legales que se vienen comentando, el mismo puede ser utilizado a partir de su entrada en vigencia, sin necesidad de que por parte de esta Despacho deba impartirse autorización para el efecto”.

 
Posteriormente, la Resolución 5 de 1990, en su artículo 39 derogó expresamente la citada Resolución 4 de 1990, ambas de la Junta Monetaria y en su artículo 33 previó que esa modalidad de créditos tendrían las condiciones que a continuación se mencionan:


“a) Se capitalizarán los intereses que correspondan hasta un máximo del 70% de los que se liquidan sobre el saldo total de la obligación al vencimiento de cada período mensual. Los intereses capitalizados solamente serán exigibles para su pago junto con la amortización del crédito.


“b) El pago del principal del préstamo, adicionado con los intereses capitalizados, se efectuará al término de cada periodo mensual, en cuotas equivalentes al saldo total vigente dividido por el número de meses que falten para el vencimiento del plazo total del respectivo préstamo.


“c) La cuota de pago mensual por concepto de capital e intereses no podrá exceder, durante el primer año del crédito, de la cuantía que señale periódicamente la Junta Monetaria, inicialmente esta tasa se fija en el 1.4% del valor del crédito”
(lo subrayado es el texto que cambia respecto del de la Resolución 4 aludida)

 
En desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 413 de 1990 y la Resolución 5 del mismo año de la Junta Monetaria, se expidió la Circular Externa No. 8 de 1990 de esta Superintendencia, que en el numeral 3, subnumeral 3.2.1 contemplaba el sistema de amortización de los créditos para la adquisición de vivienda de interés social que podían redescontar las corporaciones de ahorro y vivienda, al precisar que “... El sistema de amortización se caracteriza, especialmente, por la posibilidad de capitalizar los intereses hasta en un 70%, como también por la limitación de la cuota mensual de pago durante el primer año del crédito, que actualmente asciende al 1.4% del valor del crédito. Dicha limitante, como queda dicho, sólo opera para el primer año de vida del crédito”.

Posteriormente, la ley 2ª de 1991 modificó el artículo 44 de la Ley 9 de 1989 que definía lo que se entendía por “sistema de financiación de vivienda de interés social” y en su texto no se refirió a este tema. Así mismo, la Ley 3a de 1991 modificó el artículo 59 de la Ley 9 citada que aludía a las condiciones previstas en el artículo 44 de la misma ley sobre los sistemas de financiación de vivienda de interés social y en su texto no efectuó mención alguna sobre este particular.


Luego la Junta Monetaria en desarrollo de sus facultades legales y, en especial, de lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 64 de la Ley 45 de 1990 expidió la Resolución 5 de 1991 y en su artículo 2o previó:


“Los sistemas de amortización de los préstamos serán determinados por las corporaciones de ahorro y vivienda.


“En todo caso, las cuotas de amortización de préstamos para la adquisición de inmuebles de construcción de vivienda propia no podrán exceder del 40% del promedio mensual de los ingresos totales del solicitante o del grupo familiar solicitante al momento del otorgamiento. Respecto de préstamos destinados a financiar la adquisición de vivienda de interés social la cuota de pago mensual por concepto de capital e intereses no podrá exceder durante el primer año del crédito de la cuantía que señale periódicamente la Junta Monetaria; inicialmente ésta se fija en el 1.7% del valor de crédito”.

 
Es preciso resaltar que la mencionada resolución, en su artículo 32 derogó expresamente la Resolución 5 de 1990 de la Junta Monetaria arriba mencionada.

 
Por su parte, la Resolución 15 de 1991 de la Junta Monetaria, en su artículo 4 subrogó expresamente el artículo 2o de la Resolución 5 de 1991 y en su artículo 3o estableció lo siguiente:

 
“Los sistemas de amortización de los préstamos serán determinados por las corporaciones de ahorro y vivienda.

 
“En todo caso, las cuotas de amortización de préstamos para la adquisición de inmuebles o construcción de vivienda propia no podrán exceder del 40% del promedio mensual de los ingresos totales del solicitante
o del grupo familiar solicitante al momento del otorgamiento. Respecto de préstamos destinados a financiar la adquisición de vivienda de interés social la cuota de pago mensual por concepto de capital e intereses no podrá ser inferior, durante el primer año del crédito, de la cuantía que señale periódicamente la Junta Monetaria; inicialmente ésta se fija en el 1.7% del valor de crédito”. (se subraya y se resaltan las modificaciones efectuadas respecto del texto de la Resolución 5).


La Resolución Externa No. 19 de 1991 de la Junta Directiva del Banco de la República, en su artículo 2o señaló que “Los sistemas de amortización de los préstamos serán determinados por las corporaciones de ahorro y vivienda”. Así mismo, la Resolución 25 de 1991 de la Junta Monetaria, en su artículo 1o modificó el artículo 2o de la Resolución 5 de 1991, en los siguientes términos:

 
“Los sistemas de amortización, de los préstamos serán determinados por las corporaciones de ahorro y vivienda.

(...)


Respecto de préstamos destinados a financiar la adquisición de vivienda de interés social a adquirentes de vivienda con subsidio del Gobierno Nacional de que trata la Ley 3o de 1991, la cuota de pago mensual por concepto de capital e intereses no podrá ser inferior, durante el primer año del crédito de la cuantía que señale periódicamente la Junta Monetaria; inicialmente esta se fija en el 1.7% del valor de crédito”.


Posteriormente, la Resolución 51 de 1991 de la Junta Monetaria derogó la Resolución 25 de 1991 y en su artículo 1o modificó el artículo 2o de la Resolución 5 de 1991, así:


“Los sistemas de amortización de los préstamos serán determinados por las corporaciones de ahorro y vivienda.

“(…)


“Respecto de préstamos destinados a financiar la adquisición de vivienda de interés social a adquirentes de vivienda con subsidio del Gobierno Nacional de que trata la Ley 3ª de 1991, la cuota de pago mensual por concepto de capital
e intereses no podrá ser inferior, durante el primer año del crédito, de la cuantía que señale periódicamente la Junta Monetaria; inicialmente esta se fija en el 1.5% del valor de crédito” (se subraya la modificación efectuada).


Mediante Circular Externa No. 40 de 1991 de esta Superintendencia se instruyó a las corporaciones de ahorro y vivienda, respecto de las leyes 2ª y 3ª de 1991 y las Resoluciones 5 y 51 de la Junta Monetaria, y en el numeral 2 se detallaron los siguientes sistemas de amortización:

 
2. SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN

“2.1 Podrán ser libremente establecidos por las CAV; no obstante, deberán remitirse a este Despacho los modelos matemáticos y las notas técnicas de los sistemas de amortización que se pretende introducir, en los términos establecidos en la Circular Interna 079 de 1989 de la Superintendencia Bancaria.

 
“2.2 Límites a las cuotas de amortización


“2.2.1 En la atención a los créditos concedidos por las CAV para la adquisición de inmuebles o construcción de vivienda propia, las cuotas de amortización no podrán exceder del 40% del promedio mensual de los ingresos totales del solicitante o del grupo familiar solicitante en el momento de la aprobación del mismo.


“2.2.2 Tratándose de Vivienda de Interés Social los sistemas de amortización que se diseñen para la atención a los créditos que se otorguen para la adquisición de esta clase de vivienda, no podrán establecer o fijar cuotas de amortización mensual, por concepto de capital e intereses, durante el primer año del crédito, en cuantías inferiores a los límites que fije la Junta Monetaria.


“Respecto a los créditos otorgados para financiar la adquisición de vivienda de interés social a adquirentes beneficiarios del subsidio familiar de vivienda de interés social otorgado por el Inurbe conforme a lo prescrito por la Ley 3ª de
1991. La Resolución 51 de la Junta Monetaria ha establecido, inicialmente, en 1.5% del valor del crédito, la cuantía mínima de la cuota de pago mensual por concepto de capital e intereses.


“2.3 Sistemas de pago alternativos denominados en moneda legal


“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 2ª de 1991, las CAV que otorguen créditos a mediano y largo plazo en moneda legal, deberán ofrecer a los beneficiarios de los mismos, sistemas de pagos alternativos que permitan cada año el pago total de los intereses causados en el período, o bien ofrezcan al usuario programas de amortización que contemplen la capitalización de intereses a que se refiere el artículo 886 del Código de Comercio, de acuerdo con las condiciones que para el efecto establezca la Junta Monetaria
“.

 
Ahora bien, los artículos 2.1.1.2.5 y 2.1.1.2.7 del Decreto 1730 de 1991 [2 (anterior Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) se refirieron, el primero de ellos a la aplicación de las normas sobre límites a intereses en obligaciones pactadas en UPAC y, el segundo, a los requisitos de los sistemas de pago en créditos de mediano y largo plazo denominados en moneda legal en los siguientes términos:


“2.1.1.2.7 SISTEMAS DE PAGO ALTERNATIVOS PARA CREDITOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO. Las entidades que concedan créditos de mediano o largo plazo denominados en moneda legal deberán ofrecer a los usuarios sistemas de pagos alternativos con las siguientes características:


“a. Un sistema de créditos que contemple en cada año el pago total de los intereses causados en el período,
o


“1. Un sistema que ofrezca como beneficio para el deudor programas de amortización que contemplen la capitalización de intereses conforme al artículo 886 del código de comercio y de acuerdo con las condiciones que para el efecto establezca (la Junta Monetaria).[3

 
“La Superintendencia Bancaria vigilará el cumplimiento de la presente norma de tal manera que las entidades que otorguen créditos de mediano y largo plazo ofrezcan, a elección de los usuarios, los sistemas establecidos en este artículo”.


El artículo trascrito recogió íntegramente el artículo 13 de la Ley 2ª de 1991 el cual contemplaba sistemas de pago alternativos para créditos de mediano y largo plazo para vivienda de interés social, ampliándolo a cualquier clase de vivienda. Luego dicha norma fue recogida en el numeral 2 del artículo 121 del actual Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993).


Posteriormente, la Circular Externa No. 003 de 1992 proferida por esta Entidad, con fundamento en las Leyes 2ª y 3ª de 1991, estableció lo siguiente:


“2. SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN


2.1 Determinación


“Podrán
ser libremente establecidos por las Corporaciones de Ahorro y Vivienda; no obstante, deberán remitirse a este Despacho los modelos matemáticos y las notas técnicas de los sistemas de amortización que se pretende introducir, en los términos establecidos en el numeral 2o de la Circular Externa 079 de 1989 de la Superintendencia Bancaria….”

 
“2.2 Sistemas de pagos alternativos de créditos denominados en moneda legal.

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.1.2.7 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las Corporaciones de Ahorro y Vivienda que otorguen créditos de mediano o largo plazo en moneda legal, deberán ofrecer a /os beneficiarios de los mismos, sistemas de pagos alternativos que permitan cada año el pago total de los intereses causados en el período, o bien ofrezcan al usuario programas de amortización que contemplen la capitalización de intereses a que se refiere el artículo 886 del Código de Comercio, de acuerdo con las condiciones que para el efecto establezca la Junta Directiva del Banco de la República”.

 
De otro lado, el Decreto 124 de 1993 previó que las corporaciones de ahorro y vivienda podían convenir libremente con sus usuarios los plazos de los préstamos destinados a financiar la adquisición, mejoramiento, habilitación o subdivisión de vivienda, incluida la de interés social, sin perjuicio de que convinieran con sus deudores mecanismos que permitieran la amortización de los créditos, mediante e[ sistema - de cuotas constantes, crecientes, decrecientes, uniformes en pesos pero variables periódicamente y bajo cualquier otra modalidad que contemplara la posibilidad que los deudores efectuaran abonos superiores a la cuota mínima exigida para cada periodo. En tal sentido, se consideró la posibilidad de que se otorgaran créditos mediante el sistema de desembolsos progresivos, según los términos y condiciones señalados en el mencionado Decreto.


Posteriormente, el Decreto 414 de 1999 -expedido con fundamento en las facultades conferidas por el numeral 1 del artículo 121 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero- en su artículo 1o estableció:


“Los establecimientos de crédito en operaciones de largo plazo destinadas a financiar vivienda individual podrán utilizar sistemas de pago que contemplen la capitalización de intereses, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos mínimos:


“a) Al momento de otorgarse un crédito individual de vivienda, o en el caso de las reestructuraciones de los mismos, en el sistema utilizado para el cálculo de la primera cuota, el incremento
o gradiente no podrá superar el diecisiete por ciento (17%) anual;


“b) Durante toda la vida del crédito, el incremento anual de las cuotas no deberá superar un valor equivalente al ÍPC anual adicionado hasta un máximo de cinco puntos anuales. El IPC utilizado para el cálculo será el divulgado por el DANE”.

 
De la reseña normativa antes citada y tal como ya lo expresamos, se concluye que desde la expedición de la Resolución 5 de 1991 por parte de la Junta Monetaria y hasta la expedición de la Ley 546 de 1999 existía libertad para que las corporaciones de ahorro y vivienda diseñaran y establecieran autónomamente los sistemas de amortización que ofrecían al público, ya sea en UPAC o en moneda legal, ajustándose en todo caso, a las normas aplicables vigentes para la época, antes señaladas, dentro de las cuales se preveía la posibilidad de utilizar sistemas de amortización con capitalización de intereses.


Las anteriores consideraciones absuelven las inquietudes planteadas en los numerales: primero, segundo, tercero y quinto de su petición.


Por último y en cuanto a sus interrogantes números cuarto y sexto, le manifiesto que esta Entidad no ha expedido instructivo alguno sobre el particular. Adicionalmente, le reitero que el Gobierno Nacional no reglamentó la figura de la capitalización de intereses para ese tipo de operaciones, ni se profirió a través de esta Superintendencia instrucción alguna, advirtiendo que es una figura legalmente autorizada en los términos del artículo 886 del Código de Comercio y el Decreto 1454 de 1989 con excepción de los créditos otorgados para la financiación de vivienda individual a largo plazo y sólo a partir del 23 de diciembre de 1999, con ocasión del pronunciamiento de la Corte Constitucional antes citado.

 
De esta forma hemos dado curso a su solicitud, con el alcance a que se refiere el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.


Cordialmente,


PILAR CABRERA PORTILLA

Coordinadora Grupo de Consultas Dos

1 El artículo citado fue modificado por la Ley 795 de 2003.

2 Dichos artículos fueron recogidos por el artículo 121 del Decreto 663 de 1993 actual Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, norma que fue posteriormente declarada parcialmente inexequible por la Sentencia C-747 de 1999 proferida por la Corte Constitucional.

3 El texto entre paréntesis fue sustituido por la Ley 35 de 1993 otorgando dicha facultad al Gobierno Nacional.

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