CONCEPTO 49231 DE 2003
(Octubre 24)
<Archivo: Superintendencia Bancaria>
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8201
Señora
KATTIA MONGE CASTRO
Monqck@hacienda.qo.cr
Costa Rica
Referencia: 2003049231-0
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Sin anexos
Apreciada señora:
Me refiero a su comunicación radicada en esta Superintendencia con el número de la referencia mediante la cual solicita información respecto al régimen de las empresas que adelantan operaciones de arrendamiento (leasing), tarjetas de crédito y de factoring.
Sobre el particular, como primera medida es importante informarle que de conformidad con lo establecido en el literal el del numeral 3o del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero entre las funciones conferidas a la Superintendencia Bancaria de Colombia se encuentra la de “Absolver las consultas que se formulen relativas a las instituciones bajo su vigilancia y control”, por tal razón, su consulta será atendida desde el punto de vista de la actividad autorizada a las entidades por ella vigiladas.
En tal sentido, es válido expresarle que la Superintendencia Bancaria de Colombia ejerce la inspección, vigilancia y el control sobre las personas que realicen la actividad financiera y aseguradora, dentro de las cuales se encuentran los establecimientos de crédito, que comprenden los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y cooperativas financieras, cuyo régimen que regula todo lo concerniente a su creación, extinción y objeto social es el Decreto 663 de 1993 constitutivo del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que recoge los principios y criterios vigentes de las distintas reformas financieras suscitadas en nuestro país tales como las Leyes: 45 de 1990, 35 de 1993, 510 de 1999, 795 de 2003.[1
El artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero dispone que todas las entidades que deban someterse al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria de Colombia se “constituirán bajo la forma de sociedades anónimas mercantiles o de acciones cooperativas”, las cuales deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo en cita y el artículo 54 del mismo estatuto, en concordancia con lo señalado en el Capítulo Primero del Título I, de la Circular Externa No. 007 de 1996 emanada de esta Superintendencia.
Ahora bien, en punto a las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria de Colombia que adelantan las operaciones que usted menciona en su comunicación se efectúan los siguientes comentarios:
-Establecimientos Bancarios.
Básicamente el numeral 2o del artículo 2o del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero define a los establecimientos bancarios como: “(...) las instituciones financieras que tienen por función principal la captación de recursos en cuenta corriente, así como también la captación de otros depósitos a la vista o a término, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito (...)”.
Los establecimientos bancarios pueden realizar todas las operaciones e inversiones contenidas en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, indicándose en el artículo 7o, numeral 1o literal k) que pueden “(...) Celebrar contratos de apertura de crédito, conforme a lo previsto en el Código de Comercio (...)”, en concordancia con el Capítulo Primero del Título III de la Circular Externa No. 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Bancaria.[2
En tal virtud, los establecimientos bancarios están facultados para expedir tarjetas de crédito, lo cual se estructura de la siguiente manera:
-Tarjetas de Crédito
Sobre el particular, debe recordarse que las operaciones con tarjeta de crédito se estructuran como un contrato de apertura de crédito regulado por los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio Colombiano, indicando el primero que:
“(...) Se entiende por apertura de crédito, el acuerdo en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona sumas de dinero, dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado. Si no se expresa la duración del contrato se tendrá por celebrado a término indefinido (...)“.
La doctrina ha definido el contrato de tarjeta de crédito como:
“(...) Por virtud de la celebración del contrato el banco se compromete con su cliente a conceder crédito en forma rotatoria y hasta por un determinado monto o por cuantía indeterminada, mediante el pago a los terceros que presenten sus facturas firmadas (...) los terceros a quienes el banco se compromete a pagar son determinados por el cliente cuando éste utilice sus servicios, pero dentro de un universo previamente establecido por el banco (...) la apertura de crédito que se concede, esto es, la disponibilidad a favor del cliente, sólo puede ser utilizada mediante la adquisición de bienes y servicios ofrecidos por ese universo de terceros y no por otros. Dada, sin embargo, la enorme extensión de la red de establecimientos afiliados, a los cuales es posible demandar bienes y servicios mediante la presentación de la tarjeta, puede decirse que, en la práctica, el cliente acreditado goza de una gran amplitud en la escogencia de sus co-contratantes (…)”.[3
Al respecto, para mayor ilustración se transcribe a continuación el aparte correspondiente del Capítulo Primero del Título II de la Circular Externa Básica Jurídica No. 07 de 1996, mediante la cual la Superintendencia Bancaria impartió instrucciones a los establecimientos de crédito en punto a las operaciones con tarjetas de crédito.
“(...) 3. OPERACIONES CON TARJETA DE CREDITO
En las operaciones activas de crédito que realizan los establecimientos de crédito a través del sistema de tarjetas de crédito deberán observarse para el estudio del crédito las siguientes reglas:
3.1. Estudio de crédito
Las entidades autorizadas podrán ofrecer libremente el contrato de apertura de crédito, mediante el sistema de tarjeta, para lo cual y con el objeto de asegurar un adecuado análisis del riesgo en la celebración de este tipo de contratos, deberán efectuar el correspondiente estudio de crédito, manteniendo como mínimo la exigencia de los siguientes requisitos:
a. Declaración del impuesto de renta y complementarios para aquellas personas que de acuerdo con la ley se encuentren obligadas a declarar.
b. Para los asalariados no declarantes el certificado de ingresos y retenciones.
c. Para las personas que no son asalariados pero que de acuerdo con su condición patrimonial no se encuentren obligados a declarar no podrá exigírseles la presentación de declaración alguna.
d. Además de los anteriores requisitos, los establecimientos de crédito podrán solicitar los demás documentos que a su juicio permitan establecer la solvencia económica de los potenciales deudores, con el fin de determinar la capacidad de pago del solicitante y toda aquella información que contribuye a efectuar “el conocimiento del cliente”.
La documentación de que trata este numeral deberá ser conservada por el establecimiento de crédito en el respectivo expediente de cada usuario.
3.2. Cupos de crédito
Los cupos de crédito deben otorgarse con sujeción a la politice de crédito de cada establecimiento. Dicha política en materia de cupos para tarjetas de crédito, deberá formularse por escrito por el órgano competente y ser de amplia difusión en cada entidad.
3.3. Limitación de los cupos
Como quiera que la legislación financiera contempla de manera expresa los límites de endeudamiento de una persona natural o jurídica frente a los establecimientos de crédito, estas entidades deberán abstenerse de establecer cupos ilimitados de crédito en las operaciones arriba mencionadas, toda vez que dicho proceder resulta violatorio de las disposiciones contenidas en los Decretos 2360 y 2653 de 1993 y demás normas que los modifiquen o adicionen en la medida en que la apertura de crédito es una operación activa según las voces del artículo 6o ibidem.
Por tal virtud, no podrá anunciarse la expedición de tarjetas sin sujeción a cupo alguno y en cada extracto deberá aparecer el cupo asignado por beneficiario, precisando el monto por utilizar.
3.4. Aumento de los cupos
Todo aumento de los cupos deberá corresponder a un previo estudio de la capacidad de endeudamiento de cada tarjetahabiente, salvo cuando, entratándose de tarjetas activas, el cupo se modifique hasta en un porcentaje equivalente al incremento en el nivel general de precios al consumidor correspondiente al año anterior.
a. Tasas de interés. Alcances
De conformidad con los previsto en el artículo 4o de la Resolución 19 de 1988 emanada de la Junta Monetaria, -hoy Junta Directiva del Banco de la República- el concepto de tasa de interés efectiva comprende, también, la totalidad de los costos financieros a cargo del deudor -cualquiera que sea su denominación- vinculados al préstamo o relacionados con él.
Únicamente quedan exceptuados los que se refieren a la cuota de manejo y a la prima de seguro, en tanto el cobro de estos rubros obedezca inequívocamente a costos de índole no financiera que, por lo mismo, merecen un tratamiento excepcional.
b. Límites
La tasa de interés efectiva que conforme a los contratos celebrados cobren los establecimientos de crédito se encuentra limitada por las previsiones legales contenidas en el artículo 884 del Código de Comercio, cuyos alcances fueron comentados por esta Superintendencia en el literal f. del numeral 1.1.1 del presente capítulo.
Desde luego que, para su determinación, habrá de estarse a lo previsto en el punto anterior a fin de que los costos financieros del crédito -expresados bajo cualquier denominación que quiera dárseles- no superen las tasas legalmente permitidas.
c. Generalidad
Las condiciones de financiación que una entidad determinada ofrezca al público deben ser de tal manera generales que el acceso al crédito por parte de cualquier usuario se haga en pie de igualdad. Así lo establece expresamente el artículo 1o de la Resolución 19 de 1988 emanada de la Junta Monetaria, -hoy Junta Directiva del Banco de la República-.
Es entendido que la tasa efectiva que es posible convenir con arreglo a lo dispuesto anteriormente puede sería misma, así el plazo de financiación sea diferente.
d. Inmodificabilidad
Durante el plazo del crédito la tasa de interés efectiva debe permanecer inalterada, según las voces del artículo 20 ibídem En consecuencia, los establecimientos de crédito, no podrán efectuar cobros adicionales ni hacer modificaciones en fa forma de pago, que conduzcan a variar la tasa de interés efectiva que haya sido prevista al tiempo de cada utilización.
e. Publicidad
Por virtud de lo dispuesto en materia de información de tasas de interés, en el artículo 2o, ibídem, se deberá tener en cuenta lo siguiente:
f. Extractos
Además de la información que los emisores de tarjetas de crédito tradicionalmente suministran en los extractos de cuenta periódicos, deberán incluir en ellos la relativa a la tasa de interés efectiva que se cobra al usuario, para cada utilización.
La cuota de manejo y la prima de seguro podrán seguir siendo informadas en la forma acostumbrada y se incluirán en el aviso de que trata el punto siguiente.
g. Avisos
El último día hábil de cada mes los establecimientos de crédito publicarán en un periódico de amplia circulación nacional -en las páginas informativas de temas económicos y en caracteres destacados-, la tasa de interés efectiva que cobrarán durante el mes siguiente, incluyendo, para efectos de su cálculo, todos aquellos cobros que influyen en la determinación del costo financiero del crédito a cargo del beneficiario del mismo, con el fin de que los usuarios estén informados del costo real que les implicaría la utilización de una u otra tarjeta de crédito.
Las entidades acreditarán el cumplimiento del requisito anterior, mediante la remisión a esta Superintendencia de una copia del aviso respectivo, dentro de los cinco días comunes siguientes a la publicación.
3.5. Plazo y valor de financiación
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o del Decreto 2048 de 1996 “Los prestamos que se otorguen mediante el sistema de tarjeta de crédito tendrán un plazo máximo de doce (12) meses y se financiarán en el correspondiente período hasta por el valor total de cada utilización, en cuotas mensuales uniformes”.
De otra parte se establece que “Cuando se trate de consumos en el exterior o en moneda extranjera, la cancelación del préstamo tendrá un plazo máximo de 3 meses, en cuotas mensuales uniformes, contado a partir de la respectiva utilización.
3.6. Prácticas inseguras
De conformidad con las facultades concedidas por el literal a) del numeral 5o. del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, se califican como inseguras las siguientes prácticas:
El ofrecimiento de cupo de créditos sin solicitud del tarjetahabiente.
El ofrecimiento de cupos de crédito a favor de grupos de personas, sin que éstas hayan formulado solicitud alguna ante tales entidades y sin que por parte de las instituciones se hubiere efectuado un análisis del riesgo a través del estudio de sus condiciones económicas, ya que la omisión de tal estudio puede comprometer los activos de dichas instituciones.
El exceso en los cupos máximos.
No adoptar las medidas apropiadas para impedir que los tarjetahabientes que han excedido los cupos máximos aprobados continúen utilizando la tarjeta. Con el fin de prevenir la ocurrencia de hechos que puedan dar lugar a la realización de la práctica insegura descrita, los establecimientos de crédito deben circularizar a los establecimientos de comercio, dentro de los tres (3) días siguientes al registro del exceso, para que se abstengan de admitir la tarjeta correspondiente; lo anterior, sin perjuicio de que el establecimiento de crédito aplique las medidas que en el reglamento de uso de la tarjeta han de consagrarse para el evento en que el usuario incumpla la obligación.
Cargos no autorizados en tarjetas de crédito
Es igualmente práctica insegura aquella adoptada por algunas entidades emisoras de tarjetas de crédito según la cual se envía a los tarjetehabienles, junto con el extracto mensual un volante dentro del cual se les anuncia que recibirán próximamente una determinada revista o publicación impresa, por suscripción, con cargo a su cuenta. La respuesta que debe dar el cliente, según esta forma, debe ser negativa para no recibir el ofrecimiento, porque de lo contrario, automáticamente se considera aceptado el recibo de la publicación y, obviamente, la suscripción.
Al respecto debe aclararse que, al tenor de lo señalado en el artículo 1464 del Código Civil, el consentimiento consiste en “….el concurso real de las voluntades de dos o más personas…”, luego como principio básico de toda convención, solamente estaremos en su presencia en la medida en que “…todas y cada una de las personas han manifestado sus voluntades convergentes hacia un mismo querer (in idem pactum consensus), lo que supone, a lo menos, la sucesión de dos actos simples: La propuesta y la aceptación. Es necesario que uno de los interesados proponga a otro u otros la celebración de la convención y que éste, a su turno, manifieste que está de acuerdo con tal propuesta y que adhiere a ella. Así el encuentro y la unificación de la propuesta y su aceptación es lo que genera el consentimiento” (OSPINA FERNANOEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo “Teoría General de los actos o Negocios Jurídicos“. Editorial Temis, Bogotá 1980 Pag, 150); Ahora bien, el punto de interés radica en lo relacionado con la aceptación, que por ningún motivo puede ser presumida -en principio por el oferente, ni subsanada por éste, habida cuenta que la Ley Mercantil presupone, de manera obvia, en cabeza de su destinatario. Resulta necesario e imprescindible el pronunciamiento de aceptación del negocio que se ha propuesto, como quiera que existe incompatibilidad para entender -en un momento dado- el silencio del destinatario como una manifestación positiva para cobrar vida como negocio jurídico.
Nuestra legislación admite, en principio, solo la aceptación expresa (artículo 850 del Código de Comercio), verbal, si la oferta es verbal, escrita si así es el ofrecimiento (artículo 851 C. Co.), De manera singular se admite que “…la aceptación tácita, manifestada por un hecho inequívoco de ejecución del contrato propuesto...”, siempre y cuando el oferente tenga conocimiento de tal hecho durante el término de la oferta (artículo 854 del Código de Comercio).
El silencio, entendido por Messineo, como comportamiento equívoco y neutro”, no constituye por regla general actitud vinculante para quien lo guarda. En el derecho privado no rige el viejo aforismo romano “qui tacet consentire videtur”, o sea, quien calla otorga. Predomina por el contrario, el de que quien calla, simplemente calla. Así pues, se insiste, nuestro Derecho Mercantil se plegó a la fórmula francesa según la cual, para la manifestación del consentimiento necesario en los contratos no basta no decir no; es necesario decir SI (CFR CANCINO RESTREPO, Fernando “Estudios de Derecho Privado” Editorial Temis Bogotá 1979 Paq. 84) (...)“.
Cabe anotar, que la expedición de las tarjetas de crédito en la medida en que constituye un otorgamiento de un préstamo lo pueden realizar los establecimientos de créditos: bancos, compañías de financiamiento comercial y cooperativas financieras.
- Leasing habitacional
La reciente reforma financiera Ley 795 de 2003, adicionó el artículo 7o del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, e introdujo en el artículo 1o la figura del Leasing Habitacional como una operación autorizada a los establecimientos bancarios. Dicha actividad fue reglamentada por los Decretos Nos. 777 y 779 del 2003.[4
El artículo 2o del Decreto 777 precisó: “(...) Se entiende por operación de leasing habitacional, el contrato de leasing financiero mediante el cual una parte denominada entidad autorizada entrega a un locatario la tenencia de un inmueble destinado a vivienda para su uso y goce, a cambio de un canon periódico, durante un plazo convenido, a cuyo vencimiento el bien se restituye a su propietario o se transfiere al locatario, si éste último decide ejercer una opción de adquisición pactada a su favor y paga su valor (...)“.
El Decreto 779 del 2003 define el tratamiento que debe darse a esta operación en el campo tributario.
Concluyendo, a los establecimientos bancarios les está permitido ofrecer a través de sus secciones comerciales el servicio de tarjetas de crédito y de leasing habitacional.
-Compañías de Financiamiento Comercial
De conformidad con el numeral 5o del artículo 2o del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero son (...) compañías de financiamiento comercial las instituciones que tienen por función principal captar recursos a término, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito para facilitar la comercialización de bienes y servicios, y realizar operaciones de arrendamiento financiero o leasing (...)“.
La actividad de este tipo de establecimientos de crédito se encuentra regulada por los artículos 24, 25 y 26 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con el Capítulo Tercero del Título III de la Circular Externa No. 07 de 1996.
Los artículos 24 y 26 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - Decreto 663 de 1993- autorizaron de manera general a las compañías de financiamiento comercial para desarrollar las actividades de leasing reglamentada por las normas que más adelante se mencionan, así:
1. La operación de Leasing.
1.1. Leasing financiero.
Esta modalidad se encuentra regulada por los Decretos 913 y 914 del 19 de mayo de 1993.[5
Así, el artículo 2o del citado Decreto 913 define el leasing financiero como: “(...) la entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto, financiando su uso y goce a cambio del pago de cánones que recibirán durante un plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final del período una opción de compra (...)“.
Dicha disposición establece las condiciones y características del leasing financiero. Mientras que el Decreto 914 de 1993, en los artículos 1o y 2o reguló la conversión de sociedades de arrendamiento financiero en compañías de financiamiento comercial, estableciendo los requisitos necesarios para la respectiva conversión, disponiendo además la liquidación de las entidades arrendadoras que no cumplieran con tales exigencias.
De igual manera, esta Superintendencia mediante el Capítulo Tercero, Título III, instruyó a las entidades habilitadas para desarrollar este tipo de negocio, en lo siguiente:
“(...) 1. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Con el fin de asegurar el estricto cumplimiento por parte de las Compañías a los requisitos previstos en los artículos 2o y 3o del Decreto 913 de 1993, con ocasión de la celebración de los contratos de arrendamiento financiero, cualquiera sea la modalidad, este Despacho se permite impartir las siguientes instrucciones:
1.1. Adquisición de bienes
Atendiendo que el artículo 2o del Decreto en mención determina que el negocio jurídico consiste en la “(...) entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto, (...)“ y que, además, la capacidad jurídica de las compañías en la celebración de esta clase de operaciones tiene como finalidad financiar el uso y el goce de los bienes y no su comercialización, debe entenderse que la adquisición de estos activos debe realizarse exclusivamente con causa en la celebración de los contratos.
En este sentido no se ajusta a la norma la práctica consistente en adquirir bienes para entregar en arrendamiento financiero sin que medie el contrato de respectivo.
1.2. Ejercicio de la opción de compra
Considerando que el contrato de arrendamiento financiero es de aquellos que la ley ha denominado como de tracto sucesivo, lo cual supone que el cumplimiento de las prestaciones recíprocas deben cumplirse durante el plazo acordado, ello implica que el ejercicio de la opción de compra debe realizarse, tal como lo dispone el artículo 2o del Decreto 913 de 1993, al final del período; por consiguiente, constituye una práctica no autorizada que se exija al arrendatario el pago anticipado de ésta, pues, además de ser contraria al texto de la norma en cita, implicaría que el contrato degeneraría en otro al desconocer un elemento de su esencia.
1.3. Adquisición de bienes usados
Al adquirir bienes usados para ser entregados en arrendamiento financiero, cualquiera sea su modalidad, las compañías deberán contar con el avalúo de los mismos, de acuerdo con los requisitos contemplados en el artículo 64 del Decreto 2649 de 1993, de tal forma que el mismo determine el valor comercial, su estado, la vida útil estimada, el grado o riesgo de obsolescencia tecnológica, sus posibilidades de recolocación en el evento de ser necesario, o sus posibilidades de venta, etc., y, en fin, aquellas consideraciones que aseguren, o por lo menos determinen, que la inversión de la arrendadora estará debidamente precautelada.
1.4. Mantenimiento, fabricación o construcción de bienes
Tratándose de la prohibición contenida en el literal b. del artículo 3o del decreto 913 precitado, la cual consiste en determinar que no se puede asumir el mantenimiento de los bienes entregados en arrendamiento financiero, ni fabricar o construir bienes muebles o inmuebles, se estima necesario aclarar que la finalidad es la de impedir que las compañías acometan actividades ajenas a su objeto social reglado, como al efecto lo serían tas actividades de construcción o fabricación de bienes para ser entregados en arrendamiento e impide a las compañías que acometan directamente estas actividades.
No obstante lo anterior, es evidentemente cierta la apreciación en el sentido de que es viable contratar con un tercero el servicio de mantenimiento o reparación de un activo que va a ser entregado en arrendamiento financiero o la fabricación o construcción, sin dejarse de lado, desde luego, que tales actividades deben tener como causa la celebración de un contrato de la naturaleza preanotada.
1.5. Tratamiento de los prepagos
Este Despacho tiene conocimiento que algunas compañías exigen a los arrendatarios una suma de dinero bajo la figura de un “prepago”, sin que para el efecto se determine a la celebración del contrato su destinación específica.
En tal sentido, esta Entidad no cuestiona que, por las razones que se consideren del caso, se exijan esta sumas de dinero, empero, debe, al celebrarse el contrato, determinarse claramente su destinación, sin apartarse de los elementos del contrato, como sería el de darles el tratamiento de una cuota extraordinaria o un menor valor de los cánones por recaudar o una garantía, sin que sea viable dejar al arbitrio de la entidad arrendadora su destinación o acordar que la suma así recibida sea considerada como un pago anticipado de la opción de compra teniendo en cuenta las razones expuestas en el numeral 2o del presente instructivo.
1.6. Terminación anticipada de los contratos de arrendamiento financiero y/o refinanciación de los cánones y otros conceptos
Sobre el tema es de anotar que en algunas ocasiones las compañías acuerdan con los arrendatarios, por diversas consideraciones, la terminación anticipada de los contratos de arrendamiento financiero, suscribiendo para tales efectos los arrendatarios a favor de la entidad financiera un título valor (letra, pagaré, etc.), obligándose así a cancelar los saldos insolutos generados en el negocio jurídico inicialmente acordado.
Esta mutación de un contrato de arrendamiento financiero a uno de crédito o de venta a plazos, en el evento de transferencia del bien, conlleva en la práctica que los cánones por recaudar, la opción de compra y demás conceptos se trasladen de cuentas contingentes al activo, generando los correspondientes ingresos.
Lo propio ocurre con la refinanciación de los cánones y demás conceptos causados no recaudados, procedimiento mediante el cual las compañías aceptan títulos valores como fuente de pago de los mismos.
Como los procedimientos contables anteriormente descritos no atienden las normas básicas de Esencia sobre Forma, Realización y Prudencia, este Despacho solicita a las entidades que, en tales casos, sólo se afecte el estado de resultados cuando efectivamente el importe de los mismos se vaya recaudando, para lo cual el valor de dichos ingresos se deberá considerar como Pasivo Diferido.
De otra parte, aún en el entendido de que el contrato de arrendamiento financiero es en esencia irrevocable, lo cual presupone que los contratantes en forma unilateral no lo pueden dar por terminado, en la práctica los arrendatarios recurren a las compañías en procura de anticipar su terminación, sin que en el contrato se prevean las condiciones bajo la cuales se posibilitaría tal hecho; por ello deben las compañías de antemano consagrar las estipulaciones contractuales bajo las cuales se sujetaría la terminación anticipada, con miras a no dejar a su arbitrio las condiciones en que operaría tal evento.
1.7. Cancelación del precio en la adquisición de los bienes para ser entregados en arrendamiento financiero
De igual forma se ha constatado que, en algunos casos, el arrendatario cancela parte del precio directamente al proveedor del bien, quien a su vez lo factura a la compañía por el valor total o por la suma resultante de deducir el monto cancelado por el usuario.
En uno u otro caso, aún en el entendido que al usuario le compete escoger el bien que usará y gozará en su interés particular, se estima necesario precisar que la adquisición del bien, de acuerdo con la definición del contrato de arrendamiento financiero, debe constituir un contrato donde el precio debe ser cancelado o sufragado en su integridad por la compañía arrendadora, de tal forma que, salvo excepciones legales, vale decir, el arrendamiento sindicado, el derecho de dominio recaiga exclusivamente en la entidad financiera, con el fin de cumplir las normas que regulan el contrato y evitar que se genere copropiedad con el arrendatario sobre los activos o confiabilizarlos por un valor que no consulta el monto correspondiente al de su adquisición.
Como consecuencia de lo expuesto, las prestaciones derivadas del contrato de compraventa deben predicarse únicamente entre la compañía de financiamiento comercial y el proveedor del bien.
1.8. Constitución de garantías sobre los bienes entregados en arrendamiento financiero
De acuerdo con la letra g. del artículo 10 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, aplicable a las compañías de financiamiento comercial por disposición del artículo 213 del mismo Estatuto, no se puede otorgar hipoteca o prenda que afecte la libre disposición de los activos, salvo que se confiera para garantizar el pago del precio que quede pendiente de cancelar al adquirir el bien.
En tal sentido, con el fin de observar debidamente la norma, es importante precisar que las compañías solamente pueden constituir el gravamen sobre el bien que financia el proveedor para ser entregado en arrendamiento financiero, previendo, en todo caso, sistemas de pago con el acreedor hipotecario o prendario para que su cancelación se realice con anterioridad a la época fijada para que el arrendatario ejerza la opción de compra y se ponga en conocimiento del usuario de esto servicio financiero sobre tales circunstancias, para lo cual deberá dejarse constancia expresa.
De otra parte, en consonancia con lo expuesto, las compañías deben tener especial cuidado para que los bienes entregados en arrendamiento financiero, cualquiera sea la modalidad, estén libres de gravámenes o limitaciones al dominio, distintas de las anotadas, precautelando, como un deber ineludible, amparar al arrendatario del dominio y posesión pacífica del bien sobre el cual tiene la facultad de ejercer la opción de compra.
1.9. Practica insegura
Este Despacho, de acuerdo con la letra a. del numeral 5o del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, califica como práctica insegura cualquier acuerdo o acto que se aparte de las instrucciones precedentes.
2. APLICACION DEL DECRETO 384 DE 1993 DENTRO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Para la correcta aplicación de lo previsto en el Decreto 384 de 1993 en relación con la actividad de leasing, se considera procedente, tener en cuenta las siguientes previsiones:
Los arrendatarios de un bien entregado en leasing, si bien no son usuarios de un crédito, si resultan deudores en relación con las prestaciones a su cargo originadas en la correspondiente relación contractual.
Desde la perspectiva propia del contrato de seguro, en una operación de arrendamiento financiero pueden observarse diversos intereses en relación con el bien entregado: de una parte, el de la sociedad arrendadora como titular del derecho real de dominio y, de otra, el del arrendatario como tenedor del bien obligado a su restitución.
En ambos casos, el objeto de dicho interés es el mismo y la pérdida eventual que puede sufrir el dueño del bien es correlativa al perjuicio que surgiría para el arrendatario en el evento del siniestro, dada su obligación de restituir el bien, con lo cual se puede señalar que el interés del arrendatario está subsumido en el interés del titular del derecho de dominio, lo que no implica que haya identidad entre uno y otro y, por lo mismo, cada uno puede asegurar el bien por cuenta propia.
En el anterior orden de ideas, la compañía arrendadora puede tomar el seguro por cuenta propia para proteger única y exclusivamente su interés y, por lo tanto, en caso de presentarse el siniestro, el pago de la indemnización no libere al arrendatario de las responsabilidad derivadas del contrato, por ser un tercero ajeno a la relación de surgida del seguro (...)”[6 Puede suceder igualmente, que el interés asegurable del arrendatario se encuentre protegido por el mismo contrato de seguro, en cuyo caso el arrendatario también asume el carácter de asegurado, entendiéndose que el seguro es por cuenta ajena y vale a favor del tomador hasta concurrencia de su interés, como lo establece el artículo 1042 del Código de Comercio. De esta manera, a la ocurrencia del siniestro el arrendatario derivará a su favor la extinción de su obligación.
En consecuencia, frente a las previsiones contenidas en el Decreto 384 de 1993, las compañías de financiamiento comercial no están obligadas a sujetarse los criterios establecidos para la contratación de los seguros que suscriban para proteger los bienes entregados en leasing, cuando los mismos tengan por objeto único proteger el interés de aquéllas, caso en el cual el arrendatario no está obligado al cumplimiento de las cargas y obligaciones que se originen en el contrato de seguro, entre ellas el pago de la prima, ni participa de los derechos o beneficios del mismo.
Por el contrario, cuando el seguro comprenda el interés del arrendatario en calidad de asegurado, circunstancia que justifica su obligación de asumir el costo de la prima, el seguro suscrito con la sociedad arrendadora tendrá la calidad de seguro por cuenta ajena, debiendo sujetarse a las reglas establecidas para el efecto en el decreto 384 de 1993.
3. AVALUOS DE BIENES RETIRADOS EN LEASING
Cuando por cualquier causa a la sociedad se le restituya un bien entregado en arrendamiento financiero y la compañía tenga capacidad jurídica de celebrar un nuevo contrato sobre el mismo, debe proceder previamente a realizar un avalúo comercial, practicado por personas de reconocida especialidad e independencia, salvo que se cuente con uno reciente. Si del resultado del avalúo se obtiene un valor comercial superior al registrado en libros, la entidad deberá reconocer la diferencia como superávit por valorización. En caso contrario se constituirá una provisión que afectará el estado de resultados del respectivo período.
4. INVENTARIO DE ACTIVOS EN LEASING
Con arreglo al numeral 5o del artículo 207 del Código de Comercio, en ejercicio de sus funciones el revisor fiscal deberá inspeccionar los bienes dados en leasing, diligencia de la cual debe dejar constancia para su verificación por parte de esta Superintendencia (…)”.
1.2 Leasing operativo.
El artículo 5o del Decreto 913 de 1993 señala que “(...) Las compañías de financiamiento comercial podrán, igualmente, celebrar contratos de arrendamiento sin opción de compra, los cuales se sujetarán a les disposiciones comunes sobre el particular (...)“.
Se infiere de lo anterior, que las citadas Compañías pueden adelantar el leasing operativo en virtud de la autorización antes transcrita, operación que ha sido definida por la doctrina como: “(...) se presenta en relación con los bienes cuyo mercado es ampliamente demandado y, por consiguiente; permite volverlos a arrendar con cierta facilidad en cualquier momento. Por lo regular en este tipo de contratos se consagra la facultad a favor del arrendatario de pedir la terminación del contrato en cualquier momento, por obsolescencia, por ejemplo, de los bienes arrendados, para recibir a cambio otros más modernos. Como consecuencia de lo anterior la tasa o canon periódico no mira ya, en forma exclusiva, al período de amortización de los bienes, aunque lo tienen en cuenta (…)”[7
Sobre el tema ha expuesto esta Superintendencia lo siguiente:
”(....) Corresponde a aquel contrato “en virtud del cual, una persona natural o jurídica, denominada la arrendadora, entrega a otra llamada la arrendataria, la tenencia de un bien para su uso y goce, a cambio del pago o renta periódica”[8
Así mismo, el artículo 26 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece el régimen de financiamiento que tienen las Compañías de Financiamiento Comercial para realizar sus operaciones de Leasing, así:
“(...) Para la adquisición de activos objeto de operaciones de leasing, las compañías de financiamiento comercial podrán recibir créditos de otros establecimientos de crédito, cuyas garantías se determinarán en los términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional. No obstante, la adquisición de activos por parte de las compañías de financiamiento comercial para realizar operaciones de leasing operativo sólo podrán financiarse con recursos patrimoniales, los provenientes de los préstamos de otros establecimientos de crédito y de bonos cuyo plazo sea superior (...)“
1.3 Leasing Habitacional
A las Compañías de Financiamiento Comercial les está permitido llevar a cabo operaciones de leasing habitacional en virtud del artículo 1o de la ley 795 de 2003 y el artículo 1o del Decreto 777 de 2003.
1.4 Otras clases de Leasing
También en virtud del Decreto 913 de 1993, las Compañías de Financiamiento Comercial pueden realizar los siguientes tipos de leasing:
- Leasing Sindicado. Artículo 3 literal a).
- Leasing Back. Artículo 3 literal c).
Así mismo podrán celebrar contratos de leasing internacional, leasing de importación y leasing inmobiliario.
2. Operación de Factoring.
Sobre el contrato de factoring [9 cabe recordar que las disposiciones que han efectuado expresa mención sobre el particular, esto es la Ley 74 de 1989, el Decreto 3039 de 1989, la Ley 35 de 1993 y el Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) sólo han hecho mención de las sociedades facultadas para realizar este tipo de operaciones y de las entidades que ejercerán su vigilancia, como quiera que el legislador no ha reglamentado lo atinente a los elementos del contrato, sus formas de ejecución, las obligaciones de las partes derivadas del mismo, etc., y tan sólo se ha limitado a describirlo como la operación que realiza determinado tipo de entidades.
Dentro de la normatividad vigente, el artículo 11 de la Ley 74 de 1989, estableció que a partir de la vigencia de aquella ley las sociedades de factoring estarían sometidas al control de la Superintendencia Bancaria.
Al respecto, el artículo 1 del Decreto 3039 de 1989 expedido por el Gobierno Nacional, definió a las Sociedades de Compra de Cartera o Factoring como: “Aquellas distintas de los establecimientos de crédito especialmente facultadas para tal efecto, que, autorizadas por la Superintendencia Bancaria, pueden celebrar en calidad de adquirentes más de veinte (20) contratos de este género en un período de tres (3) meses consecutivos, en el mismo periodo, celebrar contratos del mismo género por un monto que exceda el cincuenta (50%) de su patrimonio”.
El mismo decreto, definió el régimen general de estas sociedades, ordenando su constitución como compañías por acciones, con el lleno de los requisitos, condiciones y procedimientos establecidos en la Ley 45 de 1923, limitándolas a la realización de actividades relacionadas únicamente con el factoring.
Posteriormente, con la expedición de la Ley 35 de 1993, se dispuso en su artículo 11 que “en adelante, la inspección, vigilancia y control de las sociedades de compra de cartera, no se llevaría a cabo por la Superintendencia Bancaria, sino que se sujetaría a las disposiciones generales sobre vigilancia y control de las sociedades mercantiles y de emisión y oferta de valores”.
A su vez, el Decreto 663 de 1993 [10 contentivo del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero autorizó expresamente a las corporaciones financieras (inciso 2o literal h art. 12), a las compañías de financiamiento comercial (literal h art. 24), como a las cooperativas financieras (numeral 9 art. 27) para realizar operaciones de compra de cartera (factoring) en relación con su empresa fundamental o en desarrollo de su objeto principal.
Así mismo, respecto de los establecimientos bancarios ha manifestado [11 esta Entidad que con base en la facultad genérica consagrada en el numeral 1 del artículo 7 ibídem, dichas entidades podrían celebrar el contrato de factoring con parte de la cartera de sus clientes en cuanto estuviese representada en alguno de los títulos mencionados en esa norma.
En este orden de ideas, es necesario resaltar que en virtud de lo dispuesto en el inciso 1o del artículo 11 de la Ley 35 de 1993, en adelante, las sociedades que tengan capacidad para desarrollar o celebrar operaciones de compra de cartera por estar contempladas estas en su objeto social, estarán sometidas, bien a las normas de vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades, o a las reglas sobre emisión y oferta de valores cuando realicen tales actos, esto es, las relativas a las facultades de la Superintendencia de Valores, siempre y cuando, pueda predicarse de dichas sociedades los presupuestos de vigilancia establecidos expresamente en la normatividad correspondiente, siendo del caso recordar lo establecido por el numeral 1o del artículo 6o del Decreto 2155 de 1992, de conformidad con el cual “son funciones de la Superintendencia de Sociedades:
“1o. Ejercer la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, no sometidas a la vigilancia de otras superintendencias”.
De lo anterior puede concluirse, que por regla general en Colombia es la Superintendencia de Sociedades[12 y no la Superintendencia Bancaria quien tiene la competencia para vigilar este tipo de sociedades, atendiendo no a la naturaleza intrínseca del contrato a desarrollar, sino al carácter comercial que pueda tener la sociedad que pretende desarrollar contratos de factoring o compra de cartera.
En los anteriores términos hemos dado curso a su petición, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo Colombiano.
Cordialmente,
ANA MARIA HINCAPIE CASTRO
Coordinadora Grupo de Consultas Uno
1 El Decreto 663 de 1993 y demás leyes citadas pueden ser consultadas en www.banrep.gov.co - Juriscol - Información Jurídica -Normas -Consulta por datos identificadores.
2 La Circular Externa No. 07 de 1995 puede ser consultada en www.superbancaria.gov.co Link/ normativa/ Boletín de Minhacienda/ capítulo Superbancaria.
3 Sergio Rodríguez Azuero, Contratos bancarios su Significación en América Latina, quinta edición. Editorial LEGIS 2002. Página 541.
4 Todos los decretos y leyes mencionados en el presente documento pueden ser consultados en: www.banrep.qov.co. Juriscol- Información Jurídica -Normas- Consulta por datos identificadores.
5 Los citados decretos pueden ser consultados en www.banrep.gov.co -Juriscol-Información Jurídica -Normas Consulta por datos identificadores.
6 La circular Básica Jurídica podrá consultarse en www.superbancaria.gov.co Link normativas.
7 Sergio Rodríguez Azuero. Contratos Bancarios su significación en América Latina, quinta edición 2002. Página 708.
8 Manual Jurídico del Leasing, el Leasing en 100 respuestas, Fedeieasing. pág. 5.
9 Concepto Superintendencia Bancaria No. 2000083393-0 del 16 de abril de 2001
10 El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero puede ser consultado en la página web www.superbancaria.gov.co, icono normatividad.
11 Superintendencia Bancaria, concepto No. 93017769-10 del 27 de octubre de 1994.
12 Información respecto de la Superintendencia de Sociedades puede consultarse en: www.supersociedades.gov.co