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LEY 418 DE 1997

(diciembre 26)

Diario Oficial No. 43.201, de 26 de diciembre de 1997

Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

PRIMERA PARTE

PARTE GENERAL

ARTÍCULO 1o. Las normas consagradas en la presente ley tienen por objeto dotar al Estado colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política y/o los Tratados Internacionales aprobados por Colombia.

ARTÍCULO 2o. En la aplicación de las atribuciones conferidas en la presente ley, se seguirán los criterios de proporcionalidad y necesariedad, mientras que para la determinación de su contenido y alcance, el intérprete deberá estarse al tenor literal según el sentido natural y obvio de las palabras, sin que so pretexto de desentrañar su espíritu, puedan usarse facultades no conferidas de manera expresa.

En el ejercicio de las mismas facultades no podrá menoscabarse el núcleo esencial de los derechos fundamentales, ni alterar la distribución de competencias establecidas en la Constitución y las leyes y en su aplicación se tendrá siempre en cuenta el propósito del logro de la convivencia pacífica.

ARTÍCULO 3o. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 2272 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> El Estado propenderá por el establecimiento de un orden social justo que asegure la convivencia pacífica, la protección de la naturaleza y de los derechos y libertades de las personas, con enfoque diferencial y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, tendientes a lograr condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su adecuado desarrollo, el de su familia y su grupo social.

ARTÍCULO 4o. <Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 1421 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Las autoridades procurarán que los particulares resuelvan sus diferencias de manera democrática y pacífica, facilitarán la participación de todos en las decisiones que los afectan y deberán resolver de manera pronta las solicitudes que los ciudadanos les presenten para la satisfacción de sus necesidades y la prevención y tratamiento de las perturbaciones a la seguridad, la tranquilidad, la salubridad y el ambiente.

ARTÍCULO 5o. Las autoridades garantizarán conforme a la Constitución Política y las leyes de la República, el libre desarrollo, expresión y actuación de los movimientos cívicos, sociales y de las protestas populares.

ARTÍCULO 6o. <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 2272 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> En el Plan Nacional de Desarrollo y en los Planes de Desarrollo Locales de las entidades territoriales se fijarán políticas, programas y proyectos, dirigidos al cumplimiento de los acuerdos de paz pactados y el logro de la paz, así como el desarrollo social y económico equitativo, la protección de la naturaleza y la integración de las regiones, en especial, los municipios más afectados por la violencia o aquellos en los que la presencia del Estado ha sido insuficiente, a través de la promoción de su integración e inclusión. Lo anterior, con el propósito de alcanzar los fines del Estado, contenidos en el artículo 2o de la Constitución Política, un orden justo democrático y pacífico, la convivencia y la paz. El cumplimiento de los acuerdos de paz pactados deberá estar acompañado de partidas presupuestales garantizadas por el Gobierno nacional.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior estará sujeto a la disponibilidad presupuestal de las entidades territoriales.

El Plan Nacional de Desarrollo y los Planes de Desarrollo Locales tendrán un capítulo denominado "Proyectos, políticas y programas para la construcción de paz".

PARÁGRAFO 1o. En los Planes de Desarrollo de las entidades territoriales ubicadas en zonas PDET se priorizará lo dispuesto en el Plan Marco de Implementación (PMI) y, en concordancia con ello, la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los Planes de Acción para la Transformación Rural (PATR), los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), los Planes Nacionales Sectoriales (PNS), los Planes Integrales de Reparación Colectiva y los Planes de Retorno y Reubicación.

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno nacional garantizará el efectivo funcionamiento de las instancias y mecanismos dispuestos en el punto 6 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, y en el Decreto 1995 de 2016. Para el efecto, el Gobierno nacional reglamentará la materia.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Presidente de la República adoptará las medidas necesarias para reorientar la destinación de los recursos por comprometer en las Zonas Estratégicas de Intervención Integral de conformidad con el nuevo enfoque de Paz Total hasta su correspondiente cierre y liquidación.

Parágrafo 1

Decreto 1438 de 2019 (DUR 1081; Capítulo 2.2.2.2)

General:

Ley 2294 de 2023; Art. 7

Ley 1955 de 2019; Art. 281 Pars. 1o. y  2o.

Ley 1151 de 2007; Art. 1o Lit. b.; Art. 6o. Num. 2o.; Art. 11; Art. 12; Art. 13; Art. 14; Art. 15; Art. 16; Art. 23; Art. 115; Art. 123; Art. 124  

Decreto 1498 de 2021 (DUR 1081 de 2015; Art. 2.6.1.2.3)

Decreto 762 de 2021; Art. 4; Art. 5 (DUR 1081 de 2015; Art. 2.6.1.3.3; Art. 2.6.1.3.5)

Decreto 2278 de 2019; Art. 1o. (DUR 1081; Parte 2.6)   

ARTÍCULO 7o. <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 1421 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Las mesas directivas de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara conformarán una comisión en la que tendrán asiento todos los partidos y movimientos políticos representados en las respectivas Comisiones, encargada de efectuar el seguimiento de la aplicación de esta ley, recibir las quejas que se susciten en ocasión de la misma y revisar los informes que se soliciten al Gobierno Nacional.

El Gobierno deberá presentar informes dentro de los primeros diez (10) días de cada período legislativo a las comisiones de que trata este artículo, referidos a la utilización de las atribuciones que se le confieren mediante la presente ley, así como sobre las medidas tendientes a mejorar las condiciones económicas de las zonas y grupos marginados de la población colombiana.

Los informes presentados a las comisiones deberán mostrar articuladamente mediante indicadores el cumplimiento de los propósitos generales y específicos contenidos en la presente ley.

TÍTULO I.

INSTRUMENTOS PARA GARANTIZAR EL ORDEN PÚBLICO.

<Nombre título modificado por el artículo 4 de la Ley 2640 de 2026>

CAPÍTULO 1.

DISPOSICIONES PARA LOGRAR EL DESMANTELAMIENTO DE ACTORES ARMADOS ILEGALES O TERRORISTAS.

<Nombre capítulo modificado por el artículo 5 de la Ley 2640 de 2026>

ARTÍCULO 8o. FACULTADES PARA EL DESMANTELAMIENTO DE ACTORES ARMADOS ILEGALES O TERRORISTAS. <Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 2640 de 2026. El nuevo texto es el siguiente:> Facultades para el desmantelamiento de Actores Armados Ilegales o Terroristas. Los delegados autorizados expresamente por el Presidente de la República podrán adelantar, con el fin de garantizar el orden público, las actuaciones de que trata este artículo para viabilizar el Sometimiento a la Constitución y a la Ley de los Actores Armados Ilegales o Terroristas, de conformidad con la Constitución Política, la presente Ley y las normas especiales aplicables.

I. Facultades de contacto y acercamiento. Los delegados autorizados por el Presidente de la República podrán:

1. Realizar contactos humanitarios con el fin de facilitar liberaciones, la reintegración de la niñez, la búsqueda de personas desaparecidas y secuestradas, la asistencia médica, la prevención de desplazamientos o confinamientos, la protección de comunidades, las misiones médicas, los corredores humanitarios o la supresión de afectaciones contra la población civil.

2. Realizar los actos de acercamiento necesarios para que los Actores Armados Ilegales o Terroristas manifiesten su voluntad de iniciar el proceso de Sometimiento a la Constitución y a la Ley de qué trata el artículo 66A de esta ley.

II. Facultades en los actos preparatorios para el Sometimiento.

Manifestada la voluntad de someterse a la Constitución y a la ley de los Actores Armados Ilegales o Terroristas, los delegados autorizados del Gobierno nacional podrán:

1. Adelantar las gestiones requeridas para que los Actores Armados Ilegales o Terroristas cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 66A de esta Ley, incluida la gestión ante las autoridades competentes de los actos de aporte a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, cuyos resultados podrán presentarse a las autoridades judiciales para su valoración.

2. Acompañar la verificación, junto con las autoridades judiciales y las instancias nacionales o internacionales que se designen, del cumplimiento de las condiciones de acceso a los beneficios que el Estado ofrece unilateralmente en el marco del Sometimiento a la Constitución y a la ley.

III. Facultades de apoyo técnico y logístico para el desarme.

Cuando así lo requiera el Gobierno nacional, una instancia técnica nacional o internacional podrá encargarse de la administración, el registro, el control, la destrucción o la disposición final del armamento del Actor Armado Ilegal o Terrorista, y de las demás actividades necesarias para el proceso de desarme, para lo cual se le otorgarán las facilidades logísticas y de protección necesarias para su establecimiento en el territorio nacional. Los privilegios e inmunidades de carácter tributario o aduanero solo podrán reconocerse en los términos de los tratados o convenios internacionales aprobados por el Congreso de la República y de la ley vigente, sin que esta disposición cree exenciones o beneficios tributarios nuevos.

Las facilidades y privilegios de carácter tributario y aduanero son exclusivos de la instancia técnica internacional.

El armamento, las municiones y los explosivos entregados se recibirán conforme a los manuales de cadena de custodia. Antes de su destrucción o disposición final, la policía judicial, con el apoyo de la Fuerza Pública, efectuará su inventario, su identificación técnica y, en el caso de las armas de fuego, su registro balístico, y remitirá los resultados a la Fiscalía General de la Nación. Se exceptúan los elementos que por seguridad deban destruirse de inmediato, de lo cual se dejará constancia.

PARÁGRAFO 1o. La dirección de las acciones previstas en este artículo corresponde al Presidente de la República, como responsable de la conservación y el restablecimiento del orden público. Los delegados del Gobierno nacional actuarán dentro del mandato expreso que se les otorgue y solo podrán suscribir instrumentos operativos y protocolos cuando así lo autorice expresamente el Presidente de la República.

PARÁGRAFO 2o. Las acciones previstas en este artículo no suspenden la acción penal, no interrumpen la actividad de las autoridades judiciales ni el ejercicio legítimo de las funciones constitucionales y legales de la Fuerza Pública frente a los Actores Armados Ilegales o Terroristas.

PARÁGRAFO 3o. La interlocución de los delegados autorizados por el Presidente de la República se realizará con integrantes del Actor Armado Ilegal o Terrorista designados para ello o quienes tengan un mandato claro y expreso del Actor Armado Ilegal o Terrorista. En ningún caso se entenderá como reconocimiento de estatus político.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 3A. <Ver Nota del Editor> <Parágrafo modificado por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022. Vigencia prorrogada por el artículo 26 de la Ley 2640 de 2026> Una vez terminadas las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos Transitorios de Normalización (PTN), como Zonas de Ubicación Temporal, según lo acordado en el Acuerdo Final de Paz, suscrito entre el Gobierno nacional y las Farc-EP, se mantendrán suspendidas la ejecución de las órdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse contra los miembros de dicha organización que han estado concentrados en dichas zonas, que además se encuentren en los listados aceptados y acreditados por el Alto Comisionado para la Paz, previa dejación de armas, hasta que su situación jurídica sea resuelta por el órgano pertinente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una vez entre en funcionamiento, a menos de que previamente la autoridad judicial competente les haya aplicado la amnistía de iure, respecto de todas las actuaciones penales, acusaciones, o condenas existentes en su contra. En el caso de los miembros de la organización que no se encuentren ubicados físicamente en las zonas de ubicación temporal, pero se hallen en el listado aceptado y acreditado por el Alto Comisionado para la Paz y hayan a su vez firmado un acta de compromiso de dejación de las armas, la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse, operará desde el momento mismo de su desplazamiento hacia las zonas de ubicación temporal, hasta que su situación jurídica sea resuelta por el órgano pertinente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una vez entre en funcionamiento, a menos de que previamente la autoridad judicial competente les haya aplicado la amnistía de iure, respecto de todas las actuaciones penales, acusaciones o condenas existentes en su contra.

De igual forma, se mantendrá suspendida la ejecución de las órdenes de captura que se expidan o hayan de expedirse en contra de cualquiera de los miembros del grupo armado, cuya suspensión se ordenó en su momento para adelantar tareas propias del proceso de paz por fuera de las zonas, que además se encuentren en los listados aceptados y acreditados por el Alto Comisionado para la Paz y que hayan dejado las armas. Dicha suspensión se mantendrá hasta que su situación jurídica sea resuelta por el órgano pertinente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una vez entre en funcionamiento, a menos de que previamente la autoridad judicial competente les haya aplicado la amnistía de iure, respecto de todas las actuaciones penales, acusaciones o condenas existentes en su contra.

Las personas trasladadas permanecerán en dichas ZVTN en situación de privación de la libertad hasta la entrada en funcionamiento de la JEP, momento en el cual quedarán en libertad condicional a disposición de esta jurisdicción, siempre y cuando hayan suscrito el acta de compromiso de que trata el artículo 36 de la Ley 1820 de 2016.

En aquellos casos en los que no se hubiere decidido por parte de las autoridades judiciales sobre el traslado de las personas privadas de la libertad a la ZVTN o PTN, y las mismas ya hubieren finalizado, la autoridad judicial procederá a otorgar la libertad condicionada en los términos establecidos en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 3B. <Ver Nota del Editor> Parágrafo modificado por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022. Vigencia prorrogada por el artículo 26 de la Ley 2640 de 2026> Se mantendrá la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse contra los miembros del grupo armado concentrados en las zonas de ubicación temporal, cuando requieran ausentarse temporalmente de las mismas durante el tiempo de atención de citas o emergencias para atención en salud y calamidades domésticas debidamente informadas ante el representante de enlace de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Cuando los miembros del grupo armado requieran salir temporalmente de las Zonas de Ubicación Temporal por los motivos relacionados en el inciso anterior, se suscribirá un acta con el Mecanismo de Monitoreo y Verificación en el que constará la razón de ausencia de la zona y la fecha en la que se retornará a la misma.

Quedarán suspendidas las órdenes de captura con fines de extradición de los miembros de las Farc-EP, incluidos en el listado aceptado por el Alto Comisionado para la Paz, que se encuentren acreditados por dicho funcionario, que hayan dejado las armas y además firmado las actas de compromiso correspondientes.

ARTÍCULO 8A. GARANTÍAS DE SEGURIDAD PARA EL PROCESO DE SOMETIMIENTO A LA CONSTITUCIÓN Y A LA LEY. <Artículo sustituido por el artículo 7 de la Ley 2640 de 2026. El nuevo texto es el siguiente:> Las autoridades competentes garantizarán la seguridad e integridad de los integrantes del Actor Armado Ilegal o Terrorista que participen del proceso, de los delegados autorizados por el Gobierno nacional y de las demás autoridades competentes que participen de los actos preparatorios y los procesos de Sometimiento a la Constitución y a la ley.

ARTÍCULO 8B. LUGAR PARA LA JUDICIALIZACIÓN DE ACTORES ARMADOS ILEGALES O TERRORISTAS QUE SE SOMETAN A LA CONSTITUCIÓN Y A LA LEY. <Artículo sustituido por el artículo 8 de la Ley 2640 de 2026. El nuevo texto es el siguiente:> El Presidente de la República, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), podrá definir, mediante acto motivado, el lugar donde se materializará la judicialización de los integrantes de los Actores Armados Ilegales o Terroristas que se sometan a la Constitución y a la ley, cumpliendo las siguientes condiciones:

1. Establecer una precisa delimitación geográfica.

2. Se mantendrá la vigencia del Estado social de Derecho, las operaciones de la Fuerza Pública y el ejercicio de las funciones de las autoridades civiles y judiciales.

3. No se suspenderá la ejecución de las órdenes de captura ni la extradición de los integrantes de los Actores Armados Ilegales o Terroristas que se sometan a la Constitución y a la ley.

4. Se podrán establecer centros de reclusión conforme a la clasificación del artículo 20 de la Ley 65 de 1993 y de la Ley 2446 de 2025.

5. El acto que defina el lugar indicará su finalidad, su delimitación geográfica, su término de funcionamiento, el procedimiento de ingreso y los mecanismos de seguimiento, será comunicado a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo.

6. La definición del lugar tiene carácter logístico y de seguridad.

La imposición de medidas de aseguramiento, el lugar de su cumplimiento y cualquier otra restricción de la libertad personal corresponden exclusivamente a la autoridad judicial competente.

ARTÍCULO 8B-BIS. IDENTIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS ACTORES ARMADOS ILEGALES O TERRORISTAS PARA EL SOMETIMIENTO A LA CONSTITUCIÓN Y A LA LEY. <Artículo adicionado por el artículo 9 de la Ley 2640 de 2026. El nuevo texto es el siguiente:> En el marco de los actos preparatorios para someterse a la Constitución y a la ley, el actor armado ilegal o terrorista presentará ante el Ministerio de Justicia y del Derecho la lista de integrantes, certificada y suscrita por quien ejerza su mando. La lista indicará, para cada persona, su rol dentro de la estructura y la fecha aproximada de su vinculación.

La lista no producirá efecto alguno hasta que el Ministerio de Justicia y del Derecho expida resolución motivada de aceptación individual, previa verificación de cada persona incluida. La verificación se hará en un término máximo de treinta (30) días hábiles, prorrogable por una sola vez, con la información que en ese plazo deberán suministrar la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Pública, la Dirección Nacional de Inteligencia, el INPEC, Migración Colombia, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Cuando la persona no tenga registro civil o documento de identidad, la Registraduría Nacional del Estado Civil hará la inscripción y la expedición del documento correspondiente.

Para aceptar a una persona, la verificación debe aportar por lo menos un elemento adicional que demuestre que pertenecía al Actor Armado Ilegal o Terrorista antes de la entrada en vigencia de la presente ley, tales como informes de la Fuerza Pública o de inteligencia, investigaciones o procesos penales, capturas o incautaciones, o declaraciones de otros integrantes.

Las personas privadas de la libertad podrán ser incluidas en la lista, siempre que se acredite que su pertenencia al Actor Armado Ilegal o Terrorista es anterior a su captura. Su inclusión no implicará libertad, suspensión de la detención ni traslado, y el tratamiento penal diferenciado solo se aplicará a los delitos cometidos con ocasión de esa pertenencia.

No serán aceptadas las personas que hayan recibido beneficios de la Ley 975 de 2005, la Ley 1424 de 2010, la Ley 1820 de 2016 u otros mecanismos de desmovilización o sometimiento, salvo por hechos cometidos después de su desmovilización y sin acumular beneficios.

Los menores de dieciocho años no harán parte de la lista y serán entregados de inmediato al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en su condición de víctimas.

La aceptación no acredita por sí sola la pertenencia ante las autoridades judiciales, no genera derecho a los beneficios de esta ley y no sustituye la valoración que corresponde a la Fiscalía y a los jueces.

Suscrita el Acta de Sometimiento, la lista quedará cerrada, y cualquier inclusión posterior se someterá a la misma verificación.

Quien certifique la lista responderá por su veracidad. La inclusión dolosa de personas que no sean integrantes dará lugar a la exclusión de esas personas y a la pérdida de los beneficios de quien la haya certificado, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes.

Las listas y las resoluciones de aceptación serán reservadas hasta el inicio de la fase de judicialización, sin perjuicio del acceso de la Procuraduría General de la Nación, que vigilará el proceso de verificación.

PARÁGRAFO. La inclusión en la lista no acredita por sí sola la condición de integrante ante las autoridades judiciales, no genera derecho alguno a los beneficios previstos en esta ley y no sustituye la valoración que corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces de la República.

ARTÍCULO 8C. <Artículo adicionado por el artículo 8 de la Ley 2272 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> En los procesos de paz y en cada una de sus etapas se garantizará la participación efectiva de las mujeres y de la sociedad civil, la reparación y los demás derechos de las víctimas, enfoque étnico, participativo, de género, ambiental, de libertad religiosa y diferencial, así como el principio de centralidad de las víctimas, serán transversales a los acuerdos.

ARTÍCULO 8D. <Artículo adicionado por el artículo 9 de la Ley 2272 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> Las organizaciones humanitarias imparciales con presencia registrada en Colombia, que brinden protección y asistencia humanitaria a la población afectada por conflictos armados o por la violencia, podrán sostener contacto, ocasional o continuado, con grupos armados organizados al margen de la ley o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con fines exclusivamente humanitarios, previo conocimiento y autorización expresa del Presidente de la República y del Alto Comisionado para la Paz.

Asimismo, se permitirá, que las organizaciones humanitarias autorizadas expresamente por el Presidente de la República, atendiendo la reserva del derecho de control del Estado, el paso rápido y sin restricciones de toda la asistencia y acción humanitaria destinada a las personas civiles necesitadas, que tenga carácter imparcial y se preste sin distinción desfavorable alguna.

ARTÍCULO 9o. <Artículo  INEXEQUIBLE>

ARTÍCULO 10. <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 2640 de 2026. El nuevo texto es el siguiente:> La dirección en la implementación de los instrumentos definidos en el presente capítulo para asegurar la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política y/o los Tratados Internacionales aprobados por Colombia, corresponde exclusivamente al Presidente de la República como responsable de la preservación del orden público en toda la Nación. Quienes a nombre del Gobierno participen en los instrumentos dispuestos por este capítulo, lo harán de conformidad con las instrucciones que él les imparta.

El Presidente de la República podrá autorizar la participación de representantes de diversos sectores de la sociedad civil, cuando a su juicio puedan colaborar en los mismos.

ARTÍCULO 11. <Artículo derogado por el artículo 46 de la Ley 782 de 2002>

ARTÍCULO 12. <Artículo modificado por el artículo 29 de la Ley 2640 de 2026. El nuevo texto es el siguiente:> Las personas que participen en la implementación de los instrumentos dispuestos por la presente ley con autorización del Gobierno nacional, no incurrirán en responsabilidad penal, ni disciplinaria por razón de su intervención en los mismos.

PARÁGRAFO. Podrán solicitar el archivo de la investigación, la preclusión de la misma o cualquier forma de terminación cuando se demuestre que los hechos fueron desarrollados en cualquiera de las etapas de los instrumentos establecidos en este capítulo y de las derivadas de la implementación de los mismos.

ARTÍCULO 12A. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS DE SOMETIMIENTO A LA CONSTITUCIÓN Y A LA LEY DE ACTORES ARMADOS ILEGALES O TERRORISTAS.  <Artículo adicionado por el artículo 10 de la Ley 2640 de 2026. El nuevo texto es el siguiente:> El Ministerio de Justicia y el Derecho coordinará la acción del Gobierno nacional en los actos preparatorios y en la fase administrativa para el Sometimiento a la Constitución y a la ley de Actores Armados Ilegales o Terroristas.

ARTÍCULO 12B. COORDINACIÓN CON AUTORIDADES JUDICIALES Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. <Artículo adicionado por el artículo 11 de la Ley 2640 de 2026. El nuevo texto es el siguiente:> Las autoridades judiciales, la Fiscalía General de la Nación y los órganos de gobierno y administración judicial, de acuerdo con su autonomía e independencia, participarán en los procesos de Sometimiento a la Constitución y a la ley de Actores Armados Ilegales o Terroristas dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales.

Para tal efecto, la Fiscalía General de la Nación ejercerá sus funciones de investigación y acusación con autonomía, de conformidad con la Constitución, esta ley y otras disposiciones legales aplicables al respectivo tratamiento jurídico; los jueces y tribunales competentes ejercerán el control judicial de las medidas, acuerdos, preacuerdos, beneficios, sanciones, medidas de aseguramiento, formas de cumplimiento de la pena y demás decisiones sometidas a su conocimiento, con plena independencia y autonomía; el Consejo Superior de la Judicatura podrá adoptar, dentro de sus competencias, medidas administrativas de gestión judicial, reparto, apoyo técnico, priorización operativa y fortalecimiento de despachos judiciales; y la Defensoría del Pueblo designará equipos de defensoría pública vinculados a los procesos judiciales que se desarrollen".

PARÁGRAFO. En cumplimiento del artículo 7o de la Ley 819 de 2003, en un plazo de tres (3) meses a partir de la expedición de la presente ley, la Defensoría del Pueblo deberá definir las condiciones necesarias para la representación judicial de los sometidos prevista por el presente artículo y de las víctimas de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.4 de la presente ley, conforme a lo establecido en el estudio de cargas elaborado por la Defensoría del Pueblo. Si como resultado del estudio se determinará la necesidad de proveer nuevos defensores públicos para asegurar la adecuada representación judicial de sometidos y víctimas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá verificar la disponibilidad de recursos para su creación, implementación y funcionamiento.

ARTÍCULO 12C. UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA JUDICIALIZACIÓN DE ACTORES ARMADOS ILEGALES O TERRORISTAS QUE SE SOMETAN A LA CONSTITUCIÓN Y A LA LEY. <Artículo adicionado por el artículo 12 de la Ley 2640 de 2026. El nuevo texto es el siguiente:> La Fiscalía General de la Nación contará con una Unidad especializada para la investigación y la judicialización de Actores Armados Ilegales o Terroristas que se sometan a la Constitución y a la ley, con equipos técnicos y profesionales suficientes e idóneos de la DIJÍN y el Cuerpo Técnico de Investigación.

Esta Unidad Especial funcionará de conformidad con lo normado en la ley y en el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación.

La Unidad Especializada será reglamentada conforme al estudio de cargas realizado por la Fiscalía General de la Nación y se coordinará con el Ministerio de Justicia y el Derecho, la Defensoría del Pueblo, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y demás entidades con competencias para someter a la Constitución y a la ley a los integrantes de Actores Armados Ilegales o Terroristas.

En un plazo de tres (3) meses contados a partir de la expedición de la presente ley, la Fiscalía General de la Nación deberá definir las condiciones necesarias para el funcionamiento de la Unidad Especializada, conforme a lo establecido en el estudio de carga elaborado por la Fiscalía General de la Nación".

PARÁGRAFO. Si como resultado del estudio de cargas se determina la necesidad de crear nuevos cargos para garantizar el adecuado funcionamiento de la Unidad Especializada, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá verificar la disponibilidad de recursos necesarios para su creación, implementación y funcionamiento.

ARTÍCULO 12D. TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL INTEGRAL (TTI). <Artículo adicionado por el artículo 13 de la Ley 2640 de 2026. El nuevo texto es el siguiente:> La Transformación Territorial Integral es el mecanismo de articulación, coordinación y ejecución de acciones civiles, sociales, económicas, de seguridad y de justicia mediante las cuales el Estado hace presencia efectiva permanente, legitima y coordinada en el territorio nacional, con el fin de fortalecer la institucionalidad democrática y el ejercicio legítimo de la autoridad, sustituir las economías criminales por economías lícitas y sostenibles, adelantar acciones restaurativas, y prevenir la reconfiguración cie los Actores Armados Ilegales o Terroristas en el territorio rural y urbano, como garantía de no repetición.

La implementación de la Transformación Territorial Integral se desarrollará de manera articulada con el Plan Nacional de Desarrollo y promoverá su incorporación en los planes de desarrollo departamentales y municipales."

Los programas económicos y sociales que sean compatibles con la Transformación Territorial Integral conservarán sus efectos y se adaptarán a la política de Transformación Territorial Integral conforme la defina el Gobierno nacional.

PARÁGRAFO 1o. La Sociedad de Activos Especiales (SAE), o la entidad que haga sus veces, priorizará la destinación de bienes inmuebles rurales que hayan sido objeto de extinción de dominio para: (i) la implementación de las Transformaciones Territoriales Integrales (TTI) de que trata el presente artículo, y (ii) la ampliación y el fortalecimiento de las colonias agrícolas previstas en la Ley 65 de 1993. En la destinación de estos bienes se dará prioridad a las víctimas y a las comunidades afectadas por el Actor Armado Ilegal o Terrorista del que provienen, especialmente en los municipios en los que este operaba. La SAE presentará un informe semestral al Ministerio de Justicia y del Derecho y a las Comisiones Primeras del Congreso sobre los bienes destinados a estos fines, con información desagregada por departamento y municipio.

PARÁGRAFO 2o. La Transformación Territorial Integral (TTI) deberá incorporar medidas de inclusión económica dirigidas prioritariamente a mujeres víctimas, mujeres rurales, mujeres cabeza de hogar, lideresas sociales, defensoras de derechos humanos y personas víctimas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, así como a otras poblaciones sujetas de especial protección constitucional presentes en territorios priorizados, mediante su acceso preferente a programas de generación de ingresos, fortalecimiento productivo, emprendimiento y oferta institucional, cerno estrategia para consolidar economías lícitas y sostenibles y prevenir la reconfiguración de estructuras criminales.

CAPÍTULO II.

DISPOSICIONES PARA PROTEGER A LOS MENORES DE EDAD CONTRA EFECTOS DEL CONFLICTO ARMADO

ARTÍCULO 13. LOS MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD NO SERÁN INCORPORADOS A FILAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR. <Artículo derogado por el artículo 81 de la Ley 1861 de 2017>

ARTÍCULO 14. <Artículo derogado por el artículo 27 de la Ley 2640 de 2026>

TÍTULO II.

ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE HECHOS VIOLENTOS QUE SE SUSCITEN EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO.

CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 15. <Opera la pérdida de fuerza ejecutoria por no haber sido prorrogado este artículo por la Ley 1738 de 2014> <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> Para los efectos de esta ley, se entiende por víctimas de la violencia política, aquellas personas de la población civil que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes, por razón de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado interno. Son víctimas los desplazados en los términos del artículo 1o. de la Ley 387 de 1997.

Así mismo, se entiende por víctima de la violencia política toda persona menor de edad que tome parte en las hostilidades.

ARTÍCULO 16. <Opera la pérdida de fuerza ejecutoria por no haber sido prorrogado este artículo por la Ley 1738 de 2014> <Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> En desarrollo del principio de solidaridad social, y dado el daño especial sufrido por las víctimas, estas recibirán asistencia humanitaria, entendida por tal la ayuda indispensable para sufragar los requerimientos esenciales, a fin de satisfacer los derechos que hayan sido menoscabados por los actos enunciados en el artículo 15. Esta ayuda humanitaria será prestada por las entidades públicas así: Por la Red de Solidaridad Social, en desarrollo de su objeto legal y de acuerdo con las directrices que para el efecto señale su Consejo Directivo, y por las demás entidades públicas señaladas en la presente ley, dentro del marco de sus competencias, siempre que la solicitud se eleve dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho.

PARÁGRAFO 1o. En caso fuerza mayor o caso fortuito que impidan a la víctima presentar oportunamente la solicitud, el término a que se refiere la presente disposición debe contarse a partir del momento en que cesen los hechos motivo de tal impedimento.

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional apropiará los recursos necesarios en el Presupuesto General de la Nación –Red de Solidaridad Social–, con el objeto de prestar asistencia humanitaria, conforme a los fines previstos en la presente ley.

PARÁGRAFO 3o. La ayuda humanitaria será entregada por la Red de Solidaridad Social en forma directa, asegurando la gratuidad en el trámite, para que los beneficiarios la reciban en su totalidad.

PARÁGRAFO 4o. Los beneficios de contenido económico que se otorguen a los desplazados se regirán por la Ley 387 de 1997.

ARTÍCULO 17. <Opera la pérdida de fuerza ejecutoria por no haber sido prorrogado este artículo por la Ley 1421 de 2010> <Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar diseñará y ejecutará un programa especial de protección para la asistencia de todos los casos de menores de edad que hayan tomado parte en las hostilidades o hayan sido víctimas de la violencia política, en el marco del conflicto armado interno.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar prestará asistencia prioritaria a los menores de edad que hayan quedado sin familia o cuya familia no se encuentre en condiciones de cuidarlos, en razón de los actos a que se refiere la presente ley.

PARÁGRAFO. Cuando se reúna el Comité Operativo para la Dejación de las Armas y se traten los casos de menores, deberá citarse al defensor de familia.

ARTÍCULO 18. <Opera la pérdida de fuerza ejecutoria por no haber sido prorrogado este artículo por la Ley 1738 de 2014> <Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando quiera que ocurra alguno de los eventos contemplados en el artículo 15 de la presente ley, la Alcaldía Municipal, la Personería Municipal, o la entidad que haga sus veces, deberá elaborar el censo de las personas afectadas en su vida, en su integridad personal o en sus bienes, que contenga como mínimo la identificación de la víctima, su ubicación y la descripción del hecho, y enviarlo a la Red de Solidaridad Social en un término no mayor a 8 días hábiles contados a partir de la ocurrencia del mismo.

Igualmente, expedirá una certificación individual a los beneficiarios de las personas fallecidas, que deberá contener los mismos datos del censo, requisito esencial para el reconocimiento de la ayuda humanitaria por parte de la Red de Solidaridad Social.

Si la Red de Solidaridad Social establece que alguna de las personas certificadas no tiene la calidad de víctima, esta perderá los derechos que le otorga el presente título, además de las sanciones penales que correspondan, y deberá reembolsar las sumas de dinero y los bienes que se le hayan entregado. Si se trata de créditos, el establecimiento financiero que lo haya otorgado podrá mantenerlo, reajustando las condiciones a la tasa de mercado.

PARÁGRAFO. El representante legal de la Red de Solidaridad Social elaborará las listas de desplazados en aquellos casos en que les sea imposible a las autoridades municipales.

CAPÍTULO II.

ASISTENCIA EN MATERIA DE SALUD

ARTÍCULO 19. <Opera la pérdida de fuerza ejecutoria por no haber sido prorrogado este artículo por la Ley 1738 de 2014> <Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> Las instituciones hospitalarias, públicas o privadas, del territorio nacional, que prestan servicios de salud, tienen la obligación de prestar atención de manera inmediata a las víctimas de atentados terroristas, combates y masacres, ocasionadas en marco del conflicto armado interno, y que la requieran, con independencia de la capacidad socio­económica de los demandantes de estos servicios y sin exigir condición previa para su admisión.

ARTÍCULO 20. <Opera la pérdida de fuerza ejecutoria por no haber sido prorrogado este artículo por la Ley 1738 de 2014> Los servicios de asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en:

1. Hospitalización.

2. Material médico quirúrgico, de osteosíntesis y órtesis, conforme con los criterios técnicos que fije el Ministerio de Salud.

3. Medicamentos.

4. Honorarios médicos.

5. Servicios de apoyo tales como bancos de sangre, laboratorios, imágenes diagnósticas.

6. Transporte.

7. Servicios de rehabilitación física, por el tiempo y conforme a los criterios técnicos que fije el Ministerio de Salud.

8. Servicios de rehabilitación mental en los casos en que como consecuencia del atentado terrorista la persona quede gravemente discapacitada para desarrollar una vida normal de acuerdo con su situación, y por el tiempo y conforme con los criterios técnicos que fije el Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 21. <Opera la pérdida de fuerza ejecutoria por no haber sido prorrogado este artículo por la Ley 1738 de 2014> <Artículo modificado por el artículo 11 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> El reconocimiento y pago de los servicios de asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria a que se refieren los artículos anteriores se hará por conducto del Ministerio de Salud con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Fosyga.

PARÁGRAFO 1o. Para efectos de la ejecución de los recursos de la Subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), se entenderán como eventos o acciones terroristas los que se susciten en el marco del conflicto armado interno, que afecten a la población civil y que se relacionen con atentados terroristas, combates, ataques a municipios y masacres. Salvo que sean cubiertos por otro ente asegurador en salud.

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional y el Consejo Nacional de Se guridad Social en Salud, podrán revisar y ajustar los topes de cobertura de los beneficios a cargo del Fosyga.

ARTÍCULO 22. <Opera la pérdida de fuerza ejecutoria por no haber sido prorrogado este artículo por la Ley 1738 de 2014> Los afiliados a entidades de Previsión o Seguridad Social, tales como Caja de Previsión Social, Cajas de Compensación Familiar o el Instituto de Seguros Sociales, que resultaren víctimas de los atentados terroristas a que hace referencia el presente título, serán remitidos, una vez se les preste la atención de urgencias y se logre su estabilización, a las instituciones hospitalarias que definan dichas entidades para que allí se continúe el tratamiento requerido. Los costos resultantes del tratamiento inicial de urgencias, así como los costos de tratamiento posterior, serán asumidos por las correspondientes instituciones de Previsión y Seguridad Social.

PARÁGRAFO. Aquellas personas que se encuentren en la situación prevista en la presente norma y que no se encontraren afiliados a alguna entidad de previsión o seguridad social, accederán a los beneficios para desmovilizados contemplados en el artículo 158 de la Ley 100 de 1991 <sic, la Ley 100 referida corresponde al año 1993>, mientras no se afilien al régimen contributivo en virtud de relación de contrato de trabajo.

ARTÍCULO 23. <Opera la pérdida de fuerza ejecutoria por no haber sido prorrogado este artículo por la Ley 1738 de 2014> Los gastos que demande la atención de las víctimas amparadas con pólizas de compañías de seguros de salud o contratos con empresas de medicina prepagada, serán cubiertos por el Estado de conformidad con lo establecido en el presente título, en aquella parte del paquete de servicios definidos en el artículo 20 que no estén cubiertos por el respectivo seguro o contrato o que lo estén en forma insuficiente.

ARTÍCULO 24. <Opera la pérdida de fuerza ejecutoria por no haber sido prorrogado este artículo por la Ley 1738 de 2014> El Ministerio de Salud ejercerá la evaluación y control sobre los aspectos relativos a:

1. Número de pacientes atendidos.

2. Acciones médico-quirúrgicas.

3. Suministros e insumos hospitalarios gastados.

4. Causa de egreso y pronóstico.

5. Condición del paciente frente al ente hospitalario.

6. Los demás factores que constituyen costos del servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente ley.

ARTÍCULO 25. <Opera la pérdida de fuerza ejecutoria por no haber sido prorrogado este artículo por la Ley 1738 de 2014> El incumplimiento de lo dispuesto en este capítulo, será causal de sanción por las autoridades competentes en desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 10 de 1990, y demás normas concordantes.

CAPÍTULO III.

ASISTENCIA EN MATERIA DE VIVIENDA

ARTÍCULO 26. Los hogares damnificados por los actos contemplados en el artículo 15 de la presente ley, podrán acceder al Subsidio Familiar de Vivienda de conformidad con la normatividad vigente que regula la materia, sin que para tal efecto se tome en cuenta el valor de la solución de vivienda cuya adquisición o recuperación sea objeto de financiación.

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, ejercerá las funciones que le otorga la normatividad vigente que regula la materia con relación al subsidio familiar de vivienda de que trata este capítulo, teniendo en cuenta el deber constitucional de proteger a las personas que se encuentren en situación de debilidad manifiesta y el principio de solidaridad, razón por la cual deberá dar prioridad a las solicitudes que presenten los hogares que hayan sido víctimas.

En aquellos casos en que por razón de las circunstancias económicas de las víctimas, éstas no puedan utilizar el valor del subsidio para financiar la adquisición o recuperación de una solución de vivienda, el monto del mismo podrá destinarse a financiar, en todo o en parte, el valor del canon de arrendamiento de una solución de vivienda.

ARTÍCULO 27. Para los efectos de este capítulo, se entenderá por "Hogares Damnificados" aquellos definidos de conformidad con la normatividad vigente que regula la materia, sin consideración a su expresión en salarios mínimos legales mensuales, que por causa de actos que se susciten en el marco del conflicto armado interno, pierdan su solución de vivienda total o parcialmente, de tal manera que no ofrezca las condiciones mínimas de habitalidad o estabilidad en las estructuras. Igualmente, tendrán tal carácter los hogares cuyos miembros, a la fecha de ocurrencia del acto damnificatorio, no fuesen propietarios de una solución de vivienda y que por razón de dichos actos hubiesen perdido al miembro del hogar de quien derivaban su sustento.

ARTÍCULO 28. Los postulantes al Subsidio Familiar de Vivienda en las condiciones de que trata este capítulo, podrán acogerse a cualesquiera de los planes declarados elegibles por el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe.

ARTÍCULO 29. <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> La cuantía máxima del subsidio familiar de vivienda de que trata este capítulo será el que se otorgue en el momento de la solicitud a los beneficiarios de viviendas de interés social.

ARTÍCULO 30. Las postulaciones al Subsidio Familiar de Vivienda de que trata este capítulo, serán atendidas por el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, con cargo a los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el Subsidio de Vivienda de Interés Social. Las solicitudes respectivas serán decididas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación.

ARTÍCULO 31. Se aplicará al Subsidio Familiar de Vivienda de que trata este capítulo, lo establecido en la normatividad vigente que regula la materia, en cuanto no sea contraria a lo que aquí se dispone.

CAPÍTULO IV.

ASISTENCIA EN MATERIA DE CRÉDITO

ARTÍCULO 32. DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE O FLUVIAL. <Artículo modificado por el artículo 15 de la Ley 2272 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> La entidad financiera de naturaleza oficial que determine el Gobierno nacional, redescontará los préstamos que otorguen los distintos establecimientos de crédito para financiar la reposición o reparación de vehículos (terrestres o fluviales), maquinaria, equipo, equipamiento, muebles y enseres, así como la carga y la tripulación y capital de trabajo de personas naturales o jurídicas, tengan o no la calidad de comerciantes, y la reparación o reconstrucción de inmuebles destinados a locales comerciales, cuando se trate de víctimas de los actos a que se refiere el artículo 60 de la Ley 782 de 2002, o en los casos en que la alternación del orden público lo amerite.

Todos estos muebles, enseres e inmuebles, así como la carga y la tripulación deben ser afectados cuando se trate de víctimas de los actos a que se refiere el artículo 60 de la Ley 782 de 2002, o en los casos en que la alteración del orden público lo amerite.

Así mismo, en desarrollo del principio de solidaridad la entidad financiera de naturaleza oficial que determine el Gobierno nacional, otorgará directamente a las víctimas de los actos a que se refiere el artículo 60 de esta ley, préstamos para financiar la reconstrucción o reparación de inmuebles afectados.

PARÁGRAFO. No obstante, la existencia de líneas de crédito para reposición o reparación de vehículos, el Gobierno nacional mantendrá el seguro de protección de vehículos de transporte público urbano e intermunicipal, terrestre o fluvial, así como la carga y la tripulación, a fin de asegurarlos contra los actos a que se refiere el artículo 6o de la Ley 782 de 2002, o en los casos en que la alteración del orden público lo amerite, incluidos los ataques terroristas cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, grupos armados organizados, estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto o delincuencia común, casos en los cuales el afectado no podrá acceder a los dos beneficios.

ARTÍCULO 33. <Opera la pérdida de fuerza ejecutoria por no haber sido prorrogado este artículo por la Ley 1421 de 2010> <Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> En desarrollo de sus funciones, la Red de Solidaridad Social contribuirá a la realización de las operaciones contempladas en el artículo anterior, de la siguiente manera: la diferencia entre la tasa a la que ordinariamente capta el Instituto de Fomento Industrial, IFI, o la entidad financiera de naturaleza oficial señalada por el Gobierno Nacional, y la tasa a la que se haga el redescuento de los créditos que otorguen los establecimientos de crédito, será cubierta con cargo a los recursos de la Red de Solidaridad Social, conforme a los términos que para el efecto se estipulen en el convenio que se suscriba entre ésta y el Instituto de Fomento Industrial, IFI, o la entidad financiera de naturaleza oficial señalada por el Gobierno Nacional. La diferencia entre la tasa de captación del Banco Granahorrar o la entidad financiera de carácter oficial señalada por el Gobierno Nacional y la tasa a la que efectivamente se otorgue el crédito será cubierta, incrementada en tres (3) puntos, con cargo a los recursos de la Red de Solidaridad Social, según los términos estipulados en el convenio que para dicho efecto se suscriba entre ésta y la respectiva entidad financiera.

En los convenios a que se hace referencia este artículo se precisarán los condiciones y montos que podrán tener, tanto los créditos redescontables por el Instituto de Fomento Industrial, o la entidad financiera de naturaleza oficial señalada por el Gobierno Nacional, como aquellos que otorgue el Banco Granahorrar o la entidad financiera de carácter oficial que el Gobierno Nacional señale, en desarrollo del presente capítulo, para lo cual se tendrá en cuenta el principio de solidaridad y el deber de proteger a las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.

PARÁGRAFO 1o. En los convenios a que hace referencia este artículo se precisarán las condiciones y montos que podrán tener tanto los créditos, redescontables por el Instituto de Fomento Industrial o la entidad financiera de naturaleza oficial señalada por el Gobierno Nacional, como aquellos que otorgue el Banco Granahorrar o la entidad financiera de carácter oficial que el Gobierno Nacional señale, en desarrollo del presente capítulo, para lo cual se tendrá en cuenta el principio de solidaridad y el deber de proteger a las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. En ningún caso estos créditos podrán exceder el 0.5 de interés mensual.

PARÁGRAFO 2o. La Red de Solidaridad Social subsidiará las líneas de crédito a que se refiere el presente capítulo, de conformidad con las reglamentaciones que adopte su Consejo Directivo.

ARTICULO 34. En desarrollo del principio de solidaridad, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, hará el redescuento de las operaciones que realicen las entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Crédito Agropecuario a las víctimas de los hechos violentos de que trata el artículo 15 de la presente ley para financiar créditos de capital de trabajo e inversión.

ARTÍCULO 35. En desarrollo de sus funciones, la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República contribuirá para la realización de las operaciones contempladas en el artículo anterior de la siguiente manera:

La diferencia entre la tasa a la que ordinariamente capta el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -Finagro- y la tasa a la que se haga el redescuento de los créditos que otorguen los establecimientos de crédito será cubierta con cargo a los recursos de la Red de Solidaridad Social, conforme a los términos que para el efecto se estipulen en el convenio que se suscriba entre el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -Finagro- y la Red de Solidaridad Social.

En el convenio a que hace referencia este título, se precisarán las condiciones y montos que podrán tener los créditos redescontables por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, en desarrollo del presente capítulo, para lo cual se tendrá en cuenta el principio de solidaridad y el deber de proteger a las personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.

ARTÍCULO 36. <Artículo modificado por el artículo 15 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> Los establecimientos de crédito diseñarán los procedimientos adecuados para estudiar las solicitudes de crédito a que se refiere el presente capítulo, de manera prioritaria, en el menor tiempo posible y exigiendo solamente los documentos estrictamente necesarios para el efecto.

La Superintendencia Bancaria velará por la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, para lo cual los establecimientos de crédito le remitirán un informe mensual en el cual consten las solicitudes presentadas, aprobadas y rechazadas, en tal caso explicando el motivo del rechazo.

ARTÍCULO 37. La Red de Solidaridad Social centralizará la información sobre las personas que se beneficiaren de los créditos aquí establecidos, con los datos que para el efecto les deben proporcionar los establecimientos de crédito que otorguen los diversos préstamos, con el propósito de que las entidades financieras y las autoridades públicas puedan contar con la información exacta sobre las personas que se hayan beneficiado de determinada línea de crédito, elaborando para ello las respectivas listas.

ARTÍCULO 38. <Artículo modificado por el artículo 16 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> El establecimiento de crédito ante el cual la víctima de la violencia eleve la respectiva solicitud, después del estudio de la documentación, deberá determinar la imposibilidad del solicitante de ofrecer una garantía suficiente de acuerdo con las sanas prácticas del mercado financiero y procederá con los respectivos soportes a solicitar el certificado de garantía al Fondo Nacional de Garantías, FNG, o la entidad financiera de naturaleza oficial señalada por el Gobierno Nacional.

Cuando las víctimas de los actos a que se refiere el artículo 15 de esta ley se encontraren en imposibilidad de ofrecer una garantía suficiente, para responder por los créditos previstos en los artículos anteriores, dicho s créditos serán garantizados por el Fondo Nacional de Garantías, FNG, o la entidad financiera de naturaleza oficial señalada por el Gobierno Nacional.

ARTÍCULO 39. <Artículo modificado por el artículo 17 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> El establecimiento de crédito podrá hacer efectivo ante el Fondo Nacional de Garantías, FNG, o la entidad financiera de naturaleza oficial señalada por el Gobierno Nacional, el certificado de garantía correspondiente para que se le reembolse el saldo a su favor, siempre y cuando, además de cumplir las condiciones que se hayan pactado, acredite al fondo que adelantó infructuosamente las actuaciones necesarias para la recuperación de las sumas adeudadas.

ARTÍCULO 40. <Artículo derogado por el artículo 46 de la Ley 782 de 2002>.

ARTÍCULO 41. <Artículo derogado por el artículo 46 de la Ley 782 de 2002>.

CAPÍTULO V.

ASISTENCIA EN MATERIA EDUCATIVA

ARTÍCULO 42. <Opera la pérdida de fuerza ejecutoria por no haber sido prorrogado este artículo por la Ley 1738 de 2014> Los beneficios contemplados en los Decretos 2231 de 1989 y 48 de 1990, serán concedidos también a las víctimas de los actos contemplados en el artículo 15 de la presente ley, caso en el cual corresponderá a la Red de Solidaridad Social, expedir la certificación correspondiente.

CAPÍTULO VI.

ASISTENCIA CON LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

ARTÍCULO 43. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, la Red de Solidaridad Social en desarrollo de su objeto y con sujeción a lo dispuesto por el artículo 355 de la Constitución Política y en las normas que reglamenten la materia, podrá celebrar contratos con personas jurídicas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, con el fin de impulsar los programas y actividades de dichas entidades dirigidos a apoyar a las víctimas de los actos a que se refiere el artículo 15 de esta ley. Dichos programas de apoyo podrán incluir la asistencia económica, técnica y administrativa a quienes por su situación económica no puedan acceder a las líneas ordinarias de crédito del sistema financiero.

CAPÍTULO VII.

OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 44. Las actuaciones que se realicen para la constitución y registro de las garantías que se otorguen para amparar los créditos a que se refiere el capítulo 4 de este título, deberán adelantarse en un término no mayor de dos (2) días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud, y estarán exentas de derechos notariales, registrales y del pago de los impuestos nacionales actualmente vigentes para tales trámites. Igualmente estarán exentos de impuestos nacionales los documentos que deban expedirse para efectos de los créditos que se otorguen en desarrollo del mismo.

Para efectos de acreditar que la respectiva actuación tiene por objeto amparar los créditos a que se refiere el capítulo 4 de este título, bastará la certificación del establecimiento de crédito beneficiario de la garantía, donde identifique el préstamo como crédito de solidaridad.

ARTÍCULO 45. Las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales podrán establecer dentro de la órbita de su competencia exenciones de los impuestos de beneficencia, predial, industria y comercio, rodamiento de vehículos, registro y anotación y de aquellos otros que consideren del caso, en beneficio de las víctimas de los actos a que se refiere el artículo 15 de esta ley.

ARTÍCULO 46. <Ver Notas del Editor(2)(3) sobre el alcance de la no prórroga de este artículo por la Ley 1106 de 2002> <Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> En cumplimiento de su objeto y en desarrollo de sus facultades, la Red de Solidaridad Social atenderá gratuitamente y sin intermediarios a las víctimas de actos a que se refiere el artículo 15, en los términos previstos en los artículos 20 y 23 de la presente ley, los gastos funerarios de las mismas, para proteger a los habitantes contra las consecuencias de actos que se susciten en el marco del conflicto armado interno, subsidiará las líneas de crédito a que se refiere el presente título, de conformidad con las reglamentaciones que adopte su Junta Directiva. Igualmente, podrá cofinanciar los programas que adelanten entidades sin ánimo de lucro, celebrando para este último efecto los contratos a que se refiere el artículo 355 de la Constitución Política y las normas que lo reglamentan, todo en función de la protección y ayuda a los damnificados.

Las víctimas que sufrieren una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral calificada con base en el Manual Unico para la calificación de invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, tendrán derecho a una pensión mínima legal vigente, de acuerdo con lo contemplado en el Régimen General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de otras posibilidades pensionales y de atención en salud, la que será cubierta por el Fondo de Solidaridad Pensional a que se refiere el artículo 25 de la Ley 100 de 1993 y reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, o la entidad de naturaleza oficial señalada por el Gobierno Nacional.

Los pagos que deban hacerse por razón de los seguros que se contraten se harán con cargo a los recursos de la Red de Solidaridad Social.

ARTÍCULO 47. <Opera la pérdida de fuerza ejecutoria por no haber sido prorrogado este artículo por la Ley 1421 de 2010> La asistencia que la Nación o las entidades públicas presten a las víctimas de actos que se susciten en el marco del conflicto armado interno, en desarrollo de lo dispuesto en el presente título y de los programas de atención que al efecto se establezcan, no implica reconocimiento por parte de la Nación o de la respectiva entidad de responsabilidad alguna por los perjuicios causados por tales actos.

ARTÍCULO 48. <Artículo derogado por el artículo 46 de la Ley 782 de 2002>.

ARTÍCULO 49. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Quienes sufran perjuicios por causa de homicidios u otros atentados o agresiones contra la vida, la integridad física, la seguridad o la libertad personales, cometidos por móviles ideológicos o políticos, o sean objetos de amenazas referentes a la comisión de atentados o agresiones de esta naturaleza, serán beneficiados por una ayuda humanitaria de emergencia, tendiente a mitigar o a impedir la agravación o la extensión de los efectos de los mismos.

La mencionada ayuda humanitaria será otorgada por la Red de Solidaridad Social con cargo al monto del rubro específico que anualmente se asignará al efecto en el Presupuesto General de la Nación y hasta por el importe total de dicho rubro.

ARTÍCULO 49A. <Artículo adicionado por el artículo 4 de la Ley 1941 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Créase el Centro de Coordinación Contra las Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo como una instancia de coordinación interinstitucional que permita fortalecer los canales de comunicación, intercambio y análisis conjunto de información, con el propósito de generar sinergia y sincronización tanto en el nivel estratégico como en el de ejecución entre los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y las autoridades judiciales. El Centro se crea como una instancia permanente con el objetivo de perseguir y desmantelar las redes de dinero y bienes de origen ilícito o empleados en actividades ilícitas, lavado de activos y financiación de terrorismo, a través del trabajo conjunto y coordinado de la Fuerza Pública, los organismos que realizan actividades de inteligencia y contrainteligencia, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales, en el marco de cada una de sus competencias. La Secretaría Técnica del Centro será ejercida por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). El Gobierno nacional reglamentará la composición y funcionamiento del Centro.

ARTÍCULO 49B. <Artículo adicionado por el artículo 5 de la Ley 1941 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Todas las armas de fuego que hayan sido amparadas en cualquier tiempo, con permiso de tenencia, porte y especiales, deberán ser empadronadas conforme a la reglamentación que para tal fin expida el Gobierno nacional. Las que estén o hayan estado vinculadas en una investigación judicial de carácter penal, deberán registrase en el sistema de información que se disponga para el efecto.

Créase el Registro Nacional de Identificación Balística que contendrá dos tipos de información. La información sobre la huella balística de las armas con permiso de tenencia, porte y especiales que será administrada por el Ministerio de Defensa Nacional y la información sobre la huella balística de las armas vinculadas en cualquier momento a una investigación judicial de carácter penal, que será administrada por la Fiscalía General de la Nación y se registrará en la plataforma que disponga dicha entidad para tal fin.

Durante el año siguiente a la vigencia de la presente ley, las personas que tengan o porten armas, cuyos permisos de tenencia y porte se encuentren vencidos o que no quieran seguir teniéndolas o portándolas, podrán entregar al Departamento de Control, Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCA) el (las) arma(s) respectiva(s) y por ese hecho se les condonarán las multas, deudas y demás sanciones relacionadas con el porte o tenencia de las mismas hasta la fecha de su entrega.

PARÁGRAFO 1o. En consideración a las funciones que, constitucional y legalmente le competen a la Fiscalía General de la Nación, para ejercer la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito, esta entidad tendrá acceso a la información relacionada con la huella balística administrada por el Ministerio de Defensa Nacional, la cual debe ser compatible con la base de datos de imágenes de la plataforma dispuesta por la Fiscalía.

ARTÍCULO 49Bbis. SOBRE EL EMPADRONAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN BALÍSTICA. <Artículo adicionado por el artículo 49 de la Ley 2197 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> El empadronamiento consiste en la toma de la huella balística, obtenida a través de la aplicación de pruebas técnicas realizadas al arma de fuego.

Para la adquisición, revalidación y cesión de las armas de fuego, la persona natural o jurídica, además de los requisitos establecidos en el Decreto Ley 2535 de 1993, o las normas que lo modifiquen o adicionen, deberá cumplir con el empadronamiento que para tal fin reglamentará el Gobierno nacional.

El que omita el empadronamiento establecido en el artículo 5o <49B> de la Ley 1941 de 2018 será objeto de incautación, decomiso y multa, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 2535 de 1993, o las normas que lo modifiquen o adicionen.

Con el fin de garantizar la sostenibilidad del Registro Nacional de Identificación Balística, de que trata el artículo 5o de la Ley 1941 de 2018, el valor del registro y certificación corresponderá al 9% de un salario mínimo legal mensual vigente, cuyo recaudo estará a cargo del Ministerio de Defensa Nacional a través de la Policía Nacional. Para aquellos que hicieran el registro dentro de los 6 primeros meses contados a partir de la entrada en funcionamiento del Registro Nacional de Identificación Balística corresponderá una tarifa del 4% de un salario mínimo, legal mensual vigente.

ARTÍCULO 49C. <INHIBIDORES, BLOQUEADORES Y AMPLIFICADORES DE> SEÑALES RADIOELÉCTRICAS. <Artículo adicionado por el artículo 6 de la Ley 1941 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Con el fin de prevenir la comisión de conductas delictivas, el Gobierno nacional reglamentará las condiciones de instalación, fabricación, comercialización, importación, exportación, transporte, distribución, adquisición, almacenamiento, venta, suministro, reparación, publicidad, marketing y uso de inhibidores, bloqueadores y amplificadores de señales radioeléctricas.

TÍTULO III.

CAUSALES DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LA PENA EN CASOS DE DELITOS POLÍTICOS

ARTÍCULO 50. <Artículo modificado por el artículo 11 de la Ley 1421 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:>  El Gobierno Nacional podrá conceder, en cada caso particular, el beneficio del indulto a los nacionales que hubieren sido condenados mediante sentencia ejecutoriada, por hechos constitutivos de delito político, cuando a su juicio, el grupo armado organizado al margen de la ley con el que se adelante un proceso de paz, del cual forme parte el solicitante, haya demostrado su voluntad de reintegrarse a la vida civil.

<Ver Notas del Editor> También podrá conceder dicho beneficio a los nacionales que, individualmente y por decisión voluntaria abandonen sus actividades como miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley y así lo soliciten, y hayan además demostrado, a criterio del Gobierno Nacional, su voluntad de reintegrarse a la vida civil.

No se aplicarán los beneficios jurídicos dispuestos en este título y los socioeconómicos que en el marco del proceso de reintegración establezca el Gobierno Nacional, a quienes hayan incurrido en delitos de genocidio, secuestro, lesa humanidad, crímenes de guerra o en los tipificados en el Título II del Libro II, Capítulo Único del Código Penal, conforme a los tratados y convenios internacionales ratificados, por el Estado colombiano. Estas personas podrán acogerse al régimen transicional consagrado en la Ley 975 de 2005 y demás normas complementarias o acudir a la jurisdicción ordinaria para recibir los beneficios jurídicos ordinarios por confesión y colaboración con la justicia.

PARÁGRAFO 1o. El indulto no será concedido por hechos respecto de los cuales, este beneficio se hubiere negado con anterioridad, salvo que el interesado aporte nuevos medios de prueba que modifiquen las circunstancias que constituyeron fundamento de la decisión.

PARÁGRAFO 2o. Cuando se trate de niños, niñas y adolescentes vinculados a los grupos armados organizados al margen de la ley, las autoridades judiciales enviarán la documentación al Comité operativo para la Dejación de las Armas (CODA), el cual decidirá sobre la expedición de la certificación a que hace referencia el Decreto 128 de 2003 o el que haga sus veces.

PARÁGRAFO 3o. El Gobierno Nacional, a través de sus diversos organismos, creará los mecanismos necesarios para garantizar la vida e integridad de las personas que reciban los beneficios contemplados en este título.

Para estos efectos, ordenará la suscripción de pólizas de seguro de vida y diseñará planes de reubicación laboral y residencial, que serán aplicados en el interior del país y, cuando fuere necesario, adoptará las medidas establecidas en el Título I de la segunda parte de la presente ley.

De forma excepcional, el Gobierno Nacional, a los sujetos a que se refieren los incisos anteriores, a petición del grupo armado organizado al margen de la ley que pretenda su desmovilización, o del desmovilizado, colaborará, sin perjuicio de las demás garantías que resulten del proceso de negociación, para facilitar la obtención del derecho de asilo en los países que puedan garantizar su seguridad.

A quienes se les atribuya responsabilidad penal por delitos cometidos después de la desmovilización, efectuada de acuerdo con esta ley o leyes anteriores perderán los beneficios que se entregan en la presente ley.

Igualmente los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que estando detenidos, o que en cumplimiento de la pena especialmente en penas privativas de la libertad incurran en algún delito serán excluidos de los beneficios previstos en la presente ley.

ARTÍCULO 51. <Opera la pérdida de fuerza ejecutoria por no haber sido prorrogado este artículo por la Ley 1421 de 2010> <Artículo modificado por el artículo 20 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> La demostración de la voluntad de reincorporación a la vida civil requiere, por parte del grupo armado organizado al margen de la ley y de sus miembros, la realización de actos que conduzcan a la celebración de diálogos y suscripción de acuerdos, en los términos de la política de paz y reconciliación trazada por el Gobierno Nacional.

ARTÍCULO 52. <Artículo derogado por el  artículo 46 de la Ley 782 de 2002. Según lo aclarado por el artículo 1 del Decreto 1000 de 2003.>

ARTÍCULO 53. <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 1421 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> La calidad de miembro de un grupo armado organizado al margen de la ley se comprobará por el reconocimiento expreso de los voceros o representantes del mismo, por las pruebas que aporte el solicitante, o mediante la información de que dispongan las instituciones estatales.

PARÁGRAFO. Cuando se trate de persona que ha hecho abandono voluntario de un grupo armado organizado al margen de la ley, y se presente a las autoridades civiles, judiciales o militares, la autoridad competente, enviará de oficio, en un término no mayor de quince (15) días, más el de la distancia, la documentación pertinente al Comité Operativo para la dejación de las Armas (CODA), para que decida si expide o no la certificación a que hace referencia el artículo 2o del Decreto 128 de 2003, modificado y adicionado por el Decreto 395 de 2007, o el que haga sus veces.

La decisión tomada por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas, deberá ser enviada además, a la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social, Económica de Personas y Grupos Armados Organizados al Margen de la ley, a la autoridad judicial competente, quien con fundamento en ella, decidirá lo pertinente respecto a los beneficios a que hace referencia del presente título.

ARTÍCULO 54. Efectuada la valoración de que trata el artículo anterior, el Ministerio del Interior elaborará las actas que contengan el nombre o los nombres de aquellas personas que, a su juicio, puedan solicitar el beneficio del indulto. Cualquier modificación deberá constar en un acta adicional.

Una vez elaboradas, el Ministerio del Interior deberá enviar copia al Ministerio de Justicia y del Derecho.

ARTÍCULO 55. <Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 1421 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> A partir de la vigencia de la presente ley, las autoridades judiciales, deberán informar semestralmente al Ministerio del Interior y de Justicia, de cada uno de los procesos que se sigan en contra de personas debidamente identificadas por hechos constitutivos de delitos políticos y los conexos con estos.

ARTÍCULO 56. <Opera la pérdida de fuerza ejecutoria por no haber sido prorrogado este artículo por la Ley 1421 de 2010> <Artículo modificado por el artículo 22 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> Para establecer la conexidad de los hechos materia de investigación con el delito político, a que se refiere el artículo 90 del Código de Procedimiento Penal, también se tendrán en cuenta los siguientes medios probatorios:

La inclusión del solicitante en las actas que la elabore la entidad del Gobierno Nacional.

Las certificaciones expedidas para el efecto por las autoridades competentes.

La constancia que para todos los efectos expidan los voceros o miembros­ representantes del grupo armado organizado al margen de la ley con la que se haya adelantado un proceso de paz.

Dicha constancia deberá contener, como mínimo, la información de que el solicitante pertenecía a dicho grupo al momento de los hechos por los cuales está siendo investigado, o fue condenado, y la reivindicación de tales hechos por parte del grupo, con la indicación de los fines políticos que lo motivaron. Cualquier otro medio probatorio que el peticionario o su apoderado adjunten a la solicitud.

ARTÍCULO 57. <Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 1421 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> El beneficio de indulto se solicitará por el interesado, directamente o a través de apoderado, mediante escrito dirigido al Ministerio del Interior y de Justicia y contendrá también la indicación del despacho judicial que se encuentre el expediente, si fuere conocido por el interesado, o a la autoridad judicial que esté conociendo del proceso penal, quien en forma inmediata dará traslado de la petición al Ministerio para los fines indicados, anexando en tal caso copia de las piezas procesales pertinentes.

Los poderes conferidos no requieren presentación personal. Su sustitución, así como la presentación de cualquier otro memorial, se hará según las normas comunes de procedimiento.

La solicitud contendrá, además de la petición del beneficio, la manifestación expresa y directa de la voluntad de reintegración a la vida civil, la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

También contendrá la indicación del despacho judicial donde se encuentra el expediente, si fuere conocido por el interesado.

ARTÍCULO 58. <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 1738 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La solicitud del beneficio de indulto, será resuelta dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de recibo del expediente.

El indulto se concederá por resolución ejecutiva suscrita por el Presidente de la República y el Ministro de Justicia. Copia de ella se enviará al funcionario judicial a cargo del correspondiente proceso.

Contra dicha resolución procede el recurso de reposición, en la oportunidad y con los requisitos que señale el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 59. <Artículo modificado por el artículo 16 de la Ley 1421 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Quienes se encuentren privados de la libertad al momento de concederles el indulto, serán liberados una vez se produzca la resolución que así lo ordene.

El trámite del indulto será sustanciado con prelación para lo cual se pospondrá cualquier asunto de naturaleza diferente, salvo el del hábeas corpus y la tutela.

ARTÍCULO 60. <Artículo modificado por el artículo 17 de la Ley 1421 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Se podrán conceder también, según proceda de acuerdo con el estado del respectivo proceso penal, la cesación del procedimiento, la resolución de preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria cuando la actuación se adelante conforme al procedimiento establecido en la Ley 600 de 2000, o preclusión por el juez de conocimiento en los términos de la Ley 906 de 2004, a quienes confiesen y hayan sido o fueren denunciados o procesados por hechos constitutivos de delitos a que se refiere este título, según el estadio procesa, y no hayan sido aún condenados mediante sentencia ejecutoriada.

Expedida la certificación correspondiente por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas, CODA, o a la acreditación de que trata el Decreto 3360 de 2003, deberá ser enviada por la autoridad competente al Fiscal Delegado que adelante el trámite respectivo, quien procederá a solicitar al Juez de Conocimiento, que decida sobre la preclusión de la investigación, cualquiera sea el estado del proceso o se inhibirá si el desmovilizado es investigado solo por delitos políticos y los conexos.

Si la persona se encuentra privada de la libertad, las citadas autoridades deberán dar trámite preferencial a las solicitudes de beneficios jurídicos, y en la decisión en la cual se otorgue el beneficio jurídico, deberá revocarse la medida de aseguramiento, disponerse la libertad inmediata del beneficiario, cancelarse las órdenes de captura en su contra y ordenar oficiar a los organismos competentes.

ARTÍCULO 61. <Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 1421 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Los procesos que cursen contra las personas a quienes se aplican las disposiciones del presente capítulo, se suspenderán desde la fecha en que se solicite el expediente a la autoridad judicial competente, hasta que se decida sobre la solicitud.

Presentada la solicitud se romperá la unidad procesal respecto de las demás personas vinculadas o de otros hechos no susceptibles del beneficio.

ARTÍCULO 62. <Artículo modificado por el artículo 19 de la Ley 1421 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Las personas a quienes se les concede el indulto o respecto de las cuales se decrete el beneficio jurídico, en desarrollo de estas disposiciones, no podrán ser procesadas o juzgadas por los mismos hechos que dieron lugar a su otorgamiento sin perjuicio de lo contemplado en los artículos 63 y 64 de la presente ley.

ARTÍCULO 63. <Artículo modificado por el artículo 20 de la Ley 1421 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> El indulto, la cesación de procedimiento, la preclusión o la resolución inhibitoria quedarán sin efecto alguno, si el beneficiario cometiere cualquier delito doloso dentro del término que dure su proceso de reintegración. Esta condición se hará conocer en el acto que contenga la decisión correspondiente.

Para el caso del indulto, comprobado el incumplimiento, el Gobierno Nacional procederá a la revocatoria de la resolución que lo haya concedido. Copia de la misma se remitirá al funcionario judicial que conoció del proceso en primera o única instancia, con el fin de que proceda a su ejecución.

Para el caso de la cesación del procedimiento, la preclusión de la instrucción y la resolución inhibitoria, el funcionario judicial revocará la providencia y abrirá el proceso cuando se trate del trámite de la Ley 600 de 2000. Cuando el beneficiario haya sido condenado bajo el marco de la Ley 906 de 2004, deberá presentarse solicitud de revocatoria ante el juez de conocimiento.

La autoridad judicial que conozca de un nuevo proceso contra las personas favorecidas, lo comunicará en forma inmediata al Ministerio del Interior y de Justicia y al Comité Operativo para la Dejación de Armas CODA.

ARTÍCULO 64. <Artículo modificado por el artículo 21 de la Ley 1421 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Los beneficios que en este título se consagran, no comprenden la responsabilidad que los favorecidos tengan respecto de particulares.

En el caso en que se concedan dichos beneficios, la acción civil podrán intentarse con posterioridad ante la jurisdicción civil ordinaria.

ARTÍCULO 65. <Artículo modificado por el artículo 22 de la Ley 1421 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Las personas que se desmovilicen bajo el marco de acuerdos con los grupos al margen de la ley, con los cuales el Gobierno Nacional haya adelantado un proceso de paz, o en forma individual, podrá beneficiarse en la medida que lo permita su situación jurídica, de los programas de reintegración socioeconómica que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.

ARTÍCULO 66. La autoridad judicial que con su acción u omisión no diere cumplimiento a lo ordenado en el presente Título, incurrirá en falta gravísima sancionada con la destitución en el ejercicio del cargo.

TÍTULO IIIA.

MARCO PARA EL TRATAMIENTO PENAL DIFERENCIADO DE LOS INTEGRANTES DE ACTORES ARMADOS ILEGALES QUE VOLUNTARIAMENTE SE SOMETAN A LA CONSTITUCIÓN Y A LA LEY.

 <Título adicionado por el artículo 14 de la Ley 2640 de 2026>

ARTÍCULO 66A. CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO PENAL DIFERENCIADO. <Artículo adicionado por el artículo 15 de la Ley 2640 de 2026. El nuevo texto es el siguiente:> Los Actores Armados Ilegales o Terroristas que se sometan a la Constitución y a la ley deberán manifestarlo de manera libre, expresa y debidamente informada, por escrito, ante el Gobierno nacional.

En el marco de los actos preparatorios para acceder al tratamiento penal diferenciado derivado del Sometimiento a la Constitución y a la ley, el grupo deberá, cuando menos:

1. Suscribir las actas de sometimiento colectivo e individual a la Constitución y a la ley, con la plena identificación de todos sus integrantes.

2. Hacer dejación de las armas, en las condiciones y bajo los mecanismos de verificación que se dispongan para el efecto.

3. Identificar y entregar, desde la solicitud de sometimiento a la niñez reclutada, a las personas secuestradas que se hallen bajo su control y a las personas utilizadas en los delitos de trata de personas.

Respecto de las personas dadas por desaparecidas, el grupo deberá entregar de manera inmediata, completa y veraz toda la información de que disponga sobre su paradero, su suerte y la ubicación de sus restos, y cooperar con lo Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, según su competencia, en las labores de búsqueda, localización, recuperación e identificación. El ocultamiento de información sobre personas desaparecidas dará lugar a la revocatoria del tratamiento penal diferenciado.

4. Cesar toda actividad ilícita, incluida la explotación ilícita de yacimientos mineros y afectaciones a la población civil, y entregar la maquinaria, los insumos y los demás bienes utilizados en ella.

5. Comprometerse con el desmantelamiento y entrega de la información de que disponga sobre la estructura, el modo de operación y el área de influencia de la organización, sus fuentes de financiación, rutas, bienes y economías ilícitas, así como sobre las redes de apoyo que hayan facilitado su actuación, incluidas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que le hayan prestado colaboración y financiación, en cuanto sea necesaria para su desmantelamiento. Esta información complementa la verdad plena y será valorada por la Fiscalía General de la Nación según su utilidad y verificabilidad; por sí sola no constituirá prueba contra terceros.

6. Suministrar información sobre la ubicación de las áreas contaminadas con minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, incluyendo sus respectivas coordenadas geográficas.

7. Acreditar que la persona no se encuentre privada de la libertad por delitos que tengan relación concreta y probada con la continuidad de la estructura y sus economías ilícitas, salvo que dicha privación de la libertad se haya efectuado en el marco de los actos preparatorios, la fase administrativa o la fase judicial del proceso de Sometimiento a la Constitución y a la ley regulado en la presente norma.

El cumplimiento de estas condiciones será verificado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, con la intervención de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio de Defensa Nacional que aportara, con sujeción a la reserva legal, la información operacional y de inteligencia de la fuerza pública sobre la dejación de armas, el cese de actividades ilícitas y la ubicación de las áreas contaminadas con minas antipersonal, y sin perjuicio del control que corresponda a las autoridades judiciales competentes una vez inicien las etapas de indagación, investigación y judicialización.

Una vez iniciado el proceso de indagación, investigación y judicialización, la permanencia en el tratamiento penal diferenciado está condicionado a que cada persona en el proceso de Sometimiento:

a) Mantenga una participación genuina y comprometida con el proceso.

b) Colabore de manera eficaz con la justicia y aporte verdad plena, lo cual implica: (i) un relato exhaustivo, detallado y veraz de las conductas en que participó o de las que tenga conocimiento, sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, y sus autores, participes, financiadores y beneficiarios; (ii) el reconocimiento expreso de su responsabilidad; y (iii) la respuesta a los requerimientos de la Fiscalía General de la Nación, de las autoridades judiciales y de las víctimas, incluida su participación en audiencias de reconocimiento de responsabilidad cuando las víctimas lo soliciten.

Los hechos que el beneficiario omita y que se acrediten con posterioridad no estarán cubiertos por el tratamiento penal diferenciado. La omisión dolosa de hechos graves o el aporte de información falsa dará lugar a la revocatorio de los beneficios.

c) Se abstenga de cometer nuevas conductas punibles.

d) Contribuya a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral.

e) Suministre la información de que disponga sobre la estructura, el modo de operación y el área de influencia de la organización, sus fuentes de financiación, rutas, bienes y economías ilícitas, así como sobre las redes de apoyo que hayan facilitado su actuación, incluidas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que le hayan prestado colaboración, en cuanto sea necesaria para su desmantelamiento. Esta información complementa la verdad plena de que trata el numeral 2 de este inciso y será valorada por la Fiscalía General de la Nación según su utilidad y verificabilidad; por sí sola no constituirá prueba contra terceros.

f) Identifique, declare y entregue de manera completa, efectiva y verificable los bienes y activos obtenidos con ocasión de sus actividades ilícitas, como garantía de los derechos a la reparación de las víctimas y de las comunidades afectadas, que puedan ser efectivamente monetizables o utilizables, de conformidad con las leyes de extinción de dominio, para contribuir a la reparación de las comunidades y garantizar la reparación integral de las víctimas. En ningún caso podrán ocultar, omitir deliberadamente, transferir fraudulentamente o suministrar información falsa o incompleta sobre dichos bienes y activos, incluidos aquellos que se encuentren en poder de terceros o respecto de los cuales ejerzan control directo o indirecto.

g) Realice trabajos restaurativos, incluidas acciones de erradicación de cultivos ilícitos, desminados humanitario y de recuperación ambiental de las zonas afectadas por la explotación ilícita de yacimientos mineros.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones previstas en este artículo dará lugar a la revocatoria del tratamiento penal diferenciado y de los beneficios asociados a él, según la valoración judicial correspondiente.

PARÁGRAFO 1o. El Gobierno nacional reglamentará los aspectos operativos de la verificación para el cumplimiento de las condiciones de que trata este artículo en lo que corresponde a los actos preparatorios y fase administrativa del proceso de Sometimiento a la Constitución y a la ley, sin que se puedan establecer beneficios o causales de exclusión o revocatoria distintos de los previstos en esta ley.

PARÁGRAFO 2o. Una vez iniciadas las etapas de indagación, investigación y judicialización, la Fiscalía General de la Nación verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en este artículo para solicitar a la autoridad judicial competente la aplicación de los beneficios jurídicos establecidos en el artículo 66B de esta ley.

PARÁGRAFO 3o. A los integrantes de Actores Armados Ilegales o Terroristas que individual y voluntariamente se sometan a la Constitución y a la ley conforme al procedimiento previsto en el parágrafo 2o del artículo 3o de esta ley se le podrán aplicar los beneficios jurídicos y socio-económicos dispuestos en esta ley siguiendo las condiciones establecidas en este artículo. El Gobierno nacional adoptará las medidas administrativas necesarias para viabilizar este sometimiento. Este parágrafo no se aplicará a los colaboradores de que trata el artículo 66H de esta ley, quienes se regirán exclusivamente por dicho artículo.

PARÁGRAFO 4o. Cuando un integrante de los Actores Armados Ilegales o Terroristas, en el marco de aportes individuales o colectivos a la verdad, declare contra terceros con la finalidad de obtener los beneficios previstos en la presente ley, el valor probatorio de dicha declaración estará supeditado a que su contenido se soporte en otras pruebas. La compulsa de copias para que se investigue a terceros no estará sujeta a que se haya proferido condena contra el declarante. El aporte de información falsa dará lugar a las investigaciones correspondientes y generará la perdida de beneficios de acuerdo con lo establecido en esta ley.

PARÁGRAFO 5o. Los niños, niñas y adolescentes que hayan nacido o crecido dentro del grupo armado serán identificados y reportados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que verificará sus derechos. Si se establece que fueron reclutados, usados o utilizados en cualquier función, serán reconocidos como víctimas de reclutamiento ilícito; en los demás casos se aplicará el régimen de restablecimiento de derechos de la Ley 1098 de 2006. En aplicación de su interés superior, se privilegiará su permanencia con la madre, el padre o la familia que se someta a la Constitución y a la ley, con medidas de apoyo y fortalecimiento familiar.

Los integrantes el grupo informarán sobre los hijos e hijas que hayan sido separados de ellos y dejados al cuidado de terceros o que se encuentren bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Respecto de estos, se adelantará la ruta de reunificación familiar, siempre que responda a su interés superior.

Si quien ejerce su cuidado es privado de la libertad, se valorará con prioridad su ubicación en la familia extensa y la procedencia de las medidas alternativas previstas para madres y padres cabeza de familia.

La Registraduría Nacional del Estado Civil garantizará de manera prioritaria y gratuita su registro civil e identificación.

ARTÍCULO 66B. TRATAMIENTO PENAL DIFERENCIADO PARA QUIENES SE SOMETAN A LA CONSTITUCIÓN Y A LA LEY. <Artículo adicionado por el artículo 16 de la Ley 2640 de 2026. El nuevo texto es el siguiente:> La Fiscalía General de la Nación podrá acordar la aplicación de los términos establecidos en este artículo con quienes individual o colectivamente cumplan con lo establecido en el artículo 66A de esta norma.

Según lo dispuesto en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 los acuerdos celebrados entre Fiscalía e indiciado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten los derechos y garantías fundamentales de los indiciados o de las víctimas.

Los términos aplicables incluyen las siguientes:

1. Rebaja punitiva del 50% de la pena acumulada según los aportes a la verdad y la reparación de las víctimas, así como a las contribuciones al desmantelamiento que puedan ser verificadas.

Esta aplica a los delitos cometidos con ocasión de su pertenencia al Actor Armado Ilegal o Terrorista. Quien haya ejercido el rol de mando, en términos de control y liderazgo de la estructura, dentro de dicha estructura, la rebaja punitiva será del 30%.

Para el Actor Armado Ilegal o terrorista que, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, reclute nuevos menores de edad, la rebaja de la pena no podrá exceder del diez por ciento (10%).para quienes hayan ejercido funciones de mando dentro de la organización y del treinta por ciento (30%) para quienes no ejercen un rol de mando.

No podrán acceder al tratamiento penal diferenciado del Título IIIA ni a los Programas de Tránsito a la Legalidad, los integrantes de Actores Armados Ilegales o Terroristas que hayan sido condenados mediante sentencia en firme por reclutamiento ilícito (artículo 162 del Código Penal) o por uso de menores de edad en la comisión de delitos (artículo 188D del Código Penal), según lo establecido en la sentencia. Esta exclusión no afecta los derechos que el régimen penitenciario ordinario reconoce a las personas privadas de la libertad ni los derechos de las víctimas.

2. Posibilidad de cumplir la medida de aseguramiento en centros de arraigo transitorios conforme a lo dispuesto en el artículo 23A de la Ley 65 de 1993, así como de ejecutar la pena privativa de la libertad, en colonias agrícolas dispuestas en el artículo 28 de la Ley 65 de 1993, o en cárceles productivas según lo dispuesto en la Ley 2446 de 2025, con el propósito de contribuir a la justicia restaurativa y reparación integral de las víctimas.

3. Aplicación de la libertad condicional desde las 4/5 partes de la ejecución de la pena efectiva, previo informe del centro de reclusión y de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización sobre su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario y el cumplimiento de los compromisos asumidos en los Programas de Tránsito a la legalidad.

Para la libertad condicional también tendrá en cuenta el concepto favorable de la víctima respecto de la satisfacción de su derecho a la reparación integral, siempre y cuando ello no constituya una situación de revictimización. El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando además de los informes anteriores se entregue información adicional que efectivamente conduzca a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, previo informe de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas o de la Fiscalía general de la Nación según su competencia que contribuya efectivamente a la verdad y a la reparación a las víctimas y al esclarecimiento sobre la estructura, el modo de operación y el área de influencia de la organización, sus fuentes de financiación, rutas, bienes y economías ilícitas, así como sobre las redes de apoyo que hayan facilitado su actuación, incluidas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que le hayan prestado colaboración, en cuanto sea necesaria para su desmantelamiento, esta aplicación de la libertad condicional pasará a las 2/5 partes de la ejecución de la pena.

4. Suspensión condicional para delitos menores: Transcurrido un año de la ejecución de la pena, se podrá suspender condicionalmente la ejecución del remanente de la sanción a los integrantes que no ejercieron rol de mando y cuyos delitos se limiten a: concierto para delinquir simple y agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal, y que contribuyan a la verdad y a la memoria histórica como parte del mecanismo establecido en el artículo 4o de la Ley 1424 de 2010.

Transcurrido el periodo de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, sin que el condenado incumpla las obligaciones de que trata el presente artículo, la pena quedará extinguida previa decisión judicial que así lo determine. Quienes se presenten durante los primeros 180 días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, cumplan con la totalidad de los requisitos que trata el presente numeral y no tengan un rol de mando dentro de la organización, podrán tener derecho a la suspensión de la ejecución de la pena desde el momento en que se dicte la sentencia.

5. Transcurridos seis (6) años de la ejecución de la pena, suspensión condicional de su ejecución a los colaboradores de los actores armados ilegales o terroristas que hayan participado de los delitos de lavado de activos, testaferrato y/o enriquecimiento ilícito siempre y cuando entreguen la totalidad los bienes producto de las acciones ilícitas, incluyendo los bienes en cabeza de terceros, previa entrega de inventario verificado y aprobado por la Fiscalía, aporten colaboración eficaz sobre la red de financiación, lavado de activos y testaferrato y cumplan efectivamente con medidas verificables de justicia restaurativa. En estos casos serán exigibles las condiciones de acceso y de permanencia establecidas en esta ley. Asimismo cuando lo persona haya tenido un rol de mando, en los términos de la presente ley, en el componente financiero del Actor Armado Ilegal o Terrorista no se podrá aplicar el tratamiento de colaborador establecido en este numeral y será tratado como integrante de acuerdo con su rol.

PARÁGRAFO 1o. La colaboración eficaz y las contribuciones al desmantelamiento serán valoradas por la Fiscalía General de la Nación, y por la autoridad judicial cuando apruebe el acuerdo, y podrán incluir, entre otras, las siguientes actividades judiciales y extrajudiciales: información para la búsqueda de personas desaparecidas y secuestradas, erradicación de cultivos ilícitos, desminado, participación en programas restaurativos, entrega de bienes para la reparación, aporte a la verdad y entrega de información que disponga sobre la estructura, el modo de operación y el área de influencia de la organización, sus fuentes de financiación, rutas, bienes y economías ilícitas, así como sobre las redes de apoyo que hayan facilitado su actuación, incluidas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que le hayan prestado colaboración, en cuanto sea necesaria para su desmantelamiento. Esta información complementa la verdad plena de que trata el literal b) del artículo 66A de la Ley 418 de 1997 y será valorada por la Fiscalía General de la Nación según su utilidad y verificabilidad; por sí sola no constituirá prueba contra terceros.

PARÁGRAFO 2o. Una vez expedida la sentencia condenatoria, la autoridad judicial competente revocará los beneficios otorgados en cumplimiento de este artículo si se establece que el integrante o colaborador del Actor Armado Ilegal o Terrorista beneficiado incumplió con alguna de las condiciones establecidas, no ejecutó las medidas de justicia restaurativa impuestas, ocultó bienes o aportó información falsa o incompleta. En caso de reincidencia se procederá a investigar y judicializar la conducta punible y acumular penas.

PARÁGRAFO 3o. La pena impuesta a quienes hayan tenido rol de mando en la organización, una vez aplicados los términos previstos en este artículo, no podrá ser inferior a 10 años. El mismo mínimo se aplicará para quienes hayan tenido un rol determinante en el reclutamiento de menores. Dicho mínimo deberá cumplirse en privación efectiva de la libertad, sin que la libertad condicional, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la redención de pena ni ningún otro sustitutivo o beneficio permitan reducir ese término.

PARÁGRAFO 4o. La valoración conjunta de los efectos de las rebajas, las modalidades especiales de cumplimiento de la pena, la libertad condicional y las redenciones previstas en este artículo y en el artículo 66C se aplicará exclusivamente a quienes no hayan ejercido rol de mando en la organización. Respecto de quienes hayan ejercido dicho rol, se aplicará el límite mínimo de diez (10) años de privación efectiva de la libertad previsto en el parágrafo 3o de este artículo. En los demás casos, la autoridad judicial deberá motivar la decisión sobre el efecto conjunto de los beneficios reconocidos y garantizar que subsistan una sanción efectiva y una restricción real de la libertad, atendiendo a la gravedad de las conductas, la responsabilidad individual y los aportes verificados a la verdad, la reparación y el desmantelamiento de la organización.

ARTÍCULO 66C. REDENCIÓN DE PENA POR TRABAJO, COLABORACIÓN EFICAZ, ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS, DESMINADO Y TRABAJOS RESTAURATIVOS. <Artículo adicionado por el artículo 17 de la Ley 2640 de 2026. El nuevo texto es el siguiente:> Los integrantes de Actores Armados Ilegales o Terroristas sometidos al tratamiento penal diferenciado de que trata esta Ley accederán a la redención de pena en los siguientes términos:

Redención por participación en programas restaurativos, erradicación de cultivos ilícitos y desminado. Se reconocerá un (1) día de pena por cada día en el que el sometido participe en programas restaurativos de los daños causados a las víctimas, las comunidades y los territorios en las que los Actores Armados Ilegales o Terroristas operaron. De igual manera, en erradicación manual de cultivos ilícitos o desminado, sin que dichas actividades comprometan la integridad de terceros ni de la Fuerza Pública.

PARÁGRAFO 1o. Las actividades de erradicación y desminado de que trata el numeral 2 del presente artículo se adelantarán bajo la coordinación y supervisión de las autoridades competentes en la materia, quienes certificarán su cumplimiento para efectos de la redención.

PARÁGRAFO 2o. Para efectos de esta ley, se entienden por programas y medidas restaurativas las actividades concretas, verificables y con metas medibles orientadas a reparar el daño causado a las víctimas y a las comunidades afectadas, tales como la reconstrucción de infraestructura comunitaria, la recuperación ambiental, el apoyo al desminado humanitario, la contribución a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la erradicación manual de cultivos ilícitos y los actos de reconocimiento de responsabilidad. Cada programa contará con un plan que indique las actividades, su duración, el lugar de ejecución y la entidad que certificará su cumplimiento, el cual será aprobado por la autoridad judicial competente, previa audiencia a las víctimas acreditadas.

La redención será reconocida por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, con base en la certificación de cumplimiento efectivo. El Gobierno nacional reglamentará los aspectos operativos de los programas restaurativos a los que hace alusión el presente artículo, sin que pueda modificar los criterios aquí establecidos.

PARÁGRAFO 3o. La certificación falsa o fraudulenta de las actividades previstas en este artículo dará lugar a la revocatoria de la redención reconocida y a las acciones penales y disciplinarias a que haya lugar.

PARÁGRAFO 4o. Los programas restaurativos de que trata el presente artículo podrán incluir la restauración ecológica de ecosistemas, ríos y fuentes hídricas afectados por la deforestación, explotación ilícita de yacimientos mineros y los cultivos de uso ilícito. Estos programas se sujetarán a las siguientes reglas:

a) Plan técnico. Cada programa contará con un plan de restauración que defina el área por intervenir, las especies nativas por utilizar, las metas verificables de resultado y su periodo de seguimiento.

b) Certificación. La redención por estas actividades requerirá en todos los casos la certificación de la autoridad ambiental competente, que verificará el cumplimiento de las actividades y su conformidad con el plan técnico. En áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las actividades requerirán la autorización y la supervisión de la autoridad que administre el área.

En territorios étnicos, estos programas se concertarán previamente con las autoridades indígenas y los consejos comunitarios, se ejecutarán bajo la supervisión de la autoridad ambiental competente y en ningún caso implicarán la permanencia de los sometidos en dichos territorios sin el consentimiento de sus autoridades.

ARTÍCULO 66D. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y CENTROS DE RECLUSIÓN PARA LAS PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD PERSONAL. <Artículo adicionado por el artículo 18 de la Ley 2640 de 2026. El nuevo texto es el siguiente:> Para el cumplimiento de medidas de aseguramiento y ejecución de las penas privativas de la libertad personal dispuestas por las autoridades judiciales en el marco de la judicialización del Sometimiento a la Constitución y a la ley, el Gobierno nacional, de acuerdo al artículo 14 de la Ley 65 de 1993, podrá disponer de condiciones especiales para la ejecución de la privación de la libertad, con el fin de lograr el Sometimiento a la Constitución y a la ley de los Actores Armados Ilegales o Terroristas. En todo caso estas condiciones especiales deberán garantizar la restricción efectiva de la libertad personal. Al respecto podrán utilizarse los centros de arraigo transitorios dispuestos el artículo 23A de la Ley 65 de 1993, las colonias agrícolas de que trata el artículo 28 de la Ley 65 de 1993 y las cárceles productivas establecidas en la Ley 2446 de 2025.

PARÁGRAFO. Las colonias agrícolas y demás centros de que trata el presente artículo no podrán ubicarse en territorios colectivos de comunidades negras ni en resguardos indígenas sin la realización de la consulta previa. Las actividades productivas que se desarrollen en ellos priorizarán la agricultura sostenible, la pesca artesanal y la restauración ambiental, y su producción podrá destinarse a la reparación de las víctimas.

ARTÍCULO 66E. PROGRAMAS DE TRÁNSITO A LA LEGALIDAD. <Artículo adicionado por el artículo 19 de la Ley 2640 de 2026. El nuevo texto es el siguiente:> El Gobierno nacional diseñará e implementará Programas de Tránsito a la Legalidad, dirigidos a otorgar beneficios sociales y económicos, individual o colectivamente, a los integrantes de los Grupos y Estructuras Armadas Ilegales que se encuentren en el proceso de Sometimiento a la Constitución y a la ley de que trata el artículo 66A de esta ley y que cumplan las condiciones allí previstas.

El Gobierno nacional estructurará y ejecutará programas de formación y desarrollo integral para promover la reinserción social efectiva de los integrantes de los Grupos y Estructuras Armadas Ilegales. Para tal fin el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación trazarán los lineamientos de la política pública, el SENA ejecutará los programas de formación profesional integral.

Estos programas de formación se enfocarán en áreas de alta demanda en el mercado laboral, considerando las ocasiones productivas de los territorios.

El Ministerio de Educación Nacional divulgará y facilitará el acceso a los programas educación superior, fomentando el desarrollo intelectual y académico de los beneficiarios de la presente ley.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, o la entidad que haga sus veces, liderará el diseño, la ejecución y la evaluación de los Programas de Tránsito a la Legalidad, en coordinación con las demás entidades competentes según la naturaleza de cada beneficio, e incorporará un enfoque diferencial, étnico, territorial y de género que atienda las necesidades particulares de sus destinatarios y de las comunidades receptoras.

El acceso y la permanencia en los Programas de Tránsito a la Legalidad estarán sujetos a la verificación del cumplimiento de las condiciones de que trata el artículo 66A de esta ley, y se perderán cuando se configure alguna de las causales de revocatoria allí previstas.

PARÁGRAFO 1o. Los Programas de Tránsito a la Legalidad priorizarán proyectos productivos locales y sostenibles, tales como la agricultura sostenible, la pesca artesanal, el ecoturismo y la restauración de áreas afectadas por la explotación ilícita de yacimientos mineros y los cultivos de uso ilícito, articulados con las economías propias de los territorios y con la Transformación Territorial Integral.

PARÁGRAFO 2o. En los territorios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras e indígenas, los programas respetarán la autonomía de los consejos comunitarios y de las autoridades indígenas, sus planes de etnodesarrollo y planes de vida, y se ejecutarán previa concertación con ellas. Ningún programa podrá implicar el asentamiento de personas sometidas en territorios colectivos o resguardos sin el consentimiento de sus autoridades.

PARÁGRAFO 3o. Los proyectos productivos podrán vincular de manera conjunta a víctimas, comunidades y personas sometidas, como medida de justicia restaurativa y reconciliación, siempre que exista consentimiento libre e informado de las víctimas y comunidades participantes.

PARÁGRAFO 4o. El acceso y la permanencia en los beneficios socioeconómicos estarán condicionados a la vinculación, asistencia y cumplimiento de los programas formación existentes y/o de certificación de competencias laborales ejecutadas por el SENA, información que deberá reportar a la ARN.

El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación Nacional trazarán los lineamientos de política en sus áreas de competencia. Estos programas se extenderán también a los jóvenes de las comunidades aledañas como estrategia de prevención del reclutamiento, para lo cual el gobierno nacional, a través de la Unidad del Servicio de Empleo y las Agencias de intermediación Laboral, estructurará rutas de empleo efectivo, lo cuales deberán ser pertinentes con las ocasiones productivas de los territorios donde se implementen Transformaciones Territoriales Integrales (TTI) y las colonias agrícolas.

PARÁGRAFO 5o. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, o la entidad que haga sus veces brindarán acompañamiento psicológico y socioemocional, con el fin de promover el bienestar emocional y mental de cada individuo y su entorno familiar. Este acompañamiento estará a cargo de profesionales especializados en salud mental quienes brindarán apoyo individual y grupal.

ARTÍCULO 66F. REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE ACTORES ARMADOS ILEGALES O TERRORISTAS. <Artículo adicionado por el artículo 20 de la Ley 2640 de 2026. El nuevo texto es el siguiente:> Las víctimas de los Grupos Armados Organizados podrán realizar la solicitud de registro de que trata el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, modificado mediante el artículo 77 de la Ley 2421 de 2024, y acceder a los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición que tal marco legal establece. Por su parte, el Gobierno nacional creará un programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de las estructuras de crimen organizado y terroristas.

En el marco de los procesos judiciales de Sometimiento a la Constitución y a la ley, las víctimas y comunidades en las que operaron los Actores Armados Ilegales o Terroristas tendrán prioridad en la destinación de los bienes y activos productos del comiso. Para esto en las sentencias condenatorias se consignará de manera clara, expresa y exigible las obligaciones de reparación a cargo de quienes se sometan, con indicación de los bienes o recursos comprometidos, los plazos, los responsables y los medios de verificación y dispondrán las obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas.

PARÁGRAFO. DE LA REPARACIÓN COLECTIVA. En ningún caso las medidas de reparación individual, administrativas o judiciales, podrán excluir, sustituir, limitar o condicionar el derecho de las comunidades a la reparación colectiva. En consecuencia, ambas deberán garantizarse de manera integral, complementaria y articulada, conforme a los principios de reparación integral y complementariedad establecidos en los artículos 21 y 25 de la Ley 1448 de 2011, modificados por los artículos 10 y 11 de la Ley 2421 de 2024, así como a las disposiciones sobre reparación colectiva previstas en los artículos 151 y 152 de la misma ley.

ARTÍCULO 66G. DERECHOS POLÍTICOS, PENAS ACCESORIAS E INHABILIDADES. <Artículo adicionado por el artículo 23 de la Ley 2640 de 2026. El nuevo texto es el siguiente:> El tratamiento penal diferenciado, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la extinción de la pena, la libertad condicional, la redención y los demás beneficios jurídicos y socioeconómicos previstos en esta ley no modifican el régimen de penas accesorias del Código Penal ni las inhabilidades constitucionales y legales para inscribirse como candidato a cargos de elección popular, ser elegido, ser designado como servidor público o celebrar contratos con el Estado.

La aplicación de esta ley no implica reconocimiento de carácter político a los Actores Armados Ilegales o Terroristas ni a sus integrantes, sin perjuicio del régimen constitucional y legal de los delitos políticos.

PARÁGRAFO. La sentencia que reconozca el tratamiento penal diferenciado dejará constancia de las inhabilidades que se derivan de la condena y se comunicará en los términos del artículo 166 de la Ley 906 de 2004. Las decisiones posteriores sobre suspensión de la ejecución, libertad condicional o extinción de la pena se comunicarán a las mismas autoridades.

SEGUNDA PARTE

MECANISMOS PARA LA EFICACIA DE LA JUSTICIA

TÍTULO I.

PROTECCIÓN A INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL

ARTÍCULO 67. <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 1106 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Créase con cargo al Estado y bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, el "Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía", mediante el cual se les otorgará protección integral y asistencia social, lo mismo que a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil y al cónyuge, compañera o compañero permanente, cuando se encuentren en riesgo de sufrir agresión o que sus vidas corran peligro por causa o con ocasión de la intervención en un proceso penal. En los casos en que la vida del testigo o denunciante se encuentre en peligro, la Fiscalía protegerá la identidad de los mismos.

Para efectos de protección por parte del programa, se entenderá por testigo la persona que ha tenido conocimiento de la comisión de un delito, o cualquier otra circunstancia que resulte relevante para demostrar la responsabilidad penal, que en concepto del funcionario judicial competente está en disposición de expresarlo durante la actuación procesal y de ello se derive un riesgo para su vida o integridad personal.

Así mismo, estará a cargo del programa, los testigos de aquellos casos de violación a los Derechos Humanos e infracción al Derecho Internacional Humanitario, independientemente de que no se haya iniciado el correspondiente proceso penal.

ARTÍCULO 68. El Gobierno Nacional incluirá en el proyecto de presupuesto de la Fiscalía General de la Nación las partidas necesarias para la dotación y funcionamiento del programa a que se refiere la presente ley.

PARÁGRAFO 1o. El ordenador del gasto de estas partidas será el Fiscal General de la Nación o el funcionario a quien éste delegue. Los desembolsos necesarios para atender el programa requerirán estudio previo de la Oficina de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Funcionarios de la Fiscalía.

PARÁGRAFO 2o. Las erogaciones que se ordenen o ejecuten para los fines previstos en esta ley tendrán carácter reservado, y estarán sujetos al control posterior por parte de la Contraloría General de la Nación. En ningún caso se revelará la identidad del beneficiario.

PARÁGRAFO 3o. Autorízase al Gobierno Nacional para realizar los traslados presupuestales requeridos a fin de atender el programa.

ARTÍCULO 69. Las personas amparadas por este programa podrán tener protección física, asistencia social, cambio de identidad y de domicilio, y demás medidas temporales o permanentes encaminadas a garantizar en forma adecuada la preservación de su integridad física y moral y la de su núcleo familiar.

Cuando las circunstancias así lo justifiquen, dicha protección podrá comprender el traslado al exterior, incluidos los gastos de desplazamiento y manutención por el tiempo y bajo las condiciones que señale el Fiscal General de la Nación.

Las personas que se acojan al programa de protección se sujetarán a las condiciones que establezca la Fiscalía General de la Nación.

ARTÍCULO 70. <Artículo modificado por el artículo 26 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> El funcionario judicial que adelanta la actuación, cualquier otro servidor público, o directamente el propio interesado, podrán solicitar a la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos la vinculación de una persona determinada al Programa.

La petición será tramitada conforme al procedimiento que establezca dicha oficina, mediante resolución que expida el Fiscal General, a quien compete decidir sobre el fondo de la solicitud.

PARÁGRAFO. Sin desmedro de su autonomía para adoptar la correspondiente decisión, el Fiscal General de la Nación prestará especial atención a la solicitud de protección de personas que le formulen de manera debidamente motivada el Defensor del Pueblo o el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, o quien el Gobierno Nacional designe para estos efectos.

ARTÍCULO 71. <Artículo modificado por el artículo 42 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> El Fiscal General podrá tomar en cualquier momento, cualquiera de las siguientes determinaciones:

Ordenar el cambio de identidad de la persona que se someta al programa, siempre y cuando, tratándose de testigos, no se afecte el debido proceso.

Con fundamento en la nueva identidad, ordenar a las autoridades, públicas o privados, la expedición de documentos que reemplacen a los que ya posee el admitido al programa, tales como actos de registro civil, cédula de ciudadanía, pasaporte, libreta militar, certificado judicial y otros, sin que para su tramitación deban cumplirse los procedimientos ordinarios.

Ordenar a los Organismos de Seguridad del Estado brindar la protección necesaria al admitido en el programa y a su núcleo familiar.

Destinar para el admitido al programa, como domicilio permanente o transitorio, cualquiera de las instalaciones que para el efecto considere adecuadas.

Ordenar la expedición de títulos académicos por parte de entidades públicas o privadas para reemplazar a los originalmente otorgados, y

Disponer la modificación de los rasgos físicos de la persona que pudieran permitir su identificación.

PARÁGRAFO 1o. Todas las anteriores determinaciones requerirán el asentimiento expreso de la persona a quien vayan a tener efecto.

PARÁGRAFO 2o. Los documentos que se expidan para proteger a una persona admitida al programa tendrán pleno valor probatorio.

PARÁGRAFO 3o. La persona amparada por el cambio de su identidad civil sólo podrá hacer valer en adelante su nueva identidad.

ARTÍCULO 72. La Fiscalía General de la Nación mantendrá bajo estricta reserva los archivos de las personas amparadas o relacionadas con el programa de protección.

Quienes tengan conocimiento de las medidas de protección o hayan intervenido en su preparación, expedición y ejecución, tendrán la obligación de mantener en secreto o reserva la identidad de las personas beneficiadas con el programa. La violación de esta reserva acarreará las sanciones penales y disciplinarias a que hubiere lugar. Serán igualmente responsables, los servidores públicos y los particulares que incurran en dicha violación.

ARTÍCULO 73. <Artículo modificado por el artículo 27 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> Los cambios de identidad y de domicilio no podrán implicar exoneración de la responsabilidad penal por los delitos cometidos antes ni después de la vinculación al Programa. En los acuerdos que celebre el beneficiario con la Fiscalía General de la Nación deberán adoptarse todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones civiles, laborales, comerciales, fiscales y administrativas contraídas por el beneficiario, con anterioridad a la celebración del acuerdo.

La aplicación de la presente ley no podrá menoscabar ninguno de los derechos contemplados en el artículo 29 de la Constitución Política.

La Fiscalía General de la Nación sólo tendrá las obligaciones y responsabilidades frente a las personas vinculadas al programa, en los términos en que éste, o los acuerdos suscritos lo indiquen, y no responderá por promesas u ofertas efectuados por personas no autorizadas.

ARTÍCULO 74. Cuando la persona beneficiaria del programa deba comparecer ante cualquier autoridad, el Fiscal General de la Nación, o el Jefe de la Oficina de Protección y Asistencia de Víctimas, Testigos y Funcionarios de la Fiscalía establecerá los mecanismos adecuados para que dicha persona se presente o sea representada en la correspondiente actuación, sin perjuicio de la reserva de su identidad.

ARTÍCULO 75. Podrán también beneficiarse del "Programa de Protección a Víctimas, Testigos, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía" en las condiciones señaladas en el mismo, los testigos en las investigaciones que adelante la Procuraduría General de la Nación por hechos que se relacionen con la colaboración o tolerancia por parte de servidores públicos o exfuncionarios con Organizaciones Armadas al margen de la ley o con personas que hayan cooperado con tales organizaciones, así como en los eventos en que dentro de la actuación disciplinaria se estén investigando conductas que por su gravedad sean consideradas como atroces.

ARTÍCULO 76. El Presidente de la República celebrará convenios con otros Estados y organizaciones internacionales con el fin de facilitar a la Fiscalía obtener la información y colaboración necesaria para el desarrollo del programa.

El Fiscal General de la Nación podrá requerir el apoyo de las organizaciones internacionales que cuenten con programas similares de protección de víctimas y testigos cuando sea necesario su traslado a otros países.

Igualmente se autoriza al Gobierno para recibir donaciones nacionales e internacionales con destino al programa de protección, las cuales serán manejadas por el Fiscal General de la Nación.

ARTÍCULO 77. El Consejo Superior de la Judicatura a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, creará la planta de personal necesaria para atender el programa de protección a intervinientes en el proceso penal.

ARTÍCULO 78. Las personas vinculadas al programa de protección de testigos podrán solicitar su desvinculación voluntaria de él, pero suscribirán un acta en la que de manera expresa manifiesten su renuncia a la protección.

ARTÍCULO 79. En los procesos en los que se investiguen violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, se dará especial protección a los testigos, víctimas e intervinientes en los procesos penal y funcionarios judiciales, cuando la seguridad de los mismos así lo aconseje.

PARÁGRAFO. Los organismos competentes deberán acoger las solicitudes de protección que presenten en forma conjunta la Defensoría del Pueblo y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

ARTÍCULO 80. La Procuraduría General de la Nación creará y administrará un programa de protección a testigos, víctimas e intervinientes en los procesos disciplinarios y a funcionarios de la Procuraduría, al cual se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones de este título, incluyendo lo previsto en el parágrafo del artículo 70, en el artículo 76 y en el parágrafo del artículo 79 de la presente ley.

En el Presupuesto General de la Nación se asignará anualmente un rubro específico destinado a cubrir los gastos que demande el funcionamiento del programa de que trata el presente artículo.

PARÁGRAFO. En las investigaciones que adelante la Procuraduría General de la Nación, a petición del testigo, podrá reservarse su identidad, en las mismas condiciones establecidas para las investigaciones que adelante la Fiscalía General de la Nación.

ARTÍCULO 81. <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> El Gobierno Nacional pondrá en funcionamiento un programa de protección a personas, que se encuentren en situación de riesgo inminente contra su vida, integridad, seguridad o libertad, por causas relacionadas con la violencia política o ideológica, o con el conflicto armado interno, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de oposición.

Dirigentes o activistas de organizaciones sociales, cívicas y comunales, gremiales, sindicales, campesinas y de grupos étnicos.

Dirigentes o activistas de las organizaciones de derechos humanos y los miembros de la Misión Médica.

Testigos de casos de violación a los derechos humanos y de infracción al derecho internacional humanitario, independientemente de que no se hayan iniciado los respectivos procesos disciplinarios, penales y administrativos, en concordancia con la normatividad vigente.

PARÁGRAFO 1o. Los interesados en ser acogidos por el programa de protección deben demostrar que existe conexidad directa entre la amenaza y el cargo, o la actividad que ejerce dentro d e la organización.

PARÁGRAFO 2o. El programa de protección presentará al testigo a que hace mención el numeral 4 de este artículo cuando así lo soliciten las autoridades judiciales o disciplinarias, o permitirá a estas autoridades el acceso a él, para lo cual tomará las medidas de seguridad que requiera el caso.

PARÁGRAFO 3o. Las medidas de protección correspondientes a este programa serán de carácter temporal y sujetas a revisión periódica.

ARTÍCULO 82. <Artículo modificado por el artículo 29 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> El programa de que trata el artículo anterior proporcionará a sus beneficiarios servicios y medios de protección, incluyendo cambio de domicilio y ubicación, pero no podrá dar lugar al cambio de su identidad.

PARÁGRAFO. Las medidas de protección serán de carácter temporal y sujetas a revisión periódica.

ARTÍCULO 83. Las disposiciones de este título, incluyendo lo previsto en el parágrafo del artículo 70, en el artículo 76 y en el parágrafo del artículo 79 de la presente ley, se aplicarán, en lo pertinente, al programa de que tratan los dos artículos anteriores.

En el Presupuesto General de la Nación, se asignará anualmente un rubro destinado a cubrir los gastos que demande el funcionamiento del programa de que trata el artículo 81 de la presente ley.

TÍTULO II.

CONTROL SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS AL MÁRGEN DE LA LEY.

CAPÍTULO I.

CONTROL SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES O ADMINISTRADAS POR ÉSTAS

ARTÍCULO 84. <Artículo derogado por el artículo 46 de la Ley 782 de 2002>.

ARTÍCULO 85. <Artículo derogado por el artículo 46 de la Ley 782 de 2002>.

ARTÍCULO 86. <Artículo derogado por el artículo 46 de la Ley 782 de 2002>.

ARTÍCULO 87. <Artículo derogado por el artículo 46 de la Ley 782 de 2002>.

ARTÍCULO 88. <Artículo derogado por el artículo 46 de la Ley 782 de 2002>.

ARTÍCULO 89. <Artículo derogado por el artículo 46 de la Ley 782 de 2002>.

CAPÍTULO II.

SANCIONES A CONTRATISTAS

ARTÍCULO 90. <Artículo modificado por el artículo 31 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> El Gobierno podrá declarar la caducidad o decretar la liquidación unilateral de todo contrato celebrado por una entidad pública, cuando el contratista incurra, con ocasión del contrato y en relación con los grupos armados organizados al margen de la ley, en cualquiera de las siguientes causales:

Ceder injustificadamente ante las amenazas proferidas por dichos grupos.

Recibir, suministrar, administrar, intervenir, financiar, transferir, guardar, transportar, almacenar o conservar dineros o bienes provenientes de o con destino a tales grupos o colaborar y prestar ayuda a los mismos.

Construir, ceder, arrendar, poner a disposición, facilitar o transferir a cualquier título, bienes para ser destinados a la ocultación de personas o al depósito o almacenamiento de pertenencias de dichos grupos.

Paralizar, suspender o disminuir notoriamente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por atender instrucciones de dichos grupos.

Incumplir el deber de denunciar hechos punibles, cuya comisión sea imputable a dichos grupos, conocidos con ocasión del contrato.

PARÁGRAFO. Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo, constituye hecho del contratista la conducta de sus agentes o dependientes, de la cual haya tenido conocimiento.

ARTÍCULO 91. <Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 1738 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La declaratoria de caducidad deberá proferirse mediante resolución motivada de la entidad contratante, haciendo efectivas la cláusula penal y las multas contractuales a que hubiere lugar. Dicha resolución prestará mérito ejecutivo contra el contratista y las personas que hayan constituido las respectivas garantías y se hará efectiva por jurisdicción coactiva.

La notificación de la providencia de caducidad se sujetará a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

En firme la providencia de caducidad, se procederá a liquidar el contrato sin que haya lugar al pago de indemnización alguna a favor del contratista.

En ningún caso la aplicación de esta cláusula podrá ser sometida a conciliación o a decisión arbitral.

Los contratistas a quienes les sea declarada la caducidad quedarán inhabilitados para celebrar por sí, o por interpuesta persona, contratos con las entidades públicas definidas en la Ley 80 de 1993.

ARTÍCULO 92. Cuando el Procurador General de la Nación o el Fiscal General de la Nación, en desarrollo de investigaciones adelantadas en el ejercicio de sus funciones, establezcan la existencia de las conductas a que se refiere el artículo 90 de esta ley, solicitará a la autoridad competente que declare la caducidad del contrato, con base en las circunstancias que señalen dichos funcionarios en su solicitud.

ARTÍCULO 93. El Contratista procederá a terminar unilateralmente los subcontratos que celebre en desarrollo de los contratos a que hace referencia el artículo 90 de la presente ley, cuando establezca que el subcontratista incurrió en alguna de las conductas previstas en el mismo artículo.

Igualmente deberá terminarlos cuando se lo solicite la entidad pública contratante, el Fiscal General de la Nación o el Procurador General de la Nación, en razón de que dichos funcionarios establezcan la ocurrencia de los hechos a que se ha hecho referencia.

Cuando, sin justa causa, el contratista no dé por terminado unilateralmente el subcontrato, o cuando no atienda la solicitud que en tal sentido le formule la entidad pública contratante, el Procurador o el Fiscal, la entidad competente procederá a aplicar las multas previstas en el contrato, y, si es del caso, a declarar su caducidad.

PARÁGRAFO. La terminación unilateral a que hace referencia el presente artículo no requerirá decisión judicial ni dará lugar al pago de indemnización de perjuicios.

ARTÍCULO 94. Las cláusulas de caducidad y de terminación unilateral a que se refiere el presente capítulo, se entienden incorporadas, respectivamente, en todos los contratos y subcontratos que se encuentren en ejecución a la fecha de promulgación de la presente ley, así como en aquellos que se celebren a partir de la misma.

ARTÍCULO 95. El servidor público, que sin justa causa, no declare la caducidad, no ordene la terminación unilateral de los subcontratos, o no informe de los hechos irregulares a las autoridades competentes, incurrirá en causal de mala conducta, cuando conforme a esta ley deba hacerlo.

La sanción respectiva se aplicará conforme al procedimiento previsto en las normas legales, y en el caso de gobernadores y alcaldes, con sujeción a los procedimientos previstos en el Título IV de la segunda parte de esta ley.

CAPÍTULO III.

EMBARGO PREVENTIVO Y EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO DE BIENES VINCULADOS A LA COMISIÓN DEL DELITO DE HURTO DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS.

ARTÍCULO 96. <Opera la pérdida de fuerza ejecutoria por no haber sido prorrogado este artículo por la Ley 1421 de 2010> <Ver Notas del Editor> <Artículo modificado por el artículo 44 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> El que se apodere de hidrocarburos o sus derivados, cuando sean transportados a través de un oleoducto, gasoducto, naftaducto o poliducto, o se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de mil (1.000) a ocho mil (8.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. La pena será de prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando el valor del hidrocarburo o sus derivados, objeto de apoderamiento, no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por servidor público.

La competencia del presente delito corresponde a los Jueces de Circuito Especializados.

ARTÍCULO 97. <Opera la pérdida de fuerza ejecutoria por no haber sido prorrogado este artículo por la Ley 1106 de 2006> <Artículo modificado por el artículo 45 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> En la providencia de apertura de la instrucción por el delito de hurto de hidrocarburos o sus derivados, el Fiscal ordenará el decomiso de los bienes que se hubieren utilizado en la comisión del delito, o que se constituyeran su objeto. Una vez el Fiscal haya determinado la procedencia ilícita de los hidrocarburos o sus derivados, ordenará, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, su entrega a Ecopetrol, así como la de los demás bienes utilizados para la comisión del delito. Ecopetrol procederá a la venta de tales hidrocarburos o sus derivados en condiciones normales de mercado.

Ecopetrol entregará los demás bienes utilizados para la comisión del delito a una entidad fiduciaria, para su administración.

ARTÍCULO 98. <Opera la pérdida de fuerza ejecutoria por no haber sido prorrogado este artículo por la Ley 2640 de 2026> La orden que disponga la entrega definitiva de los bienes a que se refiere este artículo, se cumplirá mediante la restitución de los mismos o de otros del mismo género, cantidad, calidad, o mediante el pago del valor que ellos tengan en la fecha en que quede ejecutoriada la respectiva decisión.

TÍTULO III.

INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES

CAPITULO ÚNICO.

SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES

ARTíCULO 99. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 1106 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Todos los equipos de comunicaciones que utilizan el espectro electromagnético son de uso personal e intransferible, excepto los equipos receptores de radiodifusión sonora y televisión. Unicamente los propietarios de equipos móviles podrán transferir su uso transitorio y deberán informar sobre el mismo a las autoridades que así lo requieran.

Para la transferencia de derechos de uso permanente de los equipos de comunicación que utilizan el espectro electromagnético, se requiere la autorización expresa y previa del concesionario o licenciatario que ofrecen el servicio, los suscriptores de servicios de comunicación de que trata esta ley diligenciarán el formato que para tal efecto diseñe la Dirección de Policía Judicial los cuales deberán permanecer en los archivos de los concesionarios y licenciatarios.

Los concesionarios y licenciatarios que presten los servicios de comunicaciones contemplados en este artículo suministrarán a la Policía Nacional-Dirección de Policía Judicial-Dijín, los datos de suscriptores y equipos en medio magnético o en la forma que se determine, conforme a la reglamentación que este organismo establezca.

La información que suministre el suscriptor o persona autorizada al concesionario o licenciatario con el propósito de obtener autorización para operar los equipos a que hace referencia la ley, se entenderá como rendida bajo juramento, correspondiendo a los concesionarios y licenciatarios agotar los recursos a su alcance en procura de la veracidad de los datos recibidos.

La Policía Nacional Dijín podrá realizar inspecciones en los registros de suscriptores y personas autorizadas con el fin de cotejar esta información con la suministrada por los concesionarios y licenciatarios.

El Ministerio de Comunicaciones* deberá remitir a la Policía Nacional Dijin la información que con relación a los concesionarios y licenciatarios esta le solicite.

Los concesionarios y licenciatarios que presten los servicios de comunicaciones relacionados en este artículo proporcionarán en forma oportuna la información que requieran las autoridades facultadas por la ley y mantendrán actualizados los siguientes datos.

Contrato o resolución del Ministerio de Comunicaciones que autoriza el uso de las frecuencias.

Cuadro de características técnicas de la Red.

Documento donde se registren los nombres, identificación, dirección y teléfono de los encargados del área técnica.

Registro de suscriptores y personas autorizadas.

ARTÍCULO 100. <Artículo derogado por el artículo 46 de la Ley 782 de 2002>.

ARTÍCULO 101. <Artículo modificado por el artículo 33 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> Los concesionarios que prestan el servicio de buscapersonas implementarán una placa de identificación que debe permanecer adherida al equipo de comunicación donde se indique la razón social del concesionario y un número telefónico local o gratuito a través del cual se pueda verificar la propiedad y legalidad del equipo las 24 horas del día.

ARTÍCULO 102. Sin perjuicio de lo prescrito en otras disposiciones, los suscriptores, licenciatarios o las personas autorizadas para emplear los sistemas de radiocomunicaciones a que se refiere el artículo 99 de la presente ley, tendrán las siguientes obligaciones:

1. Portar permanentemente la tarjeta distintiva de suscriptor o persona autorizada expedida por el concesionario o licenciatario.

2. Adoptar las medidas de seguridad idóneas para que el equipo no sea hurtado o extraviado.

3. Utilizar personalmente el equipo de radiocomunicaciones.

4. No enviar mensajes cifrados o en lenguaje ininteligible.

ARTÍCULO 103. La violación de lo dispuesto en el presente capítulo por parte de los suscriptores para operar equipos de radiocomunicaciones, dará lugar a la suspensión inmediata del servicio por el concesionario, previa solicitud de la Policía Nacional-Dijin. En la eventualidad de que un concesionario o licenciatario infrinja el presente capítulo, la Policía Nacional-Dijin, informará al Ministerio de Comunicaciones* para que aplique las sanciones a que haya lugar.

Cuando los miembros de la Fuerza Pública determinen que un usuario de los equipos de que trata el artículo 99, ha infringido el presente capítulo, procederán a incautar el equipo y a ponerlo a disposición del Ministerio de Comunicaciones*, en los términos del artículo 50 del Decreto 1900 de 1990, salvo en el caso de que dicho equipo sea propiedad del concesionario, situación en la cual se entregará a este último.

ARTÍCULO 104. <Artículo modificado por el artículo 34 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> Se prohíbe la utilización y el porte de radios con banda abierta.

Las personas jurídicas y naturales que requieran el uso de los equipos de comunicaciones conocidos como sacares, interceptores, goniómetros o receptores de banda abierta deben solicitar a la Policía Nacional, Dijín, la respectiva autorización para tramitar ante la DIAN o el Ministerio de Comunicaciones* la importación o uso según el caso.

PARÁGRAFO 1o. La DIAN o el Ministerio de Comunicaciones, según sea importación o uso, exigirá al interesado concepto favorable expedido para tal efecto por la Policía Nacional, Dijín.

PARÁGRAFO 2o. Lo dispuesto en este capítulo no se aplica a los sistemas y equipos de radiocomunicaciones que utilice la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Pública, el DAS y los demás organismos de seguridad del Estado.

TÍTULO IV.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN MATERIA DE ÓRDEN PÚBLICO

ARTÍCULO 105. <Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 1106 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Corresponde al Presidente de la República conservar en todo el territorio nacional el orden público y restablecerlo donde fuere turbado.

Los Gobernadores y Alcaldes deberán atender de manera urgente las recomendaciones y alertas tempranas emanadas del Gobierno Nacional, especialmente del Ministerio del Interior y de Justicia, tendientes a prevenir, atender y conjurar las situaciones de riesgo que alteren el orden público, y las posibles violaciones a los derechos humanos o el Derecho Internacional Humanitario.

ARTÍCULO 106. Sin perjuicio de la sanción penal a que haya lugar, los gobernadores y alcaldes que incurran en cualquiera de las faltas especiales previstas en el artículo 14 de la Ley 4a de 1991, se harán acreedores a las sanciones de suspensión en el ejercicio del cargo hasta por sesenta (60) días calendario o a la destitución del mismo, según la gravedad de la falta.

De igual manera le serán aplicables a dichos funcionarios las sanciones anotadas, cuando desarrollen cualquiera de las siguientes conductas:

1. No atender oportuna y eficazmente las órdenes o instrucciones que para la conservación y el restablecimiento del orden público imparta la autoridad competente.

2. Promover, a través de declaraciones o pronunciamientos de cualquier índole, el desconocimiento de las órdenes o instrucciones que imparta la autoridad competente en materia de orden público.

3. Consentir o permitir que sus subalternos desconozcan las órdenes o instrucciones dadas por la autoridad competente en materia de orden público, o no aplicar los correctivos a que haya lugar cuando esto ocurra.

ARTÍCULO 107. Las sanciones de suspensión o destitución serán decretadas, a solicitud de la Procuraduría General de la Nación, por el Presidente de la República si se trata de Gobernadores o alcaldes de distrito, y por los gobernadores cuando se trate de alcaldes municipales de su respectivo departamento.

ARTÍCULO 108. El Presidente de la República podrá suspender provisionalmente a solicitud de la Procuraduría General de la Nación, mientras se adelanta la investigación respectiva, a los gobernadores y a los alcaldes.

La suspensión provisional deberá motivarse y podrá ser decretada desde el momento en que se inicie la investigación correspondiente y hasta por el término de duración de la misma.

Decretada la suspensión, el Presidente de la República o los gobernadores según el caso, encargarán de las gobernaciones o de las alcaldías a una persona de la misma filiación y grupo político del titular.

Mientras un gobernador o un alcalde permanezca suspendido provisionalmente, no tendrá derecho a recibir ninguna suma de dinero por concepto de remuneración del cargo de que es titular. Si es reintegrado a dicho cargo, tendrá derecho al reconocimiento de la remuneración dejada de recibir durante el período de suspensión provisional, salvo que le sea aplicada la sanción de suspensión, caso en el cual tendrá derecho únicamente al reconocimiento de la diferencia que pudiere resultar a su favor.

ARTÍCULO 109. <Ver Notas del Editor> En caso de destitución de los Gobernadores o Alcaldes, el Presidente o el Gobernador, según el caso, convocará a una nueva elección dentro de los dos meses siguientes. Mientras se realizan las elecciones, el Presidente o el Gobernador, según el caso, podrá encargar de la Gobernación o Alcaldía a una persona de la misma filiación y grupo político del destituido.

ARTÍCULO 110. Los gobernadores están obligados a cumplir la suspensión o la destitución que solicite el Procurador General de la Nación dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de la solicitud. En caso contrario, el Gobernador incurrirá en causal de mala conducta que será investigada y sancionada conforme a las disposiciones de este Título.

Si el Gobernador no cumpliera la suspensión o destitución solicitada dentro del término previsto, el Presidente de la República procederá a decretarlas.

ARTÍCULO 111. <Artículo modificado por el artículo 35 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> El Presidente de la República podrá designar el reemplazo de gobernadores y alcaldes, y los gobernadores el de los alcaldes municipales, cuando la situación de grave perturbación del orden público:

Impida la inscripción de todo candidato a gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales y concejos municipales, o una vez inscritos les obligue a renunciar.

Obligue al gobernador o al alcalde a renunciar, le impida posesionarse en su cargo, o produzca su falta absoluta.

Impida a los ciudadanos ejercer el derecho al sufragio.

Los gobernadores y alcaldes encargados, quienes deberán ser del mismo partido, grupo político o coalición, del que esté terminando el período y/o del electo ejercerán sus funciones hasta cuando se realicen las correspondientes elecciones.

Los servidores públicos que integran las asambleas departamentales y los concejos municipales, de aquellos departamentos o municipios donde se llegaren a presentar las eventualidades previstas en el inciso primero del presente artículo, seguirán sesionando transitoriamente aunque su período haya terminado, hasta cuando se elijan y posesionen los nuevos diputados.

Las corporaciones públicas referidas, a las cuales se les dificulte sesionar en su sede oficial por razones de alteración del orden público, podrán sesionar donde lo determine el presidente de la corporación respectiva.

En caso de que los alcaldes no puedan, por razones de orden público, ejercer sus funciones en el territorio de su municipio, corresponderá al gobernador del respectivo departamento determinar la cabecera municipal donde podrán ejercerlas, con las garantías de seguridad necesarias para el ejercicio del cargo, y hasta cuando se restablezca la normalidad en su municipio.

Cuando, en razón de la situación de grave perturbación del orden público, medien hechos de fuerza mayor que impidan la asistencia de diputados y concejales a las sesiones, el quórum se establecerá tomando en consideración el número de personas que estén en condiciones de asistir.

Los Consejos Departamentales de Seguridad previstos en el Decreto 2615 de 1991 coordinarán y apoyarán los planes y operativos que se requieran, con el fin de garantizar la presencia de la fuerza pública para apoyar y acompañar a los alcaldes en el cabal ejercicio de sus funciones.

El Presidente de la República y el Gobernador, respectivamente, conforme a la Constitución y a la ley, tomarán las medidas necesarias para el restablecimiento del orden público en el menor tiempo posible, en el departamento o municipio afectado, con el fin de fijar la fecha en la que se deberán llevar a cabo las elecciones aplazadas, cuando sea el caso.

ARTÍCULO 112. Las investigaciones por las faltas a que se refiere el artículo 106 de la presente ley serán adelantadas por la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con la siguiente distribución de competencias:

1. El Procurador General de la Nación conocerá, en única instancia, de las faltas que se atribuyan a los gobernadores, al Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá.

2. Los Procuradores Delegados para la Vigilancia Administrativa, en primera instancia, de las faltas que se atribuyan a los gobernadores y alcaldes de capitales de departamento.

3. Los Procuradores departamentales conocerán, en primera instancia, de las faltas que se atribuyan a los demás alcaldes municipales.

ARTÍCULO 113. En las investigaciones que se adelanten en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, se observará lo contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política, y el siguiente procedimiento:

1. El funcionario competente dispondrá de un término de un (1) mes para perfeccionar la investigación, vencido el cual formulará cargos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, si encontrare mérito para ello.

2. El acusado dispondrá de un término de cinco (5) días hábiles para rendir descargos y solicitar la práctica de pruebas.

3. El funcionario competente, decretará las pruebas solicitadas por el acusado y las que oficiosamente estime necesarias en un término de diez (10) días hábiles, y las practicará en un término de veinte (20) días hábiles, vencido el cual deberá emitir el fallo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.

ARTÍCULO 114. Contra los actos que ordenen la suspensión provisional, la suspensión o la destitución de un gobernador o de un alcalde, procederán los recursos de reposición o apelación. Según el caso, en el efecto suspensivo, los cuales deberán interponerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de los mismos y resolverse por el funcionario competente en un plazo igual en el caso de reposición o en el término de diez (10) días en el caso de la apelación.

ARTÍCULO 115. En lo no previsto en los artículos anteriores del presente Título, se aplicará lo dispuesto en las Leyes 4a. de 1991, 200 y 201 de 1995 y en las demás normas que reglamenten, modifiquen, sustituyan o deroguen estas disposiciones.

ARTÍCULO 116. <Artículo modificado por el artículo 36 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> Lo dispuesto en el presente título se aplicará sin perjuicio de las facultades que ejerce el Procurador General de la Nación, en virtud de lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 278 de la Constitución Política, por la Ley 734 de 2001 <sic, es 2002> y el Decreto 262 de 2000, o por las disposiciones que las modifiquen o sustituyan.

TÍTULO V.

NUEVAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

CAPÍTULO I.

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y REGALÍAS

ARTÍCULO 117. Los exploradores y exportadores de petróleo crudo y gas libre y/o asociado y demás recursos naturales no renovables que estén obligados al pago de regalías y de las contribuciones especiales de que tratan los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley 6a. de 1992, el Decreto 1131 de 1992 y el artículo 24 del Decreto 1372 de 1992 y demás normas que lo modifiquen  o adicionen o complemente <sic>, podrán cancelar a manera de anticipo, el valor que por tales conceptos, así como por razón del impuesto a la renta, se pueda causar en vigencias futuras.

ARTÍCULO 118. El valor que por concepto de anticipo se cancele de conformidad con el artículo anterior, sólo podrá ser aplicado para el pago de las liquidaciones oficiales por regalías y el pago de las contribuciones especiales que, para ambos casos, se puedan causar en el futuro. Las cancelaciones anticipadas de impuesto a la renta, sólo podrán imputarse a lo que por dicho concepto debe pagarse en los períodos fiscales respectivos.

PARÁGRAFO 1o. El Gobierno Nacional, para el cumplimiento efectivo de las disposiciones constitucionales en materia de regalías, incluirá en el presupuesto nacional el valor que se cause a su cargo y a favor de las entidades de que tratan los artículos 360 y 361 de la Constitución Política.

El Gobierno Nacional podrá hacer anticipos de tales regalías a las entidades territoriales con las cuales se celebre un convenio para ese efecto, previo cumplimiento de las normas legales pertinentes.

PARÁGRAFO 2o. Las condiciones y requisitos para la aplicación del anticipo previsto en este capítulo deberán ser pactadas mediante la celebración de los contratos entre las entidades responsables y la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los cuales se determinará el valor del anticipo, la forma de imputar el mismo y el rendimiento a que haya lugar. En el evento de que el impuesto a la renta que deba pagarse en algún período fiscal sea inferior al anticipo recibido para ser imputado en dicho período, en el contrato se pactará que el interesado podrá posponer la imputación para un período posterior conservando la rentabilidad convenida, o podrá recibir el pago correspondiente según los términos acordados. Los contratos a que se refiere el presente parágrafo, solamente requerirán para su formación y perfeccionamiento la firma de las partes.

PARÁGRAFO 3o. Sobre el anticipo efectivamente cancelado se reconocerán los rendimientos que se pacten libremente entre los responsables del anticipo o los impuestos y la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

CAPÍTULO II.

FINANCIACIÓN DE LOS FONDOS DE SEGURIDAD

ARTÍCULO 119. <Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 1421 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> En virtud de la presente ley, en todos los departamentos y municipios del país deberán funcionar los Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana con carácter de "fondo cuenta". Los recursos de los mismos, se distribuirán según las necesidades regionales de seguridad y convivencia, de conformidad con los planes integrales de seguridad, en materia de dotación, pie de fuerza, actividades de prevención, protección y todas aquellas que faciliten la gobernabilidad local. Estas actividades serán administradas por el gobernador o por el alcalde, según el caso, o por el Secretario del Despacho en quien se delegue esta responsabilidad, de conformidad con las decisiones que para ello adopte el comité de orden público local. Las actividades de seguridad y orden público que se financien con estos Fondos serán cumplidas exclusivamente por la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado; las que correspondan a necesidades de convivencia ciudadana y orden público serán cumplidas por los gobernadores o alcaldes.

PARÁGRAFO ÚNICO. El Gobierno Nacional, dentro del término de tres (3) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, reglamentará este artículo.

Seguimiento y reporte de los recursos e inversiones realizadas con los fondos-cuenta territoriales. El Ministerio de Justicia y del Interior, diseñará y pondrá en funcionamiento un sistema que le permita realizar seguimiento a las inversiones que los entes territoriales realizan con los recursos de los fondos-cuenta territoriales. Dicho sistema debe permitir conocer los recursos que anualmente tiene cada fondo-cuenta territorial de seguridad, tanto del orden departamental como local. De igual forma, debe permitir conocer los proyectos y actividades que se financian con estos fondos.

PARÁGRAFO. <Ver Notas del Editor 2> <Parágrafo adicionado por el artículo 19 de la Ley 2126 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En la distribución de recursos de los Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana del orden departamental se dispondrá un porcentaje para sufragar los dispositivos de distanciamiento y alerta de aproximación y la prestación del servicio del Sistema de Seguimiento por medios telemáticos, de que trata el artículo 16 *1 numeral b) de la Ley 1257 de 2008. El Sistema de Seguimiento será administrado por la gobernación respectiva.

Los entes departamentales podrán suscribir convenios interadministrativos con otros departamentos y con la Policía Nacional para la administración de este sistema.

CAPÍTULO III.

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

ARTÍCULO 120. <Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.

Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales pagarán con destino a los fondos de seguridad y convivencia de la entidad contratante una contribución del 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la respectiva concesión.

Esta contribución sólo se aplicará a las concesiones que se otorguen o suscriban a partir de la fecha de vigencia de la presente ley.

<Inciso derogado por el artículo 8 de la Ley 1738 de 2014>

Autorízase a los Gobernadores Departamentales y a los Alcaldes Municipales y Distritales para celebrar convenios interadministrativos con el Gobierno Nacional para dar en comodato inmuebles donde deban construirse las sedes de las estaciones de policía.

PARÁGRAFO 1o. En los casos en que las entidades públicas suscriban convenios de cooperación con organismos multilaterales, que tengan por objeto la construcción de obras o su mantenimiento, los subcontratistas que los ejecuten serán sujetos pasivos de esta contribución.

PARÁGRAFO 2o. Los socios, copartícipes y asociados de los consorcios y uniones temporales, que celebren los contratos a que se refiere el inciso anterior, responderán solidariamente por el pago de la contribución del cinco por ciento (5%), a prorrata de sus aportes o de su participación.

PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo adicionado por el artículo 39 de la Ley 1430 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> El recaudo por concepto de la contribución especial que se prorroga mediante la presente ley en contratos que se ejecuten a través de convenios entre entidades del orden nacional y/o territorial deberá ser consignado inmediatamente en forma proporcional a la participación en el convenio de la respectiva entidad.

ARTÍCULO 121. Para los efectos previstos en el artículo anterior, la entidad pública contratante descontará el cinco por ciento (5%) del valor del anticipo, si lo hubiere, y de cada cuenta que cancele al contratista.

El valor retenido por la entidad pública contratante deberá ser consignado inmediatamente en la institución que señale, según sea el caso, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o la entidad territorial correspondiente.

Copia del correspondiente recibo de consignación deberá ser remitido por la entidad pública al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Unidad Administrativa de Impuestos y Aduanas Nacionales o la respectiva Secretaría de Hacienda de la entidad territorial, dependiendo de cada caso. Igualmente las entidades contratantes deberán enviar a las entidades anteriormente señaladas, una relación donde conste el nombre del contratista y el objeto y valor de los contratos suscritos en el mes inmediatamente anterior.

ARTÍCULO 122. <Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 1421 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Créase el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que funcionará como una cuenta especial, sin personería jurídica, administrada por el Ministerio del Interior, como un sistema separado de cuenta y tendrá por objeto garantizar la seguridad, convivencia ciudadana y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial.

Los recursos que recaude la Nación por concepto de la contribución especial consagrada en el artículo 6o de la Ley 1106 de 2006, deberá invertirse por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en la realización de gastos destinados a propiciar la seguridad, y la convivencia ciudadana, para garantizar la preservación del orden público.

Los recursos que recauden las entidades territoriales por este mismo concepto deben invertirse por el Fondo-Cuenta Territorial, en dotación, material de guerra, reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones, compra de equipo de comunicación, compra de terrenos, montaje y operación de redes de inteligencia, recompensas a personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas; servicios personales, dotación y raciones, nuevos agentes y soldados, mientras se inicia la siguiente vigencia o en la realización de gastos destinados a generar un ambiente que propicie la seguridad y la convivencia ciudadana, para garantizar la preservación del orden público.

La administración del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana estará a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia.

TÍTULO VI.

DISPOSICIONES SOBRE RESERVAS Y ADJUDICACIÓN DE TERRENOS BALDÍOS

ARTÍCULO 123. La Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria podrá, mediante resolución debidamente motivada, declarar como reservas territoriales especiales del Estado, los terrenos baldíos situados en las zonas aledañas o adyacentes a las explotaciones petroleras o mineras, los cuales, en consecuencia, no podrán ser adjudicados a ningún título a los particulares.

Para la delimitación de las áreas aledañas o adyacentes a las explotaciones petroleras o mineras, el Instituto tendrá en cuenta, en cada caso, las circunstancias de orden público de la región y la salvaguarda de los intereses de la economía nacional, para efecto de lo cual deberá oír al Ministerio del Interior y a las demás entidades públicas interesadas en la constitución de la reserva territorial.

ARTÍCULO 124. Las tierras baldías a que se refiere el artículo anterior, sólo podrán reservarse en favor de las entidades de derecho público cuyo objeto esté directamente relacionado con las actividades de exploración y explotación petroleras o minera. Dichos terrenos podrán entregarse en comodato o arriendo a las entidades mencionadas.

ARTÍCULO 125. Facúltase al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y a las entidades públicas que adelanten actividades de exploración o explotación de yacimientos petroleros o mineros para adquirir mediante negociación directa o expropiación con indemnización, los predios, mejoras o derechos de los particulares situados en las zonas aledañas o adyacentes a las exploraciones y explotaciones petroleras o mineras delimitadas por la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

Corresponde al represente legal de la entidad pública ordenar la compra de los bienes o derechos que fueren necesarios, para lo cual formulará oferta de compra por escrito a los titulares de los derechos correspondientes.

Si no se pudiere comunicar personalmente la oferta, se entregará a cualquier persona que se encontrase en el predio y se oficiará a la alcaldía de ubicación del inmueble mediante telegrama que contenga los elementos sustanciales de la propuesta, para que se fije mediante aviso en lugar visible al público durante los cinco (5) días siguientes a su recepción, vencidos los cuales sustituirá efectos entre los demás titulares de derechos constituidos sobre el inmueble.

La oferta de compra será inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su comunicación. Los inmuebles y derechos así afectados quedarán fuera de comercio a partir de la inscripción.

Cuando se trate de campesinos propietarios de terrenos con una extensión hasta la unidad básica familiar que destina el Incora, este deberá establecer un programa de relocalización en área se reforma agraria que no disminuyan la calidad de vida de los propietarios, en las mismas entidades territoriales donde se realice la expropiación.

ARTÍCULO 126. El término para contestar la oferta será de cinco (5) días hábiles contados a partir de su comunicación personal o la desfijación del aviso en la Alcaldía. Si se aceptare, deberá suscribirse el contrato de compraventa dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes e inscribirse la escritura en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva.

El precio de adquisición y la forma de pago se acordarán libremente entre la entidad pública y el propietario, así como las demás condiciones de la enajenación.

ARTÍCULO 127. Se entenderá que el propietario renuncia a la negociación directa y rechaza la oferta de compra, cuando no hubiere acuerdo sobre el precio o la forma de pago, o el titular de los derechos incumpla los plazos previstos para contestar la oferta o suscribir la escritura de compraventa.

ARTÍCULO 128. <Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 1738 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> Agotada la etapa de negociación directa, el representante legal de la entidad, mediante resolución motivada, ordenará adelantar la expropiación del inmueble y demás derechos constituidos sobre el mismo, la que se notificará en la forma prevista en los artículos 67 a 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011 y contra la cual solo procede el recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

Transcurridos quince (15) días hábiles desde la presentación del recurso sin que se hubiere resuelto, quedará ejecutoriado el acto recurrido y no será procedente pronunciamiento alguno sobre la materia objeto de la impugnación.

Contra la resolución que ordena adelantar la expropiación no procederá la suspensión provisional, pero podrá ser objeto de las acciones contencioso-administrativas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción en el lugar de ubicación del inmueble.

ARTÍCULO 129. <Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 1738 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La demanda de expropiación será presentada por el representante legal de la entidad o su apoderado ante el juez civil del circuito competente, dentro del mes siguiente a la fecha en la cual quedare en firme el acto que disponga la expropiación.

El proceso de expropiación se adelantará de conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 399 y siguientes del Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012.

ARTÍCULO 130. Declárese la utilidad pública e interés social para efectos de ordenar la expropiación con indemnización la adquisición de derechos de dominio y de los demás derechos reales sobre los terrenos situados en las zonas a que hace referencia el presente Título que se delimiten por parte de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, para la constitución de las reservas territoriales especiales.

Para todos los efectos de la presente ley, la denominación Ministerio de Gobierno, deberá leerse Ministerio del Interior y la denominación Unidad de Auditoría de Orden Público, se leerá Subdirección Unidad de Auditoría Especial del Orden Público. En ambos casos de conformidad con la Ley 199 de 1995 y el Decreto 0372 de 1996.

ARTÍCULO 131. <Ver prórrogas en Notas de Vigencia> Esta ley tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de la fecha de su promulgación, deroga las Leyes 104 de 1993 y 241 de 1995, así como las disposiciones que le sean contrarias.

ARTÍCULO 132. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.

ARTÍCULO NUEVO. <Art. 133> <Artículo adicionado por el artículo 39 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> La Nación contratará anualmente un seguro contra accidentes que ampare a los miembros voluntarios de los organismos de socorro que forman parte del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

Este seguro cubrirá a los mencionados miembros voluntarios de los organismos de socorro durante las veinticuatro horas del día.

PARÁGRAFO 1o. Los recursos para la contratación de este seguro provendrán del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y serán administrados por el Fondo Nacional de Calamidades.

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

ARTÍCULO NUEVO. <Art. 134> <Artículo adicionado por el artículo 40 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> En concordancia con esta ley, entiéndase que los beneficios de que trata el Decreto 1385 de 1994 se extienden a los miembros de las organizaciones armadas al margen de la ley.

ARTÍCULO NUEVO. <Art. 135> <Artículo adicionado por el artículo 41 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> Los servidores públicos de elección popular y sus familias, cuyas vidas se encuentren en peligro inminente debidamente comprobado por las autoridades competentes, serán atendidos por el Ministerio del Interior y Ministerio de Relaciones Exteriores para facilitar los mecanismos de protección que consagra el Derecho Internacional Humanitario.

Las diligencias de protección, asilo político, obtención de residencia, entre otros, serán asumidas prioritariamente por las autoridades colombianas.

El Presidente del honorable Senado de la República,

AMILKAR ACOSTA MEDINA.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

PEDRO PUMAREJO VEGA.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

CARLOS ARDILA BALLESTEROS.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

DIEGO VIVAS TAFUR.

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútese.

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 26 de diciembre de 1997.

ERNESTO SAMPER PIZANO

El Director del Departamento Administrativo

de la Presidencia de la República,

encargado de las funciones del despacho

del Ministro del Interior,

JUAN CARLOS POSADA.

La Ministra de Justicia y del Derecho,

ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ.

El Viceministro de Hacienda y Crédito Público,

encargado de las funciones del despacho

del Ministro de Hacienda y Crédito Público,

EDUARDO FERNANDEZ DELGADO.

El Ministro de Defensa Nacional,

GILBERTO ECHEVERRI MEJIA.

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