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RESOLUCIÓN 221-000770 DE 2018

(septiembre 19)

Diario Oficial No. 50.729 de 27 de septiembre de 2018

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Por la cual se adopta la Política de Prevención del Daño Antijurídico de la Superintendencia de Sociedades para el año 2018.

EL SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES,

en uso de las atribuciones legales, reglamentarias y en especial las conferidas en los numerales 6 y 15 del artículo 8o del Decreto 1023 del 18 de mayo de 2012, y

CONSIDERANDO:

1. Que conforme al artículo 1o del Decreto 1023 del 18 de mayo de 2012, la Superintendencia de Sociedades es un organismo técnico, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, mediante el cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, así como las facultades que le señala la ley en relación con otros entes, personas jurídicas y personas naturales.

2. Que en los términos del artículo 1.2.1.1 del Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015 'Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo', la Superintendencia de Sociedades tiene como objetivo la preservación del orden público económico a través del ejercicio de las funciones de fiscalización gubernamental sobre las sociedades comerciales y de las facultades jurisdiccionales previstas en la ley, tanto en el ámbito de la insolvencia como en el de los conflictos societarios.

3. Que en ejercicio de sus atribuciones y competencias, y particularmente con fundamento en la Circular Externa 003 de 20 de junio de 2014 de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado y el Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009, la Superintendencia de Sociedades profirió la Resolución número 100-000179 del 19 de marzo de 2015, en la que estableció las políticas generales de prevención del daño antijurídico, que orientan la defensa de los intereses de la Entidad, para lo cual analizó la totalidad de las causas generadoras de litigios a la fecha y determinó una serie de medidas a adoptar por parte de las diferentes dependencias, entre las que se destacan la articulación del trámite de notificación de los actos administrativos, el fortalecimiento de la reglamentación en materia de auxiliares de la justicia, la adopción de mecanismos para imprimir mayores celeridad y transparencia a los procesos de liquidación, y la revisión y unificación de los criterios para la tasación de sanciones en materia de inversión y deuda externa.

4. Que las medidas adoptadas mediante la citada resolución tuvieron un impacto importante en el quehacer de la Entidad y redundaron en la disminución del número de demandas incoadas por las causas señaladas.

5. Que en 2015 la Superintendencia de Sociedades fue notificada de 75 demandas con pretensiones por la suma de $614.487.805.378,74 y de 1 sentencia de condena por $434.750.000,00; 11 las demandas con pretensiones por $6.545.344.769,00, tuvieron origen en la subcausa 'ilegalidad de acto administrativo que impone sanciones derivadas de la facultad de inspección, vigilancia y control'.

6. Que durante el 2016 esta Entidad fue notificada de 69 demandas con pretensiones por la suma de $72.887.338.183,22 y de 3 sentencias de condena por $1.555.406.650,00; 17 de las demandas con pretensiones por $1.167.805.888,00, igualmente tuvieron origen en la subcausa 'ilegalidad de acto administrativo que impone sanciones derivadas de la facultad de inspección, vigilancia y control'.

7. Que en el 2017 se presentaron 101 demandas con pretensiones por la suma de $21.876.664.896,61 y 2 sentencias de condena por valor de $20.623.716: De estas demandas, 19 son de nulidad y restablecimiento del derecho por valor de $1.253.719.522, y 1 de reparación directa por valor de $1.019.630.527, por la subcausa 'ilegalidad de acto administrativo que impone sanciones derivadas de la facultad de inspección, vigilancia y control'. El anterior análisis permite formular la siguiente política de prevención del daño antijurídico.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. Adoptar la siguiente Política de Prevención del Daño Antijurídico de la Superintendencia de Sociedades:

Introducción

El artículo 90 de la Constitución Política consagra el principio general de responsabilidad patrimonial del Estado 'por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas', esto es, por el menoscabo que sufre la víctima en su patrimonio o en sus derechos personalísimos, sin tener el deber jurídico de soportarlo, como consecuencia de una acción u omisión imputable al Estado(1).

Aunque no todo daño antijurídico supone una conducta irregular de la administración, los artículos 16 del Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009 'por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001', y 2.2.4.3.1.5 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015 'por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho', determinan que corresponde al Comité de Conciliación y Defensa Judicial de cada Entidad formular y ejecutar la política de prevención del daño antijurídico, así como diseñar las políticas generales para la orientación de la defensa de sus intereses.

Para este efecto, la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado ha expedido la Guía para la Generación de Política de Prevención del Daño Antijurídico y el Manual para la Elaboración de Políticas de Prevención del Daño Antijurídico, con la finalidad de identificar las falencias administrativas, por acción u omisión, que dan lugar a la formulación de demandas contra la Entidad; formular soluciones a aquellas, mediante la configuración de un plan de acción, el financiamiento de las soluciones y el calendario respectivo, así como definir unos indicadores para el seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas.

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

a) Descripción del análisis realizado por el Comité.

De acuerdo con la metodología indicada, el Comité de Conciliación de la Superintendencia de Sociedades identificó las demandas notificadas a la Entidad durante 2016; estableció las causas jurídicas con base en los hechos que dieron lugar a cada una, la frecuencia y las cuantías de las pretensiones; evaluó la razonabilidad de los argumentos formulados en las contestaciones de las mismas, y determinó si el accionar de la Entidad en cumplimiento de su misión institucional fue determinante en la causación del daño.

b) Listado de posibles causas generadoras de la problemática a resolver.

En el año 2016 la Entidad fue notificada de 69 demandas, cuyas pretensiones ascienden a la suma de $72.887.338.183,22, y de 3 sentencias de condena, en cuantía de $1.555.406.650,00, así:

En el total de procesos aparece muy relevante el 'error judicial', a razón de 9 demandas de reparación directa, con pretensiones en cuantía de $39.790.156.708,00, sobre lo cual se estima que las contingencias dentro de los procesos liquidatorios que las determinaron ya fueron conjurados por esta Entidad mediante las medidas adoptadas en la Resolución número 100-000179 del 19 de marzo de 2015.

Además se demandó la 'vía de hecho de la administración', a razón de 1 demanda de rendición de cuentas, con pretensiones en cuantía de $25.859.955.211,47, pero los hechos objeto de la misma derivan de la liquidación forzosa administrativa bajo legislación anterior.

También se encuentran actuaciones por 'omisión en las funciones de inspección, vigilancia y control', a razón de 5 demandas de reparación directa y 2 acciones de cumplimiento, con pretensiones en cuantía de $3.049.581.169,00, pero no se consideran relevantes para estos efectos en razón a que los perjuicios reclamados derivan de la intervención y toma de posesión adelantada por la Superintendencia Financiera de Colombia, o de la actuación de sociedades respecto de los cuales esta Entidad carece de la facultad de supervisión.

De igual manera se advierten procesos por 'captación ilegal de dineros', con 2 demandas y pretensiones en cuantía de $2.240.768.580,00, aunque no hay lugar a su análisis para estos efectos ante la total ausencia de responsabilidad, dado que la Entidad no contaba entonces con la facultad de intervención sobre actividades de captación masiva y habitual no autorizada de recursos del público, posteriormente conferidas mediante el Decreto 4334 del 17 de noviembre de 2008, ya que la conducta de la víctima pudo ser determinante en la causación del daño.

Así mismo se tienen expedientes por 'ilegalidad de acto administrativo que impone sanciones derivadas de la facultad de inspección, vigilancia y control', con 17 demandas y pretensiones por $1.167.805.888,00.

De otra parte, se indica que la Entidad recibió 3 sentencias de condena, por valor total de $1.555.406.650,00, de las cuales 2 tuvieron como causa la 'ilegalidad de acto administrativo que impone sanciones derivadas de la facultad de inspección, vigilancia y control', por la suma de $345.406.650,00, y 1 derivó de 'error judicial', por la suma de $1.210.000.000,00.

Finalmente se evidencia que por la misma subcausa de 'ilegalidad de acto administrativo que impone sanciones derivadas de la facultad de inspección, vigilancia y control', en el año 2017 se presentaron 19 demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, por valor de $1.253.719.522, y 1 demanda de reparación directa, por valor de $1.019.630.527, al tiempo que se recibió 1 sentencia de condena por valor de $20.623.716.

En consecuencia, para la formulación de la política de prevención del daño antijurídico para el año 2018 la Entidad tendrá en cuenta las demandas incoadas por la causa 'ilegalidad de acto administrativo que impone sanciones derivadas de la facultad de inspección, vigilancia y control', como se determina a continuación.

c) Identificación de las causas primarias prevenibles.

En atención al peso específico de la 'ilegalidad de acto administrativo que impone sanciones derivadas de la facultad de inspección, vigilancia y control', en el alto nivel de litigiosidad de la Superintendencia de Sociedades, se analizaron las subcausas, con el fin de establecer si las mismas tuvieron o no origen en su accionar, y por ende, si eran prevenibles a través de cambios institucionales.

Para ello se revisaron los hechos y se reconocieron las siguientes subcausas:

Efectuado el análisis de estas subcausas, se advierte que todas ellas derivan de la regulación del ejercicio de la competencia de supervisión de las sociedades comerciales en lo atinente a la imposición de sanciones. Así las cosas, es oportuno revisar y actualizar el Manual de Actuaciones Administrativas para precisar o ajustar la secuencia de los trámites y procedimientos que al efecto deben adelantar las Delegaturas para Inspección, Vigilancia y Control y de Asuntos Económicos y Contables.

2. Medidas para corregir el problema.

Para reducir el número de demandas contra la Superintendencia de Sociedades por 'ilegalidad de acto administrativo que impone sanciones derivadas de la facultad de inspección, vigilancia y control', se propuso revisar los procedimientos del Manual de Actuaciones Administrativas, específicamente en lo atinente a la imposición de sanciones, a partir de los resultados del estudio de diagnostico realizado con anterioridad, en el que se identificaron las mejores realizar

Con ello se pretende ajustar el Manual de Actuaciones Administrativas, en el sentido de mejorar los procedimientos y lograr que los funcionarios encargados de proferir los actos administrativos sancionatorios en el ejercicio de la competencia de inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales, lo hagan con sujeción a las actualizaciones realizadas.

Con este propósito se pretende tener, a 31 de diciembre de 2018, no sólo la adopción de las modificaciones al Manual de Actuaciones Administrativas, mediante un acto administrativo debidamente divulgado, sino también la capacitación de los funcionarios comprometidos en su aplicación, y los indicadores que permitan medir su cumplimiento.

El plan de acción a ejecutar es el siguiente:

3. Seguimiento y evaluación del mecanismo.

Para determinar la efectividad del mecanismo antes anunciado, el Comité de Conciliación analizará los actos administrativos sancionatorios proferidos en aplicación del Manual de Actuaciones Administrativas debidamente actualizado, frente a la totalidad de los actos administrativos proferidos en ejercicio de la competencia de supervisión de las sociedades comerciales.

El impacto del plan adoptado se establecerá en consideración al número de demandas por la causa ilegalidad de acto administrativo que impone sanciones en ejercicio de la competencia de supervisión de las sociedades comerciales en 2019 entre el número de demandas por la misma causa, la cual debe arrojar la reducción del número de demandas.

ARTÍCULO 2o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase

Francisco Reyes Villamizar.

NOTAS AL FINAL:

1. Corte Constitucional. Magistrado Ponente doctor Jorge Iván Palacio Palacio. Sentencia C-644 del 31 de agosto de 2011.

 

Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.
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Última actualización: 30 de diciembre de 2025

 

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