CONCEPTO 55011 DE 2002
(octubre 11)
Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogota, D. C.,
Doctor
CARLOS HUGO JIMÉNEZ
Secretario
Juzgado Veinte Civil Municipal
Carrera 52 No. 42-73 Piso 12
Medellín. Antioquia
Referencia: 2002055011-0
454 – Solicitud de Información Esp.
39 – Respuesta Final
Con anexos
Apreciado doctor:
En atención a su oficio No. 1209 R/20010978 radicado en esta Superintendencia con el número citado al rubro, mediante el cual solicita certificación sobre algunas inquietudes relacionadas con intereses, entre otros aspectos, me permito dar respuesta a las mismas en el orden en que fueron formuladas, a saber:
“1° las tasas máximas permitidas en los créditos de libre asignación y en los intereses bancarios corrientes desde diciembre de 1996 hasta la fecha de certificación“.
En primer lugar, es del caso precisar que correspondía a la Superintendencia Bancaria (artículo 326, numeral 6° literales c. y d. del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) en materia de intereses certificar dos tipos de tasas: la del interés bancario corriente (artículo 884 del Código de Comercio), y la que estuvieran cobrando los bancos por los créditos ordinarios de libre asignación (artículo 235 del Código Penal).
Sin embargo, a partir de la expedición de la Ley 599 del 2000 (Nuevo Código Penal), en la actualidad esta Superintendencia en materia de intereses certifica la tasa de interés bancario corriente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 884 deL Código de Comercio y 305 del nuevo Código Penal, a partir de la cual se determina el interés máximo legal permitido al que deben sujetarse las instituciones vigiladas por esta Superintendencia.
Bajo tal contexto, se adjunta el histórico de las tasas de interés en el cual aparecen discriminadas las tasas de interés efectivo anual bancario corriente y de créditos de libre asignación certificadas por el ente de control, vigentes a partir del 29 de octubre de 1.971 hasta la fecha, el primero, y el segundo hasta el mes de julio, según se detalló anteriormente.
En cuanto a los demás interrogantes, es del caso señalar que la Superintendencia Bancaria, dado su carácter de entidad pública, solamente puede realizar aquellas funciones para las cuales ha sido expresamente facultada, conforme al artículo 121 de la Constitución Política, a cuyo tenor “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”. Aplicando este postulado a la función de certificación que le compete a este organismo, el mismo sólo está autorizado para certificar sobre aquellos hechos o actos respecto de los que la ley le haya atribuido expresamente tal facultad, dentro de los que no se encuentran contemplados los demás temas expuestos en su petición.
Sin embargo, a título ilustrativo, se procede a dar respuesta a sus interrogantes, en los siguientes términos:
“2º. Cual ha sido la tasa mas baja del mercado desde diciembre de 1996 hasta la fecha de certificación”
Al respecto, debe observarse que la tasa de interés más baja del mercado fue un concepto que manejó por primera vez la Honorable Corte Constitucional en Sentencia 955 del 2000[1 al señalar que “….la Junta, en su condición de autoridad monetaria y crediticia, mediante acto motivado en que se justifique su decisión, deberá fijar la tasa máxima de interés remuneratorio que se puede cobrar por las entidades financieras en este tipo de créditos. Ella, a su turno, será siempre inferior a la menor de todas las tasas reales que se estén cobrando en el sistema financiero, según certificación de la Superintendencia Bancaria, sin consultar factores distintos de los puntos de dichas tasas, e independientemente del objeto de cada crédito, y a la tasa menor se le deberá descontaría inflación para que no se cobre doblemente”.
Así las cosas, si bien es cierto la Junta Directiva del Banco de la República consideró dicho referente para establecer los límites máximos a las tasas de interés de los créditos de vivienda consagrados en la Resolución 14 de 2000, y para tal fin esta Entidad se pronunció en comunicación del 1º de septiembre de 2000 dirigida al Doctor Miguel Urrutia como Gerente General de la Junta Directiva del Banco de la República, copia que se anexa, constituye un indicador que no ha sido tenido en cuenta en otro contexto ni mucho menos con anterioridad a la fecha de la sentencia.
Por lo tanto, la “tasa más baja del mercado” se calculó para tales efectos y a una fecha específica como lo fue el 30 de junio de 2000, razón por la cual, en lo demás, es preciso considerar los límites contemplados en las disposiciones generales, de acuerdo con la certificación que al efecto expide esta Entidad y que -como ya se expresó- adjunto para su ilustración.
“3° El plan aprobado a CONAVI BANCO COMERCIAL S. A. y aplicado a la demandada LIBIA ELENA MONTOYA identificada con c. c. 43.054.935”.
Sobre el particular, es del caso precisar que el Decreto 124 de 1993, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 35 de 1993 -normas vigentes para la época consultada, esto es, para 1996-, preveía que las corporaciones de ahorro y vivienda podían convenir libremente con sus usuarios los plazos de los préstamos destinados a financiar la adquisición, mejoramiento, habilitación o subdivisión de vivienda, incluida la vivienda de interés social, sin perjuicio de que convinieran con sus deudores mecanismos que permitieran la amortización de los créditos mediante el sistema de cuotas constantes, crecientes, decrecientes, uniformes en pesos pero variables periódicamente bajo cualquier otra modalidad que contemple la posibilidad de que los deudores efectúen abonos superiores a la cuota mínima exigida para cada período. En tal sentido se consideró la posibilidad de que se otorgaran créditos mediante el sistema de desembolsos progresivos, según los términos y condiciones señalados en el mencionado Decreto.
Posteriormente, el Decreto 414 de 1999, -con fundamento en las facultades conferidas por el numeral 1 del artículo 121 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en su artículo 1° establece:
“Los establecimientos de crédito en operaciones de largo plazo destinadas a financiar vivienda individual podrán utilizar sistemas de pago que contemplen la capitalización de intereses, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos mínimos:
a) Al momento de otorgarse un crédito individual de vivienda, o en el caso de las reestructuraciones de los mismos, en el sistema utilizado para el cálculo de la primera cuota, el incremento o gradiente no podrá superar el diecisiete por ciento (17%) anual;
b) Durante toda la vida del crédito, el incremento anual de las cuotas no deberá superar un valor equivalente al IPC anual adicionado hasta un máximo de cinco puntos anuales. El IPC utilizado para el cálculo será el divulgado por el DANE”.
De la reseña normativa antes citada se concluye que en el año 1996 existía libertad para que las corporaciones de ahorro y vivienda diseñaran y establecieran autónomamente los sistemas de amortización que ofrecían al público, es decir, que no requerían aprobación de la Superintendencia Bancaria, entidad a la que sólo debían remitir los modelos matemáticos y las notas técnicas de los mismos, los cuales, en todo caso, debían respetar las normas aplicables vigentes para la época.
En efecto, tales entidades financieras estaban obligadas a enviar los modelos matemáticos y las notas técnicas de los planes de financiación que pretendía aplicar cada entidad, dentro de un marco general, en aras de establecer si se guardaba un equilibrio financiero entre acreedor y deudor.
Lo anterior hasta la expedición de la Ley 546 de 1999, -norma con fundamento en la cual se expidió la Circular Externa 68 del 2000, recogida por la Circular Externa 085 del mismo año e incorporada en el Capítulo Cuarto, Título III de la Circular Básica Jurídica.
En consecuencia, y dado que esta Superintendencia no cuenta con los sistemas de amortización expedidos por las entidades vigiladas ni la información relacionada con el sistema aplicado a un crédito específico, para efectos de establecer el plan aprobado y vigente en la época en que se otorgó en crédito de la señora Libia Elena Montoya, en la fecha hemos dado traslado de su solicitud a Conavi a efectos de que resuelva directamente esta petición.
4o.Los topes máximos de las tasas de interés legalmente autorizados desde el 17 de diciembre de 1997 hasta la fecha de certificación”.
Al respecto, es del caso recordar que bajo el esquema de mercado existente en Colombia, las tasas de interés son libres, es decir, tanto en operaciones activas como pasivas, el interés responde a un acuerdo entre las partes quienes con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad fijan las condiciones que han de regir los convenios que celebren, con sujeción a los límites legales.
Ahora, en torno al tema de los límites a las tasas de interés y con ocasión del concepto rendido el 5 de julio de 2000 por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con este tema, esta Superintendencia expidió la Circular 051 del 12 de julio de ese mismo año, mediante la cual este organismo efectuó algunas precisiones en punto a la materia.
En la citada circular y respecto de la tasa máxima que pueden cobrar las instituciones financieras tanto para los intereses de plazo o remuneratorios como de mora, se expuso lo siguiente:
“….2. De acuerdo con lo indicado por dicha Corporación, por virtud de lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, sustituido por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, el interés moratorio no podrá sobrepasar el equivalente a una y media veces el interés bancario corriente certificado por esta Superintendencia.[2
“3. Las tasas máximas del interés remuneratorio que los establecimientos de crédito pueden cobrar o pagar a su clientela sobre todas las operaciones activas y pasivas, únicamente puede señalarlas la Junta Directiva del Banco de la República, por ser una función exclusiva y permanente que le está asignada por el literal e) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992, en el texto que quedó vigente después de la declaratoria de inexequibilidad parcial contenida en la Sentencia C-208 del 1° de marzo del 2000, pro ferida por la Corte Constitucional.
“4. En tanto la autoridad monetaria no señale tales tasas máximas remuneratorias, las mismas responderán a los requerimientos del mercado, teniendo en cuenta en todo caso que, como precisó el Consejo de Estado, “No se pueden cobrar o recibir intereses que excedan la tasa constitutiva del delito de usura”.
“5. Las modificaciones que presenten las tasas de interés durante la vida de préstamos pactados con instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria deben traducirse en la correspondiente reducción de los montos convenidos al tiempo de la celebración de los contratos, cuando quiera que al momento de la causación de los réditos aquellos sobrepasen los límites establecidos en normas que, dado su carácter de disposiciones de orden público, priman sobre cualquier acuerdo de voluntades. En este sentido destacó el máximo Tribunal de lo contencioso administrativo que no puede predicarse la existencia de derechos adquiridos en relación con intereses pactados en contratos de mutuo que contravengan tales preceptos” (se resalta).
Por otra parte, el artículo 305 del Código Penal -Ley 599 de 2000- estableció el delito de usura en los siguientes términos: “El que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
De lo antes transcrito, proceden las siguientes conclusiones:
- El interés remuneratorio que se pacte en las operaciones celebradas por las instituciones vigiladas es libre y responde a los requerimientos del
mercado mientras la Junta Directiva del Banco de la República no establezca límites.
- El límite del interés moratorio a cobrar por parte de las entidades financieras en sus operaciones no puede sobrepasar el equivalente a una y media veces el interés bancario corriente certificado por esta Superintendencia.
- De conformidad con el artículo 305 del Código Penal, el delito de usura se tipifica cuando se cobran intereses superiores a una y media veces el interés bancario corriente que certifica la Superintendencia Bancaria.
- Tanto la tasa de interés remuneratorio como moratorio deben respetar los límites legales.
Ahora, en cuanto a las tasas máximas de interés remuneratorio que pueden cobrar las entidades financieras en los créditos hipotecarios de vivienda, es preciso indicar que sólo a partir del 3 de septiembre de 2000 existe un tope máximo establecido por la Junta Directiva del Banco de la República, en cumplimiento del fallo C-955 de 2000 de la Honorable Corte Constitucional, para lo cual resulta necesario distinguir si se trata de créditos en UVR, en pesos o sí es para vivienda de interés social.
Para créditos en UVR
De conformidad con el artículo 1° de la Resolución 14 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, la tasa de interés remuneratoria para los créditos de vivienda individual a largo plazo y para los créditos destinados a financiar proyectos de construcción de vivienda denominados en UVR otorgados a partir del 3 de septiembre de 2000, no podrán exceder 13.1 puntos porcentuales nominales anuales, pagaderos mes vencido sobre UVR, es decir 13.92% efectivo anual.
Los créditos otorgados a tasas superiores con anterioridad a la vigencia de la citada Resolución, deberán ajustar y mantener la tasa como máximo al tope señalado.
Para créditos en pesos
De conformidad con el artículo 2° de la Resolución 14 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, para los créditos denominados en pesos a tasa nominal fija que se otorguen a partir del 3 de septiembre de 2000, la tasa máxima de interés remuneratoria será equivalente a 13.1 puntos porcentuales nominales anuales, pagaderos mes vencido, es decir 13.92% efectivo anual, adicionado con la variación de la UVR de los últimos 12 meses vigente al perfeccionarse el contrato.
Para los créditos perfeccionados antes del 3 de septiembre de 2000, la tasa máxima de interés remuneratoria será equivalente a 13.1 puntos porcentuales nominales anuales, pagaderos mes vencido, adicionados con la variación de la UVR de los últimos 12 meses, tomando como fecha de partida el 3 de septiembre de 2000 y hasta el mismo día del año 1999, es decir, 13,92% + 9,45% = 23,37% efectivo anual.
Para créditos de vivienda de interés social
Al respecto, el parágrafo del artículo 28 de la Ley 546 de 1999 señaló: “Para toda la vivienda de interés social la tasa de interés remuneratoria no podrá exceder de once (11%) puntos durante el año siguiente a la vigencia de la presente ley” (se subraya).
De acuerdo con el citado artículo, por mandato del legislador todos los créditos otorgados para financiar vivienda de interés social sin excepción alguna, debían ajustarse a dicha tasa, esto es al once por ciento (11%) sobre la UVR, durante el período comprendido entre el 23 de diciembre de 1999 y el 23 de diciembre de 2000.
Ahora bien, en punto a la exequibilidad de la norma en mención, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-955 de 2000 señaló:
Será declarado exequible el parágrafo que se examina, aunque, como establece un límite temporal -un año que pronto culminará-, la exequibilidad debe condicionarse para dejar en claro que de la tasa prevista (11%) deberá deducirse la inflación y que, en lo sucesivo, cuando ya el tope señalado pierda vigencia, será la Junta Directiva del Banco de la República, de conformidad con sus facultades constitucionales y legales, la autoridad competente para los efectos de fijar las condiciones de financiación de créditos de vivienda de interés social, las cuales deben ser las más adecuadas y favorables, a fin de que consulten la capacidad de pago de los deudores y protejan su patrimonio familiar, también bajo el entendido de que la tasa real de interés remuneratorio no comprenderá la inflación y será inferior a la vigente para los demás créditos de vivienda”.
En desarrollo de lo anterior, la Junta Directiva del Banco de la República mediante Resolución Externa No. 020 de 2000 señaló que para los créditos denominados en pesos a tasa nominal fija destinados a financiar la construcción, mejoramiento y adquisición de vivienda de interés social, la tasa máxima de interés remuneratoria será equivalente a once (11) puntos porcentuales, adicionados con la variación de la UVR de los últimos 12 meses vigente al perfeccionamiento del contrato.
Finalmente, adjunto copia de los conceptos que fueron solicitados en su comunicación.
En estos términos dejamos atendida su solicitud, con el alcance que le confiere el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
PILAR CABRERA PORTILLA
Coordinador Grupo de Consultas Dos
1. Mediante la cual se pronunció acerca de las demandas de inconstitucionalidad incoadas contra la Ley 546 de 1.999.
2. Debe advertirse que hasta el 3 de agosto de 1999, fecha de entrada en vigencia de la Ley 510, mediante la cual se modificó el artículo 884 del Código de Comercio, el interés moratorio no podía sobrepasar el doble del interés bancario corriente.